Respaldado, quizá, por el visto bueno que la Corte Suprema de Justicia le dio al gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, en su reclamo de fondos por coparticipación al Gobierno, el correntino Ricardo Colombi también irá a la justicia para que la Nación cancele su deuda con la provincia, estimada en más de mil millones de pesos.
El gobernador radical informó esta mañana que las "retenciones del 15%" de coparticipación que se le realizan a las provincias con motivo del sostenimiento de la ANsES no corresponden" y explicó que "entonces estamos analizando accionar judicialmente ante la Corte porque creemos que es una medida que ya no tiene sentido", manifestó. Y precisó que la deuda correspondiente a este año superaría los mil millones de pesos.
El mandatario provincial sostuvo que su provincia tiene, además, "acreencias por regalías de (las centrales hidroeléctricas de) Salto Grande, Yacyretá y los fondos de vivienda" que calculó de entre "800 y 1.000 millones de pesos más". Por todas esas deudas, estimó Colombi ante una consulta de radio La Red, "creo que en un plazo no mayor de 30 días estaríamos recurriendo a la Corte".
Cuando se le preguntó a Colombi si otras provincias acreedoras de la Nación evitan reclamar por temor a represalias, advirtió que hay gobernadores que "por abajo" manifiestan su "malestar constante" por estos motivos, "pero de ahí a que se haga público es otro tema".
El gobernador correntino rechazó justamente temer represalias porque sostiene que sólo "expresa los intereses" de su provincia, "con respeto" solicitando lo que "corresponde" al distrito "independientemente de quién gobierne el país".
El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi.
La disputa por los recursos coparticipables tomó ayer nuevo impulso. El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, anunció que demandará a la Nación ante la Corte Suprema por la coparticipación que le retiene y por regalías no giradas a la provincia.
Se sumó así a la embestida de su par de Córdoba, José Manuel de la Sota , y el gobierno de Cristina Kirchner evalúa ahora buscar apoyo en otros gobernadores incondicionales.
En medio de esta presión, la Presidenta analizó ayer en Olivos con algunos ministros la situación de malestar en las provincias . El Gobierno teme que De la Sota tenga un guiño de algunos jueces del máximo tribunal en cuanto a que la demanda podría prosperar, según pudo saber LA NACION. El radical Colombi recurrirá a la Corte para que la Nación deje de retenerle el 15% de la coparticipación, como a todas las provincias, y lo gire a la Anses en virtud del pacto fiscal de 1992. Si la Nación no le retuviese ese 15%, Corrientes debería recibir 900 millones de pesos en 2012. A Córdoba le corresponderían 2100 millones. La Legislatura cordobesa sancionó la semana pasada una ley por la cual abandonó el pacto fiscal de 1992, ley que esgrimirá ante la Corte como argumento.
También Santa Fe y San Luis sostienen planteos ante el alto tribunal por este mismo reclamo, desde hace unos años.
Colombi incluirá en su demanda regalías no giradas de las centrales hidroeléctricas de Salto Grande, Yacyretá y de fondos de vivienda, que estimó ayer entre 800 y 1000 millones de pesos. "En un plazo no mayor de 30 días estaríamos recurriendo a la Corte", anunció, en declaraciones a Radio La Red.
Las relaciones entre la Casa Rosada y Colombi no son buenas. El Gobierno tenía más control político sobre su primo, Arturo Colombi, que gobernó en el turno anterior.
De este modo, la Nación comenzó a sentir la presión de los gobernadores más alejados de su línea política, aquellos que tienen cierta independencia de movimientos.
Contrariamente, por ejemplo, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y sus pares de San Juan, Mendoza, Entre Ríos y La Rioja adelantaron que no se sumarán a las reivindicaciones cordobesas.
JUBILACIONES
Córdoba ya demandó a la Nación ante la Corte Suprema por una deuda que la Anses mantiene con la caja de jubilaciones provincial por 1040 millones de pesos del ejercicio 2011. La Anses le adelantó por carta anteayer, tal como informó ayer LA NACION, que no cancelará esa deuda porque esa caja debe reducir su déficit y porque paga jubilaciones muy altas, con el 82% móvil.
De todos modos, la Corte convocó a una audiencia de conciliación entre las partes para el 10 del mes próximo, en la que estarán los jueces, el gobernador De la Sota y el ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino.
En los más altos niveles del Gobierno consideraban anoche la posibilidad de convocar a los gobernadores más dependientes de la Casa Rosada para convencerlos de no judicializar esa retención, que afecta a todos, y diseñar un acuerdo diferente para presentarlo ante la Corte como solución alternativa.
De ese modo, si el tribunal convalida este planteo, las demandas de Córdoba, Corrientes, Santa Fe y San Luis quedarían en abstracto.
Según pudo saber LA NACION, el entorno de Cristina Kirchner teme que De la Sota tenga un visto bueno de algunos jueces de la Corte.
"Podría tener entre cuatro y cinco ministros que apoyen su postura. Igualmente la Corte irá despacio, primero intentará sentar a las partes como hizo con el juicio de la caja jubilatoria de Córdoba", conjeturó un alto funcionario oficial.
"Es difícil que el Gallego [De la Sota] haya hecho esta movida sin tener un guiño de adentro de la Corte", agregó un ministro. Por eso, el Gobierno buscará aliados en otros gobernadores para diseñar una estrategia que revierta esos reclamos, posiblemente para convencer al máximo tribunal de que no es necesario fallar como piden Córdoba, Corrientes, Santa Fe o San Luis.
"MALESTAR CONSTANTE"
En tanto, el radical Colombi aseguró ayer que las "retenciones del 15 por ciento de la coparticipación a las provincias no corresponden para nada".
Agregó que analiza entonces "accionar judicialmente porque es una medida que ya no tiene sentido". Y aseguró que otros gobernadores "por abajo" manifiestan su "malestar constante" aunque admitió que "de ahí a que se haga público es otro tema" y dijo que no teme represalias políticas.
"HAY UNA VOLUNTAD HEGEMÓNICA"
La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, acusó ayer a la presidenta Cristina Kirchner de gestionar a partir del "sometimiento" y dijo que los gobernadores sólo pueden "callarse y aplaudir" las decisiones oficiales. En diálogo con la agencia DyN, cuestionó además los intentos reeleccionistas de un sector del kirchnerismo. "Creo que son peligrosos y expresan una voluntad hegemónica al kirchnerismo preocupante, que no se expresa sólo allí sino en la mayor restricción a la libertad económica individual, la restricción a la libertad de expresión y de los recursos a los gobernadores", afirmó la número dos de Mauricio Macri.
OTRAS DEMANDAS
Córdoba. El gobernador José Manuel de la Sota recurrió a la Corte Suprema para exigir el giro de 1040 millones de pesos de fondos previsionales que, según él, le adeuda el gobierno nacional.
Santa Fe. También reclama una multimillonaria deuda previsional y en los últimos días levantó el tono de sus quejas por la falta de asistencia nacional. El gobernador es el socialista Antonio Bonfatti, aliado de Hermes Binner.
Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri denunció un intento del gobierno nacional de desfinanciar su gestión. El conflicto del subte, que estuvo 10 días parado, fue el punto más alto de la disputa.
Buenos Aires. Daniel Scioli intenta hacer equilibrio en su relación con la Casa Rosada, pero la escasez de fondos anticipa futuras tensiones.
El gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi, anticipó ayer que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir que Nación le pague a la provincia cerca de $ 1.800 millones en concepto de remesas de coparticipación recortadas y deudas en regalías y en obras.
De esta manera se sumará a la embestida concretada días atrás por su par cordobés, el peronista crítico José Manuel de la Sota, quien fue al máximo tribunal nacional para pedir que la Casa Rosada destrabe remesas para la Caja de Jubilaciones local por $ 1.040 millones.
De la Sota, además, también avanza en una estrategia para ir al alto tribunal contra el tijeretazo en las remesas coparticipables (como ya lo hace Santa Fe desde hace tres años). Para ello logró que la Legislatura diera de baja la adhesión de la provincia al Pacto Fiscal de 1992, que habilitó ese escenario.
Pero desde el Gobierno nacional anticipan ya una respuesta negativa a los planteos (ver página 5), mientras creció en los últimos días la estocada de los mandatarios alineados con la Casa Rosada para criticar la estrategia antipacto.
Estrategia
En esa línea se anotaron el jujeño Eduardo Fellner, el mendocino Francisco Pérez, el sanjuanino José Luis Gioja, el riojano Luis Beder Herrera, el entrerriano Sergio Urribarri, la catamarqueña Lucía Corpacci, el pampeano Oscar Jorge, el salteño Juan Manuel Urtubey y el santacruceño Daniel Peralta.
En este marco, Colombi enfatizó la necesidad de un «trato igualitario en todas las provincias» e insistió en sus denuncias sobre una supuesta «discriminación» para con Corrientes.
«Quizá muchos gobernadores no lo expresan para afuera; nosotros no pedimos de más, sólo lo que nos corresponde: queremos que Nación tenga la misma actitud con Corrientes que con las provincias kirchneristas, como nosotros tenemos con cada municipio hacia adentro», subrayó.
En esa línea, se quejó de que «a algunas provincias les mandan fondos para pagar sueldos y a otras no les mandan para hacer obras».
Sobre Corrientes, Colombi advirtió que «por no tener dinero», se están «comiendo» los ahorros. «Tenemos demandas, tenemos que hacer obras públicas, tenemos que afrontar la educación. Nos queda algo, pero hay que hacer muchas cosas», resaltó.
Pretensión
El monto que reclama el funcionario corresponde al recorte del 15 por ciento de coparticipación, más regalías adeudadas por represas (Yacyretá y Salto Grande) y fondos del Plan Federal de Vivienda.
«Creemos que esta retención que se realiza para el sostenimiento de la ANSES no corresponde. En un plazo no mayor a los 30 días estaremos haciendo la presentación ante la Corte», adelantó Colombi, quien el año que viene pelearía su reelección en el cargo.
De ese monto global de $ 1.800 millones estimado por Colombi, $ 250 millones corresponderían a fondos destinados para la construcción de viviendas.
La Nación no reconocerá deudas con gobernadores
Ámbito Financiero. Por: Carlos Burgueño
El Gobierno nacional no aumentará los envíos a las provincias más allá de lo proyectado desde comienzos de año, y menos a las gobernaciones que sumen presiones judiciales o políticas, como Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Por instrucción directa de Cristina de Kirchner, la orden es contestar cada uno de los pedidos vía pública y por escrito, criticando la administración de los gobernadores y pronosticando crisis fiscales internas en esos territorios. La orden presidencial es la de plantear, ítem por ítem, cuál sería la causa de la mala gestión y acompañar el escrito con una recomendación sobre cuáles deberían ser los cambios organizativos de cada provincia para que los números cierren; obviamente para la visión nacional.
La experiencia que se seguiría es la de la provincia de Buenos Aires, cuando a Daniel Scioli se lo señaló primero como un mal administrador, se lo criticó por escrito y públicamente, y sólo se dejó claro que el dinero que se le envió era por situaciones especiales y por la generosidad de la Casa Rosada. Por cuestiones políticas, la decisión nacional es ser políticamente más duro y directo con los gobernadores José Manuel de la Sota de Córdoba, Ricardo Colombi de Corrientes y Antonio Bonfatti de Santa Fe.
El responsable de la contestación irá cambiando según sea el reclamo. Así, Córdoba recibió de parte de la ANSES una carta firmada por Germán Cervantes, subdirector ejecutivo del organismo que maneja Diego Bossio. Hacia Corrientes será teledirigida una misiva firmada por algún funcionario del Ministerio de Economía, mientras que para Santa Fe, la contestación será diseñada desde la Jefatura de Gabinete de Juan Manuel Abal Medina. En todas hay críticas a la gestión de cada gobernador y recomendaciones fiscales sobre cómo poner las cajas previsionales, impositivas y los gastos en orden.
La más directa fue la que recibió el jefe de Gabinete de De la Sota, Oscar González, donde se le critica al gobernador cordobés que «los haberes máximos que paga exceden largamente los valores del orden nacional». Se le pide que «armonice» y que «reduzca su déficit provincial» para que sus cuentas estén en orden. La despedida de Cervantes es directa: no se le reconocerá la deuda. Córdoba tendría ciertas espaldas para enfrentar una pelea política y fiscal con Nación. En los últimos meses emitió deuda por u$s 105 millones y se afirma que hasta fin de año, por recursos propios, De la Sota tiene el pago de los sueldos garantizados, incluyendo el medio aguinaldo de diciembre.
Muy similar es el trato nacional a la situación de Corrientes. Se esperará primero a que Colombi se presente ante la Corte Suprema para reclamar unos $ 1.800 millones que, según la visión de la gobernación, se le deben por faltas en los giros mensuales. Para Colombi hay «discriminación». Para la Nación, en Corrientes también hay desprolijidad. Se usará el argumento de que, proporcionalmente, esta provincia recibe más dinero que Misiones o Chaco.
Si se sumara la deuda que le reclaman las tres provincias a Nación, se llegaría a los 4.150 millones, sólo en materia previsional. Sumando los reclamos por el 15% de coparticipación que, según las gobernaciones, se les quitó a estas provincias, la cifra superaría los 10.000 millones. Obviamente que en un año fiscalmente difícil, el Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino no tiene en sus planes ni siquiera analizar la posibilidad de estudiar algún giro extra para cubrir estos montos.
Desde Nación se asegura además que no hay deudas con las provincias y que los giros mensuales no tienen alteraciones políticas. Se afirma que los pases de dinero cada 30 días son automáticos y dependientes del ingreso fiscal de cada período. Si se habla de cierto retraso en el giro de dinero para obras públicas iniciadas y por comenzar, pero se afirma que estas no deberían generar ningún tipo de problema para el pago de sueldos y jubilaciones. Los gobernadores ven la realidad de otra manera y afirman que las liquidaciones varían según la provincia, y que el ritmo de dinero aumenta para los personajes más cercanos al kirchnerismo, de manera proporcional a como se alejan cuando el responsable se convierte en opositor.
