Con la provincia de San Juan encaminada hacia una nueva etapa de expansión minera, el Estado enfrenta el desafío logístico de fiscalizar operaciones situadas a cientos de kilómetros de los centros urbanos y en puntos complejos de la alta cordillera.

Frente a este panorama, la Policía Minera se encuentra planificando un nuevo modelo de fiscalización que evoluciona desde las revisiones tradicionales hacia un esquema con fuerte soporte tecnológico.

Actualmente, el organismo supervisa establecimientos de todo tipo -desde grandes emprendimientos hasta pequeños productores y yacimientos de cal- verificando el cumplimiento de la legislación ambiental y el avance de los requerimientos de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Mientras que en la gran minería se exige la aplicación inmediata de normativas de seguridad y ambiente, en las escalas menores el control se complementa con asistencia para mejorar el aprovechamiento de los recursos.

Innovación y monitoreo remoto para la alta montaña

Para responder a la dispersión geográfica y la magnitud de los futuros proyectos, la Policía Minera apuesta a que la transmisión de datos en línea y la comunicación permanente funcionen como pilares de control. Para ello, el organismo ya cuenta con vehículos adaptados para terrenos de difícil acceso, sistemas de comunicación constante y cámaras con transmisión continua apostadas en puntos estratégicos de minas en producción, logrando así una supervisión más constante y eficiente.