La determinación de las capacidades operativas en las redes troncales de potencia, la fiscalización de las restricciones logísticas que afectan a los distritos extractivos y el análisis de los planes de privatización de los sistemas ferroviarios de carga registraron balances técnicos en el país.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) -organismo multisectorial que reúne a las entidades empresarias del G6 junto a las representaciones gremiales de la CGT y la UOCRA- llevó a cabo una reunión de trabajo en el predio de La Rural con el propósito de evaluar el financiamiento de obras base de ingeniería. En el inicio del plenario de comisiones, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, planteó: “Si queremos inversiones genuinas en infraestructura, es fundamental garantizar seguridad jurídica, financiamiento accesible y un rol activo del Estado en la organización de costos. El crecimiento proyectado en sectores como el energético representa una oportunidad única que debemos acompañar”.

El tratamiento de los vectores energéticos y mineros concentró los principales informes analíticos de la jornada. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, dictaminó la urgencia de estructurar planes de inversión anticipada en los segmentos de transporte y energía, señalando que la falta de previsión en infraestructura civil genera cuellos de botella operativos que impactan en las fases de desarrollo de los yacimientos. En coincidencia, el jefe del departamento técnico de la UIA, Alberto Calsiano, advirtió formalmente que, pese a la evolución y al incremento de los volúmenes de producción hidrocarburífera reportados en el área de Vaca Muerta, la infraestructura dedicada al transporte eléctrico de Extra Alta Tensión opera al límite de su capacidad de carga física, lo cual demanda una ampliación urgente del sistema interconectado.

En la dimensión macroeconómica, las ponencias técnicas a cargo del economista Ariel Coremberg (ARKLEMS+LAND) constataron que la productividad general de la industria se sitúa en niveles equiparables a los medidos en el año 1950. La modelación matemática expuesta detalla que, para posibilitar una tasa de crecimiento de la economía del 2,9% anual, resulta mandatorio incrementar el coeficiente de inversión interna desde el 16,6% actual hasta alcanzar el 23,31% del Producto Interno Bruto (PIB), requiriendo un 32,2% del PIB si se busca proyectar una tasa de expansión del 6%. El informe de Coremberg detalla que las asignaciones presupuestarias de capital deben priorizar los nodos logísticos de transporte, conectividad y energía.

Las pautas de ordenamiento operacional del sector público fueron detalladas por el Secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Fernando Herrmann, quien precisó los lineamientos del plan de privatización del Poder Ejecutivo. El esquema sectorial contempla la transferencia a la administración privada, por un plazo contractual de 50 años, de las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza con el fin de reducir los costos logísticos de acarreo. El funcionario agregó que el programa nacional prevé además la concesión bajo un modelo 100% privado y sin subsidios fiscales de 9.154 kilómetros de rutas nacionales por un período de 20 años.