Roberto Maldonado, vicepresidente del IIMP, cuestionó la propuesta parlamentaria para elevar regalías e Impuesto Especial.
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) emitió una fuerte advertencia sobre el impacto que estas reformas podrían generar en la predictibilidad del mercado y la atracción de inversiones de largo plazo.
El vicepresidente del IIMP, Roberto Maldonado, sostuvo que cualquier alteración al régimen impositivo debe sustentarse en un análisis integral para evitar desalentar la llegada de capitales. "Cualquier cambio de esta naturaleza debe partir de un análisis técnico integral y considerar sus efectos sobre la competitividad del país, las inversiones existentes y la capacidad de atraer nuevos proyectos", enfatizó Maldonado, remarcando que la estabilidad tributaria es un pilar básico de la seguridad jurídica.
Permisos autorizados e inversión efectiva
El dirigente gremial enfatizó que la discusión fiscal se da en un momento en que el país acumula un flujo importante de licencias concedidas, pero requiere efectivizar la ejecución de las obras. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó permisos para 150 proyectos por un monto superior a los US$ 3.067 millones.
No obstante, Maldonado remarcó que la entrega de dictámenes favorables no concluye el proceso, sino que el verdadero desafío consiste en convertir esas autorizaciones en construcción de infraestructura, producción minera, empleo formal e ingresos fiscales para las regiones productoras.
Burocracia y demoras de hasta 15 años
Al abordar la competitividad estructural, el representante del IIMP citó indicadores del Instituto Peruano de Economía (IPE), los cuales señalan que las iniciativas de la cartera minera peruana sufren retrasos promedio de 15 años desde su diseño inicial hasta su puesta en marcha, registrándose casos extremos que alcanzan los 49 años de tramitación.
En ese sentido, hizo un llamado a optimizar los procedimientos administrativos sin recortar exigencias sociales o ambientales, a fin de evitar que el ciclo alcista de precios globales sea aprovechado por jurisdicciones competidoras.
