La Cancillería sumó el 8 de septiembre 15 nuevos expedientes a los 45 abiertos cuatro días antes contra empresas, accionistas y prestadores de servicios vinculados al proyecto Sea Lion. La ofensiva se apoya en la Ley 26.659 y contempla inhabilitaciones de entre 5 y 20 años.
El Gobierno de Javier Milei escaló su ofensiva administrativa contra el desarrollo hidrocarburífero en las Islas Malvinas. Tras anunciar el 4 de septiembre el inicio de procesos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, la Oficina del Presidente amplió el 8 de septiembre la nómina con 15 sujetos adicionales, llevando a 60 el total de investigados por presuntas infracciones a la Ley 26.659.
La primera tanda: 45 sujetos y el proyecto Sea Lion
El anuncio original se conoció horas después de que el presidente Milei hablara por cadena nacional para ratificar el reclamo de soberanía argentino y cuestionar el avance del proyecto Sea Lion, el yacimiento offshore en la Cuenca Malvinas Norte que Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%) buscan poner en producción hacia marzo de 2028, con reservas probadas y probables de 314 millones de barriles y un plan de más de 60 pozos submarinos.
La Cancillería dispuso entonces los procedimientos contra las operadoras —Navitas Petroleum Development and Production, Navitas Petroleum Atlantic, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons y Oil), JHI Associates, JHI Falklands y Borders & Southern Falkland Islands— y extendió las actuaciones a sus accionistas (entre ellos Harel Insurance, Migdal, The Phoenix Holdings y Meitav, de Israel) y a proveedores de infraestructura y servicios como Noble Corporation, Fugro y Netherland, Sewell & Associates.
"Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios" — Oficina de Prensa de la Cancillería
La segunda tanda: ocho empresas y siete personas más
Cuatro días después, el 8 de septiembre, la Oficina del Presidente sumó 15 sujetos adicionales. Según la nómina difundida, se incorporó Shlomo Eliahu Holdings (Israel), accionista de Navitas Petroleum LP, junto con cuatro accionistas de Rockhopper Exploration: Aberdeen Group, HBOS Investment Fund Managers, SMR Advisors (Mónaco) y Mizrahi Tefahot Bank.
También se incluyó a David Williamson Dobson, accionista y presidente no ejecutivo de Borders & Southern, y a seis accionistas o directivos vinculados a Eco (Atlantic) Oil & Gas: Gil Holzman, Keith Hill, Peter Nicol, Alan Friedman, Alice Carroll y Gadi Levin. El listado se completó con tres empresas de infraestructura: Bluewater Energy Services, Bluewater Sea Lion Production Company y Noble Corporation UK.
Un día antes de esta segunda ampliación, el 7 de septiembre, la Cancillería había avanzado además con una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas.
El marco legal: entre 5 y 20 años de inhabilitación
Los expedientes se tramitan bajo la Ley 26.659, que prohíbe actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional y alcanza también a accionistas y prestadores de servicios. El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre en el Boletín Oficial, reglamentó el procedimiento para acelerar los sumarios administrativos, que prevén inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para quienes resulten responsables. La apertura de expedientes no implica sanción firme: las responsabilidades se determinarán dentro de cada proceso.
El canciller Pablo Quirno había anticipado que el universo potencial de empresas notificadas —no solo petroleras, sino también proveedoras de servicios, aseguradoras y firmas financieras— ronda las 180. El antecedente sancionatorio ya existía: Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años mediante la Resolución 133/2012, y Navitas recibió una sanción equivalente por la Resolución 240/2022.
Contexto: soberanía, RIGI y respuesta británica
El paquete de medidas incluyó también el anuncio de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurecerá las sanciones de la Ley 26.659 y ampliará su alcance a proveedores de servicios, además de crear un Consejo de Seguridad Nacional. Las empresas sancionadas quedarán excluidas de proyectos del RIGI. Milei sumó a los anuncios la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, pensada como polo logístico del Atlántico Sur.
Desde Londres, un portavoz de Downing Street sostuvo que las fuerzas armadas británicas "permanecen en alerta permanente para proteger sus intereses", mientras que el canciller Ed Miliband remarcó que las islas seguirán bajo administración británica mientras esa sea la voluntad de sus habitantes, e insistió en el derecho de los isleños a explotar sus propios recursos naturales.
