La norma fija una regalía de referencia del 15% y permite reducciones para incentivar pozos inactivos.
Con el propósito de actualizar un marco regulatorio vigente desde 2006, adecuarlo a las transformaciones tecnológicas de las últimas dos décadas y otorgar certeza jurídica de largo plazo, el Senado de Mendoza convirtió en ley el proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, ratifica el dominio originario de la provincia sobre sus recursos y se adecua a las pautas de la legislación nacional.
El nuevo ordenamiento legal atiende las dos realidades productivas coexistentes en el territorio mendocino: la extensión de la vida útil en los campos convencionales maduros mediante técnicas de recuperación mejorada, y el desarrollo masivo del potencial no convencional en la Cuenca Neuquina norte.
"El mundo cambió en dos décadas, tanto en aspectos normativos como ambientales. Es fundamental acompañar con una ley acorde que dé previsibilidad a las inversiones y que nos permita proyectar el desarrollo de nuestros recursos hidrocarburíferos para los próximos 50 años. Mendoza tiene un enorme potencial energético y nuestro desafío es convertirlo en más producción, inversiones y oportunidades de trabajo para los mendocinos", sostuvo la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre.
Flexibilización de regalías e incorporación de Vaca Muerta
Uno de los cambios centrales de la normativa radica en la actualización del esquema de regalías para futuras licitaciones. El texto sustituye el porcentaje fijo histórico del 12% por una regalía de referencia del 15%, otorgando a la autoridad de aplicación la facultad de adecuar las tasas en función de las condiciones económicas de cada bloque. Para proyectos de recuperación secundaria o terciaria, exploración complementaria y reactivación de pozos inactivos, el porcentaje podrá situarse por debajo del 5%.
Asimismo, las ofertas licitatorias ponderarán las inversiones comprometidas y la producción proyectada por sobre la mera propuesta económica de regalías. A su vez, se contemplan reducciones de hasta un 80% en los cánones para prórrogas de permisos de exploración cuando las empresas asuman compromisos de riesgo exploratorio que dupliquen el monto a compensar.
Por primera vez, la legislación mendocina integra de forma explícita el régimen de concesiones de explotación no convencional, permitiendo la reconversión de activos existentes. Esta figura resulta estratégica para el departamento de Malargüe, donde la explotación de la lengua mendocina de Vaca Muerta exige inversiones de capital intensivo y horizontes operativos extendidos.
"Tenemos dos grandes desafíos. Por un lado, sostener la actividad en los campos convencionales, donde necesitamos nuevas inversiones y tecnologías para recuperar producción y extender la vida útil de los yacimientos. Por otro, generar las condiciones para que el potencial de Vaca Muerta Mendoza se transforme en proyectos concretos", explicó la ministra Jimena Latorre.
Rigurosidad ambiental, nuevo régimen sancionatorio y minería
En el plano ambiental, la norma establece que la restitución o vencimiento de una concesión no extingue las responsabilidades y pasivos generados durante la operación. Las empresas deberán ejecutar auditorías, tareas de recomposición de suelos, monitoreo hídrico y planes de cierre definitivo de pozos e instalaciones. Además, las concesionarias quedarán obligadas a presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de acceso público sobre aspectos ambientales, comunitarios y laborales.
Para financiar las tareas de inspección técnica, se crea la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera (de hasta un 0,8% sobre lo recaudado por regalías y cánones), mientras que las sanciones pecuniarias se calcularán en unidades equivalentes al precio de la nafta súper para evitar su desactualización nominal.
Finalmente, la ley introduce un protocolo de coexistencia entre la actividad minera y la petrolera ante eventuales superposiciones territoriales en la provincia. La legislación fija la prioridad de coordinación técnica, ambiental y operativa entre los titulares de los derechos, reservando al Poder Ejecutivo la resolución de controversias en casos donde la coexistencia afecte la seguridad o el uso racional de los recursos.
