En un contexto global donde la seguridad económica y la transición energética dependen de la disponibilidad de insumos clave, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un exhaustivo informe titulado Enhancing Resilience Through Traceability: Insights from Lithium and Nickel Supply Chains in Latin America and Southeast Asia.
El documento analiza de manera minuciosa la cadena global de valor del litio, identificando sus vulnerabilidades, los cuellos de botella geopolíticos, los impactos socioambientales en el "Triángulo del Litio" (con foco prioritario en Argentina y Chile) y las soluciones de trazabilidad que exige el mercado internacional.
El mapa del litio: demanda explosiva y concentración geográfica
El informe destaca que el litio es uno de los minerales más estratégicos para la seguridad económica y energética global. Impulsado por el despliegue masivo de vehículos eléctricos (VE) y los sistemas de almacenamiento de energía, se proyecta que la demanda del metal se más que duplicará entre 2025 y 2030, abarcando los VE y las baterías más del 90% de la demanda total.
A pesar del boom de la demanda, la oferta primaria se encuentra fuertemente concentrada:
Extracción minera: En 2024, tres países representaron cerca del 75% de la producción mundial de litio: Australia (36,7%), Chile (20,4%) y China (17,1%).
Procesamiento y refinación: El mayor cuello de botella estructural reside en China, que concentra el 70% del procesamiento mundial de litio y hasta un 95% del refinamiento de litio proveniente de rocas duras (espodumeno).
Por su parte, el "Triángulo del Litio" en América Latina alberga más del 50% de los recursos mundiales de litio. A diferencia del espodumeno australiano, la producción en Argentina y Chile se extrae de salares mediante salmueras, realizando un procesamiento inicial in situ para exportar compuestos químicos como el carbonato y el hidróxido de litio.
Radiografía de los países clave: Argentina y Chile
El informe de la OCDE analiza detalladamente la realidad operativa, regulatoria e institucional de las dos potencias sudamericanas.
Argentina: crecimiento impulsado por inversores y descentralización
Argentina ha mostrado un crecimiento exponencial, duplicando su producción entre 2023 y 2024. Con 6 proyectos operativos en 2025, 5 en construcción y decenas en fases de factibilidad (concentrados en Jujuy, Salta y Catamarca), el país destaca por un enfoque descentralizado, impulsado por concesiones a empresas privadas con participación minoritaria de empresas estatales provinciales (JEMSE, REMSa, CAMYEN, EMSE).
Proyectos emblemáticos como Cauchari-Olaroz integran capitales chinos (Ganfeng), suizos/canadienses (Lithium Argentina) y estatales provinciales (JEMSE).
El régimen de incentivos como el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) busca atraer capitales superiores a US$ 200 millones mediante ventajas fiscales. No obstante, la OCDE advierte que los incentivos basados en exenciones del impuesto a las ganancias pierden atractivo frente a las reglas del Impuesto Mínimo Global (GMT de 15%), recomendando reemplazar o priorizar incentivos basados en depreciación acelerada de activos e inversión en tecnología.
Chile: modelo estratégico estatal y concesiones consolidadas
Chile se consolida como el productor de menor costo operativo del mundo y posee las mayores reservas probadas de la región. Su marco regulatorio clasifica al litio como un mineral estratégico reservado al Estado.
Con la creación de la alianza entre la estatal Codelco y la privada SQM en el Salar de Atacama (formando la empresa mixta Novandino con control estatal del 50% + 1 acción a partir de 2031), Chile transita hacia esquemas público-privados mandatory. Albemarle opera con un contrato de concesión vigente hasta 2043.
Acuerdos estratégicos entre Codelco, ENAMI y gigantes mundiales como Rio Tinto impulsan desarrollos en los salares de Maricunga y Altoandinos.
El informe subraya que los riesgos operacionales no mitigados en la extracción de litio pueden derivar en la pérdida de la licencia social para operar, paralizaciones judiciales y la salida de inversores internacionales.
Principales desafíos identificados:
Estrés hídrico y ecosistemas frágiles: La extracción por evaporación en salares áridos consume grandes volúmenes de salmuera y agua dulce, lo que genera riesgos de salinización de suelos, alteraciones en la dinámica de las cuencas e impactos en la biodiversidad local (como las poblaciones de flamencos).
Impacto en comunidades indígenas y derechos: A pesar de los marcos de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI/FPIC), existen crecientes reclamos de comunidades originarias en Jujuy, Catamarca y Antofagasta por falta de participación real y temor sobre la degradación de sus recursos hídricos ancestrales.
Falta de reciclaje regional: América Latina carece de infraestructura a gran escala para reciclar baterías de litio, limitando la economía circular y la recuperación de materias primas secundarias.
Trazabilidad y gobernanza fiscal: herramientas contra la erosión tributaria (BEPS)
Uno de los aportes centrales del informe es la vinculación directa entre la trazabilidad de los minerales y la transparencia fiscal.
Manipulación de precios de transferencia (BEPS): Debido a que el litio no cotiza en un mercado de valores transparente y único (a diferencia de otros metales), existen elevados riesgos de subvaloración en ventas a partes relacionadas (filiales comerciales u operativas en países de baja tributación).
Determinación de calidad y grado: La OCDE destaca que la falta de verificación independiente sobre el grado de pureza del litio, el contenido de humedad o los subproductos exportados directamente erosiona las regalías e impuestos corporativos de los países productores.
Plataformas públicas e iniciativas de la industria: Herramientas informativas como el SIACAM en Argentina o los registros públicos de sitios mineros en Chile aportan transparencia inicial. Asimismo, proyectos mineros en la región han comenzado a someterse de forma voluntaria a auditorías independientes bajo el estándar IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) y certificar bajo el estándar RMAP de la Responsible Minerals Initiative (RMI).
Recomendaciones de política pública de la OCDE
Para garantizar un suministro ético, sostenible y resiliente de litio sin desalentar las inversiones, la OCDE propone una hoja de ruta por fases:
Corto plazo: Aprovechar los datos comerciales existentes y el mapeo de proveedores. Vincular los acuerdos bilaterales de minerales y el financiamiento de desarrollo al cumplimiento de la Guía de la OCDE sobre Debida Diligencia para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales.
Mediano plazo: Exigir mayor transparencia sobre la propiedad efectiva (beneficial ownership) de las empresas operadoras para identificar estructuras corporativas opacas o entidades de preocupación. Establecer controles regulatorios con muestreos independientes para verificar la calidad física del mineral y reducir brechas fiscales.
Largo plazo: Desarrollar plataformas de datos interoperables a nivel internacional e implementar Pasaportes Digitales de Productos (DPP) para baterías, estandarizados con normativas globales como las de la Unión Europea.
