Los proyectos mineros que integran la cartera oficial de inversiones en el Perú enfrentan una demora promedio de 15 años para concretar su paso de la etapa de exploración a la producción comercial.

La advertencia fue formulada por el Instituto Peruano de Economía (IPE) durante el ciclo de conferencias Jueves Minero, al exponer las dificultades operativas y regulatorias que restan competitividad al país frente a otros destinos mineros de la región y el mundo.

Durante la presentación de la ponencia "Contribución de la minería al desarrollo: avances y desafíos", el gerente general del IPE, Carlos Gallardo, precisó que las demoras burocráticas y sociales se han acentuado en las últimas décadas.

De acuerdo con las estimaciones del organismo -realizadas sobre 42 unidades mineras en explotación o en fase de cartera del Ministerio de Energía y Minas (Minem)-, las operaciones proyectadas para entrar en producción durante la presente década habrán demandado un tiempo promedio de desarrollo de al menos 49 años.

Oportunidad perdida frente al ciclo de precios alto

La rigidez en los tiempos de tramitación coincide con un escenario de cotizaciones internacionales altamente favorable. El IPE detalló que, al primer trimestre de 2026, los precios de exportación de los metales se situaban 88% por encima de los valores de 2011. No obstante, la inversión minera privada expresada como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) no ha logrado recuperar los niveles alcanzados en los picos del ciclo anterior.

Gallardo enfatizó que países competidores como Chile, Canadá y Estados Unidos vienen ejecutando esquemas de desregulación técnica, incluyendo ventanillas únicas de tramitación, mecanismos de aprobación automática para permisos de bajo impacto ambiental y la eliminación de redundancias administrativas.

Segun el IPE, si el Perú lograse destrabar su cartera minera latente, el impacto económico acumulado sobre la producción, el empleo y la recaudación fiscal superaría más de dos veces el valor total del PBI registrado en 2023.

Propuestas para dinamizar las inversiones

Para revertir la paralización de proyectos y garantizar previsibilidad jurídica a los inversores, el IPE planteó una agenda de trabajo enfocada en tres pilares estratégicos:

+ Previsibilidad y plazos: Fijar marcos normativos claros con tiempos límite estrictos para las entidades evaluadoras del Estado.

+ Prevención de conflictos: Anticipar el diálogo social en las zonas de influencia para resguardar la continuidad de las operaciones y las fuentes de empleo local.

+ Gestión pública y cierre de brechas: Fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales para convertir los recursos generados por el canon y las regalías en obras públicas de agua, saneamiento y conectividad.

Finalmente, el instituto remarcó la importancia de consolidar encadenamientos productivos con proveedores locales para que el desarrollo de la infraestructura minera dinamice la economía de las comunidades aledañas a los yacimientos.