Cristina Cherqui tenía 55 años, y era miembro de la comunidad mapuche de Añelo, zona ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Falleció el lunes pasado, después que le detectaran plomo y otros metales pesados en la sangre, fruto de la contaminación que YPF y otras petroleras generan en el agua que se consume en la región.
La investigación arrancó con una denuncia penal de la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (ASSUPA), a la cual se sumaron 200 pobladores en calidad de querellantes. Cristina era uno de ellos. El escrito acusa como responsables a todo el directorio de la empresa, pero además a los otros grupos que explotan pozos en el lugar: Pan American, Chevron, Total Austral (de capitales franceses) y Medanito.
Después de analizar distintas muestras en superficie y en napas subterráneas, la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron que los 4000 habitantes del “Desierto de Añelo”, como se lo conoce, presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en la sangre, y que el agua del lago de la región está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo.
“En realidad –dice Ricardo Apis, presidente de ASSUPA–, el problema es mucho más grave, porque además del terreno hay que sumar la contaminación en dos lagos: Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable para la ciudad de Neuquén y el área del Valle de Río Negro.”
El reclamo se basó en dos tipos de muestras: la “calicata”, que consiste en una perforación realizada para evaluar la calidad del agua de las napas freáticas, y la toma de aguas de superficie, efectuada generalmente en espejos naturales. Para esto último se eligió Los Barreales (uno de los tres del complejo Chocón-Cerro Colorado), que finalmente resultó contaminado 500 veces más del límite aconsejable.
Para Luis Arellano, apoderado legal de la Asociación y experto en temas ambientales, “los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes. En un sector de Loma de la Lata, por ejemplo, la cifra es de 150 microgramos por litro”.
Otra de las localidades perjudicadas es San Patricio del Chañar, lo que también demuestra que “los daños pueden seguir extendiéndose, si no se toman medidas de reparación”, afirma Arellano. Y agrega: “La acción tiene en cuenta delitos penados en el artículo 200 del Código Penal y en los artículos 55,56 y 57 de la Ley 24.051. Estamos hablando de penas de hasta diez años de prisión. Aunque con un agregado: Cherqui era querellante en la causa penal, y su fallecimiento puede implicar un agravamiento de la figura, hasta alcanzar una pena de 25 años de prisión por envenenamiento seguido de muerte”.
En medio de la investigación, Neuquén renegoció los contratos con las petroleras en 2009, y solicitó a YPF un listado para que la propia empresa informara cuáles eran sus focos de conflicto. El grupo reconoció 233 hechos contaminantes, cantidad muy por debajo de la real. En Loma de la Lata, por ejemplo, 13 episodios de distinta gravedad descubiertos por la Policía Federal no habían sido comunicados.
“Frente a este escenario –afirma Arellano–, puedo asegurar que si cualquiera hace una mínima perforación, encuentra agua contaminada rápidamente. Para colmo, el crudo no es lo único que contamina, porque a eso le tenés que sumar la llamada agua de formación. Para ser más claro: el petróleo no está en una pileta subterránea, puro y listo para ser extraído. Es una mezcla de arena, barro, piedra, tierra, que se saca inyectando líquidos, para buscar fluidez. Ni bien ese lodo aparece en la superficie, comienza un proceso de división y limpieza: petróleo propiamente dicho, pero además tierra, gasolina, diferentes productos químicos, y agua de formación, altamente tóxica y contaminante, en ocasiones siete veces más salada que el agua de mar. Agua que, por supuesto, las compañías tiran en los campos, arruinándolos por completo, y matando a los animales que se acercan.”
El abogado reconoce que lo ocurrido en Los Barreales “fue de casualidad, porque la muestra que tomamos del lugar y mandamos a Buenos Aires surgió en realidad como ‘blanqueo’, es decir, una porción que suponíamos apta para el consumo y planeábamos usar como contraste de la contaminación de las napas. Pero para sorpresa nuestra, los estudios demostraron que también los índices contaminantes del lago eran gravísimos. Si esas 500 veces más de lo permitido son perjudiciales para la actividad recreativa, como puede ser la natación, imaginemos qué pasaría si alguien toma el agua.”
“Si la justicia federal de Neuquén actuara como corresponde –finaliza Apis–, (Antonio) Brufau debería estar preso. Están muriendo seres humanos, y nosotros lo advertimos antes de que ocurriera.”
La cifra
500
veces por encima del límite de lo aconsejable es la contaminación que se detectó en el agua de Los Barreales en Chocón-Cerro Colorado.
Denuncian que Repsol contamina y mata, mientras pide por YPF más de lo que vale
Tiempo Argentino. Daniel Enzetti
Los daños en el ambiente, ocasionados por YPF sólo en la cuenca neuquina, alcanzarían los 5000 millones de dólares. La cifra no es oficial, pero se desprende de estudios realizados por la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (ASSUPA), que demandó a la empresa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y logró que el alto tribunal aceptara la denuncia y se encuentre en estos momentos a punto de abrir la etapa de peritaje y comprobación de los ilícitos.
En una declaración de finales de 2006 que pasó desapercibida, pero que ahora los encargados de la intervención deberían rastrear antes de que el Estado ponga un solo peso para nacionalizar la compañía, el mismo abogado de YPF, Gabriel Macchiavello, sostuvo que ASSUPA “pretende la remodelación de toda esa cuenca, aduciendo la supuesta contaminación producto de la actividad hidrocarburífera”, y que el monto necesario “puede llegar a una cifra multimillonaria de alrededor de 5000 millones de dólares por las tareas de remodelación que habría que realizar”.
Para Ricardo Apis, presidente de la Asociación, “la decisión que tomó Cristina Kirchner es extraordinaria, pero hoy la responsabilidad pasa absolutamente por el gobierno. Sólo conociendo el pasivo ambiental se podrá llegar al verdadero valor de la empresa. Y si hilamos fino, creo que YPF hasta debe plata.”
El relevamiento llevado a cabo por los superficiarios –dueños o arrendatarios de la superficie afectada a la actividad petrolera– abarca unos 800 mil kilómetros cuadrados. Es decir, la totalidad del territorio destinado para explotación. Se trata del estudio más completo realizado para identificar episodios de daño ambiental generados por la extracción del crudo, que ASSUPA inició hace dos décadas y hoy es la prueba documental de un total de cinco demandas contra YPF y el resto de las petroleras que operan en el país.
Las acciones nunca reclamaron dinero ni tampoco lo hacen ahora, sino la remediación y reparación ante casos de aguas contaminadas, derrames, desertificación o muerte masiva de animales. Pero ante el anuncio de la reestatización de los yacimientos, hoy se convierte en una base de datos imprescindible para saber si los españoles son acreedores, o en realidad deudores del Estado argentino.
TIERRA ARRASADA. La demanda vinculada a la zona neuquina se caratula “Asociación Superficiarios de la Patagonia c/ YPF Y Otros s/ daño ambiental”, tramita por expediente A 1274/03, C.S.J.N. Y las otras cuatro corresponden al resto de las cuencas: Golfo San Jorge (ASSUPA c/Alianza Petrolera Argentina S.A. y Otros s/daño ambiental, Expte. 28/2009 -Tomo 45 Letra A; Austral (ASSUPA c/ YPF S.A. y Otros s/ daño ambiental, Expte. A 556 XLIII; Noroeste (ASSUPA c/Braspetrol y Otros s/ daño ambiental, Expte. 750/2010 Tº 46 Letra A; y Cuyana (ASSUPA c/YPF y Otros s/AMPARO, Expte. 45.058/3, Juzgado Federal de Mendoza Nro. 1.
Además de YPF, las empresas acusadas son, entre otras, Ingeniería Sima SA, Hidrocarburos del Neuquén SA, Capex SA, Pluspetrol SA, Petrobrás Energía SA, Petrolera Entre Lomas SA, Total Austral SA, Pan American Energy LLC Sucursal Argentina, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA, Apache Energía Argentina SRL (nueva denominación y tipo social de Pioneer Natural Resources Argentina SA), Wintershall Energía SA, Medanito SA y Chevron San Jorge SRL.
Los escritos incluyen información referida a tierras arruinadas, derrame de hidrocarburos, modificación de la flora y la fauna, contaminación de lagos y napas subterráneas de agua, muerte de animales, desertificación, y construcción ilegal de caminos que tajean la llanura y miles de hectáreas de suelo fértil.
A diferencia de otras normas mineras en el mundo (como por ejemplo la de Estados Unidos, que establece el principio de propiedad de la tierra y también de la riqueza subterránea), en la Argentina existe la figura del “superficiario de petróleo”, aproximadamente 20 mil personas en todo el mapa nacional. Se trata tanto de propietarios de grandes extensiones como chacareros con dos o tres hectáreas, minifundistas o comunidades originarias. Dueños de la superficie, pero obligados a ceder el terreno si su propiedad entra en una zona de exploración. A cambio de resarcimientos que, por supuesto, las empresas no pagan. Y condenados a soportar que una vez agotados los pozos de extracción, el campo por donde pasó la petrolera sea tierra arrasada.
Se calcula que sólo en la cuenca neuquina hay 10 mil pozos contaminantes, y que a nivel nacional existen 18 mil “pozos satélite”, como se denomina a las perforaciones que cumplieron su ciclo, pero que a pesar de seguir filtrando desechos a las napas subterráneas, fueron abandonadas por las concesionarias sin ningún tipo de saneamiento.
Otro de los pasivos ambientales son los caminos interiores y “picadas”, que conectan los pozos con obradores, depósitos de maquinaria y oficinas administrativas levantadas en medio del campo. La misma cuenca neuquina está cortada por 120 mil kilómetros lineales de estos caminos (gigantesca superficie quitada a la siembra y al pastoreo de animales). Y se estima que contiene 12 mil piletones de 50m x 50m, y 3m de profundidad, destinados a volcar los residuos del petróleo extraído.
Entre otras cosas, YPF y varias compañías fueron denunciadas en los últimos años por camuflar esas piletas, para evitar fotografías que puedan ser usadas como prueba para el inicio de juicios millonarios.
CAUSAS PENDIENTES. La Ley 25.675 establece, entre otras obligaciones, que todo aquel que genere daño ambiental colectivo esté obligado a recomponer la situación al estado anterior, hasta donde sea posible. Por ejemplo, reforestando áreas peladas fruto de la instalación de pozos, o instalando plantas de tratamiento de agua para potabilizar lagos o napas contaminadas, y volverlas aptas para el consumo humano. Las empresas, incluida YPF, no sólo no repararon ni un solo caso, sino que además se niegan a la contratación de un Seguro Ambiental, también fijado expresamente en la norma.
“Las obligaciones de los grupos varían según la región –afirma a Tiempo Argentino Luis Arellano, apoderado legal de ASSUPA–, porque nunca el daño es el mismo. El problema de la desertificación es grave. Un tema es la Patagonia, donde las tierras áridas no tienen una capa fértil mayor que tres o cuatro milímetros; y otra realidad es la fertilidad de la Pampa Húmeda y el centro del país. Sin embargo, la superficie patagónica es árida, pero no estéril. Es decir, llueve poco, pero a pesar de eso la tierra tiene mucha vida si se la cuida.” Y agrega: “Las petroleras hacen lo contrario, en lugar de conservar, empeoran las cosas. La dureza del suelo patagónico la revierten con aditivos que ablandan, y a su vez esos aditivos contaminan de una manera gravísima. O proyectan terraplenes para la maquinaria, modificando el escurrimiento de la zona y originando que en algunos lugares no haya humedad por meses enteros.”
Además de las denuncias en las que está involucrada YPF, existen pendientes juicios por remediación ambiental en la mina Veladero (operada por Minera Argentina Gold, MAGSA, subsidiaria de la Barrick Gold de San Juan); contra la empresa Shell en el Aeropuerto de Ezeiza; y contra la UTE Sipetro/YPF en el Estrecho de Magallanes, en este último caso por derrame de petróleo que afectó el lecho marino, la fauna ictícola y originó miles de pingüinos muertos en Punta Vírgenes.
La ley camina a la aprobación con el tanque repleto de nafta
Miradas al Sur
En los primeros días de mayo habrá sanción. Qué discusiones debió saldar la UCR para dar el sí. Las críticas opositoras al acumulado de la gestión. Cómo será el reparto de acciones entre las provincias. La soledad del PRO.
El próximo miércoles, hacia la noche, el Senado de la Nación le dará media sanción, con por lo menos 60 votos de los 72 posibles, al proyecto de ley que declara de interés público la producción de hidrocarburos, plantea la recuperación de YPF por parte del Estado y declara sujetas a expropiación el 51% del total de las acciones. De esta manera, el jueves ya la Cámara Baja lo sometería a un plenario y dejaría al proyecto en condiciones de obtener sanción definitiva en los primeros días de mayo. La aprobación también saldría con una contundente mayoría.
El gran caudal de votos que acompañará a la norma impulsada por el Ejecutivo –números que están lejos de representar la realidad legislativa– tiene que ver en principio con las convicciones de distintos sectores de la oposición, pero también con el costo político que representaría votar en contra de la recuperación de YPF.
Como sucede desde el último recambio legislativo, el piso del que parte el Frente para la Victoria (FpV) cada vez que baja al recinto es alto: 33 senadores propios y por los menos cinco aliados le dan forma al quórum propio que ostenta el oficialismo. En esta ocasión se sumarán los 14 representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y los cuatro del Frente Amplio Progresista (FAP). Así la cosecha del proyecto del oficialismo alcanzaría las 56 voluntades. A esto habrá que sumarle los votos que puedan llegar desde el Frente Peronista. Allí, con seguridad, el apoyo llegará desde los dos legisladores del PJ pampeano y de la senadora por Chubut, Graciel Di Perna.
La senadora nacional del PJ Modelo Chubut adelantó su acompañamiento “en general” al proyecto que envió el Ejecutivo y señaló que “en este momento lo importante es que Argentina recupere el autoabastecimiento”. Di Perna, al igual que la mayoría del arco opositor que votará a favor el proyecto en general, disentirá en su tratamiento en particular, cuestionando “la falta de inversión y eso es por la falta de controles del Estado”. En un sentido similar se expresó en nombre del FAP el socialista Rubén Giustiniani, quien señaló que “esta decisión del Gobierno Nacional que ahora va en una dirección correcta es la contracara de la errónea política que llevó adelante en los últimos ocho años”.
Desde el FpV, más allá de las disidencias parciales, destacaron el alto consenso que logró en el Parlamento el proyecto impulsado por el Ejecutivo. “Es una señal fundamental para darle fundamento a una decisión política como la expropiación de YPF”, sentenció el titular de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Además, el rionegrino pidió que “más allá de las diferencias y objeciones” el Parlamento envíe un mensaje de “gran responsabilidad” ante una medida que tuvo repercusiones a nivel internacional.
En la misma dirección reflexionó Giutiniani: “Me parece que es importante presentar cierta unidad. Si nosotros hablamos de una política energética tenemos que hablar de la necesidad de que sea una política de Estado que no abarca solamente a un gobierno, sino a los próximos gobiernos que pueden ser de distintos signo político”, indicó el santafesino.
Por otra parte, y para sorpresa de casi todos, el que también anticipó su voto positivo fue el ex presidente Carlos Menem. El hombre que encabezó el proceso privatizador que hoy busca revertir el FpV anunció que acompañará porque “el escenario ha cambiado”, dijo y enfatizó: “La situación no es igual a cuando yo la privaticé”. En cuanto al resto del peronismo no kirchnerista, sólo el puntano Adolfo Rodríguez Saá manifestó su postura en contra de la iniciativa. Resta saber qué posición tomarán los senadores salteños, Sonia Escudero y Juan Carlos Romero.
Radicales en debate. La decisión del radicalismo fue tomada tras una reunión que duró poco menos de cinco horas y se llevó a cabo el martes por la noche en el Comité Nacional. No hubo testigos. Por decisión de los propios legisladores fueron retirados de la sala los asesores y toda aquella persona que no ocupa una banca en el Congreso Nacional, salvo Mario Barletta. Hasta el actor y dirigente radical, Luis Brandoni, tuvo que abandonar la sala a regañadientes.
La discusión no fue sencilla. La recuperación de YPF, lejos de unificar criterios y apaciguar la interna que vive el partido centenario tras los pobres resultados en los últimos comicios presidenciales, la avivó. En este caso la problemática no pasaba sólo por una estrategia electoral, la relación con el PRO y el rol de la UCR como oposición, sino que el debate fue cruzado por los intereses económicos de las provincias petroleras.
En la extensa reunión hubo dos bandos bien definidos. Aquellos que sostenían que la UCR debía votar en contra de la recuperación de YPF y los que señalaban que por la historia del partido y el grado de aceptación que había tenido la medida en la opinión pública había que acompañar. Dentro del primer grupo se ubicaron: Barletta, Ricardo Gil Lavedra, Oscar Aguad y Pedro Tunessi, entre otros. Del otro lado, y en favor de levantar la mano por el proyecto del oficialismo, se encolumnaron Ricardo Alfonsín, Gerardo Morales y Nito Artaza.
“Nosotros habíamos dicho que íbamos a tomar una decisión orgánica. La decisión que se ha adoptado es acompañar en general esta idea de la nacionalización de YPF. Mejor dicho, de recuperar con el Estado la decisión soberana sobre un recurso estratégico. Esto tiene que ver con una posición histórica que sostuvo el partido en relación con el petróleo en Argentina y en materia energética”, sostuvo a modo de vocero oficial el titular del bloque de senadores, Luis Naidenoff.
La solución salomónica a la que llegó el partido centenario se reflejará en el debate en el recinto, como sucedió con la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia que decretaron la intervención de YPF e YPF Gas. El bloque acompañará en general pero a la vez presentará un proyecto para no “quedar pegado al Gobierno”. Cada legislador tendrá libertad para expresar su pensamiento a la hora de hacer uso de la palabra.
Expropiación sí, DNU no. El FpV logró avalar en la Comisión bicameral de Trámite Legislativo los DNU que decretaron la intervención provisoria por 30 días en YPF e YPFGas. Pero en este caso no contó con el apoyo de la oposición. El debate que se llevó a cabo el último jueves sirvió para medir cuáles serán las posturas que aflorarán en el recinto. Sobre todo las de aquellos legisladores radicales que tenían la intención de rechazar el proyecto oficial. Por eso no sorprendió que sea Pedro Tunessi el elegido para llevar la voz cantante a la hora de enarbolar los argumentos para rechazar el DNU, criticar la política energética de los últimos años y cuestionar la designación del ministro de Planificación, Julio De Vido, como interventor. Tunessi, además, no titubeo en tildar de “confiscatoria” la medida y en cuestionar abiertamente la expropiación. “Es una figura política irracional e innecesaria que genera un clima de incertidumbre en la seguridad jurídica”, enfatizó.
Una de las críticas recurrentes que se escuchó tiene que ver con la participación del Grupo Petersen (Eskenazi) en el devenir de YPF. Tanto los sectores de la oposición que apoyarán en general el proyecto, como los que lo rechazarán de plano, cuestionaron la permanencia del Grupo Petersen, como accionista, dentro de la empresa.
La senadora por la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, quien adelantó su voto negativo, también cuestionó la continuidad de la familia Eskenazi en YPF. “Me llama la atención que se preserve al accionista argentino que es el que no puso plata, no tiene experiencia y no aporta nada”, manifestó. Desde el oficialismo, uno de los hombres más importantes de la Cámara baja, argumentó off the record que: “No había necesidad de expropiar a Eskenazi. Había que expropiar a quien controlaba”. Por su parte, el senador Miguel Ángel Pichetto, ante las sugerencias que presentarán algunos sectores de la oposición para expropiar también las acciones pertenecientes al Grupo Petersen, remarcó que “esto tiene un diseño. El tema Eskenazi el Gobierno lo analizará y lo evaluará oportunamente. Nosotros vamos a mantener el proyecto tal cual vino del poder Ejecutivo”.
Reparto de acciones y poder. El nuevo directorio previsto por el proyecto de ley reserva para el Estado Nacional cinco de los nueve puestos que proporcionalmente le corresponden al accionista mayoritario. Las provincias petroleras tendrán tres sillas allí. Y un lugar queda reservado para la representación de los trabajadores. Los siete directores restantes serán ocupados por los accionistas privados, manteniendo la representación proporcional.
Así lo señala el texto de la norma que en detalle estipula que “la designación de los Directores de YPF Sociedad Anónima que corresponda nominar en representación de las acciones sujetas a expropiación, deberá contemplar la proporción de las tenencias del Estado Nacional y de los estados provinciales, así como la representación de los trabajadores de la empresa”.
En cuanto a la distribución de acciones entre las provincias, el proyecto establece que “la misma deberá realizarse en forma equitativa, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada una de ellas”.
El plazo de 50 años establecido en el pacto de sindicación de acciones garantiza que los representantes, tanto del Estado Nacional como de los provinciales, deberán consensuar sus votos.
La sindicación de acciones, que genera algunos ruidos entre los representantes de las provincias petroleras, fue defendida por diversos asesores del oficialismo en el tema. “La sindicación aparece de esta manera como un mecanismo para evitar que el bloque estatal mayoritario se rompa y algún director juegue a favor de los privados”, coincidieron las fuentes consultadas por Miradas al Sur. Desde el FpV informaron que una vez sancionada la ley se llamará a una asamblea para constituir el nuevo directorio.
El Consejo Federal estará integrado por los ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria. A su vez habrá representantes de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este organismo será el encargado de coordinar las acciones del Estado Nacional y los Estados provinciales, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley y la fijación de la política hidrocarburífera, que será sometida a consideración por el Poder Ejecutivo. A diferencia de lo planteado para la conformación del directorio, el Consejo Federal está integrado también por aquellas jurisdicciones que no son productoras de hidrocarburos.
El Pro, a solas
“Esto va a ser muy malo para el país”
A diferencia de lo que sucede en el Senado, en Diputados se hará visible una fuerza política que se opone desde lo ideológico a la recuperación de la soberanía energética. El PRO, conducido desde la casa de gobierno porteña por Mauricio Macri, anticipó su voto negativo. “Más allá de los incumplimientos que podría haber habido en Repsol y que todavía no conocemos, había otros mecanismos que no eran tan perjudiciales para el país. Se podrían haber establecido determinadas sanciones, haber pedido informes, se podrían haber tomado otro tipo de medidas que nos llevarán a este rompimiento de relaciones humanas y comerciales con España. Nosotros creemos que esto va a ser muy malo para el país”, señaló el diputado del PRO Julián Obiglio.
En el mismo sentido, la legisladora machista Laura Alonso explicó que el voto negativo tiene que ver con que la expropiación “no soluciona el problema energético, creemos que no resguarda los intereses del pueblo argentino y de Argentina ante el mundo”. Mediante un comunicado, los diputados del PRO agregaron que con esta decisión se “está dañando seriamente nuestro sistema de alianzas internacionales y eso tendrá para los argentinos un costo alto en inversiones, puestos de trabajo y temas como Malvinas”
El senador Miguel Ángel Pichetto respondió a esos argumentos diciendo: “Es coherente. Acá hay coincidencia con el pensamiento ideológico y político de Macri de estar siempre a contramano de los grandes intereses nacionales. Y esto sirve para que la sociedad empiece a reflexionar sobre este personaje que gobierna la Ciudad de Buenos Aires”.
Bajo el húmedo y caluroso cierre de la Cumbre de mandatarios, el domingo pasado y desde Cartagena, la corresponsal de La Nación escribía para que los lectores del diario de los Mitre dijeran el lunes “¡qué barbaridad!”. El texto aseguraba que Cristina había dejado la hermosa ciudad tropical al mediodía porque estaba muy molesta. El monotema de una cadena de medios norteamericanos en español y de distintos países del sur del Río Bravo repetían “¡qué barbaridad!”. Muchos de los que leían el lunes 16 a Silvia Pissani o a muchos otros articulistas, apenas un par de horas después escuchaban la realidad por cadena nacional. Se había cumplido lo dicho por el canciller Héctor Timerman desde el centro de prensa de la Cumbre: “La Presidenta tiene una reunión impostergable hoy a la noche”. Los que desoyeron a Timerman no fueron los únicos en enterarse por televisión. El ex presidente de Repsol YPF Antonio Brufau había dejado su departamento de Puerto Madero el sábado y diez horas después el lear jet de Repsol lo dejaba en el aeropuerto de Barajas. Una vez más se había ido con las manos vacías. Al día siguiente por la tarde madrileña, desde el edificio de Repsol en el Paseo de la Castellana, cerca del estadio Bernabeu, hablaba en teleconferencia con Antonio Gomis y otros ex directivos de la compañía. Hablaban de lo que sucedía en ese momento: la Presidenta anunciaba por cadena nacional que el 51% de las acciones eran expropiadas en los términos establecidos por el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre Argentina y España de 1992. Ese acuerdo, con fuerza de ley, establece que la nacionalización o expropiación que pueda ser adoptada por una Parte contra las inversiones de la otra Parte en su territorio deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria. Agrega que “pagará al inversor o a su derecho-habiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible”. Tanto Brufau y Gomis como los Ezkenazi conocían muy bien el artículo 5 del convenio que caía sobre su cabeza. Lo que no sabían era que la Presidenta no estaba molesta el domingo: ella se estaba concentrando para el paso más trascendente desde que inició su segundo mandato al frente del gobierno. Cristina se estaba preparando para el gran desafío, consistente en emprender el camino de la soberanía energética cuyo primer paso era sumamente arriesgado. No sólo había que redactar la ley para ser tratada en el Congreso: era decisivo tener el panorama de cómo tomarían ese proyecto las diez provincias con recursos hidrocarburíferos que quedarían asociadas a la expropiación, era preciso saber cómo podía reaccionar la sociedad, la oposición y el empresariado. Pero, como en el ajedrez, sabía que después de las blancas mueven las negras. Y sin dudas, Cristina debía estar preparada para la jugada de Repsol. Por eso, no debe haberle incomodado que La Nación y el coro de medios se autocomplacieran con “el enojo de Cartagena”. El anuncio por cadena fue tan sorpresivo como la firma, un rato antes, del decreto de necesidad y urgencia que designaba como interventor y subinterventor, por un plazo de 30 días, a Julio De Vido y Axel Kicillof. Mientras Brufau veía el verde primaveral del Paseo de la Castellana, la nítida imagen que le devolvía el plasma de la amplia mesa del salón de conferencias donde estaban Gomis y el resto de los directivos, algo pasó en ese lunes caluroso de Buenos Aires que descolocó al ex presidente de Repsol YPF. Se colaba en cámara una gente que ingresaba al salón y comunicaba que las nuevas autoridades se hacían cargo de la operación de la compañía.
Ese lunes 16 de abril se iniciaba una nueva etapa en la historia de la energía argentina. Con el correr de los días, la energía soberana sumaba aliados. Radicales, Socialistas, de Proyecto Sur y también de peronistas opositores. Mauricio Macri ensayaba el puesto de representante del Partido Popular español en Argentina, quizá conmovido por algunas declaraciones del presidente Mariano Rajoy que prometía amplios apoyos. El entusiasmo de Macri fue decayendo a medida que veía que ninguna empresa de capitales españoles radicada en Argentina se solidarizaba con el vaciamiento y la desinversión causada por Brufau. Tampoco otras empresas de capitales italianos o alemanes o estadounidenses o brasileros hacían ademán de mencionar el tema. La realidad es que Telefónica o el Banco Santander o Volkswagen o Camargo Correa y decenas de otras habían recibido los mismos mensajes en las reuniones con ministros y secretarios de Estado en noviembre pasado, apenas reasumida la Presidenta: las cuentas del flujo de capital del país necesitan sintonía fina y las altas rentas de las multinacionales no se corresponden con los niveles de reinversión de las compañías. Si los números de las remesas de utilidades eran preocupantes en general, el caso Repsol YPF era escandaloso. Por datos brindados por la misma compañía, en 1999, ganaba 477 millones de dólares, los beneficios trepaban a 1.076 en 2002 y, en 2003, llegaba a 1.596 millones. Desde entonces y hasta 2011 ese fue el promedio de ganancias. Los niveles de inversión fueron bajísimos: el 85% del dinero emergente del subsuelo de la Patria volaba al exterior. En noviembre, el entonces CEO de Repsol YPF, Sebastián Eskenazi, se reunía con funcionarios del más alto nivel del Gobierno y recibía el mismo pedido que los otros directivos. Lo transmitió en la reunión del Consejo de Administración de la compañía. Cabe consignar que Eskenazi era el socio local, tenía el legado de actuar como algo que en la Argentina se mencionó hasta el hartazgo y parece una rara avis: un burgués nacional. El burgués nacional, hijo de un gran burgués y hasta el lunes pasado vicepresidente de la petrolera. Los socios españoles decidieron hacer oídos sordos al pedido y los socios argentinos decidieron acompañar a los españoles en la remesa de utilidades al exterior. La suerte estaba echada. Tal como había dicho Julio César al cruzar el Rubicón. Pero Brufau y Esquenazi no tenían las legiones atrás. El primero vio, ese lunes, como se terminaba abruptamente la videoconferencia. El otro tenía un plazo perentorio para retirar sus pertenencias. Una nueva etapa se iniciaba. En los otros pisos de la inmensa torre de la avenida Macacha Güemes la gente seguía trabajando. Enfrente, en el campo de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires, los chicos y las chicas seguían con sus clases de gimnasia, en la vereda seguían desfilando las vecinas elegantes y los que se entrenaban para alguna maratón. Los ejecutivos desplazados fueron hasta el subsuelo y se retiraron sin hacer declaraciones en autos de vidrios polarizados. Buenos Aires estaba buena ese lunes. La Argentina también.
Una Presidenta con firmeza y tranquilidad
Miradas al Sur
Aprovechando el acto de inicio de obras de una represa en la ciudad santacruceña Comandante Luis Piedrabuena, y con un tono deliberadamente mesurado, Cristina Fernández de Kirchner contestó a la medida dispuesta por el gobierno español de restringir las importaciones de biodiesel diciendo que ésa es una “decisión soberana” de España y que la Argentina absorberá esas exportaciones en su mercado interno.
“Queremos –dijo la Presidenta– que estén todos muy tranquilos. Estamos en condiciones de absorber la producción las 400 mil toneladas de biodiésel que se exportan a España y más, hemos aumentado la posibilidad de mezclar este combustible con combustible fósil.” Cristina fue particularmente cuidadosa a la hora de desdramatizar el escenario de las relaciones con España, en línea con lo que había anticipado el lunes pasado durante el anuncio de la recuperación de YPF, cuando dijo que no iba a responder al tono agresivo usado por funcionarios y medios de ese país. Llegó a leer el artículo 128 de la Constitución española referido a la riqueza de ese país y la defensa del interés general e insistió con esta frase: “Somos muy respetuosos de la soberanía de los países, por eso somos tan celosos de nuestra soberanía y de nuestras decisiones”.
Replicando a la vez la idea instalada por algunos medios de que “la Argentina no sólo que se aisló, sino que se peleó con el mundo”, la Presidenta reveló que en el encuentro de ministros del G-20 que se realizó en México, la Argentina fue invitada nada menos que por las naciones que integran el grupo Brics –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– para sumarse a una declaración conjunta, crítica del orden financiero y comercial internacional.
Cristina eligió ser más cáustica respecto del efecto de las importaciones españoles de biodiesel. Por un lado contó que ya en tiempos del gobierno de Rodríguez Zapatero se habían registrado operaciones de lobby para voltear esas operaciones comerciales. Por el otro, aunque subrayó que el freno a las importaciones es una decisión “de cada país para cuidar su comercio”, dijo también que a partir de ahora España “va a pagar un biocombustible mucho más caro a sus empresarios”. Además, la Presidenta adelantó que la Argentina no presentará quejas ante los organismos económicos internacionales por la represalia española.
Yrigoyen Perón Fernández
Miradas al Sur
Nunca hay que ser agorero pero jamás se puede perder la memoria histórica. Los golpes de Estado en la Argentina siempre tuvieron olor a petróleo. Los capitales norteamericanos e ingleses estaban indignados con Hipólito Yrigoyen cuando todavía no había cumplido dos años de su segundo mandato. El nacionalismo petrolero del presidente radical no iba de la mano de los avances de la Standard Oil, sobre todo, con las concesiones que había obtenido en Salta. El Peludo, como lo llamaban sus enemigos, porque como el armadillo –o peludo– no gustaba de mostrarse en público, mandó al Congreso un proyecto de ley para nacionalizar el petróleo. Quería que toda la producción estuviera bajo la órbita de YPF. Corría agosto de 1930 y logró la media sanción en Diputados. Pasó al Senado. El domingo 7 de septiembre había elecciones de renovación de legisladores en Mendoza y San Juan: el resultado era decisivo para el poroteo en la Cámara alta. El general retirado José Uriburu, salteño y falsamente considerado nacionalista, tuvo la precaución de producir el golpe un día antes. Echó a Yrigoyen y se sentó en la Casa Rosada. La oligarquía puso de vice a Enrique Santamarina, que entre otras cosas era fuerte accionista de Astra, satélite de la Standard Oil. El ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, también era directivo de Astra y abogado de la Standard Oil. El ministro de Agricultura fue Horacio Beccar Varela, síndico de Austea, otra subsidaria de la Standard Oil. Octavio Pico fue a Obras Públicas y era directivo de Petrolera Andina. Si alguna definición ajustada se mereció aquel primer golpe del siglo XX en la Argentina no era “militar” sino “oligárquico-petrolero”. Por un tiempo, los intereses norteamericanos, mayoritarios en el resto del continente, prevalecieron sobre los ingleses. Para más datos, consultar Historia de la Argentina, de Norberto Galasso.
Un cuarto de siglo después llegaba otro golpe antipopular, también en septiembre, mucho más violento y tan oligárquico como el anterior. También tuvo olor a petróleo. Los contratos que Juan Perón firmó en abril de 1954 con la Standard Oil de California tenían como objetivo paliar la crisis energética que vivía el país. Se abría paso a inversiones norteamericanas pero con un régimen de inversiones externas de corte nacionalista. Perón dejó sujeta la ejecución de ese acuerdo a que se votara en el Congreso. Era criticado por muchos sectores del propio peronismo debido a que iba e dirección contraria a los principios de la Constitución de 1949. Perón lo fundaba en necesidades pragmáticas y no en bajar las banderas. Más allá del legítimo debate, la oposición los bloqueó todo lo que pudo a la espera de un desenlace no democrático, golpista. Detrás de la crisis energética hubo un lento ahogo de los intereses de Estados Unidos. Un texto del académico norteamericano Carl Solberg –Petróleo y nacionalismo en la Argentina– pone de relieve el sabotaje a la industria petrolera argentina por parte del Departamento de Estado norteamericano. “Cuando Perón asumió la presidencia en 1946 –dice Solberg– la mayor parte de las instalaciones principales de YPF se hallaban gastadas o resultaban anticuadas y la importación de maquinarias y equipos era sumamente dificultosa en el estrecho mercado de posguerra. Decididos a oponerse a Perón por sus supuestas simpatías profascistas, los Estados Unidos adoptaron una política que el secretario de Estado interino (James Byrnes) definió así: ‘Resulta esencial no permitir la expansión de la industria pesada argentina’. Consecuentemente, los Estados Unidos pusieron trabas a la exportación de equipos de perforación petrolera, instrumentos de refinación y repuestos para reparación de la industria del petróleo a la Argentina. Cuando en 1948, los Estados Unidos levantaron sus restricciones, la Argentina ya enfrentaba el fin de la prosperidad y sufría una carencia de divisas que le impedía importar suficiente cantidad de bienes de capital vitales.” Más adelante, Solberg agrega: “En 1947, un promedio de sólo 33 equipos de perforación e YPF completó 105 pozos. Menos que en 1925… En 1955, la compañía necesitaba no menos de 100 equipos y tenía 45”. Una vez más, el petróleo era vital para los planes oligárquicos de destruir el peronismo, la industria nacional y la soberanía energéticas.
Energía hoy. Cristina acaba de tomar una medida audaz, que acepta el desafío de meter al Estado como gestor tras 20 años de las leyes que convirtieron a YPF en una sociedad anónima y de haber dado a los estados provinciales la soberanía en el manejo del subsuelo. Así, no sólo los números de la balanza comercial energética ponen en riesgo la economía argentina sino que se dilapidó el capital industrial de YPF y en la dirigencia política de muchos estados provinciales se instaló una ideología privatista del manejo de los recursos hidrocarburíferos. Los esfuerzos del Estado nacional, en estos años, estuvieron destinados a invertir para que no falte energía en el crecimiento económico al costo de fuertísimos subsidios públicos y de haber terminado con una cuota de importación altísima.
La decisión del gobierno muestra el grado de compromiso con el pueblo que tiene la Presidenta pero el escenario es de vértigo. La tercerización y la extranjerización de la actividad son completas. A la falta de inversiones de riesgo en descubrir nuevos pozos –salvo los de shale oil y shale gas, básicamente en la Cuenca de Vaca Muerta– se suma un costo alto en la etapa de extracción, tanto en petróleo como en gas. Las empresas privadas que operan en gas esperan una elevación del precio pagado en boca de pozo como estímulo a la inversión y, a su vez, el Estado sabe que este año deberá desmontar el esquema de subsidios. Es decir, en la ecuación del gas o la electricidad domiciliaria e industrial es de prever un crecimiento del costo final del usuario. En cuanto a los combustibles líquidos, pese a que en los últimos años fue creciendo el precio, tal como advirtió la Presidenta, las compañías privadas abastecieron con naftas caras –llamadas Premium– para mejorar aún más su ecuación de rentabilidad.
La decisión de estatizar el 51% de las acciones de YPF no significa un vuelco completo del desguace iniciado en 1992. La prensa opositora pretendió al principio mostrar un escenario de caos. “Van por todo”, afirman como si llegara la langosta. La firmeza del procedimiento gubernamental permitió tomar el control completo de la gestión de la compañía. Al punto que, gracias a la sorpresa, el nuevo elenco directivo logró evitar el envío de una remesa importante de dinero de la compañía que ahora será usado como inversión. Se inicia un camino con muchas esperanzas de que ayude a la soberanía energética. No sólo porque YPF pueda ser manejado para el país y no para la especulación financiera como hacía el elenco manejado por Antonio Brufau. También porque YPF tiene un equipo humano reconocido por su capacidad profesional. Los especialistas aseguran que el autoabastecimiento energético es posible. Pero, claro, con fuertísimas inversiones y, probablemente, con precios que no siempre serán fáciles de fijar para un gobierno que defienda el bolsillo popular. Además, la historia marca que, más allá de los intereses puntuales de cada empresa extranjera hay otro factor: el interés de limar y desgastar a los movimientos nacionales. Resultó muy auspicioso que, en la primera semana, prácticamente todo el arco político y sindical haya saludado y apoyado este primer paso. Dejó a los especuladores bursátiles encabezados por Antonio Brufau y Mariano Rajoy como lo que son: personeros de un capitalismo voraz. No es una cuestión de banderas o de nacionalidades sino de la intoxicación de quienes conciben al gas y al petróleo como commodities y a las inversiones de capital como movimientos bursátiles. Lo que se inició el 16 de abril va en la dirección de la soberanía y el trato igualitario entre las naciones.
Los temas clave de una primera etapa
Miradas al Sur
La decisión de avanzar con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF por razones de utilidad pública llegó para ponerle punto final al agotado modelo privatizador que signó, con sus más y sus menos, el derrotero de una compañía que fue desde su nacimiento sinónimo de soberanía. El punto de inflexión trajo nuevos aires conceptuales y pone de manifiesto que un importante sector del Gobierno está dispuesto a revisar la estrategia de argentinización, encarnada en este caso por el Grupo Eskenazi, esquema que mostró límites precisos cuando se trató de concretar inversiones y alinear el interés empresario con las prioridades de una economía en expansión. El dato no es menor y, al menos desde el llano, se diría que otros grupos económicos han tomado nota. Una prueba de ello se verificó esta semana, cuando el Grupo Techint decidió reinvertir el 81% de las utilidades del ejercicio 2011, unos 1.100 millones de pesos.
Pero no sólo algunos de los sectores más concentrados de la economía leyeron el rumbo social. También lo hizo la inmensa mayoría del arco opositor que decidió acompañar, con disidencias parciales, la iniciativa. Sólo Mauricio Macri se manifestó en contra, aunque luego reculara, muy probablemente tras leer las encuestas que dan a la iniciativa un abrumador apoyo social, que algunos ubican por encima del 70%. “La medida se inscribe en la línea de otras decisiones trascendentales. No se trata del presente. De lo que se trata es del futuro. De ahora en más, la balanza energética se irá equilibrando, pero lo fundamental es que el Estado gana en autonomía.” La lectura, realizada por un cuadro técnico con muchas batallas en Economía, apunta a subrayar varios hitos que hicieron posible la construcción del modelo que arrancó en 2003. La renegociación de la deuda, la cancelación del pasivo con el FMI, la reestatización de los fondos previsionales, la Asignación Universal por Hijo y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central son algunas de esas decisiones clave que, más allá de la diversidad de intereses que tocan y las cuestiones que ponen en juego, reconocen un denominador común: la necesidad imperiosa de ganar autonomía. Dicho en otras palabras: de soberanía se trata.
Cuestiones leguleyas. Un interlocutor de Miradas al Sur , en una semana que no se caracterizó por los teléfonos abiertos, confió que en el Gobierno Nacional aseguran que si bien el tema es importante, no le quita el sueño a nadie. Afirman que, ahora, son otras las prioridades. De esta forma se refieren a las amenazas del presidente de Repsol, Antonio Brufau, de llevar sus reclamos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial Mundial. El ámbito, creado 1966 a instancias del Consenso de Washington, y al que nuestro país ingresó a mediados de los ’90, es el preferido por las multinacionales.
Entre los especialistas hay consenso en que la táctica de Brufau, además de lenta, no implica garantía alguna para la petrolera española. Quienes conocen del tema explican que el Tratado Bilateral de Inversión (TIB) firmado entre Argentina y España en 1992 señala con claridad que los españoles deberán, primero, pasar por los tribunales locales. Luego, podrían ir al Ciadi. Aún así, lejos estarían de asegurarse un resultado favorable. ¿La razón? Que la jurisprudencia internacional reconoce en forma contundente la primacía del interés público sobre los derechos particulares. Línea conceptual que avala la jurisprudencia y muchas resoluciones de las Naciones Unidas.
Las cartas están echadas. Sin embargo, pasará mucho tiempo antes que la partida se termine. Desde España, Brufau, mostró las suyas. Dijo que la multinacional española pretende 10.500 millones de dólares por el 51% de las acciones de Repsol en YPF. La respuesta no se hizo esperar. “No vamos a pagarle lo que ellos quieren. Estamos en condiciones de decir que los números que hablan acerca del valor de la compañía, de manera imprudente, van a ser revisados a medida que vayamos conociendo vericuetos e información secreta que la empresa manejaba”, afirmó el viceministro de Economía, Axel Kicilloff. Lo dijo en el Senado, ocasión en la que puso sobre la mesa otro dato: el endeudamiento de la compañía, que bajo la administración de Repsol alcanzó los 9.000 millones de dólares.
Otros pasivos. La pulseada se avizora compleja. En Planificación y Economía reafirman que los pasivos ambientales que dejó la gestión de Repsol serán tenidos en cuenta. En la práctica, las auditorias ya comenzaron y la Secretaría de Medio Ambiente está abocada a recolectar y sistematizar todos los sumarios que existen contra YPF. Por caso, en Santa Cruz, según la información provisoria, las casi 1.700 piletas relevadas, sobre un total de 5 mil, están mal saneadas. A estos reclamos se agregan unos 8 mil pozos inactivos. En la mayoría, la empresa no habría cumplido con la regulación que la obliga a a cementar el pozo antes de abandonarlo. El saneamiento de pozos y piletas demandaría unos 500 millones de dólares.
Residuos peligrosos, acuíferos contaminados y tierras empetroladas son algunas de las situaciones constatadas por el equipo medioambiental santacruceño que, desde mediados de 2010, avanza con el relevamiento. Sin embargo, no es la única provincia dispuesta a demandar a YPF. También Chubut quiere que pague por los pasivos ambientales. El gobierno provincial inició un relevamiento en las áreas de exploración que le quitó a la compañía para determinar la magnitud del impacto.
Paso clave. Aunque la determinación final del precio de YPF puede llevar meses, quienes conocen del tema explican que será el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) el encargado de la tarea. Un organismo poco conocido, integrado por especialistas propuestos por el Estado nacional y entidades privadas. Su función se encuadra en el Artículo 17 de la Constitución Nacional, donde se señala que “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de una sentencia fundada en ley”, y añade que “la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.
Su presidente es Galdino Cattaneo, un técnico que asumió antes de 2003. “La tarea que nos espera es complicada. No se trata de una empresa cualquiera. Debemos ponerle un valor objetivo a los activos en juego”, señaló una fuente del Tribunal. “Los únicos daños que se pueden evaluar son los directos. Es decir, los que son consecuencia de la expropiación. Nunca el lucro cesante”, precisó la fuente. Luego, explicó que el Tribunal consta de tres salas y que una vez determinado el valor, el expropiado debe aceptar o rechazar la tasación.
¿Cuáles podrían ser los criterios de valuación? En el caso de YPF podrían ser cuatro. Uno, el preferido por las empresas y también por Repsol, se lo conoce como price earning. Una fórmula financiera de uso habitual entre las multinacionales que cotizan en bolsa. Es la fórmula aplicada por Brufau para reclamar 10.500 millones de dólares. Otras dos alternativas pasan por estimar el flujo de fondos futuros y el valor de los activos. Una cuarta consiste en el pago de lo que se conocen como valor libro. Es decir: multiplicar el precio de la acción por el total del paquete.
Más producción. “La empresa dejará de lado la estrategia de maximizar ganancias. De ahora en más, todos los cañones estarán apuntados a incrementar la producción para evitar la importación de combustibles y gas.” Así de contundente fue la directiva que recibieron, en una extensa reunión que se prolongó durante unas seis horas, los jefes de yacimientos de YPF. Fue el miércoles pasado. En ese momento, el plenario de comisiones del Senado debatía la expropiación de las acciones. El final de la tenida legislativa ya se avizoraba. La bajada de línea en el edificio de Puerto Madero estuvo a cargo de Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa y ahora también responsable de un área clave de YPF: la de Exploración y Producción.
Quienes conocen del tema aseguran que se trata de una tarea compleja, pero no imposible. Son los que señalan que si bien la compañía registró durante los últimos años niveles declinantes de producción, buena parte de esa pendiente obedeció a la estrategia de Repsol. El camino elegido para incrementar sus ganancias pasó segmentar el mercado mientras reducía sus niveles de producción. Lo que resultó en un aumento de los precios, en un contexto macroeconómico en expansión que le permitió a aumentar sus ventas en un 113 por ciento desde 2003.
Mientras los interventores provinciales de YPF comenzaron con diferentes tipos de auditorías –los resultados estarán en los próximos días–, las nuevas autoridades de YPF trabajan a paso redoblado para diseñar un plan de perforaciones y reparación de un millar de pozos. El objetivo implica la incorporación de una treintena de equipos de perforación y reparación. En las próximas semanas se pondrán en funcionamiento unos 14 equipos de perforación adicionales y otros ocho de reparación. La decisión permitirá concretar unas 130 perforaciones y más de 400 reparaciones adicionales a las previstas en el plan de la compañía.
Otras medidas adoptadas corren en la misma dirección. Por ejemplo, la decisión de ampliar la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a través de Refinor, firma en la que YPF posee el 50% de las acciones y que procesará gas natural de Panamerican Energy (PAE). Las estimaciones indican que la estrategia permitirá que Refinor aumente en un 25% su producción. Lo que redundará en el corto plazo en un aumento del volumen de gas para garrafas. La resolución está en línea con la orden que recibió la refinería de La Plata de aumentar los volúmenes procesados en un 5%, mediante el uso del crudo pesado proveniente de Chubut.
Una de las apuestas a largo plazo consiste en desvincular el precio local de los hidrocarburos de los serruchos de su cotización internacional. Volatilidad que llevó el precio del barril de los 21 dólares promedio (1991-2002) a los 67 dólares (2003-2011), incremento que tiene un costo directo en términos sociales.
Según los cálculos de la nueva gestión, las medidas adoptadas permitirán agregar unos 66 mil metros cúbicos mensuales de crudo. De suerte tal que el volumen de fueloil disponible para las centrales térmicas que generan energía se incrementará en 60 mil toneladas mensuales. Un ahorro de divisas del orden de los 20 millones de dólares mensuales. Por el lado de la producción y el suministro, el redireccionamiento del gas producido por el yacimiento neuquino de El portón facilitará la inyección diaria al sistema nacional de unos 2,2 millones de metros cúbicos adicionales, con un ahorro aproximado de 50 millones de dólares mensuales.
Día histórico. La presidenta apuró su regreso desde cartagena para definir el anuncio.
“Un paso más en la recuperación de la gobernabilidad de la economía argentina.” Así califica el economista Aldo Ferrer la decisión del Gobierno de expropiar el capital de Repsol en YPF y estatizar la petrolera. En diálogo con Página/12, el embajador argentino en Francia, de paso por Buenos Aires, ubicó la medida sobre YPF en la línea de la recuperación de la política cambiaria, la estatización del sistema previsional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, todos avances en la búsqueda de la soberanía perdida en manos del neoliberalismo, explica. Ferrer resaltó el rol científico-tecnológico que YPF debe volver a tener y aseguró que los capitales interesados en realizar las inversiones necesarias junto a YPF para desplegar una política exploratoria agresiva van a aparecer. También destacó la potencialidad de los recursos propios derivados del ahorro interno.
–¿Cómo evalúa la intención del Gobierno de expropiar a Repsol y recuperar para el Estado la conducción de YPF?
–Creo que es una decisión correcta. La venta de YPF fue una de las peores medidas tomadas por el Estado neoliberal. En esa etapa se enajenaron herramientas fundamentales de la política pública. Brasil, por ejemplo, preservó el ejercicio de su soberanía, nosotros la entregamos. Entre esas entregas está la de YPF, con las consecuencias inevitables que conocemos. Como algunos lo advertimos en aquel momento, se verificó que las cosas no iban a andar bien. No sólo desde el costado específico de los hidrocarburos, sino también desde el punto de vista científico y tecnológico. Extranjerizar ese sector fue un retroceso muy grave. Este es el epílogo de un largo camino que llegó adonde tenía que llegar.
–Usted suele remarcar la diferencia entre el Estado neoliberal y el Estado nacional. ¿Cómo se inserta esta medida en ese esquema?
–La decisión es importante porque es un paso más en la recuperación del Estado nacional. En el período neoliberal se maniató al Estado para someterlo a los intereses privados, a la especulación financiera, que provocó el endeudamiento, desindustrialización, aumento en el desempleo, pobreza e indigencia. Desde la salida de la crisis reaparece el Estado nacional. Del mismo modo que la recuperación de la capacidad para hacer política monetaria, el manejo del tipo de cambio, la reforma del sistema previsional y la modificación del rol del Banco Central, YPF es un paso muy importante en la reconstrucción del Estado nacional. En el escenario mundial está claro que a los países que les va bien son aquellos que tienen fuertes políticas nacionales. El Estado neoliberal busca desmantelar la política pública para que no se puedan tomar medidas de transformación en un país en desarrollo como el nuestro. Se está recuperando la gobernabilidad de la economía argentina. Pienso también que la reparación del Estado nacional requiere de sólidos equilibrios macroeconómicos, en el plano fiscal y externo.
–¿Qué espera de una nueva YPF estatal?
–Espero que se amplíen las reservas de hidrocarburos y la producción, que haya un esfuerzo para fortalecer el acervo científico de la firma y poder vincularlo al resto de la sociedad. Hay que recordar que el desarrollo es la capacidad de gestión del conocimiento. Esa dimensión científico-tecnológica es fundamental. Desde el punto de vista financiero, hay infinidad de posibilidades de conseguir recursos del exterior, ese aspecto no es el más complejo. Pero también se pueden hacer las inversiones con recursos propios. Si lográramos frenar la fuga de capitales, tendríamos el dinero para aumentar la extracción de hidrocarburos. Hay que tener en cuenta que el ahorro interno es la principal fuente de desarrollo económico del país. Esto no es para volver a la YPF que en muchos aspectos fue negativo, sino para recuperar la YPF del pasado que tuvo muchos aspectos positivos. Hay que tener cuidado con los manejos corporativos en la firma.
–¿Qué recursos deberían utilizarse para afrontar el pago de la indemnización?
–Me parece que no es el aspecto más importante. Será con recursos propios o alguna otra variante. El monto a pagar se resolverá por las vías que están previstas.
–Como sucedía en la convertibilidad ante una potencial devaluación, hay sectores que aseguran que esta decisión hace de la Argentina un país poco creíble, que nos aísla del mundo y ahuyenta inversiones. ¿Cómo analiza la vigencia de ese planteo, cuando en alguna medida ya quedó refutado por el propio proceso de recuperación económica de los últimos años?
–Sucede que este tipo de decisiones confronta visiones de país. Desde la perspectiva de Raúl Prebisch de centro-periferia, algunos sectores tienen la idea de que nuestro país se vincule al mercado mundial de forma subordinada. Todo gesto que vaya en contra de eso no es bien visto. Se confronta la visión neoliberal que concibe a la Argentina como un segmento del mercado mundial y la visión del Estado nacional, la de un país que tiene que afianzar su soberanía a través de la aplicación de políticas industriales y tecnológicas, entre otras. En el plano externo, a pesar de la presión de algunos actores internacionales, las cosas se van a encarrilar.
–En particular existe la idea de que la falta de condicionamientos a los capitales es un factor que en sí mismo atrae inversiones.
–Eso es parte de la literatura neoliberal. Un estudio reciente de la OCDE analiza las regulaciones a la inversión de China y Corea, las dos más severas, y también de Japón, que son todos países muy atractivos para la inversión incluso habiendo hecho políticas de captación de capitales en el marco de su política de desarrollo nacional. En el otro extremo está la Argentina, que tiene un nivel de extranjerización extraordinario, donde la inversión no generó desarrollo, aumentó la pobreza y la deuda externa. La inversión extranjera va hacia los países que ofrecen oportunidades de ganar plata, y se adapta a las reglas del juego que establece el Estado receptor. Si el Estado que fija las reglas tiene una política de desarrollo en el marco de un proceso de crecimiento, atrae a la inversión extranjera. Por otra parte, existe la idea de que el proceso de formación de capital en el país descansa sobre los recursos externos. Eso no es cierto, ya que más del 90 por ciento de la formación de capital se financia con ahorro interno. La literatura neoliberal está cada vez más desacreditada y se mantiene sobre la base de prejuicios y la fortaleza del sector financiero. Esto se demostró en la Argentina y en el mundo. Esa visión pierde la perspectiva de que estamos en un mundo global y que debemos comandar nuestra propia realidad, y que esa es una condición indispensable para el desarrollo.
–¿Cómo explica que gran parte de la sociedad argentina haya de algún modo acompañado un proceso de privatización inédito en el mundo como fue el de YPF?
–La explicación pasa por la carencia de densidad nacional, la falta de suficiente cohesión social en Argentina. Eso sucede por una serie de cuestiones. Una de ellas es la falta de liderazgos con una impronta nacional. Hubo una sucesión extensa de líderes con una visión de país periférico, vinculados a intereses transnacionales. En segundo lugar, en el siglo pasado tenemos el record mundial de debilidad institucional, y eso se paga. Entonces se implantó el pensamiento alienado, el pensamiento neoliberal en la dictadura. Fue a través del terrorismo de Estado. Y en los ’90, a partir de un gobierno legítimo. Ese gobierno construyó el Estado neoliberal más ambicioso del mundo. No hay otro país que haya avanzado tanto, incluida la venta del petróleo. A la vez, existió una falta de pensamiento crítico. En definitiva, la falta de densidad nacional impidió tener un Estado al servicio del desarrollo. Eso explica que hayamos tomado cursos de acción tan negativos. En los últimos años se ha ido produciendo una cierta recuperación. Han emergido dirigencias con visión nacional, las instituciones mejoraron, existe pensamiento crítico con visión nacional mucho más fuerte y visible, como por ejemplo el Grupo Fénix. En definitiva, ha habido un fortalecimiento de la densidad nacional.
YPF, la expropiación que viene con un holding
Página 12. Tomás Lukin
La expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol convertirá al Estado nacional en accionista de un conjunto de empresas y proyectos donde la petrolera tiene participación. Las firmas van desde constructoras para el sector de hidrocarburos y oleoductos por todo el país como AESA y Oldelval hasta la productora de agroquímicos Profértil. En algunos casos, YPF controla la totalidad de esas compañías, en otros ostenta el control conjunto y existe un importante grupo de firmas vinculadas. Además, la petrolera cuenta con negocios financieros y productivos en el exterior como Bolivia, el Amazonas peruano, Angola y otros radicados en paraísos fiscales, donde el sector público pasará a ser parte. No todas esas iniciativas representan una buena inversión en términos contables: Maxus, una petrolera en Texas arrastra un importante pasivo ambiental y la sociedad GASA, a través de la cual controla una parte de la intervenida Metrogas, que está en quiebra al igual que la distribuidora. Este último caso, a pesar de la situación financiera que atraviesa la compañía, representa un activo estratégico. Por último, la expropiación asociará al Estado con el Grupo Techint en distintas empresas y proyectos productivos.
La intervención de YPF a cargo del ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, todavía no definió cuáles serán los pasos a seguir con todas las empresas donde la petrolera tiene participación. En algunas de las firmas están designados directivos en nombre de la gestión de Repsol. Los interventores están analizando cómo avanzar en su reemplazo a través de las asambleas de accionistas que muy probablemente serán postergadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), hasta que el Estado defina su estrategia.
- YPF Holdings: La firma fue constituida en 1996 en Delaware y hoy tiene domicilio en Texas. El holding es propietario de la petrolera Maxus y sus subsidiarias que, junto con algún pozo activo en Estados Unidos, arrastra un importante pasivo ambiental. Maxus forma parte de YPF desde antes del desembarco de los capitales españoles y, por tanto, la totalidad de esos pasivos no pueden ser tenidos en cuenta a la hora de ajustar la valuación del 51 por ciento que se expropia. Junto con Maxus figuran otras tres firmas, Tierra Solutions Inc, CLH Holdings y Gateway Coal Company.
- YPF Internacional: Esta compañía posee el ciento por ciento de YPF Guyana Ltd., que forma parte del consorcio del Bloque Georgetown, en la República Cooperativa de Guyana. La firma nació en las islas Caimán en 1996 y en 2002 trasladó su sede y operaciones a Bolivia. Allí funciona una subsidiaria de Maxus y además administra el 50 por ciento de Andina, una petrolera boliviana.
- Metrogas: Gas Argentino SA (GASA) es propiedad de British Gas en un 54,67 por ciento e YPF posee el 45,33 restante. Gasa es dueña del 70 por ciento de Metrogas, la distribuidora de gas en Capital Federal. A esa participación hay que sumarle el 8,13 por ciento de Metrogas que posee el Estado a través de la Anses. GASA está en concurso preventivo desde 2009 y Metrogas lo hizo un año después. Desde entonces está intervenida por el Estado. En el Ministerio de Planificación están analizando el curso a seguir, pero destacan que se trata de un activo estratégico.
A comienzos de año, Argentina obtuvo un fallo favorable en los tribunales estadounidenses en una demanda impulsada por British Gas. La causa se inició luego de la pesificación de los contratos en 2001 y el congelamiento de tarifas, en una corte arbitral de las Naciones Unidas (Uncitar). Metrogas es la única compañía del sector de distribución de gas que todavía no accedió a renegociar su contrato. “El Estado nacional ha intimado a los accionistas de Metrogas a que se presenten ante la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en forma inmediata a renegociar definitivamente la licencia para la prestación del servicio público de distribución de gas”, sostuvo en enero De Vido a través de un comunicado. Ahora, esa renegociación será algo más sencilla.
- AESA: Es una firma ciento por ciento controlada por YPF que está dedicada a ingeniería, construcciones, servicios, operación y mantenimiento de plantas y yacimientos. Los directivos de esta compañía serán reemplazados. La empresa nació en 1948 y desde su inicio creció bajo el amparo de la gestión estatal de YPF y Gas del Estado. Fue adquirida por Repsol antes de comprar YPF, pero ahora es propiedad de la petrolera local. Entre los clientes de la empresa controlada figuran firmas que operan en Argentina, como Pan American Energy o Total, y también del exterior, como la uruguaya Ancap y la peruana Petroperú. También hay empresas vinculadas con YPF como Profértil.
- Profértil: La mitad de la compañía que lidera la producción de fertilizantes nitrogenados en Sudamérica está en manos de la petrolera y la otra mitad pertenece al grupo canadiense Agrium. La empresa es la principal productora de urea granulada, uno de los fertilizantes más utilizados en el país. El control operativo de la firma sigue en manos de los directivos designados por Repsol y la presidencia está a cargo de un ejecutivo que puso Agrium. Matías Eskenazi, hijo de Enrique Eskenazi, forma parte del directorio de la empresa y la gerencia general está a cargo de Daniel Peetarín, proveniente de Repsol. La intervención de YPF negociará con la parte canadiense los nuevos directivos.
- Estaciones de servicio: Son más de cien estaciones de servicio propiedad de Opessa, que es controlada en su totalidad por YPF. Esos puntos de venta funcionarán como un brazo fundamental en la nueva política de comercialización de la petrolera.
- Refinor: YPF controlará el 50 por ciento de la petrolera del norte argentino y el resto se divide entre Petrobras y Pluspetrol, donde YPF también posee participación. Produce y refina petróleo y gas que extrae de sus pozos y también lo que recibe desde Bolivia. Además, comercializa combustibles en sus más de 70 estaciones de servicio en Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, La Rioja y Catamarca. Refinor está al frente de la refinería de Campo Durán en Salta, la segunda productora de gas licuado del país. La empresa opera un poliducto –conducto para trasladar distintos combustibles– de 1100 km de longitud que llega hasta Córdoba. Allí, ese conducto se une con otro que controla la empresa que viene desde la refinería de Luján de Cuyo y llega hasta el puerto de San Lorenzo.
El jueves pasado la intervención de YPF decidió que Refinor procese gas natural de Pan American Energy, aumentando de esta manera un 25 por ciento su producción actual de GLP, lo que permitirá incrementar la disponibilidad de garrafas de gas y la oferta de otros combustibles.
- Oleoductos del Valle: Es uno de los oleoductos más importantes del país. Comunica la cuenca neuquina con Puerto Coronel Rosales. YPF posee el 37 por ciento y también participan en menores proporciones Petrobras (23,1), Chevron (14,0%), Pan American Energy (11,9%,) Pluspetrol (11,90%), Tecpetrol (2,1%). La participación real de YPF superará el 40 por ciento por su participación en Pluspetrol.
- Pluspetrol: YPF controla el 45 por ciento de la empresa. La compañía produce electricidad en Tucumán, explora y produce petróleo en Neuquén y Mendoza y es la principal productora de combustibles de Perú. La firma tiene presencia en Colombia, Venezuela, Argelia y Angola. A su vez, Pluspetrol posee el 21,5 por ciento de Refinor y el 11,9 por ciento de Oldelval. Fuera de Argentina también tiene participaciones menores en Transportadora Gas del Perú y en la Companhia Estadual de Gas, proveedor de gas en el área metropolitana de Río de Janeiro,
- Techint: El entramado y el desafío que se abren para la administración pública vuelven a cruzar los caminos con el Grupo Techint, donde el Estado ya posee, a través de Anses, el 26 por ciento de las acciones y tres directores, entre los que figura el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Los vínculos no serán tan directos, pero la empresa Tecpetrol del holding que encabeza Paolo Rocca y la firma Pluspetrol, donde YPF posee el 45 por ciento de las acciones, son accionistas en Oldelval, transportadora por ducto de petróleo. Los renovados vínculos con Techint se extienden a un conjunto de áreas que explotan en conjunto Pluspetrol y Tecpetrol a través de distintas UTE.
- MEGA: YPF controla el 38 por ciento de la compañía gasífera que tiene como operación central la recuperación de etano, materia prima fundamental para la industria petroquímica local. El capital accionario de la empresa lo completan Dow Chemical y Petrobras. La producción de propano, butano y gasolina natural se despachan vía marítima a la petrolera brasileña.
- Terminales Marítimas Patagónicas: YPF posee el 33,15 por ciento de la empresa que brinda servicios de recepción, almacenaje y despacho de crudo a los buques, para las empresas productoras de petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge. Allí Pan American, Shell y Total son socios minoritarios.
- Otras: El listado de empresas vinculadas continúa con Oiltanking Ebytem SA, una empresa transportadora y de almacenaje de combustibles donde YPF posee el 30 por ciento. La empresa posee parte del puerto de Coronel Rosales donde llega el oleoducto que controla Oldelval. Hoy, el 70 por ciento del crudo total consumido en Argentina pasa por las instalaciones de esta compañía. También figuran en la lista Central Dock Sud, empresa de generación y comercialización en bloque de energía eléctrica donde la petrolera posee, directa e indirectamente, más del 20 por ciento de sus acciones; Elaran Inversiones 2011 SA, una firma financiera dedicada a la administración de otros activos de la empresa –desde la intervención no ofrecieron más precisiones–; y otras firmas de menor magnitud como Gasoducto del Pacífico (Cayman) Ltd., Poligás Luján, Compañía Minera Argentina e YPF Brasil Comercio de Derivados de Petróleo. Además, existe un extenso conjunto de UTE y consorcios de exploración y producción con distintas empresas en varias provincias petroleras y en la plataforma continental. Finalmente, la empresa posee la concesión para transportar hidrocarburos en ductos estratégicos para el país.
El amplio entramado de empresas donde tiene participación YPF pone en evidencia la integración productiva a lo largo y ancho de la cadena de producción con la que cuenta la petrolera. El alcance de la expropiación excede las fronteras nacionales y el sector de hidrocarburos, fortalece alianzas estratégicas y ofrece instrumentos para disciplinar a distintos sectores empresarios. A su vez, le otorga al Estado la posibilidad de avanzar en otras áreas conflictivas, como es el caso de la distribución de gas en la ciudad de Buenos Aires. La recuperación del 51 por ciento del paquete accionario de YPF viene acompañada por un combo de empresas muy importantes que pasarán a depender en distinto grado de las decisiones de la administración pública.
Muchas palabras para tan poco combustible
Página 12. Cristian Carrillo
La vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que su país priorizará el biocombustible europeo sobre el argentino en represalia por la expropiación del 51 por ciento del paquete de YPF en manos de Repsol. La funcionaria confirmó en una conferencia de prensa que ofreció al mediodía, luego de una reunión que mantuvo con el Consejo de Ministros, que aplicará cuotas para el ingreso de biodiésel argentino, que el año pasado representó 1106 millones de dólares. Si bien esa medida se toma en medio de los cruces generados a partir de la expropiación de YPF, data de 2010, por pedido de las cámaras españolas productoras de biodiésel. Fuentes consultadas por este diario coincidieron en que se trata de una respuesta política, con casi nulo impacto económico para la Argentina. “Si el gobierno de España quiere pagar más caro el biocombustible, es una decisión soberana”, respondió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien adelantó que no harán ninguna presentación por este tema ante la Organización Mundial de Comercio. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que el mercado interno está en condiciones de absorber ese sobrante.
Desde el anuncio de expropiación de YPF, el gobierno español inició una serie de gestiones diplomáticas, con amenazas constantes de aplicar represalias contra la Argentina en el ámbito comercial, energético e industrial. El jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, había señalado que existían medidas estudiadas, pero que no era conveniente revelarlas. Ayer su vice anticipó la primera: el Boletín Oficial del Estado español publicará un decreto para reducir las importaciones de biodiésel procedentes de Argentina. “La iniciativa pretende favorecer a empresas españolas o comunitarias buscando colocarlas en una situación adecuada para poder prestar este biodiésel en condiciones que lo hagan competitivo”, argumentó Sáenz de Santamaría.
El sistema de cuota establece penalizaciones y multas a las empresas que importen el producto a la Argentina en desmedro del que generan países comunitarios y beneficios a las compañías que elijan un proveedor de la región. Sin embargo, la medida, propuesta a Rajoy por su ministro de Industria, José Manuel Soria, no es nueva, sino que había sido redactada en mayo de 2011, tras un estudio previo de más de un año. Había quedado sin efecto luego de que la objetara la Cancillería argentina junto con los ministerios de Planificación y de Agricultura. Según reconocieron a este diario fuentes de Cancillería, “la idea tiene por lo menos dos años y surgió a pedido de las cámaras de hidrocarburos, que anunciaron la construcción de nuevas plantas de producción, a partir de la reforma en la legislación de la Unión Europea”. La Eurozona exigió un mínimo de 10 por ciento de fuentes renovables en combustibles antes de 2020.
La balanza comercial entre ambos países el año pasado fue superavitaria para la Argentina en 1512 millones de dólares, principalmente por las exportaciones de biodiésel, harina de soja y aceite. España es además el quinto destino de exportación del país, con un incremento del 41 por ciento entre 2007 y 2011, que se explica principalmente por los mayores envíos de biodiésel. El año pasado, el 38 por ciento de las exportaciones fueron del biocombustible, con 1106 millones de dólares, según datos del Ministerio de Industria. La harina de soja es el segundo producto exportado, con 550 millones de dólares.
Fuentes oficiales y privadas coincidieron en descartar la posibilidad de un impacto económico para la región. “Una economía que crece a los niveles que lo hace la Argentina puede absorber el volumen de biodiésel que España nos va a dejar de adquirir”, opinó Lorenzino desde Washington, donde participa de la asamblea anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Desde el Gobierno también evalúan la posibilidad de que ese remanente pueda ir hacia otros mercados, aunque en el largo plazo prevén que España continuará comprando un volumen equivalente al actual, ya que si decidiera cambiar de proveedor no tiene muchas opciones. En el mundo no existe una gran oferta de soja disponible: Estados Unidos utiliza su producción de biodiésel para autoconsumo y Brasil, que tiene un excedente, tuvo este año una menor producción sojera. La economía española cuenta además con apenas 15 productoras de biodiésel operando actualmente.
Una opción que tiene el país ibérico es importarle a otros en la región, como Holanda o Bélgica, quienes también le compran a Argentina. En ese caso, lo único que habría es una triangulación en la compra de España y de ventas de las grandes cerealeras argentinas. “En ese caso, las que se verían perjudicadas en el corto plazo son la empresas medianas, que tienen algún saldo exportable y tendrán que buscar otro mercado. Las más chicas abastecen el mercado local con un mejor precio”, dijo a este diario Mariano Lamothe, analista de la consultora Abeceb.com. Para las grandes sólo habrá un efecto de muy corto plazo, vinculado con la prima diferencial que pueda aplicar España. Otro interrogante se abre ante un efecto contagio a otros miembros de la Unión Europea, cuyo bloque compra en conjunto a Argentina 1,4 millones de toneladas de biodiésel. “En este caso, el bloque debería importar mayor cantidad de materia prima, que importará como poroto o aceite de soja. Para lo cual, también tendrán que recurrir a la Argentina”, agregó Lamothe.
Nuevo Estado
Página 12. Luis Bruschtein
El freno al ALCA y el impulso a la integración regional, la quita a la deuda y la salida del FMI, la estatización de las AFJP, la nueva Carta Orgánica del Banco Central y ahora la nacionalización de YPF construyen el perfil de un nuevo Estado. El cambio es profundo y estructural. Aunque nada es irreversible, nadie podrá hablar de maquillaje o doble discurso. Por el contrario, conforma el primer gran proceso de transformación progresiva que avanza sin los rasgos culturales de los grandes movimientos transformadores del siglo pasado.
La ausencia de programa en un país devastado por dictaduras militares y burguesías ineptas mostró el pragmatismo, la cautela de un proceso que se iniciaba cuando se habían agotado los paradigmas del siglo anterior. Sin grandes discursos fundacionales ni el programatismo altisonante del tipo de los que habían aparecido en las asambleas barriales del 2002 casi como la expresión grotesca de un final de época, este proceso empezó sobre la base de asumir las consignas centrales del movimiento que más había resistido a la decadencia de los años anteriores: el movimiento de los derechos humanos.
Los despuntes de nuevas propuestas que habían comenzado a surgir con la globalización y el derrumbe del viejo mundo bipolar ya no llevaban la antorcha de las grandes revoluciones, donde la llama del poder revolucionario purificaba un camino casi instantáneo, heroico, sin vueltas ni complejidades. Eso ya no existe. Se demostró que nada es irreversible, que las grandes transformaciones tienen que ser procesadas y asumidas por los pueblos a lo largo del tiempo y que aun así tampoco tienen la eternidad garantizada. Los procesos requieren profundas transformaciones culturales y necesitan marcos democráticos que permitan expresarse a las mayorías. Los filtros de mejoramiento y purificación no están dados por una espada flamígera inapelable sino por esos largos procesos culturales que decantan en el tiempo donde a la voluntad se le suma paciencia. Estos procesos tienden a ser pacíficos, democráticos, masivos y no de vanguardias elitistas. Eso quiere decir que para avanzar están obligados a generar grandes consensos y que por lo tanto no son puros desde el principio, que no tienen la eternidad como horizonte sino una disputa permanente en el marco de la posible alternancia. Y también implican tensiones en el marco democrático, tanto externas como dentro de las propias fuerzas populares. El debate pasa a ser una de las herramientas más importantes para impulsar esos procesos culturales. Son los caminos por donde la sociedad identifica sus propios desarrollos y los instala e institucionaliza, como los que están plasmados en las reformas al Código Civil, desde los derechos de la infancia, de género y el matrimonio igualitario hasta la maduración que le permita asentar una medida como la expropiación de YPF.
Si el monumentalismo realista fue la expresión artística de aquellos procesos de epopeyas y grandes marchas, ahora no existe una única forma de expresión que intente dar cuenta de manera ortodoxa de estos nuevos procesos que se han dado sobre todo en América latina. El conocimiento y la capacidad de gestión, además de las convicciones, han reemplazado al voluntarismo revolucionario del siglo pasado que, pese a su empeño y sacrificio, no pudo resolver los problemas del burocratismo.
Esos paradigmas que identificaron a los grandes movimientos de transformación de por lo menos los dos siglos anteriores han cambiado, se expresan de formas diferentes y, sobre todo, ahora se trata de procesos políticos que avanzan sin las certezas absolutas que tuvieron sus antecesores. Cada quien construye sus verdades axiomáticas a medida que avanza, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, Brasil, en Paraguay o en Ecuador y Venezuela. Estos gobiernos no pueden ser tan programatistas porque van haciendo camino a medida que avanzan, están obligados a ser más pragmáticos que programáticos. Y es probable que la culminación de ese proceso se produzca en el punto de maduración de la integración latinoamericana a partir de la cual se generen nuevas realidades sobre la base de un diseño compartido, más universal.
Cuando el sistema político, los opinadores mediáticos y los intelectuales de la academia le pidieron credenciales al kirchnerismo, la exigencia central fue que se definiera según esos viejos parámetros, cosa que no podía hacer porque su marca de origen era poco más que nada, a pesar de la historia de Néstor y Cristina Kirchner en el peronismo. En ese momento, ni la izquierda, ni el peronismo, el socialismo o el radicalismo encontraban una vía para salir de sus propias crisis, implosionados por sus impotencias, hiperinflaciones, corralitos, por el menemismo y por la Alianza.
Cuando se habla de crisis de representatividad en los ’90, se habla de eso. Cualquier cosa que pudiera salir de esa crisis no lo iba a hacer para atrás, sino para adelante con una propuesta nueva y diferente. Y un chico no tiene nombre hasta que lo bautizan. El kirchnerismo no respondía a la tradición clásica de la izquierda, pero tampoco a la del populismo clásico o a la del progresismo conocido y por lo tanto fue considerado de entrada como un producto guacho, un sospechoso bastardo.
No son pocos los que todavía insisten en esa mirada que cada vez se aleja más de cualquier camino de transformación y cambio y va quedando relegada a un punto en el pasado. Es una elección entre cambiarse a sí mismo para poder visualizar y participar en un proceso de cambio o aferrarse a algunos o a parte de viejos esquemas que funcionaron en los ’70, los ’80 o los ‘90 pero que ahora tienen una funcionalidad esencialmente conservadora. Esas supuestas posiciones revolucionarias, progresistas, democratistas, o antimperialistas ahora pueden llegar a funcionar en sentido opuesto: en forma reaccionaria, antidemocrática o antilatinoamericanista.
En el debate en el plenario de comisiones del Senado, un legislador de la oposición le preguntó a Axel Kicillof por qué no se había expropiado antes a YPF. La respuesta del viceministro de Economía fue que era como preguntar por qué la Revolución de Mayo se hizo recién en 1810 y no en 1806 o 1771. Vale la pena hacer el ejercicio y repetirse esa pregunta. De todos modos, el objetivo de la oposición fue que el Gobierno reconociera su responsabilidad en los mismos hechos que estaba denunciando para decidir la expropiación de YPF.
La idea de una autocrítica apunta a la búsqueda de un remedio. En este caso, la medida misma implica el reconocimiento de que las estrategias previas para alinear la producción de hidrocarburos con las políticas económicas fracasaron o no funcionaron como se esperaba. La decisión, en definitiva, expresa en ese sentido autocrítica y superación. La misma decisión de expropiación puso al Gobierno por delante de las críticas. Mientras la oposición sólo llegó a ese punto de la crítica, el Gobierno expresó una visión crítica que lo involucraba, pero además la superó con la medida de expropiar, una medida que no había sido propuesta por la mayoría de la oposición, salvo unos pocos, entre ellos Pino Solanas. Salvo esa excepción, la visión autocrítica del Gobierno fue más profunda.
La profundidad de un enfoque crítico o autocrítico está dada más por la salida que propone y la capacidad y la decisión política para concretarla que por los términos que utilice. Los términos grandilocuentes no revelan profundidad sino espectacularidad, la búsqueda de un efecto político y la repercusión mediática. En ese sentido, esos términos que buscan resonancia publicitaria también expresan superficialidad. Una parte de la oposición se ha empantanado en esos códigos que son furiosos en la denuncia pero se quedan cortos en el momento de proponer alternativas o soluciones.
Como se quiera, con autocrítica o sin ella, con equivocaciones y aciertos, con medidas tardías o tempraneras, podría decirse que el Estado raquítico que terminó la década de los ’90, vulnerable a cualquier soplido económico local o internacional, a cualquier malestar social o interés corporativo, ya va quedando en el pasado. De aquí en adelante, los gobiernos tendrán herramientas institucionales para sortear tormentas no democráticas y defender las decisiones soberanas desde el Estado.
“Vamos a responder con la generosidad de siempre”
Página 12
Argentina está preparada para absorber el biodiésel que exportaba a España y que ese país decidió dejar de comprar, como respuesta a la expropiación del 51 por ciento de YPF, informó ayer Cristina Fernández de Kirchner. Ese combustible se dedicará ahora al mercado interno, agregó la mandataria desde la ciudad santacruceña de Comandante Luis Piedrabuena, en donde encabezó un acto para lanzar la construcción de dos represas. El país “está en condiciones de absorber las 400 mil toneladas de biodiésel que se exportan a España y más”, anticipó la mandataria, que además sostuvo que no se harán planteos ante organismos multinacionales por esta medida española: “Somos muy respetuosos de la soberanía de los países, por eso somos tan celosos de nuestra soberanía y de nuestras decisiones”. CFK reveló además que en la reunión de ministros del G-20 que se realiza en México, Argentina recibió una invitación de los países que integran el cada vez más determinante grupo Brics –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– para acompañarlos en una declaración conjunta. También agradeció a “los miles y miles de españoles , algunos de ellos famosos, que a través de sus twitters nos han hecho llegar su apoyo”.
No pasarán
“Queremos que estén todos muy tranquilos, estamos en condiciones de absorber la producción, hemos aumentado la posibilidad de mezclar este combustible con combustible fósil”, señaló la jefa de Estado durante el acto, en respuesta a las represalias comerciales españolas. Y aunque aclaró que “es decisión de cada país tomar las decisiones que considere para cuidar su comercio”, no dejó pasar la ocasión para la ironía. “Esta decisión estaba siendo ‘lobbyada’ y presionada desde hace mucho tiempo por los empresarios españoles –explicó–. Lo que pasa es que el biodiésel argentino es un biocomustible mucho más barato que el que produce España, van a pagar un biodiésel más caro a sus empresarios, es su decisión.”
Además, la Argentina no va a elevar quejas ante los foros económicos internacionales por esta decisión española, advirtió CFK. “No vamos a hacer ningún planteo ante la Organización Mundial de Comercio. No vamos a decir que nos están cerrando las exportaciones. No somos así, somos gente de trabajo pero fundamentalmente somos muy respetuosos de la soberanía de los países, por eso somos tan celosos de nuestra soberanía y de nuestras decisiones”, afirmó.
También volvió a destacar la importancia de la “recuperación de la soberanía energética”. La ocasión era propicia ya que se inauguraban las obras para la construcción de dos represas (la Gobernador Jorge Cepernic y la Presidente Néstor Kirchner) que estarán ubicadas sobre el Río Santa Cruz y que aportarán al Sistema Interconectado Nacional. La Presidenta les pidió a sus compatriotas que “nunca se pongan nerviosos” cuando haya demanda de energía, ya que “cuando se consume y se crece hay problemas en la energía porque nunca es suficiente, sobre todo cuando hemos crecido tanto y el crecimiento sostenido más grande de la historia”.
A continuación, recordó que la propia Constitución española contempla la posibilidad de que el gobierno intervenga una empresa en un caso de “interés general”. Y a quienes, desde posiciones corporativas, defienden en la Argentina la postura española, les dijo que “tienen que entender que sólo pueden crecer cuando forman parte de una Nación, libre y soberana e independiente: cuando las corporaciones olvidan estos conceptos que existen aquí y en todo el mundo se convierten en facciones”.
Una deuda saldada
“Con esta recuperación de YPF hemos terminado de pagar la deuda de la historia de los piqueteros que salieron a la vera del camino a pelear por el futuro que les estaban arrebatando –señaló Fernández de Kirchner–. El movimiento piquetero nace en la Ruta Nacional 22 en Neuquén cuando mucha gente de YPF se queda sin trabajo y sale a la vera de la ruta. Los piqueteros no tenían lugar para hacer una huelga, entonces fueron a la vera de la ruta para hacerse visibles”, recordó.
De todas formas, la mandataria agregó que eso “no quiere decir que esto termina con las demandas sociales y el derecho a protestar”, pero pidió “que busquen formas diferentes, porque tenemos un país diferente” al de hace veinte años. “Nos merecemos la inteligencia de encontrar formas de reclamo que no le compliquen la vida al resto de los argentinos y le terminen haciendo el juego a los que los terminaron sacando a la calle como caceroleros y piqueteros”, reclamó.
Y por último volvió a cargar contra dos de sus adversarios favoritos a la hora del duelo retórico. Primero apuntó contra la zigzagueante postura del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri acerca de la expropiación de YPF. Al volver a agradecer el apoyo de los partidos de la oposición, la Presidenta recordó a “algún otro que un día se levantó porque había escuchado a su hija y le había parecido que estaba todo mal y se ve que al otro día le habrán mostrado alguna encuesta o la nena será más inteligente que el padre y le habrá dicho ‘qué gansada estás diciendo’, y salió a recomponer a la situación”.
Luego, para concluir, calificó como “papagayos” a quienes hablan en los medios sobre las supuestas sanciones que podría recibir el país. “A otra parte con tanto cuento, con tanta historia y tanto papagayo suelto que repite lo que le dicen o, lo que es peor, porque los pobres papagayos repiten lo que escuchan, hay otros que hacen de papagayos porque les pagan –señaló–. Para información de algunos papagayos, hubo 17 observaciones de la Organización Mundial de Comercio en toda la historia de la Argentina. Sólo tres desde 2003 a la fecha. Las dos regiones que más denuncias tiene en la OMC por medidas proteccionistas son los Estados Unidos y la propia Unión Europea.”
Como contrapartida, Cristina Kirchner reveló la invitación que Argentina recibió en el G-20 en México, donde la comitiva está encabezada por el ministro de Economía Hernán Lorenzino. “Los Brics nos dijeron si queríamos acompañarlos en una declaración conjunta y dijimos que sí”, adelantó. En ese texto “se señala que la apertura comercial no genera por sí misma desarrollo económico e inclusión social”, entre otros puntos, dijo CFK (ver página 8). Toda una declaración de principios.
Las primeras medidas permitirán el ahorro de unos 70 millones de dólares mensuales.
