El informe del primer semestre de 2026 presentado por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) detalla que la cartera de proyectos activos en el país se compone de 67 iniciativas valoradas en un acumulado de US$ 64.000 millones.

El documento precisa que el 45,5% de esta proyección financiera se concentra en la zona sur, un territorio que presenta marcadas particularidades de representación política tras los últimos comicios presidenciales, lo que constituye un factor de atención para la predictibilidad de las operaciones de la futura administración de Keiko Fujimori.

En el ámbito macroeconómico, los indicadores sectoriales muestran marcas elevadas. La inversión minera consolidada durante el año 2025 ascendió a US$ 6.228 millones -el registro más alto desde 2015-, mientras que el primer trimestre de 2026 anotó una expansión del 43,7% con relación a igual período del año anterior. Asimismo, las exportaciones del sector totalizaron US$ 61.849 millones en 2025 y el empleo formal directo alcanzó un máximo histórico de 262.365 puestos, con un 71,6% de la fuerza laboral operando bajo la modalidad de empresas contratistas. Al respecto, el investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, manifestó: “El crecimiento del sector minero responde a un discurso oficial y empresarial que insiste en facilitar la inversión mediante la reducción de regulaciones y controles ambientales y sociales”.

El catastro de propiedad minera revela que el área bajo concesión abarca actualmente 22,67 millones de hectáreas, superficie que equivale al 17,6% del territorio nacional peruano. En algunas regiones como Apurímac, el porcentaje concesionado se eleva al 76,5%, mientras que en Piura se sitúa en un 23,8%. Frente a la expansión de estas áreas, el representante de Grufides, Marco Arana, advirtió sobre la escala de proyectos como La Granja, cuya traza operativa comprende la extracción de mineral en la sierra de Cajamarca y la disposición de relaves e instalaciones de proceso en Lambayeque. Arana señaló además que persisten preocupaciones sobre el respeto a la autonomía de los entes ambientales y de la magistratura judicial, recordando el fallo reciente de la Corte Suprema que, tras 26 años, determinó la responsabilidad de Yanacocha y RANSA en el derrame de mercurio de Choropampa. En esa misma línea, el director de Fedepaz, David Velazco, puntualizó que en el norte del país iniciativas como Río Blanco y El Algarrobo enfrentan oposición local, señalando que la reducción de plazos de aprobación de estudios ambientales y la criminalización de defensores del territorio inciden directamente sobre la estabilidad del sector.

Por su parte, la abogada de CooperAcción, Ana Leyva, apuntó que la definición de la política frente a los operadores informales representa una de las primeras tareas de la nueva gestión, debido a que en diciembre de 2026 vence el plazo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El informe reporta además que la brecha existente entre el volumen de oro producido físicamente en el territorio nacional y el volumen formalmente exportado supera actualmente las 100 toneladas de metal, con un valor de mercado que ronda los US$ 15.000 millones.