Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, admitió en el Amcham Energy Forum que el invierno resultó más caro de lo previsto por el GNL y la menor hidraulicidad inicial, y defendió el proyecto de ley que reordena el régimen de zonas frías, hoy en debate en el Senado

En el marco del Amcham Energy Forum, Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación, hizo un balance del invierno energético 2026, defendió el ritmo de reducción de subsidios elegido por el Gobierno y explicó los fundamentos del proyecto de ley de zonas frías que el Senado tiene en agenda.

Un invierno más caro de lo previsto

González reconoció que el costo de la energía durante el invierno fue superior al estimado originalmente por la cartera económica, principalmente por el encarecimiento del GNL importado y por una menor hidraulicidad al inicio de la temporada invernal. Según el funcionario, esa situación ya se revirtió: "Ahora evidentemente no tenemos más ese problema, agua empieza a sobrar", señaló.

Ese mayor costo de energía, combinado con la política de transparentar tarifas que lleva adelante la gestión, llevó a que la reducción de subsidios fuera "mucho más gradual" de lo que el Gobierno había proyectado inicialmente, con el objetivo declarado de cuidar el poder adquisitivo de los consumidores.

Casi un punto del PBI menos en subsidios desde el cambio de gobierno

De acuerdo con González, desde el inicio de la actual gestión la baja en subsidios energéticos ya representa prácticamente un punto del Producto Bruto Interno, ubicándose actualmente en torno al 0,55% del PBI, frente al 1,5% del PBI que —según el funcionario— representaban los subsidios al momento de asumir.

"Ya estamos discutiendo decimales", graficó González sobre el estado actual de la reducción, aunque aclaró que el proceso continuará en función de una combinación entre política energética y política económica.

El funcionario detalló que, hoy, más de la mitad de los consumidores residenciales del país continúa recibiendo algún nivel de subsidio: en electricidad, el subsidio cubre algo más del 60% del costo real de la energía, mientras que en gas —durante el invierno— llega al 75% del costo del gas.

Sobre el criterio para seguir bajando la asistencia estatal, González planteó el dilema de política pública que enfrenta el equipo económico: reducir la cantidad de hogares subsidiados o reducir el nivel de subsidio de quienes ya lo reciben. "Posiblemente sea una combinación de las dos cosas", anticipó, aunque remarcó que cualquier avance se hará "con la lógica de estar seguros de que acompañamos" a los usuarios.

Tarifas "reacomodadas" y exigencia de mejor servicio

El funcionario sostuvo que las empresas licenciatarias reguladas por la Secretaría —distribuidoras de gas en todo el país y de electricidad en el AMBA— ya cuentan con tarifas "reacomodadas" y consideradas razonables, lo que —según su planteo— habilita al Estado a exigirles de manera permanente mejoras en la calidad del servicio, algo que antes resultaba más difícil de reclamar con tarifas congeladas.

"Ya no tienen más el problema que tuvieron durante tantos años de las tarifas pisadas", afirmó González, quien diferenció ese componente tarifario —vinculado a la prestación del servicio— del componente energético propiamente dicho, sobre el cual el Gobierno nacional decide el nivel de subsidio a aplicar.

El proyecto de zonas frías: "una aberración" que el Senado debate

Uno de los tramos más duros de la exposición de González apuntó al régimen vigente de zonas frías, que el Senado tiene en tratamiento tras su media sanción en Diputados. El funcionario cuestionó dos aspectos del esquema actual: por un lado, que declara como "zona fría" a localidades que, en los hechos, no lo son; por otro, que subsidia la totalidad de la factura de gas de esos usuarios, y no únicamente el componente energético.

"Es una ridiculez absoluta que, lamentablemente, es una ley con la que hemos tenido que lidiar, pero que nos ha generado un perjuicio muy grande", sostuvo González.

Según explicó, el esquema genera una transferencia de ingresos entre los propios usuarios de gas: quienes no están alcanzados por el régimen de zona fría subsidian, a través de un cargo específico, a quienes sí lo están. Ese cargo, dijo, hoy representa cerca del 7,5% del costo del gas y seguirá creciendo si no se modifica la ley.

Para ilustrar la distorsión, el funcionario apeló a un ejemplo: "No tiene ningún sentido que un jubilado en La Matanza esté subsidiando al dueño de un departamento para alquilar en Mar del Plata."

González aclaró que el objetivo del proyecto no pasa tanto por el ahorro fiscal inmediato —de hecho, remarcó que el ahorro para este año sería "muy chiquito" porque el invierno ya pasó— sino por corregir un problema estructural que, según sus palabras, arrastra alrededor de cinco años y que el Gobierno considera necesario resolver de cara a los próximos inviernos.

La transparencia de precios, eje de la política energética

González cerró su intervención sobre el tema resumiendo la lógica que, según dijo, guía todas las decisiones de la Secretaría en materia tarifaria: transparentar el costo real de la energía para que cada usuario —residencial o industrial— cuente con señales de precio claras para moderar su consumo, y que sea el Gobierno nacional, y no el diseño tarifario, el que defina a quién subsidiar y a quién no, en un esquema sin diferenciación de costos de energía entre provincias.