El Gobierno de Santa Cruz, a través de su Secretaría de Estado de Minería -organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería-, aprobó el nuevo Protocolo de Gestión de Incidentes de Seguridad Minera.

La medida establece un camino administrativo claro y único para realizar las tareas de notificación, clasificación, investigación y seguimiento de los eventos que ocurran dentro de los yacimientos mineros distribuidos en el territorio provincial.

La nueva normativa se publicó formalmente en el Boletín Oficial bajo la denominación técnica de Disposición Nº 150/2026. A partir de su entrada en vigencia, las reglas se transforman en una exigencia obligatoria para todas las personas humanas y jurídicas que posean la titularidad de derechos mineros en la provincia, alcanzando además de forma directa a las empresas operadoras, compañías contratistas y subcontratistas que realicen cualquier tipo de actividad bajo la supervisión de la Autoridad Minera Provincial. Las metas de esta reforma se centran en uniformar las reacciones ante un suceso en el terreno, elevar la calidad de los datos recopilados y mejorar las labores de control técnico.

Dentro de los puntos principales que incorpora este reglamento, se destaca la organización de los incidentes de seguridad en tres niveles específicos: críticos, graves y de alto potencial. Para cada una de estas categorías, la Disposición Nº 150/2026 determina plazos de tiempo fijos que las empresas deben respetar para dar el aviso correspondiente a las oficinas estatales. Asimismo, la ley exige de manera obligatoria el resguardo y la preservación del lugar del incidente en aquellos escenarios calificados con mayor gravedad, obligando a realizar revisiones técnicas y detallando cuáles son los datos y contenidos mínimos que deben presentar las gerencias mineras en sus informes escritos.

Con el objetivo de lograr una recolección de datos más exacta para medir los riesgos de los yacimientos en la zona, el protocolo introduce un glosario de términos comunes para todas las mineras. El texto unifica la interpretación de conceptos operativos del sector, tales como “lesión o enfermedad grave”, “incidente peligroso”, “evento de alto potencial” y “cuasi accidente”. Estas puestas en común buscan eliminar las contradicciones en las declaraciones de las operadoras y optimizar la fiscalización que ejecuta el Ministerio de Energía y Minería en el marco de las atribuciones contempladas por el Código de Minería de la Nación.