En el marco del debate sobre la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) respaldó las medidas enfocadas en intensificar la supervisión sobre las plantas de procesamiento de minerales. 

La propuesta legislativa establece que los establecimientos con una capacidad de operación superior a las 25 toneladas métricas diarias queden sujetos a esquemas estrictos de fiscalización y monitoreo ambiental.

Esta estrategia apunta a descentralizar el control de la actividad minera, extendiendo la trazabilidad desde los puntos de extracción en bocamina hasta las etapas de beneficio y comercialización. De esta manera, el control en las plantas permitirá mitigar los riesgos ambientales, sanitarios y de seguridad operacional asociados al procesamiento de insumos químicos, al tiempo que se corta la cadena logística de los yacimientos no autorizados.

"Eso es un avance positivo, creo que las plantas deben convertirse en unos nodos de formalización de toda la cadena de valor de la actividad minera. Una adecuada supervisión es clave para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales y fortalecer la formalización más allá de la extracción", afirmó el gerente general del IIMP, Gustavo De Vinatea.

Asimismo, desde el gremio profesional valoraron la propuesta de crear el Organismo de Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), entidad que concentrará las facultades técnicas para intervenir en las zonas de mayor conflictividad minera.

Fortalecimiento del FORMAPE y cooperación internacional

Respecto a la operatividad del FORMAPE, el IIMP remarcó que su eficacia en el territorio dependerá de una asignación presupuestaria adecuada, el despliegue de tecnología de monitoreo satelital y la formación de cuadros técnicos especializados. En ese sentido, señalaron que el nuevo organismo constituye una plataforma idónea para articular los fondos y la asistencia técnica de la cooperación internacional interesada en combatir a las organizaciones criminales vinculadas a la extracción ilegal de minerales.