EL gobierno central del Perú elevó al Congreso una solicitud de facultades legislativas en 66 materias orientadas a actualizar la normativa que rige las concesiones mineras en el país.

La iniciativa contempla cambios sust-anciales en los regímenes de otorgamiento, vigencia y caducidad de los títulos habilitantes, con la meta central de dotar de previsibilidad al sector e incentivar la llegada de capitales privados.

El paquete normativo contempla además una revisión integral de las cargas administrativas y los procedimientos vigentes. Entre los componentes analizados figura la modificación del derecho de vigencia -fijado actualmente como referencia en US$ 3 por hectárea al año-, así como la reevaluación de las superficies concesionadas y los parámetros que regulan a la pequeña y mediana minería.

Modernización ante un nuevo escenario sectorial

Sobre la iniciativa, el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi señaló que una actualización del andamiaje legal resulta indispensable, considerando que gran parte de las normativas actuales datan de la década de 1990, un período caracterizado por condiciones tecnológicas, económicas y sociales diametralmente opuestas a las actuales.

Si bien el proyecto inicial no especifica los plazos concretos de reducción de trámites ni los procedimientos alcanzados, estos detalles quedarán definidos en los decretos legislativos que el Ejecutivo emitirá en un período de 120 días, siempre y cuando el Parlamento apruebe la delegación de facultades.

Trazabilidad, formalización y proveedores

En paralelo al eje inversor, la propuesta incorpora directrices destinadas a optimizar la formalización y la trazabilidad de la actividad minera, con especial énfasis en el segmento artesanal y de pequeña escala. Asimismo, el plan contempla herramientas de asistencia técnica orientadas a robustecer el desarrollo de proveedores locales y los encadenamientos productivos en las regiones con influencia minera.