El gobernador Daniel Peralta –incluido en la denuncia de la oposición contra Lázaro Báez por supuesta asociación ilícita y otros delitos– dijo ayer que también deben ser investigados los gobernadores que lo precedieron, ya que el período de mayor incremento de la obra pública adjudicada a Austral Construcciones fueron los períodos que incluían la gobernación de Sergio Acevedo y Carlos Sancho.
El pedido realizado por el gobernador de Santa Cruz fue en el marco de la ampliación de la denuncia realizada ayer por la titular del ARI-CC Mariana Zuvic y otros partidos opositores de la provincia. Tal como lo anticipó Clarín, se incorporó nueva documentación que busca clarificar si hubo sobreprecio en la obra pública adjudicada a la constructora Austral S.A. Por ello solicitan que también se investigue a tres de los hijos del empresario, que integran el directorio de la constructora.
Peralta aseguró a Clarín que pondrá a disposición de la Justicia un “minucioso detalle”sobre la obra pública de la Provincia. “Entendemos que es el camino para sacar las sospechas existentes sobre presuntos sobreprecios”, sostuvo. La denuncia requiere la investigación de supuestos sobreprecios del 30% y 40% en obras realizadas por la constructora de Báez. El mandatario provincial explicó que muchas de las obras denunciadas venían de años anteriores a su gobierno, que empezó en mayo de 2007. “Aún pagamos obras que se licitaron en la época de (Sergio) Acevedo. Que entonces investiguen a todos los que estuvieron antes”, remarcó.
En febrero de 2006 Acevedo renunció por “razones de índole personal” a la gobernación y desde ese momento el kirchnerismo comenzó a perseguirlo. Se vinculó su alejamiento a diferencias por el precio de la obra pública. Las obras venían por contratación del Estado nacional, pero el control de los fondos estaba bajo la custodia de la provincia, que era la responsable de readecuar los costos de obra. “Acevedo nunca quiso pagar ese costo, firmar un valor superior en una obra puntual.
La negativa le costó el gobierno ”, aseguró a Clarín un ex funcionario de la gestión de Acevedo. Previo a la renuncia de Acevedo, entre 2004 y 2005, a Austral S.A se le adjudicaron 12 obras por un costo de $339.565.158,59.
Carlos Sancho, quien era entonces vicegobernador, asumió el 30 de marzo de 2006 con el apoyo de Néstor y Cristina Kirchner. Ese año fue el de mayor bonanza para el grupo de empresas de Lázaro Báez, ganó más de 12 licitaciones –mayoritariamente de rutas– por un costo general de $1.269.456.585,95. En mayo de 2007 Sancho renunció en medio de un fuerte conflicto estatal y desde entonces Peralta está al frente de la gobernación.
En cuanto al procedimiento de la obra pública al momento de constituir los procesos licitatorios y de adjudicación, Zuvic habla de irregularidades e incumplimiento del deber de funcionario público del gobernador de Santa Cruz por la falta de “fiscalización, control y dirección de diversas obras”. Peralta insistió en que hay responsabilidades que exceden el ámbito de la provincia. “Santa Cruz certifica métodos de construcción y, en el caso de rutas es Vialidad Nacional, que certifica valores y realiza los convenios con las empresas”, se defendió Peralta.
En la denuncia contra Báez se pide que sea investigado el ministro de Planificación, Julio De Vido, entre otros.
Santa Cruz: también acusan al gobernador
La Nación/ Mariela Arias
Ante la posibilidad de que la justicia federal de Río Gallegos se declare incompetente para investigar el presunto delito de lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, desde la Coalición Cívica-ARI ayer ampliaron la denuncia para mantener una causa abierta aquí y que investigue la posible corrupción por sobreprecios y el pago de adicionales en la obra pública de Santa Cruz.
La denuncia abrió el fuego sobre gobernador Daniel Peralta dado que ayer también solicitaron que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) remita la información aportada desde la Coalición Cívica-ARI por presunto lavado de dinero. Además, pidieron que la Dirección Provincial de Aeronáutica informe sobre los vuelos del avión sanitario de la provincia a Bariloche y también lo responsabilizan a Peralta por la realización de obra pública financiada por la Nación que debería haber sido fiscalizada por Santa Cruz.
Las presentaciones realizadas ayer amplían las que ya habían sido presentadas el 15 de abril pasado en el juzgado federal donde se pedía investigar a Báez, Peralta y otros funcionarios por asociación ilícita, lavado de dinero y otros delitos. La fiscal federal Marcela Closter se declaró incompetente, ante lo cual la jueza federal subrogante Ana Álvarez le solicitó que justifique las razones y le devolvió la causa.
En este punto, la CC-ARI decidió ampliar la denuncia y, según informaron desde el partido, la fiscal se declararía incompetente por la causa de lavado, pero le daría curso a la investigación sobre presunta corrupción en la obra pública santacruceña.
"La asociación ilícita es inexcusable, por la responsabilidad de Peralta en su condición de máximo mandatario. Si bien la financiación es del Estado nacional, se estipula que en los convenios entre la Nación y las provincias éstas son las que deben fiscalizar la ejecución y el control", aseguró Zuvic minutos antes de ingresar al juzgado federal.
Desde la localidad de Los Antiguos, donde se encuentra en recorrida provincial, Peralta aseguró a LA NACION que pondrá a disposición de la Justicia la información sobre la obra pública local. También el gobernador calificó la denuncia de Zuvic de "oportunista" y contraatacó con duras palabras: "Con esta denuncia quiere ocultar la preferencia de su marido, Eduardo Costa (diputado radical y dos veces candidato a gobernador), por el modelo nacional, ellos no hablan de la matriz del modelo, de Julio De Vido, de Máximo Kirchner y menos de la Presidenta".
A su vez, Peralta afirmó: "No me victimizo, pero queda claro que ella [por Zuvic] trabaja para el marido, que está en campaña por la gobernación".
Zuvic aseguró que el pedido de registros de vuelos del avión de la provincia que presentaron en 2011 ante la UIF demostraba que el avión oficial "viajaba con frecuencia a Bariloche, y muchas veces con tripulación y sin pasajeros", según detalló. Peralta confirmó el uso del avión por razones familiares y dijo que dará todas las explicaciones cuando la Justicia lo requiera. También aclaró que desde que ARI-Coalición Cívica lo denunció ante la UIF en septiembre de 2011 nunca fue citado a prestar declaración..
Clarín/ Nicolás Pizzi
El domingo 14 de abril, horas antes del primer programa de Jorge Lanata, el contador Daniel Pérez Gadín llegó al país desde Estados Unidos. Estuvo cerca de cruzarse con su jefe, Lázaro Báez, quien aterrizó de madrugada en Ezeiza luego de visitar en Fráncfort (Alemania) la sede de la empresa Bomag, especializada en asfalto. Al empresario amigo de Néstor y Cristina Kirchner lo esperaba su chofer personal. A partir de ese día, Pérez Gadín perdió contacto con sus interlocutores habituales, incluso Báez, aunque hasta ayer seguía en Buenos Aires.
Pérez Gadín ingresó a las empresas de Báez a través de Valle Mitre SA, la firma que administra desde noviembre de 2008 el hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner. Fue contratado por Adrián Berni, actual CEO de esa firma. Pero tardó en lograr la confianza de Báez, a quien por entonces veía esporádicamente. El “golpe de suerte” ocurrió a mediados de 2009, en Aeroparque. “El embajador de Corea Byung Kwon Kim (que cumplió funciones desde 2009 hasta 2012) estaba demorado en la sala de espera por un conflicto gremial y se encontró con Pérez Gadín. Kim viajaba al Calafate, invitado por un grupo de empresarios que lo habían convocado en busca de nuevos negocios. Gadín lo llamó a Báez y el empresario le mandó un LearJet. Viajaron el embajador, su comitiva y el contador”, relató a Clarín un empresario que conoce los detalles de esa trama. El viaje cambió la relación. Según esa misma fuente, Pérez Gadín logró hacerse cargo de todos los negocios de Báez con Corea, desplazando a los verdaderos mentores. “Los coreanos asesoraron sobre tecnología aplicada a emprendimientos agropecuarios”, confirmaron en el entorno del empresario kirchnerista.
En el programa PPT, Federico Elaskar denunció que Pérez Gadín lo amenazó de muerte para que vendiera la financiera SGI. “Pendejo, acá no hay nada para negociar, si decís que no, te rompemos el lunes”, le habría dicho el contador en medio de las negociaciones por la supuesta venta de la financiera que funciona en Madero Center.
Tras el negocio con los coreanos, el misterioso contador comenzó una campaña de “limpieza” y colocación de personas de su confianza en lugares clave del conglomerado de empresas. Una de sus primeras víctimas fue Diego Rojas Mónaco, ex presidente de EPSUR y ex profesor de Reiki de la mujer de Báez. En su lugar nombró a Norberto Lembo, otro conocedor del mercado petrolero que ya estaba en la empresa. El cambio de autoridades apareció en el Boletín Oficial del 20 de septiembre de 2012.
También echó a Horacio Quiroga, tras una auditoría que arrojó un supuesto faltante de $3 millones. Uno de los que llegó de la mano de Pérez Gadín, cuentan dentro de la empresa, es Claudio Bustos, contador de Austral Construcciones. En su afán por sumar poder, Gadín también intentó involucrarse en los negocios de Top Air, pero no pudo avanzar porque no conocía el rubro aeronáutico.
La Nación/ Por Paz Rodriguez Niell
El fiscal José María Campagnoli pidió investigar al empresario Lázaro Báez y a la "familia Kirchner". Propuso allanamientos e "inspecciones" en Santa Cruz. Solicitó incluso que se abrieran las "bóvedas" que la Presidenta pudiera tener en propiedades o "estancias" suyas.
Campagnoli no es el fiscal de la causa, pero hoy se sabe que fue quien hizo el primer movimiento judicial en este caso por presunto lavado de dinero que quedó radicado en los tribunales de Comodoro Py.
Como el fiscal al que le corresponde la causa es otro, en la Justicia tomaron esa presentación de Campagnoli -que fue previa a la del fiscal del caso- como una denuncia más y no como un "requerimiento de instrucción", documento que determina cuáles son los hechos que se investigarán en el expediente.
La investigación de Campagnoli empezó el lunes 15, menos de 24 horas después del programa Periodismo para todos que dio a conocer el caso con los "arrepentidos" Leonardo Fariña y Federico Elaskar.
El martes, Campagnoli hizo su presentación en la Cámara del Crimen. Informó que promovía la acción "de oficio" (sin haber recibido una denuncia) y pidió gran cantidad de medidas de prueba. Entre ellas, que se identificara qué aviones tiene Báez y quiénes son sus pilotos (en sus aeronaves, según Elaskar, se movían millones de euros); también, que se allanara la financiera SGI y se dispusiera de inmediato un control sobre todos los autos que dejaran el edificio donde funcionaba, en Puerto Madero.
Además, solicitó establecer con precisión las "propiedades" y "estancias" de Báez y de la "familia Kirchner" para determinar la existencia de "bóvedas" a inspeccionar.
También pidió allanar los domicilios del contador Daniel Pérez Gadin y de Fabián Rossi, el marido de Ileana Calabró, señalado como el eslabón en Panamá de la cadena de lavado. En cambio, no incluyó al financista Elaskar como acusado; pidió citarlo como testigo. Fue antes de que Elaskar se arrepintiera de sus confesiones.
Por sorteo, la presentación de Campagnoli le tocó al Juzgado N° 40, a cargo de Rodolfo Cresseri, quien advirtió que el fuero competente no era ése sino el Federal Penal, adonde la remitió. El jueves llegó al juzgado de Sebastián Casanello, que tiene a su cargo la investigación. Ese mismo día, la fiscalía de la causa presentó su requerimiento de instrucción.
Ese documento es la contracara del escrito de Campagnoli: no nombra a Báez ni a los Kirchner. Sólo señala como acusados a Elaskar y Fariña. En cuanto al resto, se limita a hacer mención a los "nuevos imputados" que pudieran surgir "a partir de la recolección de pruebas".
Incluso después de su presentación, Campagnoli siguió adelante con este caso. El miércoles mandó a buscar una copia del programa de TV y horas más tarde le tomó declaración como testigo a Jorge Lanata. Además, ese día le informó a la justicia federal que los medios daban cuenta de que se estaban llevando cajas de la financiera SGI. El juzgado de Casanello incorporó las actuaciones de Campagnoli al expediente y remitió todo a la Fiscalía N° 9, la designada para esta causa.
Campagnoli, con más de 30 años en la Justicia, fue parte de un grupo de fiscales conocidos como "Los Centauros", que iniciaron y sostuvieron en los 90 numerosas causas por hechos de corrupción. En 2003, se convirtió en subsecretario de Seguridad Interior de la Nación, número dos de Norberto Quantin. Corrían los primeros tiempos de la gestión kirchnerista y Gustavo Beliz era entonces el ministro de Justicia. Cuando Beliz dejó el Gobierno, Campagnoli volvió a los tribunales.
Ayer, en Comodoro Py, sostenían que lo hecho por él en la causa Báez no tiene mayor peso porque era "incompetente" y la "acción penal" sólo podía ejercerla la Fiscalía N° 9, de Guillermo Marijuan. En las oficinas de Campagnoli, en cambio, dicen que no es así. Sostienen que su presentación tiene la entidad de lo hecho por el fiscal del caso porque el Ministerio Público funciona como una unidad. De todos modos, en la práctica, será a partir de ahora Marijuan quien impulse o no la investigación.
Volvió Marijuan y crece la expectativa
El caso en el que se investigan maniobras de lavado de dinero que involucran al empresario kirchnerista Lázaro Báez cambió de fiscal. Guillermo Marijuan llegó ayer de una licencia y asumió la causa, que estaba en manos de Ramiro González. Fue él quien, con la firma del nuevo fiscal antilavado Carlos Gonella -un hombre de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó-, impulsó que se investigue sólo a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar, los dos personajes ligados a Báez que confesaron por TV haber sacado plata a Suiza para el empresario. No a Báez. En la causa se incorporaron las denuncias de TV realizadas en el programa Periodismo para todos y documentación sobre empresas radicadas en Panamá y cuentas en Suiza. También se sumó documentación contable de los investigados. Marijuan analizó las constancias para decidir si hace una ampliación del requerimiento sobre otros sospechosos.Marijuan analiza, en tanto, si impulsa una denuncia que recayó en su fiscalía contra su jefa Gils Carbó. La hizo el senador radical Mario Cimadevilla, quien cuestionó que hubiera designado fiscales sin acuerdo del Senado, como Gonella y otros funcionarios como "fiscales ad hoc", sin serlo..
Clarín
El fiscal federal Guillermo Marijuán se hizo cargo ayer de la causa que investiga por presunto lavado de dinero al contador Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar, y donde se involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez aunque no está, hasta ahora, imputado formalmente.
Marijuán se reintegró tras una licencia por vacaciones en Italia y se sabe que ya estaba tomando contacto con ese expediente como con otros que tramitan en su fiscalía, la 9, entre los que también figura la denuncia contra su jefa, la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, por presuntos nombramientos irregulares de fiscales ad hoc en la fiscalía antilavado llamada PROCELAC.
Hasta el martes el fiscal a cargo fue Ramiro González –quien subrogó a Marijuán– que requirió iniciar una investigación y pidió las indagatorias de Fariña y Elaskar y los allanamientos de sus domicilios y de la financiera SGI, a través de la cual se habría hecho el lavado de dinero, pero extrañamente sin imputar a Báez.
El juez federal Sebastián Casanello le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella (también denunciado penalmente), más información sobre la situación de Elaskar y Fariña antes de resolver si los cita a indagatoria.
Además, le requirió a la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ), el Banco Central y otras entidades públicas informes sobre la situación de Elaskar y Fariña para ir tras la “ruta del dinero” y así tratar de llegar a nuevos imputados.
El fiscal pidió las indagatorias en base a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que daban cuenta de que Fariña y Elaskar tenían movimientos económicos incompatibles con sus ingresos.
En su investigación, el programa “Periodismo Para Todos” denunció que Elaskar y Fariña -en base a sus propios testimonios difundidos en ese envío- sacaban fuera del país plata de Lázaro Báez para así “blanquearla” en sociedades fantasmas en cuentas extranjeras.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, aseguró que “no” hay preocupación en el Gobierno en relación a la investigación que salpica a Báez, y argumentó que la causa fue abierta a raíz de un “show mediático” con “acusaciones muy poco serias”.
“No, en absoluto”, respondió Abal Medina consultado sobre si existía preocupación en la administración central sobre el asunto. A la vez definió al caso como “un show, un impacto muy mediático, pero con cero adentro”, agregó para tratar de minimizar el caso.
El Cronista
De regreso de su licencia por vacaciones, el fiscal federal Guillermo Marijuán se hizo cargo ayer de la causa judicial que investiga por presunto lavado de dinero al contador Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar, y donde se involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez. La causa, que Marijuan comparte con el juez Sebastián Casanello, surgió por una denuncia que la diputada Elisa Carrió presentó en Comodoro Py, a partir de la investigación del programa Periodismo Para Todos, de Canal 13.
Fuentes judiciales informaron que Marijuán se reintegró ayer tras la licencia y que ya se puso en contacto con el caliente expediente, que venía manejando el fiscal Ramiro González, quien solicitó las indagatorias de Fariña y Elaskar y no imputó a Báez, decisión que motivó otra denuncia y en la que se incluyó a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien públicamente negó las acusaciones.
Recién hoy se espera que Marijuán actúe sobre la causa y se estima que puede llegar a incluir a Báez en las imputaciones. En simultáneo, el juez Casanello le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella, más información sobre la situación de Elaskar y Fariña antes de resolver si accede al pedido de González y los cita a indagatoria.
Además, Casanello le requirió a la AFIP, la Inspección General de Justicia (IGJ), el Banco Central y otras entidades públicas informes sobre la situación de Elaskar y Fariña para ir tras la “ruta del dinero” y así tratar de llegar a nuevos imputados.
El fiscal, en tanto, pidió las indagatorias en base a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que daban cuenta de que Fariña y Elaskar tenían movimientos económicos incompatibles con sus ingresos. En su investigación, el programa “Periodismo Para Todos” denunció que Elaskar y Fariña –en base a sus propios testimonios difundidos en ese envío– sacaban fuera del país plata de Lázaro Báez para así “blanquearla” en cuentas extranjeras.
