La salida del Grupo Petersen de la petrolera YPF, tras la expropiación del 51% de las acciones hasta entonces en manos de Repsol, modificó la composición accionaria de la petrolera argentina en más de una oportunidad y no se descarta el ingreso de nuevos grupos privados que muevan una vez más las fichas del tablero.
Los bancos Credit Suisse, BNP Paribas, Citi y Standard Bank son los acreedores de los préstamos.
Hasta que el Gobierno decidió que el Estado tomara las riendas en la empresa más importante de la Argentina, YPF tenía como principal accionista a la española Repsol (con el 57,4%), secundada por el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, que controlaba el 25,5% de las acciones.
La expropiación de acciones por parte del Gobierno no sólo dejó a Repsol con el 6,4% de acciones sino que dejó también al Grupo Petersen con un pie fuera de la compañía.
La estrategia de la familia Eskenazi de pagar a través de dividendos los préstamos que había tomado para ingresar en YPF quedó truncada y entró en cesación de pagos. Fue entonces cuando los acreedores empezaron a ejecutar las acciones en caución de la petrolera que habían sido dadas en garantía.
Así fue como Repsol recuperó un 6% de acciones, quedándose con 12,4% de la torta total y sentó a un representante en el directorio. También el magnate mexicano Carlos Slim entró en el negocio de YPF, con el 8,4%, y, siguiendo el mismo camino, el brasileño Banco Itaú ejecutó garantías y se quedó con el 3,6% de las acciones.
Pero aún queda otro 7,5% del paquete accionario de la petrolera YPF en manos de los bancos acreedores, publica Bae, y ése es hoy el porcentaje en juego que permitiría el ingreso de nuevos privados en la compañía.
Cuando Slim e Itaú adquirieron las acciones de YPF el 12 de junio pasado, esos papeles tenían un valor de u$s11, aunque ninguno de los dos grupos empresariales desembolsó dinero para concretar la operación. Es que en ambos casos adquirieron American Depositary Shares (ADS) ejecutados al Grupo Petersen por los préstamos impagos.
En ese entonces, la familia Eskenazi le debía u$s870 millones al Credit Suisse, u$s377,9 millones al Itaú, u$s217 millones al BNP Paribas, u$s80 millones al Citi y u$s79,6 millones al Standard Bank. De todos ellos, el Itaú ejecutó parte de sus acciones, pero aún se desconoce a qué acreedor corresponden los u$s344 millones que representó la ejecución de acciones por parte del Grupo Slim, a través del Grupo Financiero Inbursa y de la Inmobiliaria Carso, ambas mexicanas, propiedad de la familia.
Actualmente, la composición accionaria de la petrolera YPF quedó conformada en un 51% por el Estado (26% de la Nación y 25% de las provincias); 12,4% de Repsol; 8,4% de Slim; 7,5% de los bancos acreedores del Grupo Petersen; 3,6% del Banco Itaú, y el restante 17,09% en manos de inversores bursátiles.
El CEO y presidente de YPF, Miguel Galuccio, anunció un plan estratégico que prevé inversiones por u$s7.000 millones anuales, por lo que para la nueva gestión estatal resulta fundamental terminar de definir la composición accionaria y poner en marcha esas inversiones.
Por su parte, YPF ya invitó a sus accionistas a una asamblea ordinaria para el próximo 17 de julio.
