La percepción positiva de la minería formal en el Perú experimentó un incremento significativo al pasar del 25% registrado en 2018 a superar el 45% en 2026, según cifras dadas a conocer por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Este repunte en la aceptación social, acompañado por un 62% de ciudadanos que reconoce los beneficios de la industria para las comunidades, refleja el trabajo sostenido del sector formal en materia de transparencia y gestión comunitaria.

Durante su presentación en el primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026), la directora ejecutiva de la SNMPE, Angela Grossheim, señaló que este avance se da en un contexto complejo marcado por la ausencia estatal y la rápida expansión de la minería ilegal. Ante este escenario, la ejecutiva enfatizó que las empresas deben transitar desde la confianza interpersonal hacia la construcción de una sólida institucionalidad que garantice la supervivencia de los acuerdos más allá de los cambios de personal.

Claridad en los acuerdos y combate a la ilegalidad

Grossheim advirtió que muchos conflictos socioambientales derivan de compromisos ambiguos o con roles mal definidos. “Los acuerdos tienen que ser claros, con seguimiento establecido y avances medibles, con roles claramente determinados. Es fundamental definir quién debe hacer qué, recordando que la empresa apoya, complementa y resulta catalizador, pero no puede reemplazar al Estado”, puntualizó, recordando que un incumplimiento destruye una confianza que toma años reconstruir.

En contraparte con el crecimiento de la minería formal, el estudio expuesto por el gremio encendió alertas sobre el impacto de la minería ilegal: dos de cada tres peruanos perciben su aumento en los últimos años, y el 78% de la población considera que estas prácticas financian redes de crimen organizado. Frente a ello, la SNMPE remarcó la urgencia de una respuesta estatal firme y de mantener herramientas de debida diligencia adaptadas a la diversidad territorial del país.