En un contexto marcado por precios internacionales en niveles récord, la exportación de oro de origen ilegal en Perú experimentó un incremento del 19,4% durante el primer semestre de 2026, mientras que los envíos de extracción legal cayeron un 5,9%.

Según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), la producción ilícita superó a la formal por 8,7 toneladas, representando el 54% del volumen total exportado en la primera mitad del año.

Para el cierre de 2026, el IPE proyecta que los despachos al exterior de oro ilegal se ubicarán entre 110 y 120 toneladas, concentrando entre el 52% y el 55% del volumen total comercializado por el país.

Precios en récord e impacto macroeconómico

El incentivo económico de la actividad ilícita se vio intensificado por la dinámica de los mercados globales. En lo que va de 2026, el oro registró un precio promedio de US$ 4.500 por onza, lo que representa un alza del 44% en comparación con el mismo período del año anterior. Proyecciones financieras de firmas internacionales como JP Morgan señalan que la media anual podría alcanzar los US$ 4.545 la onza, duplicando el valor promedio de los últimos cinco años.

Con estas variables de mercado, el valor monetario del oro ilegal exportado por Perú fluctuará entre los 16.000 millones y 18.000 millones de dólares, lo que implica un incremento del 39% respecto a 2025 (US$ 11.500 millones) y casi nueve veces el valor registrado hace una década. De este modo, la minería ilegal se consolida como la principal economía ilícita del país, duplicando en escala monetaria al resto de las actividades fuera de la ley.

El factor Reinfo y el riesgo para inversiones formales

El análisis del IPE remarca el impacto del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Desde su implementación en 2016, únicamente el 2% de los mineros inscritos completó el proceso de formalización. Pese a haber sido prorrogado en cinco oportunidades, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no descarta extender su vigencia más allá de diciembre de 2026.

El marco regulatorio del Reinfo exime de responsabilidad penal a los inscritos, situación que ha facilitado la incursión de la actividad en áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas. Asimismo, el avance ilícito afecta operaciones mineras en marcha -como Poderosa en La Libertad o Las Bambas en Apurímac- y compromete el desarrollo de proyectos en cartera como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira, poniendo en riesgo inversiones formales calculadas en más de US$12.000 millones.

Ante este escenario, especialistas y gremios coinciden en la necesidad de implementar una estrategia de fiscalización técnica, trazabilidad del mineral e interdicción efectiva. En esa línea, el Poder Ejecutivo peruano solicitó al Congreso facultades legislativas para modificar la normativa de formalización y anunció el envío de un nuevo proyecto de ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).