El sistema permitirá al Estado sanjuanino evaluar en tiempo real la incidencia de la actividad en los departamentos mineros para optimizar la toma de decisiones y políticas públicas.

El Gobierno de la Provincia de San Juan, a través del Ministerio de Minería, incorporará una matriz socioeconómica en el marco de la Ley de Desarrollo Local. El instrumento tiene como objetivo relevar, sistematizar y monitorear el impacto directo de la actividad minera en el territorio provincial, centralizando en una plataforma digital única la información generada por los distintos proyectos en marcha.

La herramienta fue concebida dentro del plan de modernización de la cartera minera para procesar indicadores vinculados a la contratación de proveedores locales, la generación de puestos de trabajo y las acciones comunitarias. De acuerdo con la fundamentación técnica emitida por el organismo, la iniciativa busca evaluar los emprendimientos no solo por su volumen productivo, sino también por su contribución a la equidad y al desarrollo socioeconómico en los departamentos donde se ejecutan.

Planificación estatal y seguimiento técnico

La disponibilidad de datos en tiempo real está orientada a facilitar la toma de decisiones y permitir la adecuación de las políticas públicas según la evolución de los indicadores regionales. Entre las funciones previstas para el módulo se contempla la identificación de áreas o comunidades con menor captación de beneficios, la comparación entre proyectos para la replicación de modelos operativos eficientes y la detección de oportunidades de mejora.

Para el funcionamiento de la plataforma, el Ministerio proyecta la conformación de un equipo interdisciplinario especializado en análisis de impacto económico, auditoría de datos, infraestructura tecnológica, marco regulatorio y seguimiento social.

La estructura de trabajo contempla tres áreas de articulación: el sector privado, mediante el seguimiento del flujo de información provisto por las empresas mineras; el sector público, a través de la coordinación de programas gubernamentales en los municipios mineros; y las comunidades locales, mediante la realización de relevamientos periódicos de necesidades e instancias de participación ciudadana.