El presidente del IIMP enfatizó que el país debe optimizar la capacidad de gasto de los gobiernos regionales y locales para que el canon y las regalías se traduzcan en agua, salud y educación. Resaltó el potencial de USD 1.800 millones del proyecto Coroccohuayco.

Atraer nuevos proyectos mineros constituye únicamente la primera etapa para aprovechar el potencial geológico del país; el verdadero desafío radica en lograr que los recursos financieros generados se transformen en desarrollo humano y mejor calidad de vida. Así lo sostuvo Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), al analizar la coyuntura del sector.

Ortiz citó como ejemplo el proyecto Coroccohuayco, ubicado en Cusco. La iniciativa contempla una inversión aproximada de US$1.800 millones y permitirá extender por más de 25 años las operaciones de Antapaccay en la provincia de Espinar, aprovechando la infraestructura y el conocimiento técnico ya instalados en la zona.

“Es inversión, producción de cobre, empleo y oportunidades para proveedores, pero también la posibilidad de sostener durante décadas una actividad económica que genere recursos para la región y el país”, destacó el titular del IIMP.

Eficiencia en la gestión y Obras por Impuestos

Para responder a la demanda global de cobre, Ortiz remarcó que el Perú debe garantizar reglas claras, procesos administrativos eficientes y estándares ambientales elevados. No obstante, subrayó que la discusión pública no debe limitarse al monto acumulado de las inversiones ni a las transferencias de divisas a las provincias.

Para cerrar las brechas sociales en los territorios mineros, el líder gremial planteó tres pilares de gestión:

+ Capacitación subnacional: Fortalecer las capacidades técnicas de formulación y ejecución de proyectos en municipios y gobiernos regionales.

+ Mecanismos mixtos: Intensificar el uso de herramientas como Obras por Impuestos (OxI) para agilizar la entrega de infraestructura básica en agua, saneamiento, salud y conectividad.

+ Cadena de valor local: Potenciar el tejido de proveedores regionales para consolidar una economía diversificada que trascienda la vida útil del yacimiento.

Institucionalidad y seguridad jurídica

En el plano regulatorio, el presidente del IIMP hizo un llamado a preservar la seguridad jurídica y el marco institucional que regula a las industrias extractivas. Al referirse a debates recientes en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, valoró que se hayan corregido aspectos cuestionados en sus planes de trabajo tras las observaciones del sector.

Ortiz concluyó que la fiscalización legislativa debe ejercerse siempre bajo criterios técnicos rigurosos que mantengan la confianza de los inversionistas: “Necesitamos proyectos que avancen, territorios que progresen e instituciones sólidas que generen confianza. Esa es la minería que debemos construir”.