El nuevo estudio de la Comisión Chilena del Cobre, elaborado con las Matrices Insumo-Producto más recientes del Banco Central, actualiza por primera vez desde 2019 el multiplicador del PIB minero: en 2023 se ubicó en 1,8 veces. El informe también cuantifica el impacto en el empleo, con un promedio de 3 puestos generados por cada trabajador minero directo, y detalla los sectores que más se benefician del arrastre de la actividad.

La Dirección de Estudios y Políticas Públicas (DEPP) de Cochilco publicó su nueva "Medición de Encadenamientos Productivos de la Industria Minera en Chile", un trabajo que da continuidad a las ediciones anteriores —la última con datos de 2019— e incorpora la estructura intersectorial más reciente de la economía chilena a partir de la Matriz Insumo-Producto 2023 del Banco Central.

El estudio, firmado por Ronald Monsalve Helfant y Nicolás Rojas Cueva bajo la dirección de Patricia Gamboa Lagos, tiene un objetivo central: ir más allá del aporte directo de la minería al PIB y cuantificar cómo la actividad "activa" a otros sectores —transporte, energía, construcción, ingeniería, servicios profesionales— a través de dos canales: sus compras operacionales (consumo intermedio) y su inversión.

El multiplicador: 1,8 veces en 2023

El indicador central del informe es contundente. Al cierre de 2023, el multiplicador del PIB minero se ubicó en 1,8 veces, lo que en términos prácticos significa que por cada dólar de PIB generado directamente por la minería, se produjeron adicionalmente cerca de US$0,78 en el resto de la economía.

"El impacto total de la minería no se limita a su producción directa, sino que se amplía a través de sus compras operacionales y de su inversión", señala el documento.

La serie 2013-2023 muestra que este multiplicador no es estático: osciló entre un mínimo de x1,5 en 2021 —cuando el boom de precios del cobre disparó el PIB minero directo muy por encima de los efectos indirectos— y un máximo de x1,9 en 2019. El PIB indirecto total generado por la minería pasó de US$23.014 millones en 2016 a US$27.070 millones en 2023, con el componente de consumo intermedio (US$15.872 millones) mostrando una trayectoria más estable que el asociado a inversión (US$11.198 millones), mucho más sensible al ciclo de proyectos.

Al incorporar los efectos indirectos, la contribución total de la minería al PIB nacional se ubicó entre 15% y 22% durante la década analizada, muy por encima de la participación directa, que fluctuó entre 7% y 14%.

Quiénes se llevan la parte del león

El informe desagrega por primera vez con este nivel de detalle qué sectores capturan el efecto de arrastre. La respuesta es clara: servicios empresariales, construcción, y transporte-comunicaciones e información concentran la mayor parte del encadenamiento, tanto por consumo intermedio como por inversión.

Al aplicar la matriz de 111 actividades para aislar específicamente a la minería del cobre —que representa en promedio el 87% del PIB minero entre 2013 y 2025—, el ranking de proveedores más beneficiados queda así:

Vía consumo intermedio (operación corriente): Actividades de arquitectura e ingeniería;  Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; Generación de electricidad; Actividades administrativas y de apoyo; Comercio mayorista

Vía inversión:

Actividades de arquitectura e ingeniería (con amplia ventaja: 0,082 US$ indirecto por dólar directo); Reparación de maquinaria y equipo; Servicios informáticos y de información; Construcción de obras de ingeniería civil; Fabricación de productos metálicos

En ambos casos, el 80% del efecto se concentra en apenas 19 y 10 actividades económicas respectivamente, de las 111 consideradas, lo que confirma que el arrastre minero no se distribuye de manera pareja sino en proveedores especializados de servicios técnicos, logística y capacidades de ingeniería.

El cobre, motor del multiplicador sectorial

Dado su peso dominante dentro del PIB minero, Cochilco aisló también el efecto específico de la minería del cobre. El resultado: un multiplicador de 1,69 veces en 2023, con un PIB directo de US$26.585 millones y un PIB indirecto de US$18.373 millones. El promedio del período 2013-2023 se ubicó en x1,69, con picos de x1,87 en 2016 y una caída marcada a x1,43 en 2021, cuando el precio del metal disparó el componente directo muy por encima de los encadenamientos.

El impacto en el empleo: hasta 3,5 puestos por cada trabajador minero

Uno de los aportes más relevantes del estudio es la estimación de empleos generados fuera de la dotación directa del sector. Cochilco trabaja con dos escenarios —sin y con autoinducción dentro del propio sector minero— y presenta un promedio como referencia.

Para 2023, el resultado se ubicó entre 2,4 y 3,5 empleos generados por cada empleo directo ampliado minero (que incluye trabajadores propios y contratistas), con un promedio de 3,0. La relación viene en ascenso estructural desde 2016, cuando el promedio era de 2,6, estabilizándose desde 2020 en torno a valores más altos.

El informe advierte, sin embargo, que esta mayor "intensidad laboral indirecta" convive con una caída sostenida de la productividad laboral de la minería del cobre: el índice, con base 100 en 2013, cayó a 63 en 2023, reflejando menores leyes minerales, mayor complejidad de yacimientos y mayores requerimientos de mantención y seguridad —factores que exceden el alcance de este estudio, aclara Cochilco, pero que contextualizan por qué el sector requiere hoy más trabajadores por unidad producida.

Encadenamiento hacia atrás, no hacia adelante

Metodológicamente, el estudio confirma un patrón estructural: la minería chilena presenta un encadenamiento hacia atrás (BL) cercano al promedio de la economía —1,01 en 2023—, es decir, demanda insumos de otros sectores en una magnitud similar al resto de las actividades. Pero su encadenamiento hacia adelante (FL) se mantiene bajo, en torno a 0,7 durante toda la serie 2013-2023, reflejando que la producción minera se orienta mayoritariamente a exportación y no alimenta como insumo a otros procesos productivos dentro del país.

Por eso, aclara Cochilco, el análisis se concentra deliberadamente en los efectos "aguas arriba" —el arrastre sobre proveedores— y no estima los efectos de un eventual procesamiento posterior de minerales dentro de Chile, un punto que conecta con el debate sobre la Meta 14 de la Política Nacional Minera 2050, orientada justamente a incrementar el aporte al PIB de los bienes y servicios asociados a la minería.