El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, afirmó que la implementación de una reforma administrativa enfocada en la tramitación en paralelo de los expedientes técnicos podría reducir los tiempos globales de aprobación de siete a aproximadamente tres años, optimizando la posición del país como destino de inversiones globales frente a otros distritos de la región.

Ortiz puntualizó que una de las tareas críticas para la administración gubernamental entrante consistirá en revisar minuciosamente las dinámicas y plazos de los procedimientos que regulan las concesiones mineras: "Esperamos que el nuevo gobierno tenga un perfil proempresa y revise aquellas situaciones que claramente han generado una pérdida de competitividad para el país".

La argumentación técnica del IIMP cuestiona el diseño secuencial vigente, el cual obliga a las compañías a obtener la validación de un permiso específico como condición obligatoria para dar inicio al trámite de la siguiente certificación. Ortiz advirtió que este esquema duplica los tiempos de espera y expone los proyectos a un riesgo normativo, dado que una observación formulada en los eslabones finales de la cadena administrativa puede forzar el reinicio de gestiones validadas cinco años antes. Ante esto, la propuesta sectorial promueve adoptar un modelo de evaluación paralela en el que las diferentes oficinas del Estado revisen simultáneamente el mismo expediente, un método de control ya operativo en jurisdicciones mineras como Brasil, Canadá, Chile y Australia.

De forma complementaria, el plan delineado por el IIMP contempla el uso de una ventanilla única digital que centralice los documentos del sector. Con respecto a las capacidades de control simultáneo y el resguardo del rigor en las evaluaciones ambientales que ofrece este soporte tecnológico, Juan Carlos Ortiz detalló: “La ventanilla única es una plataforma que permite que todos puedan ver el expediente en simultáneo, sepan dónde están las consultas, quién las responde y quién las evalúa, dejando además una trazabilidad completa del proceso”. El dirigente gremial precisó además que estas modificaciones operativas no demandan una reforma integral de la legislación minera de base, argumentando: “Creemos que hay oportunidades de estudiar este tipo de debilidades sin perjuicio de la calidad de la evaluación. Hay pocos cambios normativos que hacer; lo que se necesita es voluntad política para revisarlo”.