Hace cinco años, el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, convenció a Repsol, que poseía el 97% de las acciones de YPF, de la conveniencia de que entrase capital local en la petrolera argentina. Kirchner favoreció la entrada del Grupo Petersen, de la familia Esquenazi, que no tenía experiencia en el sector, pero sí una estrecha relación con el mandatario. La familia, originaria de Santa Cruz, la provincia que presidió Kirchner, había financiado la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada.
Ernesto Eskenazi y sus hijos debieron de pensar que hacían el negocio del siglo cuando firmaron un acuerdo para hacerse con el 25% de las acciones de YPF sin poner un dólar sobre la mesa. Kirchner convenció a Repsol de que financiase, a través de créditos, la compra de sus propias acciones por parte de los Eskenazi, que irían pagando su deuda a través de los dividendos que diese la compañía.
El acuerdo se selló en 2008, cuando el Grupo Petersen compró el 15% de las acciones; en 2011 se haría con otro 10%. En las dos operaciones, Repsol aportó unos 1.500 millones de euros, y la banca puso otros mil millones. Además, el trato incluía el compromiso de que Repsol YPF distribuiría en forma de dividendos un 90% de sus beneficios.
El arreglo funcionó para los Eskenazi mientras la relación fue buena con los Kirchner. Pero, tras la muerte de Néstor, y en paralelo con el descontento del Gobierno por la situación de déficit energético, las tornas cambiaron. Y el futuro no se presenta tan halagüeño para la familia Eskenazi.
El gobierno de Cristina Fernández sostiene que solo expropiará las acciones de Repsol, pero también ha anunciado que cambiará la política de dividendos, para que YPF realice inversiones que redunden en un aumento de la producción de petróleo y gas. La pregunta es, entonces, cómo pagará su deuda el Grupo Petersen, que para cumplir con sus acreedores depende de los dividendos. Solo a Repsol le debe 1.900 millones de dólares, según el presidente de la empresa, Antonio Brufau.
Algunos especulan ya con una probable suspensión de pagos por parte del Grupo Petersen. En 2008, la agencia Moody´s ya advirtió de que cualquier cambio en los términos el acuerdo –esto es, del compromiso de distribuir un 90% de los beneficios hasta que se pagase la deuda- redundaría "en una cesación de pagos bajo las condiciones del préstamo".
¿Vuelta de Repsol a YPF?
Para complicar aún más las cosas, el acuerdo suscrito en 2008 obligaría a Repsol a recomprar las acciones de los Eskenazi en caso de que, como ha sucedido, la firma que preside Brufau dejase de ser accionista mayoritario de YPF. Esa cláusula estaba entre las facilidades crediticias que Repsol dio a los Eskenazi, a pedido de Kirchner. Y los Eskenazi ya han declarado que Repsol está obligada a comprar su participación en YPF.
La multinacional de origen español opone que no es así, pues, según el acuerdo, esta cláusula no tendría que ser activada en caso de que Repsol dejase de ser el primer accionista por causa de fuerza mayor, como un desastre natural. Así que la batalla legal que está por venir en YPF –una de ellas- se centrará en demostrar si la expropiación puede considerarse causa de fuerza mayor.
Por el momento, Brufau ha declarado que los Eskenazi podrán cumplir con sus obligaciones de pago si consiguen vender su participación accionarial. El problema es que las acciones de la petrolera no dejan de desvalorizarse en los mercados.
Poco halagüeña para los Eskenazi parece la actitud del ministro de Planificación y nuevo interventor de YPF, Julio de Vido, para quien el futuro de la familia en la compañía está en el aire: "Veremos cuál es su actitud", señaló. Para algunos analistas, la intención de la presidenta, al retirarle su trato de favor a los Eskenazi, sería beneficiar al empresario Cristóbal López, quien controla en el país el lucrativo negocio de los casinos.
El Mundo
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), una de las más importantes del país, advierte que la expropiación de la petrolera YPF al grupo español Repsol debe ser "un hecho excepcional", porque de lo contrario habrá una caída en la inversión extranjera directa.
Al contrario, los empresarios alineados en la Unión Industrial Argentina (UIA) respaldaron la decisión del Gobierno de Cristina Fernández porque consideran que favorece que el país tenga una política de estado en materia de hidrocarburos.
Las posiciones de los dos mayores gremios empresariales argentinos se conocieron cinco días después de que el Ejecutivo argentino anunciara la intervención de YPF y la presentación de un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de la petrolera en manos de Repsol.
"En una sociedad democrática moderna, un rol decisivo del Estado es el de asegurar un marco de previsibilidad, de reglas de juego y de respeto a los contratos que permitan a las empresas privadas desarrollar inversiones, generar empleos, introducir innovaciones y ganar mercados externos", destaca la AEA en un comunicado.
"En este marco, la expropiación de una empresa privada debe considerarse un hecho de excepción", apunta la asociación.
Según la entidad, que preside Jaime Campos, es de "vital importancia" que "de procederse a la expropiación se haga respetando rigurosamente la Constitución argentina que en su artículo 17 requiere que sea por causa de utilidad pública calificada por una ley y previamente indemnizada".
La AEA sostuvo que Argentina forma parte de "una comunidad internacional de naciones en la que imperan normas, procedimientos y formas de actuar que deben respetarse".
"No hacerlo implicará una caída en la inversión extranjera directa. Además, para las empresas argentinas se acrecentarán las dificultades para acceder al financiamiento internacional así como para comercializar sus productos y servicios en los mercados de otros países", añadió.
La otra cara de la moneda
Por su parte, en declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires, el presidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, respaldó la decisión oficial sobre YPF.
"Indica que vamos en la dirección de tener una política de Estado", comentó De Mendiguren, quien consideró que el proceso que se ha abierto en relación a la petrolera "representa un desafío para los próximos años".
No obstante, el dirigente dijo que en su entidad hay "distintos planteamientos que escuchar" y aseguró que su ambición es tener "una Petrobras argentina", en alusión al modelo de la estatal brasileña.
El Senado argentino debatirá el miércoles próximo la propuesta de ley que dispone la expropiación del 51% de las acciones Clase D de la petrolera en manos de Repsol, dueña de un paquete total del 57,43% y también de tenencias de la empresa española en su controlada YPF Gas.
Cristina Fernández garantizó este viernes que, por respeto a la "soberanía" de España, no responderá a las represalias anunciadas por el Gobierno español, que ha tomado medidas para limitar las importaciones de biodiésel de Argentina como reacción a la expropiación de YPF.
Enrique Eskenazi, presidente del Grupo Petersen.
A lo largo de su andadura como presidente de Repsol, Antonio Brufau ha negociado con líderes mundiales en situaciones un tanto peculiares. Muamar el Gadafi lo atendió varias veces en su jaima de Trípoli mientras en la puerta ordeñaban las cabras y pastoreaban los camellos; el boliviano Evo Morales lo recibió a las cinco de la mañana en La Paz; con el presidente Hugo Chávez departió mientras el mandatario venezolano conducía un Mercedes desde la Gran Vía de Madrid hasta el aeropuerto de Barajas, y Fidel Castro le concedió audiencia a las dos de la madrugada en La Habana.
En la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, Brufau tuvo que esperar a veces varias horas para acceder al despacho presidencial. Pero cuando llegaba acompañado de Sebastián Eskenazi, el hombre al que vendió el 25% de Repsol-YPF cuando Néstor Kirchner le obligó a argentinizar la compañía, no esperaba ni un minuto. Eskenazi era íntimo amigo de los Kirchner. Néstor y Cristina vieron con muy buenos ojos en 2008 que los Eskenazi pagaran solo el 10% de las acciones que compraron. Para el resto, pedirían créditos. ¿Y cómo pensaban los Eskenazi pagar los créditos? Con el dinero que les abonase la empresa en el reparto de dividendos. “Así me compro yo también la Coca-Cola”, dijo esta semana el periodista argentino Jorge Lanata. La operación le pareció un tanto extraña entonces a algunos analistas argentinos, y les sigue pareciendo extraña. Pero entonces, casi todo el mundo parecía contento: Brufau, los Kirchner y, por supuesto, los Eskenazi.
Brufau trabó relaciones muy fluidas con el ministro de Planificación, Julio de Vido, responsable de la política energética del país en los últimos nueve años. El presidente de Repsol conocía bien a la gente que era necesario conocer bien: los empresarios, los periodistas más influyentes, los gobernadores de las provincias petroleras, los consultores de energía más prestigiosos… Y cuando murió Néstor Kirchner, en 2010, no perdió la brújula en los laberínticos pasillos del poder peronista. Unos ministros llegaban, otros se iban, pero Julio de Vido seguía ahí. Y los Eskenazi continuaban manteniendo buenas relaciones con la presidenta. Hasta el año pasado, ella elogiaba su gestión empresarial en público y lo trataba de Antonio ante las cámaras.
De pronto, a principios de 2011, lo que era blanco se volvió negro
De pronto, a principios de diciembre de 2011, todo lo que era blanco se volvió negro. De Vido empezó a pedir que la empresa invirtiera más en explorar y producir petróleo. De Vido había acudido con su esposa en varias ocasiones a la casa porteña de Brufau. Pero el trato se enfrió de pronto. El fino olfato de Brufau no tuvo que esmerarse mucho para darse cuenta de que las cosas estaban cambiando. Las cuentas no cuadraban en el país. El año pasado Argentina tuvo que importar hidrocarburos por valor de 10.000 millones de dólares (7.500 millones de euros), y para este año se prevé que sean por lo menos 9.000 millones. ¿Responsable? Repsol-YPF, que solo representa un tercio de la producción en Argentina. ¿Por qué nunca denunció De Vido esa situación y el representante en la dirección de YPF por parte del Estado, Roberto Baratta, vino aprobando todas las decisiones del directorio durante los últimos años? La situación recordaba demasiado a la escena de Casablanca en la que el oficial francés que solía jugar en el casino cierra el local porque de pronto descubre que ahí se juega.
Repsol aportó cifras en las que mostraba que en 2001 tenía 8.867 empleados directos y el año pasado 16.048. Enseñó cuadros con datos del propio Gobierno en los que se veía cómo el año 1999, cuando compró YPF, invirtió 1.000 millones de dólares, y desde entonces había venido aumentando la cifra casi todos los años hasta los 2.990 millones de 2011. Para 2012 prometía 3.500 millones de dólares. Pero sus interlocutores decían que eso no era suficiente, que había descendido mucho su producción. Antonio Brufau viajó varias veces desde Madrid a Buenos Aires para explicar que la mayoría de los pozos eran maduros, es decir, muy explotados y con pocas reservas.
De Vido, responsable de la política energética de los últimos años, debía saberlo. Pero de pronto, el interlocutor válido ya no era De Vido. Ahora se presentaba a las reuniones un hombre de 41 años y patillas de hacha, vestido sin corbata, que nunca antes había puesto un pie en el complejo mundo de la industria petrolera. Se trataba de Axel Kicillof, el viceministro de Economía. Su discurso estaba en las antípodas de lo que Brufau representaba, pero era amigo de Máximo Kirchner, hijo de la presidenta. Y, sobre todo, era el hombre a quien la presidenta parecía escuchar. Brufau creía que Kicillof estaba preparando un borrador para expropiarle. Quería negociar directamente con la presidenta, pero ella no le atendía. Los gobernadores petroleros empezaron a revertir áreas de explotación y Repsol-YPF fue perdiendo valor en Wall Street.
Finalmente, el lunes 16 de abril, después de cuatro meses de acoso y derribo, Cristina Fernández anunció la expropiación de YPF. No había que encargar muchas encuestas para darse cuenta de que nueve de cada diez argentinos se mostrarían favorables a la medida. En España no hay ninguna empresa que se pueda comparar ni remotamente con YPF en cuanto a la carga identitaria y sentimental que esa marca representa para los argentinos. YPF fue la primera explotación estatal petrolera del mundo. Estuvo presente en la mitad de los 200 años de vida que tiene el país y representa la nostalgia de la soberanía energética perdida, de todo lo que se podía haber sido y no se es.
Ante esos sentimientos, poco podían hacer las cifras de Brufau. El presidente de Repsol insistía en que la empresa solo representaba un tercio de la producción y se la estaba discriminando. Pero Kicillof la responsabilizó del 71% de la caída en la producción del petróleo en el último año y del 70% en la producción de gas.
Axel Kicillof toma las riendas de la política energética
Al día siguiente de la expropiación, Kicillof expuso el proyecto de ley, durante dos horas y media ante todos los senadores de Argentina. No faltaron en su discurso menciones a España y a elefantes. También a cerdos. “Los llamados PIGS. PIGS es el nombre con el que bautizó el stablishment económico… pigs, ¡cerdos!, a algunas economías europeas como Portugal, Italia, Grecia, España. Pigs, hay peipers [papers, documentos] de grandes economistas llamándolos cerdos. Le pido a España que recupere la dignidad en este sentido, que mire lo que le están recomendando la derecha y los guitarristas de libre mercado. ¡Y cómo los llaman! Después de haber cumplido con esas recetas tienen grandes problemas económicos. Pero los grandes problemas económicos no es ese default de la deuda externa en el que iba a caer Grecia exclusivamente. Los problemas económicos que mira este Gobierno y que no están en los libros de texto son el desempleo, el nivel salarial, el nivel de las jubilaciones, el bienestar de la gente. Esos son los problemas, los grandes y gravísimos problemas económicos. No lo que hace el Estado argentino con una empresa… ¡argentina!”.
Manifestación a favor de la expropiación de YPF. / REUTERS
Con un evidente dominio de la oratoria, Kicillof escenificó lo que ya se venía comentando en Argentina. La Cámpora, la asociación juvenil que lidera Máximo Kirchner, se estaba afianzando en el poder. De Vido había sido nombrado interventor de YPF, pero Kicillof será su director adjunto y jugará un papel clave en el sector energético. De entrada, ya advirtió que los empresarios como Brufau no tienen nada que enseñarle. “Cuando se trata de empresarios extranjeros, ¿qué van a saber de lo que estamos haciendo acá? ¿Qué van a creer, en que estamos convencidos de lo que estamos haciendo y que lo estamos llevando por una senda responsable y que ha dado frutos completamente distintos de lo que está ocurriendo en situaciones de países europeos como la propia España? Que nosotros ya hemos probado el gusto amargo de ajuste. Y ya sabemos que cuando hay una profunda crisis, lo peor que se puede hacer es pensar que el Estado es malo, que el Estado es el problema. El Estado es la solución. Y lo hemos visto en la Argentina. No estoy dándole consejos a España. Simplemente digo que cuando hay recesión y crisis el Estado se vuelve en un actor clave para revitalizar la demanda y la producción. Entonces, el ajuste del poder adquisitivo de los jubilados lo hemos vivido nosotros. (…) ¿Cómo vamos a retirar al Estado de funciones vitales? Estos empresarios como Brufau, ¿qué va a entender lo que estamos haciendo, cuando está pensando en la expansión trasnacional de un grupo que lo ha hecho en buena medida a expensas de los dividendos girados por nuestra compañía petrolera?”.
Un analista argentino subraya el atractivo de la figura de Kicillof. “Seguramente, en España, con la crisis que atraviesa, esas palabras contra los excesos del libre mercado pueden resultar muy atractivas. Y como personaje literario es muy interesante: un profesor de economía de aspecto juvenil que le planta cara al gigante de Repsol y habla más de dos horas en el Senado con el dedo índice levantado. Pero ese señor va a estar al frente de YPF. A los españoles les puede resultar muy simpático y atractivo un personaje así. Pero seguro que no querrían tenerlo al frente de Repsol”.
Nueve de cada diez argentinos apoyan la medida, según las encuestas
Algunos analistas se muestran apesadumbrados por la decisión de expropiar. Creen que una vez más Argentina ha vivido un sentimiento malvinero de euforia nacional colectiva que terminará pagando caro. Pero esas voces son muy escasas. Mientras arreciaban el viernes los mensajes de reprobación internacional de la Unión Europea y de EEUU, Cristina Fernández de Kirchner seguía envolviéndose en los grandes sentimientos de la bandera de Argentina. En su cuenta de Twitter, con un millón de seguidores, se pudo leer: “Desde allá, desde Casa Rosada, miramos al país de frente, hacia el Norte, el Sur, el Centro, toda esa inmensa geografía que estaba esperando”. Y después: “Quiero agradecer porque es hora de que la Argentina inicie una etapa diferente, de grandeza, donde los que están en la oposición también apoyen”. En efecto, casi toda la oposición en pleno apoyó la medida en el Senado. Hasta uno de los hombres más defenestrados del país, el senador peronista Carlos Menem, que fue quien privatizó YPF votó a favor de la expropiación.
“La gente siente que recuperó algo que le pertenece”, señala Víctor Bronstein, director del centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. “Es un sentimiento popular y hay que respetarlo. Ahora queda por saber si la empresa estatal puede hacerse cargo del problema. Yo creo que contamina el funcionamiento de la empresa el hecho de que las provincias tengan poder en el directorio. La presidenta compara a Petrobras como empresa mixta que funciona bien. Pero en Brasil, donde los Estados tienen más autonomía que en Argentina, los recursos de petróleo y gas pertenecen a la nación, no se negocian con las provincias, no tiene sentido”.
Bronstein cree que la crítica que se le hace a Repsol en cuanto a que decidió invertir más en producir que en explorar es relativa, porque va en contra de los propios intereses de la compañía. “Toda empresa petrolera sabe que tiene que mantener un nivel de reserva, porque si no se le acaba el negocio”. Sin embargo, Bronstein cree que Repsol decidió explorar menos porque priorizó inversiones internacionales. “Solo actuó cuando le apretaron el zapato. Y ya era demasiado tarde”.
Jorge Lapeña, secretario de Energía de Raúl Alfonsín (1983-1989), también coincide en que “faltó exploración”. Pero no culpa tanto a la empresa como al Gobierno que lo toleró. “Todas las empresas privadas exploran menos pozos en Argentina que la mitad de lo que exploraba la YPF estatal ella sola en la década de los ochenta. El Estado ha fracasado como fiscalizador y planificador”, señala. El antiguo secretario de Alfonsín es una de las pocas voces que se han pronunciado en Argentina contra las formas en que las provincias quitaron concesiones a YPF: “Creo que se tenía que haber hecho una auditoría integral de todos los permisos de exploración y concesiones de todas las empresas”.
En cuanto, a la forma sincronizada en que se ejecutó la expropiación, obligando a los directivos de Repsol-YPF a desalojar la empresa en el mismo momento en que la presidenta anunciaba el proyecto de ley, Kicillof aportó sus razones: había que descubrir los secretos mejor guardados de la empresa. No había nada personal. Solo negocios.
El País. Por Mario Vargas Llosa.
La expropiación del 51% del capital de YPF, propiedad del grupo Repsol, decidida por el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, no va a devolver a Argentina “la soberanía energética”, como alega la mandataria. Va, simplemente, a distraer por un corto período a una opinión pública de los graves problemas sociales y económicos que la afectan con una pasajera borrachera de patrioterismo nacionalista, hasta que, una vez que llegue la hora de la resaca, descubra que aquella medida ha traído al país muchos más perjuicios que beneficios y agravado la crisis provocada por una política populista y demagógica que va acercándolo al abismo.
Las semejanzas de lo ocurrido a Repsol en Buenos Aires con los métodos de que se ha valido el comandante Hugo Chávez en Venezuela para nacionalizar empresas agrícolas e industriales son tan grandes que parecen obedecer a un mismo modelo. Primero, someterlas a un hostigamiento sistemático que les impida operar con normalidad y las vaya empobreciendo y arruinando y, luego, cuando las tenga ya con la soga al cuello, “quedarse con ellas a precio de saldo”, como ha explicado Antonio Brufau, el presidente de Repsol, en la conferencia de prensa en la que valoró en unos 8.000 millones de euros el precio de los activos de la empresa víctima del expolio. Durante algunos años, la opinión pública venezolana se dejó engañar con estas “recuperaciones patrióticas” y “golpes al capitalismo” mediante los cuales se iba construyendo el socialismo del siglo XXI, hasta que vino el amargo despertar y descubrió las consecuencias de esos desafueros: un empobrecimiento generalizado, una caída brutal de los niveles de vida, la más alta inflación del continente, una corrupción vertiginosa y una violencia que ha convertido a Caracas en la ciudad con el más alto índice de criminalidad de todo el planeta.
Desde hace algún tiempo, el gobierno argentino multiplica estas operaciones de distracción, para compensar mediante gestos y desplantes demagógicos, la grave crisis social que ha provocado él mismo con su política insensata de subsidios al consumo, de intervencionismo en la vida económica, su conflicto irresuelto con los agricultores y la inseguridad que han generado su falta de transparencia y constantes retoques y mudanzas de las reglas de juego en su política de precios y de reglas para la inversión. No es sorprendente que la inflación crezca, que la fuga de capitales, hacia Brasil y Uruguay principalmente, aumente cada día, y que la imagen internacional del país se haya venido deteriorando de manera sistemática.
Primero fue la guerra contra los diarios más prestigiosos del país, La Nación y Clarín, con acusaciones y amenazas que parecían preceder su secuestro y clausura —espada de Damocles que aún pende sobre ellos, pese a lo cual ambos órganos han mantenido valerosamente su independencia— y, luego, más recientemente, la resurrección del tema de las Malvinas. En la reciente cumbre de Cartagena la presidenta Fernández de Kirchner experimentó una seria decepción al no obtener de sus colegas latinoamericanos el aval beligerante que esperaba, pues éstos se limitaron a ofrecerle un apoyo más retórico que práctico, temerosos de verse arrastrados a un conflicto de muy serias consecuencias económicas en un continente donde las inversiones británicas y europeas son cuantiosas. Inmediatamente luego de ese fracaso ha venido la expropiación de Repsol, el nuevo enemigo que la jefa del Estado argentino lanza a las masas peronistas como ominoso responsable de los males que padece el país (en este caso, el desabastecimiento energético). Mínimas victorias en una guerra perdida sin remedio.
Los males que padece ese gran país que fue Argentina se deben al peronismo
En verdad, los males que padece ese gran país que fue Argentina —el más próspero y el más culto del continente desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX— no se deben a la prensa libre y crítica, ni al colonialismo británico, ni a las empresas extranjeras que trajeron sus capitales y su tecnología al país creyendo ingenuamente que éste respetaría la legalidad y cumpliría con los contratos que firmaba su gobierno, sino al peronismo, que, con su confusa ideología donde se mezclan las más contradictorias aportaciones, el nacionalismo, el marxismo, el fascismo, el populismo, el caudillismo, y prácticamente todos los ismos que han hecho de América Latina el continente pobre y atrasado que es. Hay un misterio, para mí indescifrable, en la lealtad de una porción considerable del pueblo argentino hacia una fuerza política que, a lo largo de todas las veces que ha ocupado el poder, ha ido empobreciendo al país, malgastando sus enormes riquezas con políticas demagógicas, azuzando sus divisiones y enconos, destruyendo los altísimos logros que había alcanzado en los campos de la educación y la cultura, y retrocediéndolo a unos niveles de subdesarrollo que había dejado atrás antes que ningún otro país latinoamericano. No se necesita tener dotes de profeta para saber que la expropiación de Repsol va a acelerar esta lamentable decadencia.
Lo peor de todo es que el daño que esta injustificada medida significa no afecta sólo a Argentina, sino a América Latina en general, sembrando la desconfianza de los inversores sobre una región del mundo que, desde hace algunos años, ha emprendido en general, con pocas excepciones, el camino de la sensatez política, optando por la democracia, y del realismo económico, abriendo sus economías, integrándose a los mercados del mundo, estimulando la inversión extranjera y respetando sus compromisos internacionales. Y con resultados magníficos como los que pueden exhibir en los últimos años países como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, buena parte de América Central y México, en creación de empleo, disminución de la pobreza, desarrollo de las clases medias y consolidación institucional. En vez de seguir este modelo exitoso, la señora Fernández de Kirchner ha preferido enrolarse en el catastrófico paradigma del comandante Hugo Chávez y sus discípulos (Nicaragua, Bolivia y Ecuador).
Por fortuna, no toda Argentina vive hechizada por los cantos de sirena populistas del peronismo. Dentro del propio partido de gobierno hay sectores, por desgracia minoritarios, conscientes del giro anti moderno y anti histórico que ha venido adoptando el gobierno de la señora Fernández de Kirchner y de las consecuencias trágicas que tendrá ello a la corta o a la larga para el conjunto de la sociedad. En la dividida oposición ha habido en estos días, por fortuna, algunas voces lúcidas para oponerse a la euforia nacionalista con que fue recibida la noticia de la expropiación de Repsol, como la del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien declaró: “La expropiación nos endeuda y nos aleja del mundo. En un año estaremos peor que hoy”.
Es un augurio muy exacto. Los problemas energéticos de Argentina no son la falta de recursos, sino de tecnología y, sobre todo, de capitales. Como el país carece de ellos, debe traerlos de afuera. Y, con este precedente, no será fácil convencer a las empresas grandes y eficientes que vuelquen sus esfuerzos en un país que acaba de dar un ejemplo tan poco serio y responsable frente a sus compromisos adquiridos. A Argentina le van a llover las demandas de reparación ante todas las cortes e instituciones de comercio internacionales y sus relaciones no sólo con España sino con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, se han vuelto ahora conflictivas. Todo este riesgo ¿para qué? Para gozar por unos días de la grita frenética de las bandas de piqueteros eufóricos y de las loas encendidas de una prensa servil. ¿Valía la pena?
El daño que esta injustificada medida significa afecta a América Latina en general
Dentro de la América Latina de nuestros días, lo ocurrido con Repsol tiene un curioso sabor anacrónico, de fuera de época, de reminiscencia rancia de un mundo que ya desapareció. Porque, la verdad es que, de México a Brasil, aunque haya todavía enormes problemas que enfrentar —entre ellos, los principales, los de la corrupción y el narcotráfico— parecía ya superada la época nefasta del nacionalismo económico, del desarrollo hacia adentro, del dirigismo estatal de la economía que tanta violencia y miseria nos deparó. Parece mentira que tan horrendo pasado resucite una vez más y nada menos que en el país de un Sarmiento, un Alberdi y un Borges, que fueron, cada uno en su tiempo y en su campo, los adalides de la modernidad.
Precedente argentino
El País
El anuncio de la presidenta de Argentina de nacionalización del 51% de YPF, filial de la española Repsol, está cargado de consecuencias de diversa índole, no solo económicas, cuyo saldo final será fatalmente adverso para la economía de aquel país. El efecto más inmediato y evidente es la renovada desconfianza con la que cabe contemplar las instituciones que gobiernan el país y las políticas que aplican. En las relaciones económicas internacionales actuales, la ausencia de riesgo regulatorio es la condición necesaria para beneficiarse del elevado grado de integración económica y financiera global, de la movilidad internacional de los flujos de inversión. Y Argentina necesita inversión, no solo por la propia aportación de los flujos de capital, sino por la necesidad de incorporar técnicas de gestión y prácticas homologables con las economías modernas. Una expropiación como la de YPF no solo es contraria a una gestión económica democrática, sino que reduce las posibilidades de bienestar de la población y de mejora de la calidad empresarial.
El nacionalismo económico, aunque de fácil recurso por algunas tradiciones ideológicas y algunos gobernantes, es uno de los enemigos del crecimiento económico. La experiencia dice que el proteccionismo tampoco acaba siendo rentable políticamente. Es verdad que a tenor de la tibia reacción diplomática en EE UU y la UE, el Gobierno argentino puede considerar que los costes externos de esa decisión no serán tan elevados como cabía suponer. Más allá de los apoyos explícitos a España de Reino Unido y México, los demás países que cuentan en la escena global han optado por mirar hacia otro lado. A las autoridades españolas debe preocuparles mucho más la parquedad europea. La retórica de la integración económica y política europea sigue sin expresarse en actuaciones concretas. Y esta era una oportunidad para ilustrar que la UE es algo más que una colección de países con un mercado común. En esta ausencia de apoyo significativo a España habrá influido probablemente la torpeza negociadora de las autoridades españolas e incluso el amago de Repsol de vender YPF a capital chino antes de la expropiación. Conviene que se aclaren suficientemente unos y otros, porque no es esa la única empresa con importantes inversiones en aquel país.
Argentina es el tercer país, detrás de Brasil y México, por valor del stock de inversión directa española. España seguía siendo el principal inversor extranjero. Casi la totalidad de las empresas más importantes y de mayor capitalización bursátil de nuestro país tienen intereses en aquel país, a pesar de la menor intensidad que han registrado los flujos de ese tipo de inversión en la última década. Sería un error minimizar la significación de la nacionalización amparándose en el descenso de los flujos comerciales entre ambos países en estos últimos años. Que apenas ningún Gobierno de América Latina haya apoyado la decisión argentina no quiere decir que debamos pasar por alto algunos de los argumentos de conveniencia utilizados para legitimar la expropiación. Lamentablemente, la escena global no está exenta de otras tentaciones proteccionistas y conviene no echar en saco roto el precedente argentino, no por lamentable menos significativo.
La mano de la presidenta de Argentina sujetando un tubo con una muestra de petróleo de YPF.
Embajador de la UE en Argentina
La expropiación de YPF ha colocado a Alfonso Díaz Torres en «primera línea de fuego». El embajador de la Unión Europea hace equilibrios en medio de un conflicto que despierta pasiones encendidas a este lado del Atlántico. «La UE no quiere, en ningún caso, estigmatizar a Argentina pero no puedo dar una imagen de complacencia frente a unos acontecimientos que se apartan de la legalidad». La «preocupación» va más allá del hecho puntual de la petrolera, «hay que evitar una escalada del problema», observa en su despacho oficial de Buenos Aires.
Valenciano de nacimiento, Díaz Torres, evita echar gasolina al fuego político y económico que se ha desatado pero, lamenta que «Argentina corre el riesgo de quedarse aislada internacionalmente».
«Una cosa es el modelo estatista que desemboca en el proyecto de expropiación, que ellos consideran «desprivatización», y otra diferente denigrar injustificadamente a una compañía».
D La figura de la expropiación existe en todos los ordenamientos jurídicos, «la cuestión es cómo se aplica. Debe ser legal, legítima y con compensación económica justa», matiza. «Tampoco ha habido negociación previa y —al margen de la cuestión de fondo— la forma, a ojos de la UE no responde a los parámetros de legalidad». Díaz Torres aprecia en el proyecto de ley así como en la decisión de intervenir por las bravas la empresa y el desalojo de los ejecutivos de la sede, «un acto de discriminación. Primero contra la empresa y después contra un accionista concreto de la misma que es Repsol». En otras palabras, hay una incoherencia, «porque el Gobierno declara de utilidad pública la actividad pero sólo expropia a un actor: Repsol». El embajador también abre los ojos e insiste con el término «discriminación», cuando se le recuerda que en el mismo paquete de expropiación el Gobierno incluyó, después de haberlo hecho público, «Gas YPF, una compañía que —pese al nombre— no tiene ninguna
participación o vínculo con YPF».
Las posibles sanciones, como las anunciadas ayer por la Comisión Europea, «han generado muchas expectativas y al mismo tiempo hay análisis incorrectos», comenta en alusión a interpretaciones que apuntan a que la Unión Europea tendría las manos atadas para acometer las medidas drásticas que reclaman determinados sectores. «No hay que esperar reacciones virulentas o llamativas», advierte.
«En un caso como el que abordamos se puede intervenir en el plano jurídico. La Comisión tiene facultades exclusivas aunque el instrumento —en referencia a la reglamentación— no esté totalmente desarrollado. También, puede delegar en el país involucrado», garantiza. Asimismo, aclara, «podemos ofrecer respaldo en el ámbito judicial pero las acciones iniciales las debe tomar, como ha anunciado, la compañía que es una multinacional».
Dentro del análisis de situación aprecia, «la discriminación como el principio más potente para la defensa de Repsol. El otro, el de la indemnización».«La imagen de Argentina ha quedado seriamente deteriorada. La señal —reflexiona—, frente a las reacciones de la UE, Estados Unidos y otros países que reciben los inversores, es negativa si lo que se pretende es atraer capitales del exterior».
YPF, la gran quiebra de unas relaciones históricamente privilegiadas
ABC
Desde la declaración de independencia, en julio de 1816, las relaciones entre España y Argentina siempre han gozado de un estatus especial para ambos gobiernos. Casi 200 años de una colaboración muy importante más allá de dictaduras, democracias, periodos de crecimiento o profundas crisis, que hoy vive uno de sus peores momentos, tras la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar YPF, la filial de Repsol.
YPF, la gran quiebra de unas relaciones históricamente privilegiadas
«Es una quiebra importante en unas relaciones históricamente privilegiadas entre los dos países, que va a tener consecuencias duras, no solamente para España, sino para otras empresas, por la inseguridad jurídica que puede generar el hecho de invertir en Argentina», asegura Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y autor de varios estudios sobre la historia de la política exterior española y las relaciones internacionales contemporáneas.
Para este historiador, en esta decisión «se han juntado los deseos populistas de la presidenta Kirchner y un nacionalismo que ha estado siempre muy presente en la historia de los argentinos, en el que se ha elegido un chivo expiatorio, que es Repsol, para superar este momento de crisis».
La primera embajada, en Buenos Aires
Las relaciones bilaterales entre España y Argentina se iniciaron después de que se ratificara la paz en 1829 –«casi el primero de los países con el que firmamos un tratado de paz», aclara Pereira– y apenas se han interrumpido en el tiempo en estos dos siglos. Y es significativo también que la primera embajada de España en Latinoamérica fuera la de Buenos Aires, en 1917. Desde entonces, el Gobierno español siempre se ha preocupado de que los embajadores en Argentina sean figuras de primer orden, como históricamente lo fueron Ramiro de Maeztu, Jose María Alfaro o Gregorio Marañón.
YPF, la gran quiebra de unas relaciones históricamente privilegiadas
En los manuales de historia, los momentos de tensión son escasos. «Nunca ha habido ningún tipo de ruptura», explica el catedrático de Historia de América de la Universidad de Alcalá, Pedro Pérez Herrero, con varios estudios en su haber sobre las relaciones internacionales de España e Iberoamérica, para quien estas relaciones bilaterales han estado basadas siempre «en el reconocimiento mutuo y en el hecho de mirar hacia otro lado en los momentos más peliagudos, como cuando ellos tenían una democracia y nosotros una dictadura, o viceversa».
En los años de aislamiento internacional de Franco –después de que la Asamblea General de la ONU, en febrero de 1946, decidiera no admitir a España en la organización y recomendara la retirada de los embajadores acreditados en Madrid–, la Argentina de Juan Domingo Perón se convirtió en el salvavidas de la dictadura, el único país de Latinoamérica que apoyó al régimen mediante la venta de productos como el trigo. Fue un convenio «que alivió los años de hambre posteriores a la Guerra Civil, cuando casi ningún país tenía relaciones con España», cuenta Pereira.
En esta centenaria colaboración, cabe destacar también otros dos momentos: el apoyo que recibió Argentina por parte de España dentro de la UE, para que este país recibiera un trato privilegiado del organismo, y durante la crisis que sufrió el gobierno de Carlos Menem, donde hubo una importante ayuda económica por parte de España. «Estás ayudas se han producido entre ambos gobiernos a lo largo de otras muchas crisis», subraya Pereira.
El Rey, en defensa de la democracia
Según el catedrático de la UCM, el peor momento de los últimos 200 años se produjo, probablemente, durante la Guerra de las Malvinas, en 1982. El presidente Leopoldo Calvo Sotelo «jugó un papel muy ambiguo y recibimos castigos de todas las partes, generando una tensión con los argentinos que duró un tiempo», recuerda Pereira. España quería apoyar a Argentina en sus reivindicaciones, en sintonía con el problema de Gibraltar, pero le resultaba complicado porque también estaba negociando su ingreso en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN, «y los británicos estaban muy atentos de lo que hacíamos para castigarnos», añade.
Uno de los hitos más importantes se produjo en 1978, cuando los Reyes de España visitaron Buenos Aires en plena dictadura militar de Jorge Videla. «Se había generado un debate muy importante sobre si debían ir o no, ya que España acababa de pasar por otra dictadura muy dura. Al llegar a Argentina, Don Juan Carlos pronunció unas palabras muy claras en favor de la democracia y los derechos humanos, que tuvieron un impacto muy hondo en el pueblo argentino, pero que provocaron en el ejecutivo de Videla una frialdad terrible que degeneró en una situación muy complicada», cuenta el catedrático de la Universidad Complutense.
Acontecimientos puntuales que nunca empañaron las estrechas relaciones que España mantuvo con Argentina a lo largo de los siglos XIX y XX, y que en la democracia española han sido calificadas, en boca del experto en relaciones internacionales con Iberoamérica, Pedro Pérez Herrero, «de estratégicas, con vínculos estrechos no sólo a nivel político y diplomático, sino también empresarial y económico». Precisamente los vínculos que hoy están puestos en entredicho, tras la expropiación del 51% de las acciones de YPF.
Inmigrantes, el gran intercambio
Es imposible no tener en cuenta la importancia capital que ha tenido en este intercambio las continuas oleadas de inmigrantes hacia ambos países. Hacia Argentina, sobre todo desde finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, en una época en la que la mitad de los inmigrantes que viajaban allí eran españoles. Y hacia España, primero a partir de 1970, escapando de las dictaduras, y, después, a partir de 2001, a causa de la crisis y el corralito. Una llegada de argentino que no ha hecho sino crecer exponencialmente en la última década: en 2001 se contaban poco más de 32.000 argentinos en España y hoy hay más de 120.000.
«Argentina ha abierto los brazos cuando lo hemos necesitado, y durante la Guerra Civil recibieron a miles de españoles, con figuras como Ortega y Gasset o Sánchez Alborno. Y durante la dictadura de Vídela se abrieron las puertas de España, llegando aquí académicos, economistas, odontólogos y todo tipo de profesionales», cuenta Pérez Herrero.
«Error diplomático y político» o «ataque directo a unas relaciones políticas, económicas y diplomáticas privilegiadas», han calificado la decisión de Kirchner con respecto a YPF, que significará, sin duda, una (¿pequeña?) mancha en el historial de Argentina y España. Hasta cuándo, aún está por ver.
El Gobierno instruye a las Embajadas españolas sobre el conflicto con Argentina
ABC
El Gobierno ha enviado a las Embajadas españolas en el extranjero un argumentario para explicar en los respectivos países el contencioso con Argentina, a raíz del expolio llevado a cabo en YPF. Además, en una nota adjunta se incluyen los antecedentes y las gestiones realizadas para tratar de evitar que se consumara la expropiación de Repsol por parte de las autoridades argentinas.
El argumentario, al que tuvo acceso ABC, se centra en cinco puntos: las acusaciones a YPF de haber llevado a cabo una insuficiente inversión; el “cambio radical” de actitud del Gobierno argentino, la “campaña de hostigamiento”; la expropiación “ilegal y discriminatoria”; y la soberanía energética.
En cuanto a las acusaciones de escasa inversión, se indica que el Gobierno argentino siempre ha sabido cuáles eran los proyectos de YPF y que ha aprobado todos y cada uno de los planes presentados. Se indica, además que, desde su adquisición por Repsol, las inversiones de YPF alcanzaron los 20.000 millones de dólares, y que el año 2011 fue un récord de inversión, con 2.900 millones de dólares. “La falacia de la acusación de escasez de inversión –se señala- queda en evidencia por el solo dato de que, detentando el 33 por ciento de las reservas de petróleo y gas, la empresa española abastece el 60 por ciento del mercado argentino”. El resto de las empresas del sector de hidrocarburo –agrega- invierten mucho menos. Finalmente, argumenta que si Repsol-YPF no invirtió lo suficiente, ¿cómo pudo descubrir el yacimiento de Vaca Muerta?
Cambios de opinión
Sobre el cambio de actitud del Gobierno argentino, el argumentario recuerda que pasó de elogiar públicamente a Repsol-YPF por su gestión y compromiso con Argentina a iniciar una campaña de hostigamiento. Apunta el texto a que el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta pudo haber sido el detonante del cambio, en un momento en que el Gobierno estaba en una situación muy difícil, al tener que importar petróleo, ags y electricidad a precios de mercado internacional, mientras los suministra internamente aprecios subvencionados.
En cuanto a la campaña de hostigamiento indica que comenzó el 23 de enero cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se quejó al Príncipe de Asturias de la porca inversión de Repsol. Después siguió con una serie de actos, incluidas la retirada de concesiones en la provincias productoras de hidrocarburos, hasta producir una pérdida intencionada del 60 por ciento del calor de las acciones de Repsol-YPF.
Acto ilegal
Acerca de la expropiación, la considera ilegal porque vulnera los compromisos adquiridos por el Gobierno argentino cuando privatizó YPF. Además, estima que vulnera el APRI (Acuerdo de protección Recíproca de inversiones) con España, vigente desde 1991. También considera la expropiación discriminatoria, porque, mientras declara de utilidad pública todo el sector decreta la nacionalización de una sola empresa –YPF- y expropia las acciones de un solo socio de esa empresa –Repsol-. Asimismo, se recuerda que, cuando todavía estaba hablando la presidenta para presentar la Ley de Utilidad Pública, se produjo la entrada por la fuerza de miembros del Gobierno argentino en la sede de YPF, para expulsar a los 15 ejecutivos españoles presentes, algunos de los cuales fueron luego buscados por las fuerzas de seguridad y duramente interrogados.
Finalmente, sobre la soberanía energética, se rebate el argumento de las autoridades argentinas de que la acción al anhelo del pueblo argentino de recuperar la soberanía sobre sus fuentes energéticas. “Estas fuentes –se señala- siempre han sido de su propiedad. Las empresas extranjeras tiene meramente concesiones limitadas temporalmente para explotar los yacimientos”-. Añade que las autoridades argentinas han contactado en estos días con compañías petroleras chinas para ofrecerles la explotación de varios yacimientos, entre ellos el de Vaca Muerta, ya que carecen de medios financieros y tecnológicos para ello. “¿Por qué –se pregunta- la presencia china no afectaría a soberanía energética y la española si?”
Instalaciones de YPF en Avellaneda, Buenos Aires.
