Las futuras búsquedas laborales se canalizarán a través del Servicio de Empleo Rionegrino y la Bolsa de Empleo Municipal.
Tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y Minera Calcatreu, se levantará la suspensión parcial en Ingeniero Jacobacci, asegurando la contratación de mano de obra rionegrina, planes de capacitación y estrictos controles de seguridad.
El Gobierno de Río Negro y Minera Calcatreu concretaron un entendimiento estratégico que permitirá normalizar las operaciones del proyecto minero ubicado en Ingeniero Jacobacci. El acuerdo se estructuró bajo la premisa de respaldar la inversión productiva, exigiendo al mismo tiempo que el crecimiento de la iniciativa se traduzca en beneficios directos para los habitantes de la Región Sur y de toda la provincia.
Las tratativas, encabezadas por la Secretaría de Trabajo a cargo de María Martha Avilez, permitieron destrabar el conflicto tras establecer compromisos concretos. Entre los puntos centrales destacan la incorporación progresiva de 30 trabajadores y la implementación de un programa de capacitación para otros 30 aspirantes, financiado por la compañía con un fondo de hasta $2 millones por participante. Asimismo, se determinó que las búsquedas de personal deberán canalizarse obligatoriamente a través del Servicio de Empleo Rionegrino (SER) y la Bolsa de Empleo Municipal, agotando las opciones locales antes de convocar a operarios de otras jurisdicciones.
Seguridad, proveedores y diálogo comunitario
El pacto también contempla la regularización de las exigencias técnicas en materia de seguridad e higiene laboral, la optimización del sistema de emergencias y la reactivación de la Mesa de Trabajo local con la integración de la comunidad Lof Peñi Mapu. De igual manera, se instrumentarán mecanismos para priorizar a los proveedores de la Región Sur y de la provincia, maximizando el derrame económico en el tejido pyme local.
Desde la administración provincial recalcaron que la Secretaría de Trabajo mantendrá sus facultades de fiscalización permanente para acompañar el proceso de adecuación y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, consolidando un modelo donde la producción minera y el bienestar social avancen de manera armónica.