La planificación de las carteras de inversión y la estructuración de incentivos regulatorios para el upstream metalífero en la región andina demandan reformas en los esquemas de tramitación administrativa para capturar los flujos financieros globales.

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, determinó de manera oficial que el principal desafío estructural para la administración gubernamental entrante radicará en destrabar la cartera de proyectos mineros y estructurar las condiciones técnicas indispensables para la conversión de las iniciativas en obras civiles de construcción. El representante gremial puntualizó que el país dispone de reservas y proyectos metalíferos valorizados en un monto superior a los US$ 60.000 millones, pero advirtió que la inestabilidad política y las extensiones en los plazos de otorgamiento de licencias han contraído la competitividad del territorio frente a otros destinos internacionales de inversión.

El análisis de gestión provisto por el IIMP detalla que el incremento de la competitividad sectorial no se encuentra vinculado a una flexibilización de los criterios de fiscalización ambiental, sino a la optimización de los procesos internos de la administración pública. Respecto a la necesidad de igualar los ratios de eficiencia de otros mercados mineros mundiales, el presidente del instituto, Juan Carlos Ortiz, manifestó: “Tenemos que competir y tenemos que ser mucho más eficientes en permisos, tratar de mantener una estabilidad política, esa tranquilidad para invertir en un activo que va a durar treinta o cincuenta años y, por supuesto, hacerlo de la manera más limpia posible, aprovechando todas las oportunidades tecnológicas que existen. La tarea, la agenda va a ser cómo hacer que esos proyectos se conviertan en obras en construcción. Ahí viene, como comentamos al inicio, temas de permisos, cómo hacer un poco más eficiente la gestión de permisos sin bajar la calidad de la evaluación en absoluto. Es decir, ser más eficiente, no demora cuatro años, a lo mejor se hacen dos, así como otros países del mundo”.

La estrategia del sector contempla la necesidad de consolidar una presencia permanente del Estado en los distritos mineros donde se asientan las operaciones de cobre y metales básicos. Los lineamientos planteados determinan que el Poder Ejecutivo debe intervenir de manera continua como un órgano de articulación técnica que brinde un marco de predictibilidad a largo plazo respecto de las obligaciones recíprocas asumidas por las empresas y los actores locales durante todo el ciclo operativo de los yacimientos. En relación con este esquema de supervisión y la extensión temporal de los contratos de concesión, el líder de la entidad empresaria explicitó: “Tiene que estar el Estado presente como un articulador que garantice que va a haber un compromiso de largo plazo. No es solucionar el problema instantáneo de poder conseguir el permiso social. Es que también vamos a estar ahí 40, 50 años; el Estado también va a estar 40 y 50 años. Entonces, tiene que estar el Estado siempre en esta conversación para poder garantizar y darle la tranquilidad a la población que los compromisos que asuman las empresas mineras van a ser cumplidos”.

La agenda institucional del IIMP fija como una tarea técnica pendiente el reforzamiento de los canales de comunicación corporativa hacia la ciudadanía, con el objeto de trazar una demarcación estricta entre los procesos de la minería moderna y responsable frente a las actividades de extracción ilegal e informal que operan al margen de los marcos tributarios y de control ambiental.