En el marco de la visita apostólica al Perú, la Alianza Minera de América Latina presentó un estudio de 13 países que describe una economía criminal transnacional. Argentina aparece como el caso de menor incidencia de la región.
La Alianza Minera de América Latina (ALMA) entregó al papa León XIV su Diagnóstico Regional sobre la Situación de la Extracción Ilegal de Minerales en América Latina y el Caribe, en el marco de la visita apostólica del Pontífice al Perú. La iniciativa busca un acercamiento institucional con la Santa Sede y abrir canales de diálogo entre la Iglesia Católica y la industria minera.
El documento también fue recibido por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y por monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú.
Un puente con la Iglesia
Francisco Lecaros, presidente de ALMA, planteó que la entidad quiere “establecer canales de comunicación permanentes con el Vaticano”. Reconoció que existen “distintas miradas” sobre la minería y que la Iglesia ha expresado preocupaciones legítimas sobre sus impactos.
Para Lecaros, la extracción ilegal “no es solamente un problema minero”: está vinculada, según dijo, a redes criminales, trata de personas, explotación laboral, violencia y destrucción ambiental. Allí ve el principal espacio de trabajo conjunto.
Adriana Aurazo, secretaria general de ALMA, sostuvo que la entrega debe ser “el inicio de una relación de trabajo” y remarcó la necesidad de “diferenciar la minería responsable de aquella generada por economías ilegales”.
ALMA espera avanzar en conversaciones con los organismos de la Santa Sede vinculados al desarrollo humano integral, el cuidado de la creación y la protección de las comunidades. Su agenda tentativa incluye: la lucha contra la extracción ilegal y las redes criminales asociadas; la protección de comunidades y derechos de las personas;el cuidado del ambiente y las prácticas productivas responsables; educación, desarrollo humano y generación de oportunidades; la promoción de una minería responsable.
Qué dice el diagnóstico
El estudio, elaborado por el Comité sobre Extracción Ilegal de Minerales de ALMA (liderado por Carolina Orozco, vicepresidenta para Ecuador) y la Dirección de Estudios (a cargo de Andrea Peralta), analiza 13 países. Su primera edición es de septiembre de 2026. Sostiene que el fenómeno dejó de ser un problema ambiental localizado y pasó a ser una economía criminal transnacional.
Entre los hallazgos centrales:
+ Cadena regional del mercurio: unas 200 toneladas habrían sido trasladadas desde minas mexicanas hacia operaciones ilegales de oro en Bolivia, Colombia y Perú entre abril de 2019 y junio de 2025, en contravención del Convenio de Minamata.
+Responsabilidad del comprador: en Brasil, la exigencia de nota fiscal electrónica y la eliminación de la presunción de buena fe en la compra de oro redujeron la producción registrada de los garimpos de 31 toneladas en 2022 a 17 en 2023.
+Prohibir no frena la ilegalidad: según el informe, en ningún país la parálisis de la minería formal detuvo la extracción ilegal. En Ecuador, tras el cierre del catastro en 2018, los puntos ilegales pasaron de menos de 60 a más de 600 en 2024. En Panamá, tras el cierre de la mina de gran escala, las denuncias subieron de 60 a más de 250 en ocho meses.
+Convergencia con otros delitos: en Colombia, la medición satelital oficial identifica coincidencia entre extracción aurífera ilícita y cultivos de coca en el 44% de los territorios.
+Punto ciego en la intermediación: el eslabón donde el mineral pierde trazabilidad (comercializadores, molinos, plantas de lixiviación, chatarrerías) está mucho menos regulado que la extracción.
+Falta de medición común: el documento no construye una cifra regional del valor del fenómeno porque las metodologías nacionales son demasiado dispares.
Como respuesta, propone seis líneas de trabajo conjunto, entre ellas un mecanismo regional de trazabilidad y control del mercurio, la regulación de la intermediación y una batería de ocho indicadores comunes de medición.
El caso argentino
El diagnóstico ubica a Argentina entre los países de “incidencia baja o episódica”, junto con Honduras y Panamá, y le atribuye la menor incidencia documentada del estudio. El capítulo nacional, basado en el informe del responsable de país, describe un fenómeno de escala reducida, no sistemático y de impacto ambiental y fiscal poco significativo.
La explicación estructural que ofrece es que el desarrollo de la minería moderna a gran escala desde 1993, con estándares elevados e inversión sostenida, ocupó el territorio y limitó el espacio para la actividad ilegal. En el noroeste, el litio no deja lugar a la extracción ilegal organizada porque el mineral no tiene valor sin capacidad de procesamiento. En la Patagonia, la baja densidad poblacional y las operaciones formales desde 1998 produjeron un efecto similar.
El informe advierte, igualmente, un factor de riesgo al que llama “efecto incubadora”: la persistencia de comunidades rurales o aisladas con altos índices de pobreza, que conservan el conocimiento de su territorio y una herencia minera, pero no los recursos para ejercerla de forma moderna y sostenible. Esa brecha, indica, puede abrir la puerta al ingreso de capital y equipamiento externos. Sobre el crimen organizado, señala que la escasez de episodios no permite identificar una estructura consolidada, aunque sostiene que el riesgo “subyace latente”.
El capítulo se apoya en dos estudios de caso, uno de ellos el proyecto Zancarrón, una mina abandonada de oro y plata en Iglesias, San Juan, en el Valle del Cura.
La conclusión comparada del documento es que donde la ocupación formal del territorio precedió a la oportunidad económica, como en Argentina, la ilegalidad encuentra menos espacio.