Mendoza: Paco Pérez renovó hasta el 2027 la licitación de explotaciones petroleras a Chañares Herrados, una firma cuyos directivos fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
Se llama Luis Alfredo ‘Freddy’ Zarattini. Es el vicepresidente y actual titular de la empresa Chañares Herrados y está acusado del asalto al Policlínico Bancario cuando era miembro del grupo Tacuara, imputado en el asesinato del General Prats en Chile durante el gobierno de Allende y de haber participado en las guerrillas de la derecha centroamericana. Junto a Héctor Corrés (apoderado y abogado de la firma), condenado y luego amnistiado por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar; se alzaron con la prórroga de la concesión de explotación petrolera en la provincia de Mendoza hasta el año 2027.
La extensión de los permisos de explotación fue firmada hace casi un año, pero hasta el momento, nunca había trascendido quiénes eran las caras detrás de Chañares Herrados. La política de Derechos Humanos, una de las banderas del kirchnerismo, fue y es respaldada, al menos públicamente, por quien en ese entonces puso la firma a los acuerdos, siendo ministro de Infraestructura y ahora, actual gobernador de Mendoza, Francisco Paco Pérez. Tal vez, eso explique la extensión de un manto de sombra sobre el pasado de estos empresarios. Fue el segundo contrato renegociado, luego del suscripto con YPF.
“No sólo no están presos, hacen negocios”, comentó indignado una fuente a Plazademayo.com, que por temor reserva su identidad. El temor, es entendible, dos compañeros suyos viajaron a Uruguay, siguiendo una supuesta pista para profundizar aún más la investigación. Hasta el momento, se desconoce su paradero. Justamente, la indignación, es la sensación imperante al saber que, la licencia para las explotaciones petroleras, seguirá en pie. La cúpula de la empresa pertenece a una banda de represores que actuaron durante la última dictadura militar. Héctor Lapeyrade, que era el presidente hasta que falleció de un ataque al corazón, fue procesado por encubrimiento agravado por ayudar a profugarse al teniente Julián “El Laucha” Corres, imputado en crímenes de lesa humanidad y procesado por torturador. Y ‘Freddy’ Zarattini, uno de los firmantes del acuerdo con Paco Pérez, formó parte de la Alianza Nacionalista en los 70, estuvo al servicio del Batallón 601 durante la dictadura, imputado en el asesinato de general Prats y además fue candidato en el 2001 para el partido de Seineldín.
En tanto, Héctor Corrés es apoderado de la firma y además abogado de la misma, fue procesado por el asesinato de la estudiante y activista marplatense Silvia Filler y por este delito, podría volver a ser juzgado en caso de que se lo caratule como de Lesa Humanidad según pudo saber este medio. Corrés siempre se llevó bien con la impunidad y, hasta hace poco, fue también asesor del Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) aunque, luego de una investigación, fue separado del cargo, sobre todo por la presión estudiantil.
Muy lejos de ese pasado tortuoso, a solo 60 kilómetros de la capital de la provincia, en Tupungato, Chañares Herrados había logrado en el 2007 reactivar el único pozo surgente de petróleo existente hasta ese momento en la provincia, con un nivel de producción actual de 1.000 barriles diarios. Allí, los directivos anunciaron que perforarían al menos 60 pozos más con un ritmo mensual de inversión de 5 millones de dólares.
Pese a la promesa, el juez de Instrucción Fernando Ugarte, de Tunuyán, después de 3 años, decidió procesar a la cúpula directiva de Chañares Herrados, que explota el yacimiento del mismo nombre y el de Pozo Seco, uno de los más productivos de la cuenca hidrocarburífera, por contaminación en la zona de Anchoris, en Luján, cerca del límite con Tupungato. Los responsables para el juez fueron: Héctor Basilio Lapeyrade (apuntado como “autor mediato” del ilícito) y dos accionistas más sindicados como Rodolfo Steiner y Pedro Francisco Vilstalli.
Estas imputaciones por delitos ambientales, chocan de lleno con el reciente pedido de Pérez de “investigar los daños ambientales que dejó Repsol” en suelo mendocino.
“Chañares Herrados deberá ajustarse al concepto de ‘compre mendocino’, utilizar mano de obra local en las exploraciones y realizar un minucioso cuidado del medio ambiente”, señalaba Pérez al momento de extender la concesión. En tanto, la firma, admite hasta en su página web que “todas nuestras operaciones actuales (licencias) se encuentran en la provincia de Mendoza, Argentina”.
Firmando con ¿el enemigo?
Su nombre ya sonaba fuerte como el candidato kirchnerista para suceder a Celso Jaque. La firma con Chañares Herrados, a principios de junio de 2011, se convirtió entonces en el primer acto político que Pérez encabezó como candidato, siendo aún ministro de Infraestructura. El actual gobernador de Mendoza, ponderado por Cristina Kirchner en su discurso pos reelección, le puso la firma al documento por parte del Gobierno mientras Jaque realizaba una gira por China. Del otro lado, por la petrolera, el encargado de suscribir la renovación fue titular del directorio de la empresa, Luis Alfredo Zarattini, acompañado por Rodolfo Steiner, accionista principal de la petrolera argentina y yerno de Lapeyrade.
Héctor Lapeyrade falleció de un ataque al corazón, pero la compañía sigue bajo el control de la familia que también es dueña de explotaciones bodegueras y ganaderas en Río Negro y Buenos Aires. El fallecido empresario fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián “El Laucha” Corres, procesado por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca entre los que se cuentan 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y 7 desapariciones forzadas.
El Laucha fue preso en la unidad carcelaria de Marcos Paz por su actuación en el Cuerpo V de Ejército, acusado de manejar la picana en la mesa de torturas del centro denominado La Escuelita. Lapeyrade era amigo íntimo del padre de Corres y “ayudaba” al represor con 4500 pesos por mes además de otros beneficios para que camuflara su verdadera identidad y de esta manera evadir a la justicia. La primera detención de Corres, el 3 de abril de 2008, se produjo cuando salía de la firma de su padrino Lapeyrade (la mismísima puerta de Chañares Herrados), en la calle Córdoba 1309.
El juez federal Norberto Oyarbide consideró probado que Lapeyrade conocía la situación del prófugo, lo invitaba a almorzar, le facilitaba celulares y pases en Autopistas del Sol a nombre de su firma. “A través de los mismos pudo movilizarse y comunicarse manteniéndose en el anonimato”, escribió el juez, que consideró “completamente contradictorio” el descargo del empresario. El magistrado lo procesó pero lo dejó en libertad con un irrisorio embargo de diez mil pesos.
En la representación de Chañares Herrados Zarattini aparecía ya en 2010 como titular de la empresa, cuando la misma seguía bajo el mando de Lapeyrade, según un registro publicado por el Boletín Oficial de la Nación del 16 de noviembre de 2010. Por caso, tanto el fallecido y procesado Lapeyrade como Zarattini, lejos están de diferenciarse en cuanto a su vinculación y complicidad con la etapa más sangrienta de la historia argentina reciente.
Por si faltara alguien más, Plaza de Mayo pudo saber que la empresa además cuenta con la asesoría de otro personaje que debería resultarle repudiable al kirchnerista Pérez: Gerardo Palacios Hardy, un defensor a ultranza de la “memoria completa”, aliado de Cecilia Pando y miembro directivo de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
Ahora, ya como gobernador en funciones, el jueves 12 de abril, de acuerdo al Boletin oficial, Pérez volvió a verse la cara con Zarattini para retocar algunos puntos de aquel acuerdo y certificar la continuidad del mismo.
Quién es quien
Héctor Lapeyrade, multimillonario y principal dueño de la petrolera Chañares Herrados admitió que le pasaba 4500 pesos al prófugo Julián Corrés y otros 5000 a su esposa. Fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián Oscar Corres, imputado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.
Luis Alfredo Zarattini, otro ex militar involucrado en actos de represión en Argentina y Centroamérica, señalado asimismo por su participación en el asesinato del general chileno Carlos Pratts y acusado por el asalto al Policlínico Bancario. “Compañero de un hermano de Aldo Rico y de Raúl Antonio Guglielminetti en los campos de concentración y en Centroamérica, detenido con un arsenal en su poder en agosto de 1988 e indultado un año después por Carlos Menem junto a un grupo de ex carapintadas”, según publicó el periodista Horacio Verbitsky en Página 12.
Héctor Oscar Corres, miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización de ultraderecha, vinculada a la Triple A. El 6 de diciembre de 1971, un grupo de la CNU entró a balazos a una asamblea de estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Filler recibió un disparo en la cabeza y otros jóvenes resultaron heridos. Sobrevivientes del ataque denunciaron a Corres y a Juan Carlos Gómez, quienes fueron procesados con prisión preventiva y luego beneficiados por una amnistía.
Julián Oscar Corres, teniente Coronel del Ejército durante la última dictadura militar. Fue uno de los represores que abusó sexualmente, aplicó la picana eléctrica y supervisó las ejecuciones de los prisioneros del centro clandestino de detención “La Escuelita” de Bahía Blanca. Buscado por la Interpol el arresto se produjo al salir del edificio de la empresa petrolera Chañares Herrados SA. Fue reconocido por varias de sus víctimas como uno de sus torturadores y el responsable de ese centro clandestino.
Una crónica de 1964. A la derecha el rostro de Zarattini.
