A los 86 años, murió en Córdoba el último jefe del Ejército durante la dictadura militar, general retirado Cristino Nicolaides. Era también el único cordobés acusado de haber apropiado ilegalmente bebés en la llamada “guerra sucia”.
Nicolaides falleció el sábado a la noche en su casa del barrio Cerro de las Rosas, donde purgaba prisión domiciliaria, luego de ser condenado en 2007 a 25 años de prisión por la desaparición de seis militantes montoneros, entre los que se encontraba Ricardo Marcos Zuker, causa que fue apelada ante la Cámara de Casación Penal.
Su abogado defensor, Alejandro Zeverín, confirmó a Clarín la muerte: “Tuvo una descompensación pulmonar, un servicio de emergencias trató de reanimarlo, pero finalmente falleció la noche del sábado”.
A las 2 de ayer comenzó el velorio en la casa de sepelios Minoli hasta el mediodía, cuando fue cremado y sepultado en el cementerio privado Los Alamos.
En el último tramo del Proceso de Reorganización Nacional, y tras la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas, Nicolaides había conformado la cuarta Junta Militar , junto al almirante Rubén Oscar Franco y al brigadier Augusto Jorge Hughes. Esa junta designó como último presidente de facto al general Reynaldo Bignone.
Nicolaides había nacido en Córdoba el 2 de enero de 1925; el próximo 7 de marzo iba a ser sometido a juicio por el Tribunal Federal Nº6 de Capital Federal por 33 casos de apropiación de menores en la causa “Plan Sistemático”, en la que están imputados Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.
Anticomunista recalcitrante, en abril de 1981 Nicolaides dictó una conferencia donde sentenció ante políticos y sindicalistas: “Hay una acción marxista-comunista a nivel internacional que desde 500 años antes de Cristo tiene vigencia en el mundo y que gravita sobre el mundo”.
Los integrantes de la última junta militar no habían sido sometidos a proceso en el histórico Juicio a las Juntas de 1985, siendo excluidos por un decreto del entonces presidente Raúl Alfonsín. Sin embargo, Bignone, Nicolaides, Franco y Hughes fueron procesados como responsables del Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo, donde certificaron que los desaparecidos estaban muertos ; a la vez que sancionaron una ley de autoamnistía para encubrir el secuestro de niños. Por cuestiones de salud, había sido excluido del juicio por la llamada Masacre de Margarita Belén.
“Murió con su grado de general de la Nación, cobrando su sueldo y sin condena firme”, destacaron sus allegados.
