Para Roberto Maldonado, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el país posee el potencial geológico y la demanda internacional necesarios, pero urge reducir la burocracia, fortalecer la seguridad jurídica y combatir firmemente la ilegalidad.

El Perú se encuentra ante una ventana de oportunidad única para recuperar el pulso expansivo de su industria extractiva y alcanzar niveles de inversión cercanos a los US$ 10.000 millones anuales, siempre y cuando se implementen políticas orientadas a destrabar proyectos, achicar la burocracia estatal y blindar la seguridad jurídica, sostuvo Roberto Maldonado, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El Directivo enfatizó que el territorio peruano cuenta con recursos comprobados, vasta experiencia técnica y una demanda internacional en plena ebullición. Sin embargo, advirtió que el verdadero desafío radica en optimizar el clima de negocios para transformar dicho potencial geológico en nuevos proyectos productivos. “La posibilidad de alcanzar niveles de inversión cercanos a los US$ 10.000 millones anuales demuestra que existe un importante espacio para crecer”, puntualizó.

Ventaja polimetálica y liderazgo del cobre

En el plano técnico, Maldonado subrayó que la fortaleza del país no debe recaer exclusivamente sobre un único recurso. Si bien el cobre continuará fungiendo como el motor estratégico de la minería nacional -impulsado por la transición energética global y la fabricación de nuevas tecnologías-, el directivo recordó que el carácter polimetálico de la plaza peruana representa una de sus ventajas competitivas más valiosas frente a otras jurisdicciones mineras.

Institucionalidad y combate a la ilegalidad

Otro de los ejes centrales de la advertencia institucional estuvo enfocado en la necesidad de garantizar territorios seguros y una estructura legal sólida. En este punto, el vicepresidente del IIMP alertó sobre el avance de la minería ilegal y su penetración en economías delictivas, señalando que esto socava tanto a las empresas formales como el control territorial del Estado.

Al respecto, Maldonado abogó por un enfoque diferenciado en la materia: “El pequeño productor que quiere formalizarse necesita una ruta viable y condiciones que le permitan desarrollar su actividad dentro del marco legal. Frente a quienes utilizan la minería ilegal para sostener economías criminales, la respuesta del Estado debe ser firme y sostenida”, concluyó, reiterando que la prioridad nacional consiste en generar previsibilidad para que la inversión avance y las actividades clandestinas retrocedan.