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La minera Aratirí, del grupo indio Zamin Ferrous, anunció el martes que decidió suspender temporariamente un proyecto que contemplaba hasta 3.000 millones de dólares en inversiones por la discusión política que ha generado.
El gerente general de la minera, Fernando Puntigliano, dijo a la radioemisora Metropolis FM que el plan pasó de ser "la prioridad número uno a estar en el cuarto lugar".
El proyecto contemplaba la extracción de hierro en la zona conocida como Valentines ubicada en la confluencia de tres departamentos, Treinta y Tres, Florida y Durazno, en el centro-este del país. Las primeras exploraciones para determinar la potencialidad de la explotación comenzaron en 2008.
La decisión fue tomada el domingo y le fue comunicada al ministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman, quien a su vez notificó al presidente José Mujica, comentó Puntigliano.
"Hay cosas que a riesgo de la empresa se estaban haciendo, como la importación de maquinaria necesaria, que ahora se detienen. Vamos a esperar a presentar todos los papeles correspondientes para seguir avanzando", dijo el gerente de Aratirí.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no extendió aún los permisos imprescindibles para avanzar en la explotación y el presidente Mujica, recordó el martes el diputado del partido Nacional Pablo Abdala, "confundió las cosas al hablar que iba a estudiar realizar un plebiscito vinculante" sobre la cesión de la explotación a la minera.
La semana pasada, el diputado del partido Nacional José C. Cardozo le planteó a Mujica la idea de "nacionalizar el hierro" para que Uruguay pudiera obtener mayores ganancias y dijo que la "idea había sido bien recibida" por el mandatario, que más tarde habló públicamente de un "fifty-fifty" (50% para cada uno) de las potenciales ganancias. Pero en el plan aún en estudio en el Congreso se indicó que la empresa pagaría un canon de 5% sobre las ganancias.
Puntigliano consideró que "los tiempos que se estaban cumpliendo eran lentos. Me siento un poco frustrado. Me asombra el nivel político que alcanzó esta cuestión tan técnica", dijo.
Aunque aclaró que la "empresa no se va" del país anticipó que "va a seguir trabajando con un nivel de riesgo más bajo" y que en consecuencia la inversión inicial se verá reducida entre un 50% y 70%. "Luego todo dependerá de las condiciones que se den en el mercado", dijo.
Al menos 100 millones de dólares se han invertido en el proyecto, que contemplaba la construcción de un ferroducto de unos 200 kilómetros que transportaría el mineral hacia un puerto sobre la costa atlántica.
"En África aparecen 15 proyectos de hierro en los próximos años", advirtió Puntigliano.
Los estudios preliminares ya completados indican que la primera fase de producción anual sería de 18 millones de toneladas.
El proyecto preveía la creación de 3.000 puestos de trabajo directo durante la etapa de construcción y 1.500 puestos de trabajo directo y cerca de 15.000 puestos de trabajo indirecto durante la etapa operativa, según un estudio realizado por el estudio privado CPA Ferrere.
Los recursos minerales han sido calculados en 2.100 millones de toneladas, con un potencial por encima de los 5.000 millones de toneladas.
Aratirí resolvió enfriar el proceso de inversiones por un fuerte debate político sobre el proyecto. "El proyecto no se cae pero dejó de tener la velocidad que tenía", dijo en la mañana de ayer el gerente general de la empresa india en Uruguay, Fernando Puntigliano.
Puntigliano incluso indicó que es posible que él mismo se vaya del país. "Toda la gente especializada que estaba trabajando en el proyecto se va a ir a trabajar a otros proyectos de Zamin en el mundo, porque no tiene sentido dejarlos aquí parados. Yo mismo puede ser que vaya a otro país", admitió luego a Subrayado.
El gerente explicó que "los bancos que evalúan la financiación de dos tercios del proyecto (unos 2.000 millones de dólares) están aconsejando invertir en otros emprendimientos con mayores niveles de seguridad", y señaló al continente asiático como el objetivo alternativo.
El ejecutivo, que en el gobierno de Tabaré Vázquez presidiera la Administración Nacional de Puertos (ANP), señaló al programa Mirando de cerca de Metrópolis FM que "hay cosas que a riesgo de la empresa se estaban haciendo, como la importación de máquinas y las demás órdenes de compras, que se detienen. Ese dinero se destina a otros proyectos del grupo".
El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, confirmó que el presidente José Mujica quedó sorprendido con la decisión. El mandatario tomó "con decepción" el anuncio de Aratirí, afirmó el ministro, para agregar que "es una decisión de la empresa".
CACAREO
De inmediato se produjo un cruce de acusaciones entre la oposición y el oficialismo sobre la responsabilidad política en la decisión de la empresa.
"El nivel de cacareo que hubo ha llevado a esta decisión de los bancos que financian al proyecto. Espero que (el emprendimiento) siga adelante. Uruguay sigue con las mismas garantías, las mismas responsabilidades", dijo a El País la senadora Lucía Topolansky, responsabilizando a los partidos de la oposición por la decisión de la empresa india de desacelerar la inversión en la minera Aratirí.
Por su parte, el senador Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, sostuvo que "es inaceptable e improcedente" la declaración de Puntigliano en nombre de la empresa.
"Este no es un país de cuarta categoría. Esto es una inadmisible presión a la ciudadanía, al sistema político y al gobierno", afirmó.
Larrañaga subió la apuesta y afirmó que si se pretende llevar adelante la inversión de cualquier manera, "bueno, que no realicen la inversión".
"Decir que por la interpelación a los ministros se puede llegar a trabar una inversión es un argumento que descalifica al propio gobierno", agregó.
A su vez, el senador colorado José Amorín consideró "normal" que cuando va a haber una inversión de este tipo haya un debate público. "Lo mismo sucedió cuando se instaló Botnia en el país", dijo a El País.
Según el legislador colorado, "el presidente Mujica no ha estado muy claro. Hoy culpa a la oposición de este problema, pero lo primero que dijo es que iba a convocar a una consulta popular sobre Aratirí, y eso no deja tranquilo a nadie. Tiene que tomar decisiones mucho más claras y no lo ha hecho. Si la inversión no se concreta, no es culpa nuestra. El presidente no ha sido claro en el tema", subrayó.
Topolansky insistió en que "hubo una interpelación temprana cuando el proyecto no estaba ni siquiera aprobado. Eso no se justificó".
La senadora aclaró que el gobierno no ha cambiado las reglas de juego. "La propuesta de aumentar el canon es una hipótesis. Todo son hipótesis. Por ahora no hay ningún cambio", añadió.
Para el diputado blanco José Carlos Cardoso, el expresidente de la ANP "quiere terciar en la discusión; no me gusta el procedimiento".
El legislador recordó que el Partido Nacional ya aprobó proyectos mineros. "El proyecto de Minas de Corrales fue aprobado por el gobierno Lacalle, fue mi partido y mi gobierno", aseveró Cardoso.
Negocios
La Minera Aratirí informó ayer, mediante un comunicado, que continuará trabajando en Uruguay pero "desacelerará el ritmo de inversión hasta tanto se obtengan las autorizaciones correspondientes".
Zamin Ferrous, responsable del proyecto minero, anunció en ese mensaje que la firma priorizará la inversión en proyectos en Asia.
La comunicación consignó que la decisión fue tomada "luego de haber discutido los riesgos, para cada uno de los proyectos, con los bancos internacionales" con los que viene trabajando la empresa india.
Por otro lado, la empresa destacó que continuará las actividades de prospección al tiempo que reducirá el ritmo de las exploraciones "porque ya ha llegado a la masa crítica requerida para el proyecto", dice la nota.
La decisión fue tomada el lunes de noche y comunicada en la misma jornada al ministro Kreimerman, quien notificó al presidente Mujica de la situación.
Cardoso: "Nunca usé la palabra estatizar; la idea es nacionalizar"
El País
-¿En qué consiste específicamente su proyecto?
-Yo no presenté un proyecto; lo que yo tengo son borradores elaborados por asesores en minería. La propuesta es nacionalizar, recuperar el dominio del recurso que hoy no lo tenemos en el hierro. El Código minero define tres clases de yacimientos: la clase 1 agrupa el petróleo, el gas, el uranio y todos los energéticos; la clase 2, los yacimientos auríferos y de estaño; la clase 3, el resto de los minerales metálicos, entre ellos el hierro. Los depósitos de la clase I solo pueden ser explotados por el Estado. Mi idea es que el hierro pase a ser considerado en la categoría 1, como el petróleo o el gas.
-¿Está planteando que el Estado se haga cargo de la explotación del hierro?
-Para nada, nunca utilicé la palabra "estatizar". La explotación siempre va a estar a cargo de empresas privadas, como Aratirí, pero las ganancias por extraer el hierro no serán del 90% para la empresa, como ahora. Si hubiera un proceso industrializador yo no hablaría de esto, acá se vende la piedra molida y se carga en un barco.
-Esa modificación del Código que usted propone no supone un cambio de las reglas de juego ya establecidas?
-Es un cambio, pero está amparado en la resolución 1803 de la ONU que trata sobre la soberanía permanente de los pueblos sobre los recursos naturales.
-Si ese cambio prospera, ¿la empresa minera podría demandar al Estado por cambiar las reglas que fijadas en la ley?
-La empresa podría reclamar indemnizaciones por los estudios realizados. No podría demandar al Estado porque aún no se le han concedido permisos para la explotación.
-¿No podría el Estado recaudar más dinero mediante impuestos a las ganancias de la empresa?
- Es un buen mecanismo y es de las cosas que quedaron pendientes de la charla con el presidente. El problema es que el sistema impositivo está en un cono de sombras. En base a los números que expone Aratirí, tendrían que pagar US$ 50 millones al año por concepto de IVA, pero las empresas exportadoras no pagan ese impuesto; se les devuelve. Según un decreto que firmó Tabaré Vázquez en 2007, la empresa podría aspirar al 100% de exoneración impositiva.
Proyecto de aratirí en cifras
El proyecto minero de la empresa Zamin Ferrous en Uruguay prevé una inversión de US$ 3.000 millones, un tercio con capital propio y el resto mediante financiamiento de bancos internacionales. Un 30% de la inversión será destinada a una terminal portuaria. Otros US$ 1.000 millones se invertirán en la planta de almacenamiento, un muelle de 2,5 kilómetros y un canal de 20 metros de profundidad para la maniobrabilidad de barcos.
Las previsiones de la empresa son iniciar la explotación en 2013, en lo que denominan una "cresta de la ola" de la demanda de hierro por parte de China e India.
Las prospecciones y exploraciones realizadas por la empresa revelaron hasta ahora el hallazgo comprobado de 2.100 millones de toneladas de hierro. Los geólogos estiman que el área tiene un potencial de 5.000 millones de toneladas. El precio actual de la tonelada de hierro supera los US$ 170.
De las 120.000 hectáreas que Aratirí tiene permisos concedidos para explorar, sólo planea utilizar hoy 617 ha para explotar cinco yacimientos en la zona de Cerro Chato. En total ocupará 6.210 ha incluyendo las pilas de roca extraída, represas de agua, la planta, cintas transportadoras y caminería. Esto implica el arrendamiento de 148 padrones, propiedad de 76 productores. A excepción de cuatro, el resto ya arregló con la minera.
De los predios en donde se extraiga el mineral, se les pagará al dueño de la tierra un canon del 2,5%.
Piden defender fuentes de trabajo
Marcelo Abdala, dirigente del sindicato metalúrgico, pedirá a la empresa minera la continuidad de los puestos de trabajo, que en la actualidad superan los 400.
El gremio habitualmente se ha manifestado a favor del emprendimiento, aunque Abdala sostiene que el futuro del país minero "debería ser discutido por el gobierno, los trabajadores y la Cámara de Minería para sentar las bases de una política estratégica" que permita "promover la industrialización de los recursos" y que "la sociedad, a traves del Estado pueda tener mayor participación en la riqueza".
El gerente de Aratirí, Fernando Puntigliano, aseguró que buscarán "mantener a los trabajadores en la medida de lo posible".
“Aratirí quería el 90% de las ganancias”
El Observador
Este martes se reunió la asociación civil Amigos y Vecinos de Punta del Diablo, que el pasado 29 de junio repudió con máscaras de calaveras la charla que el gerente general Fernando Puntigliano pretendía dar sobre el impacto de la minera Aratirí en la zona.
“No es un gran triunfo”, dijo a El Observador Ruben Temes, integrante de la asociación civil, quien relativizó los recientes anuncios de Puntigliano. “Nosotros pusimos el tema sobre la mesa, aportamos nuestro granito de arena junto a otros actores sociales y políticos para mostrar un proceso que venía como cangrejo debajo de la piedra”. “Había que levantar la piedra y mostrar la incoherencia de la minería a cielo abierto que solo busca destrozar el territorio en pro de un beneficio económico”, agregó Temes, quien considera que deben "seguir luchando contra estos proyectos".
El activista considera que Aratirí “estaba tirando manteca al techo porque querían el 90% de las ganancias”. Amigos y Vecinos de Punta del Diablo considera que el anuncio de Puntigliano es parte de una “presión política y financiera” de la multinacional al gobierno, según informó a El Observador otro de sus integrantes.
Después de una reunión con José Carlos Cardoso, Mujica se mostró dispuesto a establecer un nuevo acuerdo con Aratirí a partir del proyecto presentado por el diputado nacionalista e incluso no descartó repartir las ganancias del negocio “fifty – fifty” entre el Estado y la empresa.
Mujica y Astori “reaccionaron mal” ante anuncio de Aratirí
El Observador
El mandatario José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori “reaccionaron mal” al anuncio de que el grupo Zamin Ferrous pasó de prioridad uno a prioridad cuatro el proyecto de la minera Aratirí en Uruguay, dijo a El Observador el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.
Breccia y el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, recibieron la noticia de que las autoridades del grupo internacional enlentecerían la implementación del proyecto en Uruguay. Breccia y Kreimerman transmitieron la información al presidente Mujica y al vicepresidente Astori.
Como era de esperar tanto Mujica como Astori “reaccionaron mal” ante el anuncio. Y es que “la noticia no es para nada positiva para el país”, señaló el secretario de la Presidencia, quien dijo que tanto el mandatario como el vicepresidente se cuestionaron hasta cuándo el país seguiría discutiendo acerca de la conveniencia de este tipo de inversiones. Según Breccia, está claro que “el país se debe una gran discusión acerca de cómo encarar este tipo de inversión, que son el futuro del país”.
El grupo Zamin Ferrous ya llevaba invertidos en Uruguay U$S 100 millones, pero tenía previsto invertir un total de U$S 3.000 millones con el objetivo de extraer 18 millones de toneladas de hierro por año. Hasta el momento, se trataba de la inversión extranjera más grande en la historia de Uruguay.
Desde el gobierno no se entiende cómo otras megainversiones se pudieron instalar en el país “de forma pacífica” y en este caso, cada acción que tomaba el gobierno era cuestionada por el sistema político. “Son aquellos polvos (que aparecieron en la campaña electoral) y que ahora empiezan a traer estos lobos”, reprochó Breccia, aludiendo a las dichos del entonces candidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Luis Albero Lacalle, cuando alertó a los inversores de los inconvenientes de invertir en Uruguay hasta que no se supiera quién asumiría el poder.
Preocupación gubernamental
Breccia adelantó que desde el gobierno se “aprecia con preocupación las señales que se están dando desde el sistema político como lo fue el proyecto de ley presentado por Pedro Bordaberry (contra la minería a cielo abierto) o la triple interpelación a los ministros, algo que nunca se había visto”. Todas estas “son señales que inquietan a los inversores”.
El texto presentado por Bordaberry plantea la prohibición del uso del cianuro para la minería y que el Estado no otorgue más permisos ni concesiones para actividades de cateo, prospección, exploración y explotación de minería a cielo abierto de metales pesados.
Fue desde el Partido Nacional que se impulsó la triple interpelación a los ministros de Industria, Roberto Kriemerman; Medio Ambiente, Graciela Muslera y Turismo, Héctor Lescano. También, desde filas nacionalistas el diputado José Carlos Cardoso impulsó un proyecto de ley para nacionalizar el hierro. La semana pasada el legislador presentó su iniciativa al presidente, quien lo vio con buenos ojos y se mostró proclive a plantear a Aratirí dividir “fifty – fifty” las ganancias entre la empresa y el Estado.
El secretario de la Presidencia indicó que desde el gobierno se le transmitió a Aratirí que se iban a continuar realizando “todos los controles”, pero a la vez se tenía “la intención de seguir trabajando con la empresa”. “En eso quedamos”, señaló. El tema es que “todos los esfuerzos que hace el gobierno se ven desvanecidos por las acciones del sistema político”, argumentó.
A partir de ahora toda la inversión que la empresa tenía pensado hacer “hoy” en Uruguay, en lo que tiene que ver con la maquinaria previa necesaria para poner en marcha el emprendimiento, no se va a concretar y “se dilatará un año”, señaló el jerarca. Se corre el riesgo de que la “minera se termine instalando en Perú y genere trabajo allí”, sentenció.
Más allá de esto, el jerarca aclaró que la empresa “reiteró” al gobierno su intención de concretar la inversión en Uruguay. “Pero siempre que se dilata es negativo”, explicó. Por eso, Breccia llamó al sistema político a “serenarse”. Hay que “pensar qué tipo de país queremos dejar a nuestros hijos porque mientras nosotros dilatamos estas inversiones, el mundo está ávido de ellas”, dijo.
Breccia remarcó que todo esto “va a tener un costo que tendrán que asumir quienes cuestionaron cada paso que dio el gobierno” en relación a la instalación de la minera. “Se está jugando a la política menor y acá estamos con un gran problema”, remató el secretario de la Presidencia.
India Zamin Ferrous enfría cuestionado proyecto minero en Uruguay
AFP
El grupo indio Zamin Ferrous enfrió un proyecto de explotación minera en Uruguay que iba a representar la mayor inversión privada de la historia en el país, debido a la discusión política en torno al mismo, dijo el gerente general de la minera Aratirí, Fernando Puntigliano.
El gerente de la filial local de Zamin Ferrous indicó que el proyecto pasó de ser "la prioridad número uno" del grupo inversor a estar en el cuarto lugar.
"El proyecto no se cae, pero dejó de tener la velocidad que tenía. Hay cosas que a riesgo de la empresa se estaban haciendo (...) que se detienen. Ese dinero se destina a otros proyectos del grupo y ahora vamos a esperar a presentar todos los papeles correspondientes para seguir avanzando", afirmó Puntigliano a la radio Metrópolis FM.
Puntigliano explicó que esto significa reducir la inversión inicial que tenía planeada la empresa "entre 50% y 70%". "Luego, todo dependerá de las condiciones que se den en el mercado", sostuvo.
El gerente aseguró que buscarán "mantener a los trabajadores en la medida de lo posible".
El grupo, indicó, tomó la decisión el fin de semana y los directivos en el exterior ya habían manifestado su descontento con el tenor político que había tomado el proyecto y con la lentitud con la que avanzaba.
El ministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman admitió en una conferencia de prensa que hay "cierta decepción" en el gobierno porque "es una inversión cuyo volumen es muy importante y pensamos que era interesante".
El plan de la minera Aratirí ha despertado una fuerte polémica en Uruguay, dividido entre quienes celebran la inversión y quienes advierten sobre posibles efectos de la explotación de hierro a cielo abierto sobre el medio ambiente.
Además de marchas de productores de la zona -a favor y en contra-, legisladores de la oposición han cuestionado el proyecto por su potencial riesgo para el medio ambiente pero también porque consideran que dejaría magras ganancias al Estado.
En ese marco, el 14 de julio tres ministros fueron interpelados para responder sobre el plan.
La minera explora desde hace dos años un área de 120.000 hectáreas en la zona de Cerro Chato (centro-este uruguayo) en busca de hierro.
De terminar concretándose como estaba previsto en un inicio, el proyecto minero representaría la mayor inversión privada de la historia en Uruguay, ya que se acercaría a los USD 3.000 millones de dólares.
