El Gobierno de la Provincia de Catamarca y el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) completaron la aprobación y firma simultánea del nuevo Estatuto de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).

La reforma integral, refrendada de forma unánime por el cuerpo universitario en sesión extraordinaria en la Sala Juan B. Terán, adecúa la reglamentación interna de la firma de capital mixto a las disposiciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional, suprimiendo la presencia del Estado nacional en la estructura de conducción y redefiniendo las pautas de gobernanza, control patrimonial y fiscalización operativa.

YMAD, instituida originalmente mediante la Ley Nacional N° 14.771 sancionada en el año 1958 para la explotación del complejo metalífero Farallón Negro, operará bajo un esquema de directorio modificado que excluye a la Nación de la presidencia corporativa, asignando formalmente tres representantes a la Provincia de Catamarca y dos miembros técnicos a la UNT. Esta reestructuración de las fuerzas de votación motivó la inserción de cláusulas de resguardo para preservar los derechos de la casa de estudios e impedir la dilución de su injerencia en el planeamiento estratégico. Con respecto a la recuperación de activos y las nuevas reglas de quórum para los actos ordinarios y extraordinarios, la vicerrectora subrogante de la UNT, Cristina Grunauer de Falú, explicitó: “Hoy el Consejo Superior, con su nueva integración, aprobó la reforma total del estatuto de YMAD. Con este acuerdo la Universidad recupera el 40 % de las acciones, un objetivo que comenzó a trabajarse durante las rectorías de los ingenieros José García y Sergio Pagani para revertir una situación que había significado una pérdida patrimonial para la institución. Frente a esta nueva integración incorporamos mecanismos de resguardo. Las decisiones extraordinarias, como una fusión o la cesión de la empresa, requerirán unanimidad, mientras que los actos ordinarios deberán aprobarse con una mayoría calificada de cuatro votos. De esta manera, la UNT siempre tendrá participación en las decisiones importantes”.

Por parte de la administración de Catamarca, las autoridades ratificaron la culminación del proceso de reordenamiento institucional, destacando la incorporación de una nueva comisión fiscalizadora diseñada para dotar de transparencia y previsibilidad a la gestión de los recursos geológicos provinciales. En el plano técnico de la sustentabilidad y el manejo de pasivos mineros en boca de mina, el estatuto reformado dictamina la constitución formal de una Comisión de Fiscalización Ambiental dedicada al monitoreo permanente del Plan de Cierre de Mina y los programas de remediación del yacimiento. En relación con las competencias de policía ambiental asignadas a este nuevo órgano de control, Cristina Grunauer de Falú detalló: “La comisión tendrá la facultad de emitir alertas y solicitar la paralización de una obra cuando detecte situaciones que puedan poner en riesgo el ambiente. Consideramos fundamental que el nuevo estatuto incorpore herramientas concretas de control ambiental”. Las jefaturas técnicas de ambas jurisdicciones procedieron al cierre del trámite administrativo mediante firmas cruzadas por videoconferencia para dar cumplimiento estricto a las ventanas temporales fijadas por la normativa federal.