Los Gobiernos de la Provincia de Santa Fe y de la Provincia de San Juan formalizaron un convenio de colaboración para que la producción del sector minero sanjuanino pueda canalizarse y exportarse a través del sistema portuario y la red de la Hidrovía en territorio santafesino, configurando un esquema alternativo a los pasos fronterizos con Chile.

La articulación bilateral busca volcar la capacidad técnica del entramado santafesino -compuesto por más de 6.400 empresas dedicadas a la ingeniería, la energía, el petróleo y el gas- para abastecer las demandas operativas de los yacimientos de la Región de Cuyo. Respecto a la estrategia de posicionamiento productivo, desde el Ejecutivo santafesino destacaron: “La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue salir a buscar nuevos mercados y expandir las fronteras productivas de Santa Fe. Tenemos la industria, la logística y las empresas para acompañar la escala de la nueva minería argentina. Ya no somos solo el motor del campo: nos consolidamos como socios indispensables del desarrollo minero nacional”.

Por su parte, en relación a la viabilidad de la infraestructura de transporte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, planteó: “Santa Fe ocupa un lugar clave en la estrategia logística nacional. Es la única provincia que tiene puertos para sacar cobre por Argentina”.

La empresa santafesina RAFA S.A., con instalaciones operativas en Capitán Bermúdez y Ricardone, resultó adjudicada en consorcio internacional para la ejecución de obras de movimiento de suelos, fundaciones estructurales, montaje e instalaciones en el campamento del Proyecto Vicuña. Este desarrollo minero, controlado por las compañías Lundin Mining y BHP en la provincia de San Juan, contempla una inversión inicial presupuestada en US$ 7.100 millones, una vida útil proyectada superior a los 25 años y una meta de producción estimada en 395.000 toneladas anuales de cobre, además de contenido de oro y plata. Actualmente, la nómina operativa de dicho proyecto registra un nivel superior al 95% de trabajadores de nacionalización argentina.