El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, expuso las variables operativas que condicionan la rentabilidad del sector formal frente al avance de la minería ilegal, destacando que las exportaciones de la actividad legalizada superaron los US$ 21.000 millones al cierre de abril, consolidando transferencias hacia los presupuestos regionales por más de S/ 4.100 millones mediante los conceptos técnicos de canon y regalías mineras.

La posición corporativa determina que la agenda legislativa del próximo Congreso debe priorizar la aprobación de una nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). El objetivo de esta reforma estructural radica en delimitar de forma taxativa los parámetros operacionales de los productores que buscan su inserción en el circuito económico regular de aquellos actores que emplean los plazos administrativos para encubrir explotaciones fuera de la ley. A través de su columna de opinión Semáforo Minero, el presidente Juan Carlos Ortiz manifestó: “El Perú necesita una norma definitiva, técnicamente sólida y plenamente aplicable, que diferencie con claridad a quienes realmente buscan incorporarse a la formalidad de quienes utilizan los procesos de formalización para encubrir actividades ilegales. El verdadero debate no es entre minería y desarrollo. El desafío consiste en decidir qué minería queremos promover”.

Asimismo, el informe técnico del IIMP introdujo una alerta referida al cambio en el patrón de explotación de las redes no reguladas, identificando una expansión de la minería ilegal hacia los yacimientos de cobre, situación que introduce riesgos físicos y operacionales sobre el desarrollo de nuevos proyectos de inversión del Capex global en un mineral catalogado como crítico para la transición energética mundial. Desde la perspectiva de la gestión de activos, esta dinámica incrementa los niveles de evasión de impuestos, altera los costos logísticos de seguridad de las compañías mineras y resta capacidad de control al Estado sobre el catastro minero nacional. Ortiz concluyó ratificando que los procesos de formalización deben responder a objetivos, plazos y resultados concretos para evitar la vigencia de mecanismos de prórroga permanentes que dilaten la incertidumbre jurídica de las concesiones.