Referentes del Grupo ‘’No Destruyan mi Cerro’’ tomaron fotos de camiones que siguen extrayendo áridos en el pedemonte de Sierras de San Javier, pese a que la UNT anunció el quite del paso de servidumbre hacia el lecho del rio.
El domingo 6 de febrero la agrupación "No Destruyan mi Cerro" convoca a una jornada de Convivencia, a partir de las 10 horas en la Rotonda al pie del cerro San Javier.
El objetivo de la convocatoria, es: compartir experiencias para fortalecer nuestra intencion de participar activamente.
Invitan a quiénes decidan participar a llevar carteles y pancartas alusivas a la protesta, para que a través de imagenes revertir la "situacion de dejadez, descuido y egoismo de nuestros elegidos", según indican en la red social Facebook.
El grupo “No destruyan mi cerro”, liderado por Estela Figueroa, denunció que camiones con acoplados siguen entrando sobre el lecho del Rio Muerto para continuar con la extracción de áridos, a pesar de que la Universidad Nacional de Tucumán quitara los permisos de paso de las máquinas “para extraer material lítico del lecho de Rio Muerto”.
Carta pública de la Sra. Estela Figueroa, ambientalista y organizadora de la resistencia a la extracción indebida de áridos.
La Carta:
Siguen con la mala práctica de extracción de áridos en el pedemonte de Sierras San Javier.
Sobre todo en la zona de RESERVA DE LA UNT, universidad que hace unas semanas, quitó los permisos para el paso de las máquinas para extraer material líctico del lecho de Río Muerto.
Este procedimiento lo llevó a cabo el Secretario de Bienestar Universitario Mauricio Argiró respaldado por Guardaparques y personal policial.
El miércoles 2 de Febrero, miembros del grupo NO DESTRUYAN MI CERRO constataron que esos camiones y máquinas acceden por otro lado, ¿En qué quedamos?
Para que se entienda:
Parque Sierra San Javier tiene un sector que es Reserva Forestal, Área Protegida, propiedad de la UNT.
Los ríos que surcan éstas tierras son administrados y explotados por MINERIA DE LA PROVINCIA, única entidad que da permisos a empresas estatales o privadas para trabajar con material pétreo.
Es decir, la UNT lo único que hace es ceder un Permiso de paso (Servidumbre de paso).
No está capacitada para dar permisos de extracción.
Dirección de Minería sigue dando permisos para extraer material de lechos de río, evidentemente sin los controles adecuados, produciendo catastróficas consecuencias, en cuanto al desmonte, y por ende a las terribles inundaciones que está sufriendo la población de los alrededores.
La pregunta es: ¿Si la UNT está observando que Dirección de Minería está destruyendo SU propiedad (Reserva de Horco Molle), ¿no debería tomar cartas en el asunto?
Si Dirección de Minería es la única responsable del desastre evidenciado en las innumerables fotos tomadas por miembros de NO DESTRUYAN MI CERRO (ya sumamos 1700 miembros), quisiera que el responsable a cargo Director Provincial Juan Carlos Rongetti nos diera las explicaciones del caso por qué está faltando a nuestra Constitución.
Art. 41.- La Provincia de Tucumán adopta como política prioritaria de Estado la preservación del medio ambiente. El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponerlo y/o repararlo.
Esperamos su respuesta.
Estela Figueroa
ANTECEDENTES
PUBLICADO EL 14/01/11
GEÓLOGO PIDE PARAR LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN RÍO DE TUCUMÁN
"Hay que parar ya con la extracción de áridos del río Muerto"
La Gaceta
La extracción de áridos del río Muerto, en Yerba Buena, puso en alerta a los vecinos de esa ciudad, que constituyeron el grupo "No destruyan mi cerro". A este espacio se sumaron profesionales y entre ellos, el geólogo Miguel Gianfrancisco, quien expresó, en diálogo con LA GACETA, que se debe detener cuanto antes esa actividad para no agudizar el daño provocado en el cauce.
"Hay que parar ya para evitar que el impacto negativo se profundice. Casi a diario recorro la zona y pude constatar que las máquinas avanzaron peligrosamente sobre las barrancas, lo que generó su debilitamiento en determinadas áreas. Una fuerte tormenta, que arrastraría más material, podría ayudar a reparar la sobreexplotación del recurso", señaló.
De acuerdo a Gianfrancisco, la tarea de extracción de ripio de esa zona -considerado el mejor material de la provincia para la construcción de barrios y base para pavimento- se efectuó peligrosamente en algunos tramos del cauce. "Hay partes en las que el suelo quedó como una calle y con excesiva profundidad. Si se produce una lluvia intensa, el agua -debido a la pendiente- bajará con mucha fuerza y eso podría afectar a algunos barrios", señaló.
El vecino expresó que esta mañana logró entrevistarse con el director de Minería de la provincia, Juan Carlos Rongetti, a quien interiorizó sobre la situación. A modo de explicación, el funcionario le manifestó que las empresas están autorizadas a realizar la extracción y que ya se frenó la actividad en el arroyo Cainzo y en otros de la zona de la Sierra de San Javier.
TUCUMÁN: DEMANDAN AL GOBIERNO POR LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS
Demanda penal federal por extracción de áridos
El Siglo
Un grupo de vecinos de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena presentaron una denuncia fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia.
“Venimos a formular denuncia contra las autoridades de los distintos entes y/o reparticiones públicas y empresas privadas, entre las que se encontrarían: Universidad Nacional de Tucumán, Dirección de Minería de la Provincia de Tucumán, Municipalidad de la ciudad de Yerba Buena, Gobierno de la provincia de Tucumán, entre otros; por la presunta comisión del delito de Estragos, dada la destrucción ocasionada en la zona del Río Muerto y el Arroyo Caínzo y zonas boscosas aledañas del Parque Sierras de San Javier, Departamento de Yerba Buena; destrucción ésta que sería consecuencia de los excesos cometidos como producto de la extracción visiblemente irracional e irrestricta de áridos en la zona y presumiblemente sin el control adecuado en cuanto a la cantidad y metodología aplicada. También como ciudadanos podemos observar que éstos hechos serían violatorios de la Ley 25.675, de preservación del Medio Ambiente”, indica la denuncia.
Según los denunciantes, “las acciones ejecutadas desde hace un tiempo hasta el momento, no sólo habrían ocasionado ya la destrucción del lecho del Río Muerto y de toda la zona del pedemonte del Parque Sierra de San Javier, la erosión desmedida de los suelos, sino que además pondrían en peligro la vida de las personas, debido a la imprudencia, impericia, negligencia o falta de acatamiento de las normativas vigentes, en cuanto a la extracción de áridos, para lo cual se habría socavando las laderas del cerro que contienen al cauce del Río y Arroyo formando barrancos que podrían desplomarse en cualquier momento, agravada la situación por las continuas lluvias, además de los desmontes efectuados para el ingreso y circulación de maquinarias y camiones y el exterminio de especies animales”.
“Solicitamos se requiera al Juez el cese inmediato de los efectos del eventual delito y se investiguen los hechos, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 193 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación”, finaliza el documento.
Demandan a la UNT y al Gobierno por la extracción de áridos
La Gaceta
Miembros del grupo "NO destruyan mi cerro" y vecinos de Yerba Buena presentaron una demanda penal ante el fiscal Antonio Gustavo Gómez, de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. En el escrito, firmado por cuatro vecinos y por los abogados María Inés Salvatierra y Luis Gamboa, se invoca el delito de estragos para denunciar a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), de la Dirección de Minería de la provincia, de la Municipalidad de Yerba Buena y al Gobierno de la Provincia.
LA GACETA tuvo acceso a la demanda en la que se acusa a estos organismos públicos y a empresas privadas de ser "los responsables directos de las autorizaciones, permisos y/o extracción de áridos en los lechos del Río Muerto y del arroyo Cainzo, la visible destrucción de la zona [...] y las consecuencias de este accionar aparentemente negligente".
Los vecinos dicen ser testigos de la violación de la Ley 25.675, de preservación del medio ambiente, y de acciones que constituyen un delito tipificado por el Código Penal de la Nación bajo el título Delitos Contra la Seguridad Pública. El delito de estrago estaría configurado por la destrucción del lecho del río y la zona del pedemonte del Parque Sierra de San Javier, con el agravante de poner en peligro la vida de las personas al formar piletones profundos, zonas inestables y barrancos en un área protegida donde se practican deportes y realizan actividades recreativas.
La posibilidad de aludes amenaza a los habitantes de las zonas próximas y de las ciudades de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán por "la destrucción de barreras de contención natural que nuestro cerro posee para arraigar la vegetación y regular la velocidad de las corrientes", dice el texto.
Estela Figueroa, cabeza del grupo de ciudadanos denunciantes, explicó que el estrago puede ser castigado con prisión de un mes a un año y en caso de causar la muerte de una persona el castigo puede llegar hasta los 5 años.
Entre las pruebas aportadas hay fotos y videos de la zona en cuestión, notas periodísticas y una hoja con la firma de 740 ciudadanos preocupados por la situación.
Al ser consultado por nuestro diario, el secretario de Medio Ambiente de la provincia Alfredo Montalván aseguró que peritos técnicos de la Dirección de Minería provincial están trabajando para determinar si hubo excesos o no. "Se están realizando inspecciones a las canteras y estudiando los aportes de las últimas lluvias para evaluar mejor la situación. En los próximos días tendremos un diagnóstico concreto de la situación", comentó. Sobre las extracciones en el resto de la provincia, dijo que cada caso es distinto, ya que depende de la competencia de la obra. Recordó los beneficios de la remoción de materiales líticos, como en el caso del río Famaillá, que luego se utilizaron en la construcción de la nueva ruta 38. "Se tratan de acuerdos entre la Dirección Provincial del Agua, Vialidad, Minería y las empresas. El principio hídrico en algunos lugares de extracción puede ser más importante que la conservación del recurso", puntualizó. Con la única excepción de la UNT, que revocó la servidumbre de paso al municipio y a las empresas que extraían áridos, aún no se han tomado medidas. Por esto la demanda solicita al juez suspender de inmediato las actividades y poner en marcha la investigación.