Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP, planteó que garantizar el cumplimiento de la ley y generar condiciones para invertir son tareas que el Estado debe atender en paralelo. Recordó que hay 66 proyectos en cartera por más de US$ 64.000 millones que requieren decisiones oportunas y predictibilidad.
El Estado peruano debe asegurar el cumplimiento de la ley y, a la vez, crear condiciones para la inversión formal frente al avance de la minería ilegal. Es la advertencia que lanzó Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien pidió impulsar los proyectos mineros y reforzar la presencia estatal en los territorios afectados por actividades ilícitas.
Una cartera de US$ 64.000 millones
Según Ortiz, el país cuenta con 66 proyectos mineros en cartera, valorizados en más de US$ 64.000 millones. Su desarrollo, advirtió, depende de decisiones oportunas y de un marco predecible.
Para el dirigente, cada proyecto que avanza significa empleo, desarrollo de proveedores locales, mayores ingresos fiscales y más dinamismo económico para las regiones. De ahí que considere clave que el Perú genere las condiciones para convertir su potencial minero en inversiones efectivas.
Reglas claras
En ese marco, Ortiz sostuvo que “la inversión formal necesita reglas claras y un Estado que cumpla su papel de facilitador y garante del cumplimiento de la ley”.
El titular del IIMP subrayó que esa tarea también exige enfrentar de manera decidida la minería ilegal. Al referirse a la destrucción de más de 30 campamentos en la zona de amortiguamiento de Tambopata, valoró esas intervenciones como una forma de proteger el patrimonio natural y recuperar el control territorial.
Aun así, aclaró que los operativos deben complementarse con una estrategia de largo plazo. “Necesitamos presencia permanente, inteligencia y coordinación para impedir que estas estructuras vuelvan a instalarse”, enfatizó.
Formalización con ruta viable
Ortiz planteó además que la respuesta estatal debe distinguir entre quienes quieren formalizarse y quienes actúan al margen de la ley. “La formalización debe tener una ruta viable y plazos definidos; la ilegalidad, consecuencias efectivas”, afirmó.
Un llamado a la articulación. Para cerrar, hizo un llamado a abordar ambos desafíos de forma articulada. “El Perú no puede resignarse a ver proyectos formales esperando decisiones mientras las economías ilícitas amplían su alcance sin control”, concluyó.
