En una jornada calificada de trascendencia histórica para la diplomacia nacional, la República Argentina completó en la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) su primera exposición oral para exigir la adopción urgente de medidas provisionales contra el Reino Unido. El objetivo central del planteo es frenar de inmediato la explotación ilegítima de hidrocarburos en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas.

Se trata de la primera vez que la Argentina litiga directamente contra la corona británica ante una corte internacional por la controversia de soberanía en el Atlántico Sur, en el marco del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El foco del conflicto: el proyecto Sea Lion y el daño irreversible

Durante el alegato ante los magistrados en Alemania, la delegación argentina apuntó de forma directa contra el avance del megaproyecto petrolero Sea Lion —operado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration— a unos 198 kilómetros al norte de las islas. El plan prevé una explotación continua a lo largo de 35 años y la perforación de al menos 23 pozos de producción.

El embajador Mario Oyarzábal, Director General de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, remarcó la premura del reclamo: "Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva".

Oyarzábal advirtió que la perforación altera de manera permanente el lecho marino y que ninguna indemnización posterior podría restablecer el status quo si se consuma la extracción sin resolver la disputa de fondo.

Alerta ambiental y riesgo directo sobre el mar argentino

Uno de los puntos clave expuestos por la delegación argentina estuvo enfocado en los severos riesgos ambientales del proyecto petrolero. Documentos oficiales presentados ante la corte revelaron que los propios planes de contingencia de las empresas licenciatarias estiman hasta un 30% de probabilidad de que un eventual derrame reaching aguas continentales argentinas no disputadas en un plazo no mayor a 30 días.

Al respecto, la representación nacional resaltó que en caso de una catástrofe ecológica, la Argentina sería quien soportaría los costos y consecuencias operativas directas, y no un Estado situado a más de 12.000 kilómetros de distancia.

Un equipo jurídico de primer nivel

La comitiva que representa los intereses argentinos ante el fuero internacional estuvo encabezada e integrada por:

+ Mario Oyarzábal, Director General de la Consejería Legal de Cancillería y agente ante el TIDM.

+ María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

+ Marcelo Kohen y Nico Schrijver, reconocidos juristas e internacionalistas de trayectoria global (Kohen fue clave en el fallo del TIDM que derivó en la liberación de la Fragata ARA Libertad en 2012).

+ Un cuerpo técnico y legal de especialistas en derecho internacional y medio ambiente marino.

Próximos pasos en Hamburgo

Tras finalizar la primera ronda de exposiciones, el proceso continúa con la réplica del Reino Unido y las deliberaciones finales de los jueces del tribunal de Hamburgo.

Las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires buscan congelar todas las actividades preparatorias y de perforación del proyecto Sea Lion hasta tanto se constituya e intervenga formalmente el Tribunal Arbitral del Anexo VII de la CONVEMAR, garantizando la preservación de los recursos naturales y la soberanía sobre la plataforma continental argentina.