Con el foco puesto en la demanda de mano de obra cualificada que generará la expansión de la minería de cobre y litio en el país, la Legislatura de Mendoza fue sede de las Jornadas de Minería, Empleabilidad y Desafíos para el Desarrollo 2026. El encuentro fue organizado en conjunto por el Gobierno provincial, la Cámara de Diputados de Mendoza y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La cumbre reunió a ministros y autoridades de carteras productivas, educativas y de trabajo de provincias con tradición y proyección minera, como Catamarca, Jujuy, Río Negro y Mendoza, además de dirigentes sindicales, cámaras empresarias y especialistas internacionales provenientes de Chile y República Dominicana.

El propósito central de las jornadas es establecer las bases de una hoja de ruta federal que permita alinear los programas de educación técnica y la certificación de competencias laborales con las necesidades reales de los proyectos mineros en marcha y en etapa de prospección.

Sinergia entre educación, producción y demanda privada

Durante las exposiciones, los funcionarios mendocinos remarcaron la urgencia de estructurar programas formativos ágiles que vinculen al sistema educativo con la cadena de valor minera, garantizando que las comunidades locales absorban el empleo directo e indirecto generado por las inversiones. "La minería necesita gente y a la gente hay que capacitarla. En eso estamos trabajando desde el Ministerio de Producción junto con Educación. Tenemos que desarrollar una enseñanza específica; hay talento en la provincia y solo debemos ampliar nuestras bases", sostuvo Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza.

Por su parte, la subsecretaria de Empleo y Capacitación de la provincia, Emilce Vega Espinoza, enfatizó que la articulación con otras jurisdicciones provinciales e instituciones técnicas resulta determinante para fijar estándares comunes de calificación profesional en todo el territorio nacional.

Respaldo técnico internacional

La Oficina País de la OIT para la Argentina, encabezada por Sara Luna Camacho, ratificó su asistencia técnica para coordinar el diálogo social entre los estados provinciales, los sindicatos y las empresas operadoras.

El aporte del organismo internacional se enfocará en brindar herramientas metodológicas para ordenar las demandas formativas, estandarizar la certificación de oficios y garantizar condiciones de trabajo seguro en la industria extractiva.