En el marco del Congreso Internacional de Minería de Tarapacá (CIMIT 2026), autoridades nacionales y regionales rubricaron una alianza clave para dinamizar la minería artesanal, al tiempo que detallaron las reformas normativas e incentivos tributarios destinados a destrabar la inversión sectorial.

Un giro estratégico para fortalecer tanto a la base productiva local como a la gran inversión minera se concretó en el marco de la inauguración del Congreso Internacional de Minería de Tarapacá (CIMIT 2026), celebrado en Iquique. Durante la jornada, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto al subsecretario Álvaro González y autoridades regionales, desplegó una hoja de ruta centrada en dos pilares: el fomento directo a la pequeña minería y la reducción drástica de la burocracia para nuevos proyectos.

"Conocer para desarrollar": Radiografía y fomento a la pequeña minería

Uno de los hitos principales de la cumbre fue la firma del ‘Programa de Levantamiento Geológico, Empadronamiento y Fomento Productivo para la Pequeña Minería de Tarapacá’, firmado por el biministro Daniel Mas, el subsecretario Álvaro González y el gerente de Fomento (i) de ENAMI, Yerko González.

El plan surge como una respuesta a los datos del Atlas de Faenas Mineras de Sernageomin, los cuales señalan que de las 164 operaciones registradas en la Región de Tarapacá, 156 corresponden a las categorías C y D, vinculadas directamente al segmento de menor escala y artesanal.

El levantamiento de información en terreno se ejecutará entre septiembre y noviembre de 2026, constituyendo la base técnica para orientar futuras inversiones y la reactivación del sector.

Al respecto, el biministro Daniel Mas destacó que el objetivo central es acompañar a los productores para potenciar su crecimiento, mientras que el subsecretario González remarcó la directa incidencia de esta actividad en el empleo y el bienestar familiar. Desde ENAMI, Yerko González enfatizó que la meta es lograr "más mineros, más mineral y mejor procesamiento".

Menos burocracia e incentivos a la exploración

Ante un auditorio compuesto por inversionistas, parlamentarios y líderes locales —entre ellos el gobernador regional José Miguel Carvajal y la delegada presidencial Adriana Tapia—, las autoridades abordaron el reto de la competitividad nacional, anunciando medidas orientadas a reducir plazos y simplificar regulaciones sin descuidar los estándares ambientales.

El subsecretario González detalló un paquete de reformas normativas e incentivos:

Simplificación de trámites: Modificaciones a los reglamentos de Seguridad Minera y Cierre de Faenas para transformar cerca de 18 permisos críticos en declaraciones juradas o Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), absorbiendo además otras 20 autorizaciones en procesos de mayor envergadura.

Modernización ambiental: Adecuaciones al Reglamento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para optimizar el ingreso de proyectos al SEIA.

Incentivos tributarios: Reducción del impuesto corporativo e invariabilidad tributaria para iniciativas enmarcadas en el plan de Reconstrucción Nacional, junto a un proyecto de ley para facilitar el pago rebajado de patentes mineras.

"Sin exploración no hay descubrimientos; sin descubrimientos no hay nuevos proyectos; y sin nuevos proyectos no hay minería futura", advirtió Álvaro González al subrayar la urgencia de reimpulsar la exploración greenfield.

Impacto regional y encadenamiento productivo

La minería representa actualmente cerca del 26% del Producto Interno Bruto (PIB) de Tarapacá y aporta un 8% al PIB minero nacional. Hacia 2034, la industria demandará más de 2.700 nuevos profesionales y técnicos en la zona, lo que refuerza la necesidad de potenciar la red de proveedores locales.

"Queremos que desde Tarapacá nazcan más empresas capaces de transformarse en proveedores globales", afirmó el biministro Mas, haciendo un llamado a consolidar las cadenas de valor regionales.

En el marco de la visita técnica, las autoridades también conocieron el plan extraordinario de apoyo de Minera Collahuasi. Con una inversión cercana a los $3.000 millones, la iniciativa está destinada a mitigar impactos climáticos en las comunidades locales mediante obras en infraestructura vial, salud y mejora de espacios públicos.