El Gobierno de Santa Cruz detectó infracciones graves durante una inspección con orden judicial en Cerro Negro, que opera Newmont. La empresa suspendió las tareas alegando restricciones a insumos críticos. CAPROMISA pidió diálogo por el impacto en el empleo local y no se descarta una reunión con el gobernador Vidal.

Una inspección conjunta de las Secretarías de Trabajo y Seguridad de Santa Cruz derivó en uno de los conflictos más tensos del último tiempo entre el Estado provincial y una compañía minera de primera línea. El operativo, realizado el jueves 10 y viernes 11 de septiembre en el yacimiento Cerro Negro —operado por Newmont en la localidad de Perito Moreno—, terminó con seis ceses de tareas, vehículos retenidos, un derrame de cianuro confirmado por las autoridades y una orden judicial que debió intervenir para garantizar el ingreso de los inspectores al predio.

Qué encontraron los inspectores

El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, detalló que el operativo requirió apoyo de la Policía provincial luego de que, según su versión, personal de Newmont cerrara con candados los accesos al yacimiento e impidiera el ingreso de los funcionarios. Ante esa situación, la Justicia autorizó el allanamiento.

"Hemos dictado seis ceses de tareas por medidas gravísimas contra la seguridad de los trabajadores y hemos labrado un sinfín de infracciones", señaló Aravena, quien además confirmó el hallazgo de un derrame de cianuro y un cese de actividades en un sector bajo mina.

Entre las irregularidades relevadas, el funcionario mencionó vehículos sin habilitación, entre ellos un camión de transporte de combustible "sin la reglamentación correspondiente, sin medidas de seguridad". Las actuaciones se encuadraron en la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y en la normativa provincial Ley 3141 ("90/10").

El funcionario vinculó la firmeza del operativo con un antecedente puntual: la muerte de dos trabajadores en el yacimiento en abril de 2024. "Un gramo de oro no vale una vida", resumió.

Tras dos jornadas de recorrida por los sectores señalados como críticos por los propios trabajadores, Trabajo dio por finalizada esta etapa de inspección, pero adelantó que en los próximos días regresará a fiscalizar el cumplimiento de las correcciones exigidas en materia de seguridad, higiene y documentación.

La palabra del Gobierno provincial

Desde la Coordinación de las Delegaciones de Trabajo Zona Norte, Sebastián Santillán fue el encargado de fijar postura frente al reclamo de los proveedores locales: "Las normas las tiene que cumplir Newmont de la misma manera que las tiene que cumplir cualquier ciudadano, cualquier comerciante o cualquier empresa. Ser una multinacional no otorga privilegios ni coloca a nadie por encima de la ley".

Santillán remarcó que la Provincia "promueve la actividad minera, la inversión y la generación de empleo local", pero sostuvo que ese desarrollo debe darse dentro del marco legal y con la seguridad como prioridad. Sobre la posibilidad de una clausura total, Aravena no la descartó, aunque aclaró que "es una evaluación que vamos a hacer en el momento oportuno".

La respuesta de Newmont: interrupción de tareas

En paralelo al avance de las actuaciones oficiales, Newmont modificó su esquema operativo. Según pudo saber La Opinión Austral, la compañía comunicó internamente que las condiciones generadas a partir de las inspecciones no permitían mantener las tareas con normalidad y dispuso la interrupción de las labores.

Desde la empresa indicaron, a través de una comunicación interna, que las medidas adoptadas durante los controles "generaron restricciones significativas sobre servicios esenciales para la operación", con afectación al abastecimiento de combustible, la disponibilidad de camiones atmosféricos y de vehículos de apoyo. En ese marco, advirtieron que "resulta complejo mantener personal en campamento sin condiciones adecuadas de abastecimiento y soporte operativo".

El mismo medio consignó que autoridades provinciales y representantes de la compañía podrían reunirse en las próximas horas para analizar el escenario, sin descartar un encuentro con el gobernador Claudio Vidal en busca de destrabar el conflicto y definir las condiciones para el retorno de las operaciones.

CAPROMISA pide diálogo por el empleo santacruceño

La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) se pronunció sin cuestionar la potestad del Estado para fiscalizar ni la obligación de garantizar condiciones seguras, pero advirtió sobre el impacto que una paralización prolongada podría tener sobre la cadena de valor.

"Cerro Negro no es solamente una operación minera. A su alrededor existe una extensa cadena de valor integrada por pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz que generan empleo, realizan inversiones y contratan bienes y servicios en nuestras comunidades", señaló la entidad, que agrupa a proveedores locales del yacimiento, donde trabajan unas 1.200 personas.

La Cámara llamó a que participen del diálogo el Gobierno provincial, los gremios, Newmont, las cámaras empresariales y las empresas proveedoras. "El cumplimiento de la ley, la seguridad de los trabajadores, la defensa del empleo santacruceño y la continuidad productiva deben formar parte de un mismo objetivo. No son intereses contrapuestos", concluyó.