El Senado de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley que propone ratificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente al proyecto minero “Cobre San Romeleo”, ubicado en el departamento de Malargüe.

La iniciativa, que ahora fue remitida a la Cámara de Diputados en revisión, se enmarca en lo establecido por el artículo 3 de la Ley Nº 7.722 y contempla la ratificación legislativa de la DIA otorgada mediante las Resoluciones Conjuntas Nº 600/26 de la Dirección de Minería y Nº 74/26 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.

El proyecto llegó al recinto luego de atravesar distintas instancias de evaluación técnica, ambiental y sectorial, además de mecanismos de participación ciudadana. Durante su tratamiento se puso especial énfasis en los controles previstos para las diferentes etapas del emprendimiento y en su vinculación con la actividad agrícola de Mendoza.

La semana pasada, integrantes de las comisiones de Hidrocarburos, Minería y Energía y de Legislación y Asuntos Constitucionales recibieron al subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; a la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda; al director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández; al subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Morales, y al director de Agricultura, Alfredo Draque.

De ese encuentro también participó la vicegobernadora Hebe Casado, quien destacó la particular relación que presenta el proyecto con el sector agrícola y señaló que el interés de la iniciativa no se limita a la dimensión del emprendimiento, sino también a la posibilidad de articular dos sectores productivos de la provincia.

Un procedimiento con participación de organismos técnicos

Durante el tratamiento parlamentario se destacó que la DIA fue acompañada por dictámenes técnicos y sectoriales de distintos organismos, entre ellos el Departamento General de Irrigación, la Municipalidad de Malargüe, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, además de otras áreas provinciales.

También intervino la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por organismos provinciales, instituciones científicas y académicas, el INTA, el CONICET Mendoza, universidades, Irrigación y la Municipalidad de Malargüe, entre otros actores.

El proceso incluyó talleres participativos y una audiencia pública realizada el 6 de diciembre de 2025, en las inmediaciones del proyecto, en Malargüe. La instancia contó con alrededor de 240 participantes y 75 oradores. Además, se habilitó la presentación de aportes por escrito durante los cinco días hábiles posteriores.

En este sentido, la senadora Jésica Laferte, presidenta de la comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía, explicó que el rol de la Legislatura en esta instancia consiste en verificar el cumplimiento del procedimiento establecido por la normativa.

Laferte remarcó que los legisladores no realizan una evaluación técnica del proyecto, sino que deben controlar que se hayan cumplido los procedimientos y requisitos correspondientes, entre ellos los principios de legalidad, celeridad, precaución, publicidad, sustentabilidad y participación ciudadana.

La senadora también precisó que el proyecto se encuentra a unos 160 kilómetros, en línea recta, del kilómetro 0 de la ciudad de Malargüe; a 20 kilómetros del río Grande; a 2,5 kilómetros de la Reserva de La Payunia; a 65 kilómetros del río Colorado; a 108 kilómetros de la laguna Llancanelo y a 153 kilómetros del río Salado.

Asimismo, señaló que la información de los expedientes y los datos georreferenciados vinculados con flora, fauna, suelo y aire se encuentran disponibles para consulta pública a través de los organismos provinciales correspondientes.

Controles ambientales y seguimiento permanente

Por su parte, la senadora Yamel Ases puso el foco en las condiciones ambientales incorporadas a la DIA y sostuvo que la ratificación legislativa constituye el resultado de un proceso de análisis multidisciplinario.

Entre las exigencias previstas se encuentra la acreditación de la línea de base ambiental antes del inicio de actividades, un protocolo de rescate y protección de fauna, la contratación previa de un seguro de recomposición ambiental y la medición obligatoria de la huella de carbono.

También se establece la posibilidad de fiscalización por parte de la Policía Ambiental Minera y una serie de controles vinculados con el recurso hídrico. Antes de cualquier movimiento de suelo, la empresa deberá contar con los permisos y el balance hídrico aprobado por el Departamento General de Irrigación, además de implementar sistemas de aforo continuo y telemedición.

La DIA contempla, además, pruebas de estanqueidad e impermeabilización en piletas y escombreras, sistemas de contención secundaria y estudios geoquímicos destinados a descartar riesgos de lixiviación o movilidad de metales.

Durante las etapas de construcción y explotación se prevén controles sobre la calidad del agua superficial y subterránea, material particulado, ruidos y residuos, además de medidas vinculadas con la protección de los cielos de Malargüe y planes de contingencia sujetos a revisión.

Los controles también alcanzarán las etapas de cierre y poscierre, con un plan de recuperación ambiental que deberá ser aprobado anticipadamente y garantías financieras específicas. El monitoreo continuará hasta que la autoridad ambiental minera determine que el sitio presenta condiciones de seguridad adecuadas.

Además, los proyectos mineros deberán actualizar sus estudios de impacto ambiental cada dos años y cualquier modificación vinculada con infraestructura o procedimientos deberá ser comunicada a la autoridad ambiental minera para su evaluación.

Minería y producción agrícola

Uno de los aspectos destacados durante el debate fue la posibilidad de que el proyecto genere una articulación directa con la actividad agrícola.

Según se explicó en el recinto, el proyecto contempla la explotación del cobre presente naturalmente en la roca, su procesamiento en el lugar y la obtención de óxido de cobre. Esta producción constituye la materia prima para una segunda etapa vinculada a la elaboración de sulfato de cobre.

Las sales de cobre son utilizadas como fungicidas y bactericidas para prevenir y controlar enfermedades que afectan a distintos cultivos. En Mendoza tienen especial importancia en la vitivinicultura, donde forman parte del denominado caldo bordelés, aunque también cuentan con aplicaciones en cultivos frutales y hortícolas.

Actualmente, la provincia consume alrededor de 1.000 toneladas anuales de estas sales, mientras que San Romeleo podría producir aproximadamente 700 toneladas por año, lo que permitiría abastecer una parte significativa de la demanda provincial y regional.

Durante el debate también se señaló que buena parte de estos productos son actualmente importados y que la producción local podría contribuir a reducir costos para los agricultores.

Empleo y desarrollo local

La senadora Laferte explicó que se trata de un proyecto de pequeña escala y que, de concretarse la ratificación y cumplirse las etapas previstas, la explotación podría comenzar entre tres y seis meses después, generando entre 20 y 25 nuevos puestos de trabajo directos.

Actualmente, el proyecto cuenta con cuatro personas vinculadas a sus actividades. A estos puestos se sumarían oportunidades para proveedores y prestadores de servicios de manera indirecta, especialmente en Malargüe y zonas aledañas.

Acompañamiento en el recinto

Durante el tratamiento de la iniciativa también hicieron uso de la palabra los senadores Martín Rostand, Armando Magistretti, Félix González, Pedro Serra y Dugar Chappel, quienes se refirieron a distintos aspectos de la propuesta y manifestaron su acompañamiento a la ratificación.

El cierre del debate estuvo a cargo del presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner, quien destacó que se trata de un proyecto de pequeña escala y sostuvo la importancia de que, una vez cumplidos los requisitos correspondientes, pueda avanzar con las etapas previas a la producción durante la temporada estival.

Kerchner valoró además el trabajo realizado por las comisiones y remarcó la cantidad de informes, controles y requerimientos que deben cumplirse para avanzar con este tipo de iniciativas.

Con la media sanción otorgada, el Senado dio cumplimiento a la instancia legislativa prevista por la Ley Nº 7.722 y remitió la iniciativa a la Cámara de Diputados en revisión, donde continuará su tratamiento legislativo. La propuesta busca ratificar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Cobre San Romeleo y permitir la continuidad del procedimiento administrativo bajo las condiciones y controles establecidos en la DIA.