En medio del caldeado clima social en Tandil, rompió el silencio Miguel Blanchard, presidente de Carba, por estas horas blanco de todas las acusaciones del intendente Miguel Lunghi y su gabinete. Habló con el programa "Cada Mañana", de AM 1560, y advirtió que "voy a pelear hasta el final" contra la aplicación de la Ley de Paisaje Protegido, que trae aparejado el cierre de las mineras.
"Puede ser" que la protesta "sea un poco tarde, pero ahora reaccionamos. Voy a pelear hasta el final", indicó ayer al Multimedios LA VOZ.
"Nos acusan de interrumpir el diálogo, cosa que no es así. La reunión, donde estuvo Marcelo Sauro en representación nuestra, fue áspera pero en ningún momento Carba interrumpió ni quiere interrumpir el diálogo", desmintió Blanchard en respuesta a las declaraciones de Juan Pablo Frolik.
El presidente de Carba aseveró que "la inquietud es de los transportistas, nosotros también estamos preocupados y hemos peleado muchos años. Esto viene desde el año 2000, fue la última vez que el tema se estudió de forma profunda con el famoso Acuerdo Marco".
"Esa fue la última vez que se hicieron las cosas enserio y se llegó a un acuerdo importante para Tandil", expuso el canterista.
Sobre los detalles técnicos de la actividad minera, el entrevistado apuntó que "el trabajo en los frentes de explotación demora mucho tiempo. Nos cierran ahora y van a quedar los frente así como están, cuando se debiera programar un abandono prolijo. Con forestación y riego. Estaba previsto un parque único para Tandil, de acceso público, con laguna y paseos, hermosas vistas, en un sector que no ocupa ni el 1 % de nuestra propiedad. Pero ahora no lo podemos concretar", lamentó Blanchard.
Desde las oficinas centrales de Carba, ubicadas en Capital Federal, el empresario negó a su vez que la firma haya buscado un "atajo jurídico" para evitar el cumplimiento de la ley, pues "fuimos a buscar Justicia a un juez, si uno cree que la ley es inconstitucional, y estamos convencidos de eso, nos presentamos en la Justicia. Esta ley tiene un montón de fallas, nos denegaron la cautelar, pero la cuestión de fondo, no. La seguiremos discutiendo en la Justicia", señaló Blanchard.
La ley 12.704 -Paisaje Protegido- dice en su artículo 4? que debe haber un informe de impacto ambiental, y "ese informe nunca fue hecho", justificó el canterista. "Si así fuera, esto estaría en contra de todos los informes de impacto aprobados que tienen todas las canteras. Sin esa licencia no tendríamos el certificado de productor minero y por lo tanto, no podríamos estar trabajando", aseguró Blanchard.
"TIRAN SOLUCIONES AL AIRE SIN SABER NADA"
Las minería -agregó- es una actividad primaria, "producimos piedra partida que abastece a un montón de actividades relacionadas. Esta gente se está viendo afectada en Tandil, entre Montecristo, El Naranjo y Carba representamos más del 40 % de la producción. Se van a parar 30 máquinas grandes que tienen rulemanes, cintas, rodillos e insumos que compramos en Tandil", añadió Blanchard.
Alrededor de "100 camiones salen por día de Carba", especificó. "Cómo no van a protestar esas personas que quedan damnificadas", defendió en torno a la protesta.
"Nosotros no malinformamos. Los transportistas reaccionaron ante la inminencia de la fecha de cierre", retrucó en dirección al Ejecutivo.
Blanchard le pidió al intendente que suspenda o prorrogue la legislación, porque "estoy seguro que hay soluciones muy buenas para Tandil. Hay que entender que en la minería no se puede hablar de un año".
Ratificó que se vienen juicios por daños y perjuicios, demandas varias veces millonarias contra el Estado, por la interrupción de la actividad económica y productiva.
"Yo me pregunto: ?con esta ley quién gana?. Los trabajadores pierden el empleo, los empresarios nos quedamos sin canteras, los transportistas se quedan sin viajes, los frentes quedan sin mitigar porque nos obligan a hacer un abandono repentino", enumeró el empresario.
Y agregó: "cuando el trabajador minero pase a la Municipalidad, ganando el doble o el triple con el mismo escalafón, ustedes creen que no habrá problemas ahí en el futuro inmediato. Qué va a pensar el municipal de siempre cuando vea eso", argumentó.
Carba "tiene aprobadas para explotar muchas toneladas de piedra, en el 1 % de la propiedad. Yo no tengo la cifra exacta del perjuicio, pero te quitan todo eso de un plumazo, de un día para el otro", dijo sin cuantificar los millones que deberá pagar el Estado, según su postura.
"Si uno tiene 20 camiones esperando para cargar y pudiera producir más no lo haría en un momento como este donde hay mucha demanda de piedra. ?Están tomando como tontos a los empresarios mineros?. Las mineras que están fuera de la Poligonal si pudieran incrementar la producción ya lo hubiese hecho. No es tan fácil aumentar la producción, los frentes dan una cierta cantidad. Esas son las soluciones políticas que tiran al aire sin saber nada de la actividad", criticó Blanchard en relación a la propuesta del Ejecutivo.
El representante legal de tres empresas mineras atribuyó toda la problemática a “un acuerdo político entre la administración municipal y provincial”, y a la sanción de una ley sobre un tema que no tiene potestades. Dijo que las canteras deberán ser indemnizadas, independientemente de la constitucionalidad o no de la ley.
El letrado Juan Pedro Merbilhaa, abogado de las canteras Carba, Montecristo y El Centinela, consideró que el conflicto no fue generado por las empresas, cuya postura es “simplemente de observadores, con el castigo de no poder trabajar -por una razón o por la otra- y de tener un perjuicio importante”.
Acotó, no obstante, que “acompañan el pedido de sus empleados y de gente vinculada –proveedores y demás, que es enorme la cantidad de gente que se mueve alrededor de la minería en Tandil- con paciencia. Las canteras en realidad no han generado ni esta reacción ni el conflicto en sí mismo”.
Durante el programa “Vení Mañana” (Tandil FM), el profesional posteriormente consideró que el ex senador Néstor Auza “como persona se ha portado siempre como un caballero, pero la verdad que desde el punto de vista legislativo ha hecho una cosa que sabía que no correspondía”.
Dos culpables
Merbilhaa limitó las culpas por el conflicto al “acuerdo político entre la administración municipal de Tandil y la administración gubernamental de la Provincia, que resolvieron sancionar una ley que sabe todo el mundo que la Provincia no puede sancionar porque no tiene potestades.
Esto se conversó desde el principio cuando nos consultaron como corresponde, abiertamente y en forma transparente. Dejémonos de fantasmas, aquí no hubo ni lobbys ni cosas raras. Hubo debates, en mi caso, de tipo técnico”.
Sin embargo, a criterio del abogado, al tema “lo politizaron y decidieron hacerlo igual porque el Gobernador se había comprometido con el Intendente”, por lo que “no se está resolviendo por una cuestión de debate parlamentario sobre asuntos de interés general perfectamente analizados, sino sobre un acuerdo político de dos funcionarios que en un momento determinado tienen una porción de poder y deciden ordenarle a la Legislatura, lo que es otro horror ya que no tiene que recibir órdenes del Ejecutivo sino que tiene que actuar por sí misma”.
Merbilhaa recalcó que “no hay culpa de todos: hay culpa exclusivamente de la decisión política de ordenarlo y de los legisladores que así lo hicieron, mejor o peor, pero lo hicieron sabiendo de antemano que eso no correspondía”.
Sin facultades
Posteriormente indicó que “hay jurisprudencia de la Corte Nacional que no le permite a la Provincia legislar sobre materias delegadas a la Nación”.
Consideró a la ley como “un invento. La minería está absolutamente regulada, absolutamente reglamentada, vigilada, controlada y absolutamente autorizada. Es como si yo le diera un permiso y mañana se lo quito, y sin posibilidades de hacerlo. Se lo puede dar por facultades potestativas, lo que no puedo es usar es otras facultades diferentes para quitárselo”, explicó.
Para Merbilhaa la ley “no tiene ninguna validez jurídica. Lo más grave me parece a mí es que con esta politización total y absoluta de una cuestión estrictamente institucional, ya que hay violaciones de potestades entre Provincia y Nación”.
Añadió que “han metido a la Provincia, que ha pasado a ser la principal responsable y -tomándolo como una ironía- ha sido un éxito del Municipio sacarse el problema de encima y transferirlo a la Provincia, que se ha metido en un brete que no tiene salida”.
Pagar o pagar
El abogado señaló que con las acciones judiciales “pueden suceder solamente dos cosas. Una es que se declare la inconstitucionalidad de toda esta legislación, con lo cual han hecho todo esto y provocado un perjuicio fenomenal en forma inútil. La segunda es que la Justicia entienda que es legítima. Si es legítima tienen que indemnizar, por lo cual la Provincia echa sobre sus espaldas una mochila multimillonaria de indemnización”.
Acotó que en segundo caso se aplicaría “el mismo principio de reparación que la Corte nacional ha establecido cada vez que se considera un acto lícito del Estado en aras del interés general y en sacrificio del interés particular, al que hay que resarcir íntegra y totalmente”.
-¿Porqué esta manifestación y no esperar a que la Justicia se expida?
-Porque la Justicia tiene tiempos muy largos y esta gente está queriendo apurar esta decisión en forma inmediata, quieren aplicar esta ley ilegítima que está cuestionada.
Hemos planteado una medida cautelar protectiva, para que no se aplicara la ley durante el proceso, que es lo que se hace habitualmente.
No sólo está regulado en el Código de Procedimientos y Contencioso, sino también en el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional.
Sin embargo, por cuestiones puramente técnicas y circunstanciales la Justicia hasta ahora no ha hecho lugar a esas cautelares.
Aprovechando eso, que no significa nada respecto de la validez de la ley, es que los ejecutivos provincial y municipal quieren impulsar la aplicación definitiva de la ley y hacer el cese.
“En defensa del estado de derecho”
-¿Las canteras podrían desconocer el cese de actividades para el 16 de octubre?
-Si no hay una resolución en los términos que dice la propia ley, no van a poder impedir que sigan trabajando.
Si lo hacen, de la forma –que es muy compleja- que corresponde y lo interrumpen, se abre instantáneamente en resarcimiento en favor de las canteras, que igual podrían seguir estos juicios hasta el final.
En el momento que le provoquen el perjuicio concreto de cerrar la actividad nace el derecho a la indemnización, sea que ese cierre es ilegítimo o sea legítimo. En cualquiera de los dos casos hay que pagar.
Aquí ha habido una especulación absolutamente política. No acepten tan livianamente que no hay política.
La ley ha pretendido en forma muy poca ortodoxa y casi legalmente imposible coimear a los empleados, prometiendo un pago de una actividad que no es la de ellos, en una cosa que no es la que hacen habitualmente.
Curiosamente se han olvidado de las indemnizaciones de las empresas, que son realmente las dueñas de los predios, las que dan trabajo, las que invierten, las que generan todas las fuentes laborales. Las están queriendo echar de la actividad sin ningún reconocimiento.
Que quede en claro que la posición de las canteras que represento y la personal mía no tiene nada contra el medioambiente, porque el medioambiente está preservado por la legislación actual y esa discusión ya ha sido zanjada con las autorizaciones que han sido dadas después de estudios de años de los informes de impacto ambiental y los certificados de productor minero.
Esto no es en contra absolutamente de nadie, sino en defensa. En defensa del estado de derecho, porque lamentablemente en la Argentina se ha instalado esto de que quien tiene el poder utiliza las herramientas, instituciones, como dictar leyes, pero viciadas desde el principio.
El poder puede más que la ley. Estamos defendiendo la ley, ni siquiera la permanencia de las canteras, que puede resolverse de otra manera si se les reconocen los derechos.*
Municipio y transportistas encaran hoy una nueva instancia de diálogo para destrabar el conflicto
El Eco de Tandil
Transportistas y miembros del Gabinete local mantendrán hoy un nuevo encuentro. Se les pidió a los empresarios que presenten documentación referida a viajes y cargas. Si bien avanzan las reuniones, aún no se habla de levantar la medida de fuerza. En tanto, en un caldeado escenario político y social, los tintes partidarios y las internas sindicales se intensifican en torno a cómo destrabar este conflicto generado a partir de la implementación de la Ley de Paisaje Protegido.
El próximo 16 se cumple el plazo estipulado por la Ley de Paisaje Protegido, fecha definitiva de cierre de las canteras ubicadas dentro de la Poligonal, según la Dirección de Minería de la Provincia.
El pasado martes, el plenario regional que mantuvieron dirigentes de la CGT, culminaba con el sorpresivo anuncio de un paro total de actividades desde la medianoche del miércoles y una marcha al palacio municipal en defensa de los puestos laborales, a raíz de la presión de trabajadores de las canteras Montecristo, Carba y Los Naranjos.
Si bien la medida no se concretó, para sorpresa de muchos -en cambio- más de 50 flotas de empresarios de la piedra dibujaban ese miércoles una nueva escenografía en pleno centro de la ciudad, copando la calle Pinto y los alrededores de la Municipalidad y la Plaza Independencia. En tanto, los transeúntes que caminaban por el lugar no entendían bien el porqué de la medida.
Es que en la última semana se trazó un mapa enardecido por el cruce de intereses entre distintos sectores y será en el transcurso de estos días que se concretarán nuevas reuniones entre miembros del Gabinete local, canteristas y transportistas, en pos de avanzar en la definición de este conflicto en el marco del diálogo propuesto desde el Departamento Ejecutivo.
Sigue el diálogo
Para la jornada de hoy se anunció un nuevo encuentro con transportistas, a concretarse en horas de la mañana en el palacio municipal. En la ocasión, los empresarios deberán presentar documentación referida a los viajes realizados y las cargas transportadas durante los últimos tres meses.
Así lo confirmó el presidente del Concejo Deliberante, Marcos Nicolini, en diálogo con este Diario, luego de la última reunión que se mantuvo con transportistas en la mañana del sábado, y que ratificó el jefe de Gabinete, Juan Pablo Frolik, en las últimas horas del domingo.
En este complejo mapa, las divisiones se hicieron visibles en torno a las diversas posturas encontradas respecto a la problemática. Por un lado, siguiendo con la línea del Municipio, el intendente Miguel Lunghi y los funcionarios que lo acompañan en la gestión, recibieron el respaldo cerrado de instituciones representativas de todos los sectores sociales, económicos y políticos, vecinos y actores y dirigentes sociales de la ciudad, quienes expresaron con firmeza su adhesión al estricto cumplimiento de la ley. A todos estos actores se les sumó también el gobernador Daniel Scioli, quien reiteró su pleno apoyo a la vigencia de la Ley de Paisaje Protegido.
La protesta continúa
Mientras tanto, la protesta emplazada alrededor de la Plaza Independencia siguió su curso. Con banderas, quema de neumáticos, bombos y hasta algunas asambleas espontáneas sucedidas sobre los adoquines de la calle Belgrano, el reclamo de los empresarios de la piedra siguió intacto y auspicia para estos días su mantenimiento, en tanto no se llegue a una resolución.
Si bien los empresarios fueron recibidos por el intendente Miguel Lunghi y parte del Gabinete de secretarios, con quienes en el transcurso de los días se sucedieron distintas reuniones para analizar la problemática y plantear sus reclamos, disconformes con lo conversado, una delegación viajó el viernes a La Plata, en compañía del concejal Néstor Auza, para entregar un petitorio para que se extienda por un año el cese del funcionamiento de las canteras de la Poligonal.
Dicho encuentro provocó la reacción de varios funcionarios lunghistas, sobre todo ante la participación “solitaria” del edil del bloque del Frente para la Victoria. “Me sorprende que Auza, en soledad, haya ido a entregarle el petitorio de las canteras, pidiendo la derogación de la ley o una prórroga por un año. Ley que redactó él”, cuestionaba hace algunas horas el presidente del Concejo Deliberante, Marcos Nicolini, en diálogo con este Diario.
“¿Quién gana con el cierre de las canteras?”
En contraposición a la nota que llevó la firma de una lista importante de entidades, instituciones representativas de todos los sectores sociales, económicos y políticos, y otros actores, a favor de la Ley de Paisaje Protegido, empresarios de la piedra ratificaron en las últimas horas firmemente su posición mediante una solicitada.
Titulada “¿Quién gana con el cierre de las canteras en Tandil?”, se enumeran los distintos actores involucrados, directa o indirectamente, con la cuestión.
En primer lugar, la pregunta se refiere a los ambientalistas, para quienes “el abrupto abandono de cavas y frentes de yacimientos mineros generan nuevos puntos de desarmonía ecológica, no permitiendo que las canteras cumplan con sus planes de remediación aprobados en los informes de Impacto Ambiental”, se afirmó.
También se mencionan a los trabajadores de la minería, a las empresas de transporte, a la industria metalmecánica, al comercio de Tandil, a las obras públicas y privadas, a la Provincia de Buenos Aires, y por último al turismo, todos y cada uno con un “no” rotundo por debajo, justificando desde su postura el porqué del perjuicio que generará, a su entender, la normativa.
“Ganemos todos”, concluye, porque “tenemos la capacidad y la responsabilidad de destrabar todo tipo de conflicto. Pensemos con objetividad ideas que den soluciones superadoras, que no destruyan puestos de trabajo genuinos, sino que construyan más. Ideas que no sean impuestas, sino consensuadas, que permitan el desarrollo conjunto de ambas actividades”, se destacó en la publicación firmada por CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros); FAP (Federación Argentina de la Piedra); y la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires.
Los asambleístas
Envueltos también en este escenario, desde la Asamblea Ciudadana se alzó un rotundo respaldo al cumplimiento de la Ley de Paisaje Protegido. El testimonio de Fabián Mestralet, de la organización preservacionista, ratificaba la postura que vienen defendiendo desde hace años, sumado a la dura crítica que efectuó en torno a la medida de los empresarios canteristas y camioneros, quienes según él, “mostraron la hilacha” al pedir la derogación.
En sintonía, la comunidad tandilense celebró ayer el Día de la Preservación de las Sierras con distintas manifestaciones al pie del Parque Independencia.
Mientras tanto, la lucha de intereses continúa intacta, los pesados camiones siguen emplazados en el escenario urbano; los funcionarios municipales continuarán con las reuniones con los manifestantes, al tiempo que otras gestiones paralelas con distintos tintes partidarios parecerían continuar también su curso.
