La Cámara de Diputados de Chile aprobó y despachó a ley la reforma al régimen de patentes mineras. La iniciativa legislativa introduce modificaciones de fondo para corregir las distorsiones derivadas de la Ley N° 21.420 aprobada en 2022, la cual había elevado los costos de conservación de las concesiones y multiplicado los procesos de remate por no pago en todo el país.

La nueva normativa elimina el esquema de cobro progresivo que alcanzaba topes de hasta 12 UTM por hectárea y lo reemplaza por una tasa fija general de 0,4 UTM por hectárea. Asimismo, amplía los criterios de acceso para obtener la patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea, eliminando trabas burocráticas relativas a tipos societarios y extendiendo el beneficio no solo a los titulares de la propiedad minera, sino también a arrendatarios y explotadores legítimos que cuenten con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente.

"No podemos seguir manteniendo regulaciones que obstaculizan a quienes quieren invertir, explorar y producir, especialmente a aquellos mineros que están en la base de nuestra actividad. Este proyecto no se trata solo de modificar una ley; se trata de darles nuevas oportunidades a cientos de mineros y recuperar los incentivos para explorar", sostuvo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien asistió a la Sala junto al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Un punto central del texto despachado radica en la postergación hasta el 28 de febrero de 2027 para la cancelación de las patentes correspondientes al ejercicio 2026, medida que frena la ejecución de remates de pertenencias mineras mientras entra en vigor el nuevo marco regulatorio.

Nuevos regímenes de amparo para la pequeña minería y ajustes a remates

Para la minería artesanal y de menor escala, la ley introduce un régimen especial para titulares de hasta 500 hectáreas empadronados en ENAMI u otros poderes de compra reconocidos, permitiéndoles mantener la patente rebajada durante un período de 5 años. Adicionalmente, en el régimen especialísimo de postulación se eliminó la exigencia de acreditar servidumbres y se ampliaron los límites de superficie susceptible de acogerse al beneficio: de 50 a 100 hectáreas para mineros artesanales, y de 100 a 150 hectáreas para pequeños productores.

Finalmente, el articulado incorpora mejoras procedimentales al sistema de subasta pública de concesiones morosas. Entre los ajustes técnicos destacan la corrección expedita de errores en las nóminas de propiedades afectas, la regulación de costas procesales, la agilización de la declaración de terreno franco y la clarificación de los efectos legales sobre la extinción de obligaciones y cancelación de inscripciones en los Registros de Minas.