CAEM y la Secretaría de Minería lanzan cápsulas audiovisuales para reducir errores en el artículo 21
María Eugenia Bais, directora nacional de Inversiones Mineras, presentó en el ciclo de formación de CAEM los resultados del primer mes de la declaración jurada simplificada del artículo 21: unas 756 presentaciones y cerca del 80% validadas.
En un encuentro organizado y moderado por Alejandra Cardona, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Emperesas Mineras (CAEM). La Secretaría de Minería, a través de María Eugenia Bais, presentó los primeros resultados de la declaración jurada simplificada del artículo 21 de la Ley de Inversiones Mineras y lanzó junto a la Cámara una serie de cápsulas audiovisualespara explicar los lineamientos de la actuallización de la Ley con el objetivo de reducir los errores de las empresas beneficiarias.
Cambios en la gestión del régimen
Bais explicó que el proceso lleva más de dos años y se apoya en la experiencia de administrar una norma con “trabas” que limitaban su llegada a los proyectos. Según planteó, lo que cambió fue la forma en que el Estado gestiona el régimen, a través de la actualización del decreto reglamentario y la normativa complementaria.
Los pilares de la reforma, según la funcionaria, son:
+ la simplificación y la desburocratización;
+ la trazabilidad y la interoperabilidad de los trámites con otras áreas del Estado;
+un control que se realiza antes y después del uso de los beneficios;
+una mirada centrada en el administrado, que, a su juicio, había quedado relegada.
Bais aclaró que se trata de reformas pensadas para perdurar más allá de la gestión actual, y que solo rendirán si quienes usan los trámites los dominan. Por eso se capacitó internamente a los equipos de la Secretaría y se diseñaron las cápsulas junto a CAEM. Agradeció la proactividad y la rapidez de la cámara en el proyecto.
El nuevo trámite del artículo 21
La primera cápsula se centra en la declaración jurada simplificada del artículo 21. Esta reemplazó al certificado de importación. Según Bais, el nuevo trámite: admite una validación de la Secretaría de Minería en un plazo de cinco días hábiles; interopera con la Aduana, algo que antes no ocurría; elimina la carga de acreditar documentación que el Estado puede obtener por sí mismo.
La funcionaria sostuvo que antes el beneficiario presentaba la misma documentación ante varios organismos, y que el cambio apunta a cumplir con la nueva Ley de Procedimientos Administrativos. Esa norma exige que la administración no pida dos veces la misma documentación.
Los números del primer mes
Bais presentó la primera evaluación del impacto del trámite, vigente desde el 19 de octubre:
+Se presentaron 756 declaraciones juradas.
+Cerca del 80% fue validado.
+Alrededor del 14% (14,3%) fue desestimado.
+Solo 44 declaraciones seguían en trámite.
+En el esquema anterior se solicitaban unos 800 certificados por mes, lo que generaba un “embudo” de documentación para validar y cruzar.
La funcionaria dijo que el foco de la capacitación está en ese 14,3% de desestimaciones. Algunas, los menos, responden a cuestiones de fondo que no admiten subsanación: proyectos no inscriptos en el registro, proyectos inactivos o actividades de prestadores distintas de las declaradas. Otras, en cambio, se deben a falta de conocimiento sobre cómo completar la declaración o qué información reunir antes de iniciarla.
Según Bais, el trabajo con cada beneficiario permitió reducir el margen de error entre el primer y el segundo mes. Mencionó una caída de casi el 48%. También bajó la cantidad de declaraciones presentadas, lo que, dijo, indica que el trámite es ágil y que se cumple el plazo de cinco días, algo que permite a las empresas planificar mejor.
La mirada de CAEM: tres “virtudes” de la actualización
Cardona destacó tres aspectos de la actualización de la Ley de Inversiones Mineras:
1- Mayor alcance. El régimen incluye ahora expresamente a los prestadores de servicios mineros. Para la cámara, esto reconoce que la minería es también toda la red de proveedores, y lleva los beneficios a más empresas y regiones.
2- Simplificación. Hay un registro digital, reglas claras para inscribirse, mantenerse y modificar proyectos, y un circuito digital para el IVA de exploración. Según Cardona, esto se traduce en menos tiempo en trámites y más en los proyectos. En exploración, donde “cada mes cuenta”, permite recuperar recursos a tiempo.
3- Coherencia entre regímenes. La norma permite que la ley minera conviva con el RIGI, de modo que un proyecto que ingresa al RIGI no pierde su inscripción en el régimen minero. También alinea las exigencias ambientales con la Ley General del Ambiente y habilita, con el avance de la autoridad de aplicación, que el seguro ambiental obligatorio reemplace la previsión especial del artículo 23.
Cardona cerró señalando que quien planifica inversiones a 20 o 30 años valora, sobre todo, reglas coherentes. Agradeció el diálogo con la Secretaría de Minería y con la Dirección Nacional de Inversiones Mineras.