El proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) contempla la implementación de un Régimen de Consolidación de carácter excepcional que otorgará plazo hasta el 31 de diciembre de 2028 para que los operadores mineros completen sus procedimientos de formalización.

La propuesta, debatida en mesas de trabajo dentro del Ministerio de Energía y Minas (Minem) estipula que el actual Proceso de Formalización Minera Integral finalizará el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, los mineros que mantengan su inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) migrarán de forma automática al nuevo régimen para operar en sus coordenadas declaradas.

El proyecto de ley busca dar ordenamiento a la pequeña minería y la minería artesanal en Perú, introduciendo un marco permanente para nuevos proyectos y regulando la transición de los mineros en trámite.

Creación de FORMAPE y régimen permanente

Uno de los pilares institucionales del proyecto es la fundación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), una entidad adscrita al Minem dotada de autonomía técnica, administrativa y financiera.

FORMAPE asumirá la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, la conducción de los procesos de formalización y la emisión de las autorizaciones de inicio o reinicio de operaciones. Asimismo, la normativa fija un régimen ordinario permanente con requisitos simplificados y diferenciados para los pequeños mineros que ya completaron su trámite o para quienes ingresen a la actividad a futuro.

Trazabilidad, ambiente e inclusión financiera

En materia de fiscalización, el texto legal incorpora exigencias para supervisar la trazabilidad del mineral en las etapas de extracción, transporte, procesamiento y venta, permitiendo acreditar el origen legal de los cargamentos.

En el área socioambiental, se proponen incentivos para la firmas de contratos de explotación entre titulares de concesiones y pequeños productores, la apertura de cuentas bancarias en el sistema financiero y la eliminación gradual del uso de mercurio mediante la adopción de tecnologías limpias. La propuesta legislativa continuará su trámite de evaluación técnica antes de ingresar al Congreso para su debate.