El Tribuno de Salta
La ola de oposición a la minería desencadenada en la Argentina no es ingenua, porque responde a intereses políticos; es dañina para el país, porque cercena, una vez más, las posibilidades de desarrollo nacional, y es injustificada, ya que los cuestionamientos a esta actividad no tienen fundamentos verificables.
La movilización para que la empresa canadiense Osisko Mining Corporation no explore la presencia de oro en Famatina nada tiene de democrático y, mucho menos, de una genuina defensa del interés nacional.
Es nefasto para un país que las grandes decisiones en materia de inversiones y desarrollo queden a merced de las ocurrencias de gente sin conocimiento técnico. La protesta contra la minería en Famatina fue alentada por músicos como León Gieco o Raly Barrionuevo, es decir, personas cuyo prestigio no pasa por sus conocimientos del subsuelo ni sobre los ecosistemas, sino por la capacidad para expresar sentimientos.
Cabe destacar al respecto la concurrencia de activistas de Gualeguaychú, cuyas asambleas alteraron las relaciones entre Argentina y Uruguay para oponerse a una pastera que, como lo demuestran los exámenes efectuados por ambos países, no contamina ni puede contaminar las aguas comunes del río Uruguay. La mala experiencia de Gualeguaychú debería servir de enseñanza, pero los argentinos parecemos empeñados en chocar infinitamente contra la misma piedra que nos condena al subdesarrollo.
Las fábulas son malas consejeras.
Nadie ha podido reportar daños producidos por la minería a cielo abierto en ningún lugar del mundo, salvo algún accidente.
Es llamativo que Martín Prieto, el presidente de Greenpeace, o el cineasta Fernando “Pino” Solanas no hayan brindado precisiones sobre los efectos reales de la extracción de oro a cielo abierto y con uso de cianuro y que, al mismo tiempo, guarden un silencio atronador sobre las catástrofes causadas por la minería tradicional, en el subsuelo, con derrumbes con final trágico.
La minería, como toda actividad humana, tiene sus riesgos. Pero sin la minería, la sociedad moderna no podría existir. Los detractores deberían ser honestos y, en este caso, renunciar al uso de celulares, automóviles, computadoras y a todo lo que suponga una modificación de la naturaleza. La llamada “megaminería” es una de las actividades más seguras y solo pueden llevarla adelante las grandes corporaciones debido a la inversión y los plazos de financiamiento que requiere.
Mentir en esta materia es hacer ecoterrorismo.
El cianuro es usado desde hace décadas en esta y en muchas otras producciones industriales y existe un sistema preventivo que garantiza el control de cualquier escape.
La minería no depreda recursos, sino que deja en el país el 70 por ciento de lo que factura, en impuestos, sueldos y pago a proveedores.
Es falso que utilice el agua supuestamente escasa de las montañas, ya que su consumo es incomparablemente inferior al que se registra en los olivares de las zonas cercanas al área minera.
Si bien fue desafortunada la expresión del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, cuando comparó a los ambientalistas con los nazis, es cierto que las campañas contra el desarrollo minero, lo mismo que el forestal y el agroganadero son nefastas para las provincias. Sentados en coquetos bares, muchas veces construidos sobre tierras ganadas al río, y a la vera de las aguas más contaminadas del mundo, como son las que rodean a las grandes ciudades, los ambientalistas urbanos llevan adelante luchas nefastas sobre cuestiones que no conocen y cercenan sistemáticamente las posibilidades económicas de las provincias.
El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, anunció el propósito de someter la decisión acerca de la mina cuestionada a un plebiscito. Lo más probable es que la ciudadanía riojana apruebe el proyecto de Osisko.
Sin embargo, con conductas antiproductivas como las que se han exhibido en las últimas semanas, el destino del desarrollo y del país federal se encuentra seriamente comprometido.
La Argentina cuenta con amplios recursos mineros que, bien aprovechados, la ayudarían a atenuar el pavoroso déficit social que a pesar del fuerte crecimiento económico de los años ya puede calificarse de "estructural", pero por distintos motivos, a diferencia de los chilenos, casi todos los gobiernos se han resistido a explotarlos. Mal que bien, nuestras tradiciones en la materia son muy distintas de las de otros países, de suerte que no es del todo sorprendente que los esfuerzos tardíos por impulsar la explotación de los yacimientos hayan chocado con la oposición virulenta de muchas organizaciones políticas y ecologistas. Por ser cuestión de un tema emotivo, es probable que el movimiento que se ha puesto en marcha cobre más fuerza en los próximos meses. De ser así, se trataría de una mala noticia para el gobierno nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que con toda seguridad entiende que las protestas contra los proyectos que están desarrollándose en Famatina, en la provincia de La Rioja, y otros lugares del país le plantean un desafío que podría costarle el apoyo de los sectores más xenófobos y anticapitalistas del progresismo local, razón por la que ha preferido no aludir demasiado al tema. Sin embargo, de producirse más manifestaciones tan concurridas como la que fue celebrada en Famatina el jueves pasado con la asistencia de aproximadamente 10.000 personas, la presidenta tendrá que aclarar su propia postura frente a los eventuales beneficios y las inevitables desventajas ambientales de impulsar la minería.
No le será sencillo convencer a los activistas, ya que en sus filas se encuentran extremistas que, a juzgar por sus declaraciones, quisieran dejar donde están el oro y otros minerales sin tocarlos jamás o, en el caso de los relativamente moderados, expulsar del suelo patrio a todas las empresas multinacionales, en especial las canadienses, australianas y estadounidenses, que dominan la industria. Parecería que para quienes piensan de este modo cualquier participación foránea en la explotación de los recursos naturales es intolerable no sólo por constituir, en palabras de uno, una forma de "genocidio" por su incidencia en la salud de los habitantes de la zona sino también por suponer la violación de la soberanía nacional.
Desde el punto de vista del gobierno nacional y también de los provinciales, la actitud de los militantes ecológicos y de los vecinos de las áreas afectadas que se han sumado a las protestas es irracional porque, entre otras cosas, las empresas involucradas están acostumbradas a respetar pautas internacionales que son muy severas, de suerte que no existe peligro alguno de que se repita en partes escasamente pobladas del interior la catástrofe que ha hecho del Riachuelo un monumento a la irresponsabilidad ambiental. Según los expertos en minería que, por supuesto, se sienten comprometidos con la industria, las advertencias de los ecologistas y sus aliados son grotescamente exageradas y, de tomarlas en serio, el país se vería privado de las decenas de miles de millones de dólares que de otro modo provendrían de la exportación de los recursos ya encontrados. Pueden señalar que la prosperidad envidiable de Australia, país en que el ingreso per cápita es tres veces más alto que en el nuestro, debe mucho a la explotación vigorosa de sus riquezas mineras y que por lo tanto nos convendría adoptar una estrategia parecida.
Huelga decir que la Argentina dista de ser el único país en que los ambientalistas, a menudo respaldados por agrupaciones de la ultraizquierda, están procurando frenar la explotación de los recursos naturales. En Estados Unidos y Canadá su prioridad actual consiste en frustrar lo que bien podría resultar ser una revolución tecnológica de enorme importancia que, al permitir la extracción de gas y petróleo de depósitos arenosos y shale –rocas sedimentarias o esquisto–, en un lapso muy breve podría asegurarles la autosuficiencia energética, lo que modificaría radicalmente el panorama geopolítico internacional. Aquí también el aprovechamiento del shale gas serviría para amortiguar el impacto de la crisis energética que ya ha comenzado a hacerse sentir, pero para lograrlo será necesario superar primero la oposición vehemente de muchos a cualquier intento de explotar los recursos del subsuelo.
La minería en Famatina
El Tribuno de Salta - Por Ricardo Alonso
Por más de 500 años se explotó la minería en el cerro. Su geografía montañosa semiárida no permite otros ingresos.
Los cerros del Famatina, en la provincia de La Rioja, han sido motivo de explotación minera desde la época prehispánica. Los primeros en obtener metales preciosos de la montaña fueron los indígenas locales que antecedieron a los Incas. Luego se produjo la invasión del imperio Inca y de allí obtuvieron ellos oro y plata que llevaron al Cuzco. Los españoles en su avance hacia el sur pronto toparon con la montaña mineralizada que para entonces estaba bastante cubierta de glaciares y trabajaron sus vetas. Más tarde llegaron los jesuitas que hicieron un trabajo superbo por el buen manejo que tenían de las artes y técnicas del mundo minero las cuales aplicaban con solvencia en las etapas tanto de exploración como de explotación y beneficio de los metales. Cuando Carlos III los expulsó en 1767 se perdió gran parte de la experiencia adquirida y también información crítica sobre las vetas y sus direcciones en el subsuelo, así como el número y cantidad de socavones, galerías, chiflones y otras labores.
Llegarían luego, los aragoneses que traían algo de la información básica de sus antecesores y trabajaron el cerro un tiempo. Llegada la época republicana, Rivadavia consiguió créditos para su explotación. A todo esto uno de los mineros del Famatina fue nada menos que el caudillo riojano Facundo Quiroga, quién mandó acuñar monedas de oro y plata con los metales del cerro. Así, con altibajos, el cerro se explotó a lo largo de los últimos cinco siglos. Una muestra del extraordinario trabajo minero realizado es el “Cable Carril”, con una extensión de decenas de kilómetros desde la base hasta la cumbre de la montaña, que durante años fue considerado el ícono de la minería argentina, tal como aparece en estampillas, postales y numerosas ilustraciones antiguas. Joaquín V. Gonzalez, nacido en esa región, fue uno de los grandes legisladores y hombres de derecho que interpretó el valor de la montaña minera y así lo plasmó en obras que son hoy clásicas. El sabio metalurgista alemán Emilio Hnicken eligió el Famatina y Chilecito como su patria adoptiva y allí está enterrado. Emilio fue el genearca de una distinguida familia entre la cual destaca su nieto Mario Hnicken, de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, uno de los más grandes paleontólogos argentinos, que estuvo muchos años al frente del Instituto del Conicet en Anillaco. Quiero decir que no es un misterio que el Famatina ha sido un centro minero histórico; ni que miles de familias de La Rioja han estado vinculadas directa o indirectamente con la minería; ni que por más de 500 años el cerro se explotó de distintas formas por los indígenas locales, incas, conquistadores españoles, jesuitas, aragoneses, compañías mineras de todos los tipos (locales, provinciales, nacionales, internacionales, multinacionales), y que hasta participaron caudillos, frailes, mineros de burro, pala y pico, entre tantos otros. Simplemente porque trabajar el cerro daba algo de oro de las vetas o de los aluviones como ocurre en la zona de la mina “El Oro”, o plata nativa como en la mina del “Cerro Negro” y esto contribuía a la riqueza de la zona de Famatina y Chilecito, cuya geografía montañosa semiárida no les permite vivir ni de las vacas, ni del trigo, y menos aún de la soja.
El hecho es que a mediados de Enero de 2012 arreció el ataque de las organizaciones ambientalistas, la mayoría foráneas, que a través del miedo y la mentira, movilizaron a la gente con argumentos infantiles y que no resisten el más mínimo análisis científico. Cadenas de mails y mensajes de texto diciendo que se iba a destruir el cerro, que se iba a contaminar el agua y el aire, que los pobladores se iban a morir de cáncer y otras falacias más, lograron crear el suficiente temor para que los vecinos se movilicen en defensa de su medio ambiente. Los forasteros son los mismos que se movilizan a lo largo y ancho del país haciendo terrorismo mediático, ya sea que se trate de papeleras en el Uruguay, de una mina en Esquel, de un gasoducto en Salta, de la venta de un reactor nuclear de origen nacional, de un desmonte para soja, o lo que sea. Están pagados desde afuera para atacar cualquier emprendimiento nacional genuino y productivo de la naturaleza que sea.
En el caso del Famatina metieron miedo diciendo que se va a explotar a cielo abierto, que se va a usar cianuro, que se va a afectar la agricultura, el turismo y la ganadería. Como se dijo el Famatina es un cerro con vetas minerales y con una zona más amplia de mineralización diseminada. Los trabajos que hay que hacer son los de exploración, o sea de estudios geológicos, de identificación espacial de la zona mineralizada y sus tenores, valores o leyes de metales en ella. No es lo mismo explorar que explotar. La exploración puede llevar diez o más años, se pueden gastar algunas decenas de millones de dólares, y finalmente se puede llegar a la conclusión que el depósito mineral no tiene ni la cantidad ni la calidad de los metales que se necesitan para que se transforme en un yacimiento. En el caso que sí tuviera valores, hay que ver si conviene su explotación subterránea o a cielo abierto. Tampoco se sabe, hasta que no se hagan complejos ensayos metalúrgicos, si las menas o mineral económico debe ser tratado con cianuro (como se hace en las minas de San Juan) o simplemente transformarlo en un lodo fangoso inerte como se hace en mina La Alumbrera (Catamarca).
Precisamente La Rioja se encuentra entre Catamarca y San Juan, dos provincias cordilleranas pobres que han encontrado en la incipiente minería una nueva fuente de riqueza. Pero del otro lado de La Rioja, a la misma latitud, en Chile, existen decenas de minas que trabajan a cielo abierto, que benefician los metales con o sin cianuro, y que conviven pacíficamente con las demás actividades económicas y productivas como puede ser la agricultura, la ganadería y el turismo. ¿Por qué en Chile sí y en Argentina no? En ambos países existen las mismas leyes mineras y de protección del medio ambiente. La Argentina tiene aún una minería incipiente y Chile ha logrado que el 50% de su PBI provenga de la minería. La política del gobernador Beder Herrera, en consonancia con la que lleva adelante el gobierno nacional, está en sintonía con la explotación racional y sustentable de los recursos naturales.
Licencia social
Página/12 - Por Mario Wainfeld
El gobernador riojano Luis Beder Herrera anunció ayer que no avanzará con el emprendimiento minero de Famatina hasta que “la gente esté de acuerdo”. Alega proponerse persuadir a la masiva protesta popular contra la minería a cielo abierto, suena a misión imposible. Tal vez su intención sería enfriar la movida, tampoco parece factible que lo logre.
Son tremendas las diferencias entre el gobierno provincial y la ciudadanía movilizada. En algún caso aluden a indicadores numéricos, tales como la cantidad de agua que insumiría el funcionamiento de la mina. Acaso serían corroborables, pero no zanjarían el diferendo, muy polarizado.
Un mandatario reelegido como Beder Herrera está validado para tomar decisiones económicas. Está dentro de sus incumbencias la existencia de un modelo de gestión novedoso, con una empresa estatal, Energía y minerales Sociedad del Estado (EMSE). Y podría alegar a su favor que el Estado se queda con el 33 por ciento del producido por vía de retenciones, 30 por ciento por encima de los estándares habituales. Pero el núcleo de la polémica es el impacto ambiental y en este sentido (opina el cronista, para nada en soledad) no bastan las prerrogativas institucionales comunes. Es forzosa también la “licencia social”, esto es, la aprobación ciudadana mayoritaria. En asuntos como éste, la carga de la prueba debe invertirse: son los gobiernos y los concesionarios los que deben probar que no habrá daños considerables para los actuales habitantes y las generaciones futuras. Las dudas o incertezas pesan contra los proyectos, principio precautorio le dicen, en jerga propia, los juristas.
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La muchedumbre congregada en La Rioja gravitó, sin duda, en el escenario. También el aval de artistas populares que se pronunciaron en Cosquín. Desde que la infausta reforma constitucional de 1994 traspasó la riqueza mineral a las provincias, uno de los argumentos más trillados de sus gobernantes contra reclamos ambientales es que los impulsan “los porteños” o personas ajenas a la Argentina profunda. Nadie en sus cabales puede homologar a esos imaginarios rivales con Raly Barrionuevo o el enorme León Gieco. El potencial simbólico de esas adhesiones descalifica (aún más, si ese portento fuera posible) las declaraciones del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja. El tremendismo de sus afirmaciones descoloca al hombre y describe mejor a su intolerancia que al debate.
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Si el conflicto no es resoluble por vía de la argumentación, la solución (piensa el cronista) debe ser política y democrática. El veto social es determinante y mensurable, llegado el caso, por vía de mecanismos alternativos de participación: consultas, plebiscitos, referéndums. Hay alguna experiencia previa en la Argentina, no muy vasta aunque sí instructiva. En 1996, en un plebiscito obligatorio y vinculante el pueblo misionero (con mayoría del 89 por ciento de los participantes) se opuso a la construcción de la represa de Corpus. Durante el año 2003, en Esquel una consulta popular optó por el “No a la mina” con el voto del 81 por ciento de los participantes.
Acá enfrente, en Uruguay, el presidente José Mujica amagó con un plebiscito para destrabar la polémica sobre el emprendimiento de Aratirí. La compulsa no se llevó a cabo porque topaba con impedimentos legales, pero su solo planteo frizó la iniciativa.
Habrá quien, desde un ángulo economicista o puramente práctico, diga que la dinámica puede restar recursos a la economía. Así es y debe asumirse, porque es un clásico conflicto entre la lógica de los mercados, la económica y la democrática. El kirchnerismo, sin ir más lejos, pregona renunciar a ciertas formas de competitividad que afecten derechos de los trabajadores (salarios de hambre, por caso o reformas laborales flexibilizadoras). El cronista considera que ésa es la opción adecuada. La exigencia de la “licencia social” y su dilucidación institucional rumbean en el mismo sentido. Si hay conflicto, se supedita al veredicto popular, que puede incurrir en errores pero es la sal y la pimienta de la democracia. El pueblo puede “equivocarse”, pero ése es su supremo derecho (y la palabra más autorizada) en lo que a sus intereses concierne.
El flanco débil de un gobierno ávido de dólares
La Nación - Por Jorge Oviedo
Con su apoyo a la minería a cielo abierto, el Gobierno ofrece el único flanco en el que recibe críticas hasta de sectores que le son en general muy leales, como progresistas y ambientalistas.
Las mineras son acusadas de contaminar, de ejercer una actividad envenenadora, de destruir el paisaje, de comprometer la disponibilidad de agua y de dejar en el país una porción muy pequeña de las ganancias que obtienen. Las compañías se defienden diciendo que no consumen tanta agua y que la que emplean circula en circuitos cerrados y requiere muy poca reposición. Que el cianuro se degrada rápidamente porque es muy inestable y que la mayor parte del que se emplea en la Argentina para procesos industriales se consume en el área metropolitana y no en las explotaciones a cielo abierto.
Los ambientalistas critican también que paguen regalías que consideran escasas y que tengan pocas retenciones. Pero ese parece un punto flojo. Si la actividad envenena el suelo y el agua y destruye los glaciares, el tema no es cuánto paga de impuestos. ¿O se podría criticar el tráfico de drogas o la trata de personas diciendo que no pagan tributos?
En todo caso tampoco es cierto que paguen tan poco, porque no son sólo las regalías y retenciones lo que aportan, dicen las compañías, ya que pagan los impuestos a las ganancias y al trabajo, entre otros.
El Gobierno tiene un punto también muy flojo respecto a esta clase de explotaciones, ya que dice promover las exportaciones con el mayor valor agregado posible y hasta subsidia con miles de millones a armadurías y ensambladoras que hacen un trabajo mínimo. Pero permite a las mineras llevarse barros y concentrados y procesar los metales en otros países. ¿Por qué no exigirles que pongan aquí una refinadora que termine el trabajo, por ejemplo?
El Gobierno está muy necesitado de divisas y las ventas al extranjero de cobre y sus barros y concentrados produjo casi 1600 millones de dólares, según cifras oficiales. Es más que los 1500 millones de dólares en lácteos y 1000 millones en vinos. Curiosamente, la actividad podría ser afectada por las medidas de la propia administración. La mayor parte de los equipos que se utilizan son importados y sus repuestos también. Esto puede complicar la operación de los actuales emprendimientos y los que estén por venir.
La Presidenta, en lugar de garantizar que el Estado cuidará el medio ambiente y dar respuesta a los que protestan contra la actividad, ha preferido quejarse de que no hagan manifestaciones iguales por las explotaciones pesqueras e hidrocarburíferas en las islas Malvinas.
Las empresas también se quejan de que las normas que defienden los ambientalistas son exageradas y que su aplicación haría imposible no sólo su actividad sino muchas otras, incluso la de algunas explotaciones que se realizan hoy por hoy y no están en manos de grandes compañías.
También se ha defendido como razonable que se obligue a mineras y a petroleras a liquidar aquí la totalidad de las divisas de exportación. Lo más acertado sería reclamar para todos los exportadores el regreso de la libertad de liquidar aquí o en el extranjero. A fin de cuentas, las más grandes fugas de capitales se han dado en el país durante las mayores restricciones al movimiento de divisas.
Las mineras están dispuestas a invertir muchos miles de millones de dólares en la Argentina en una actividad que cuenta con períodos largos para hacer la amortización. Sobran los dedos de una mano para encontrar un caso parecido y probablemente no sea por otra razón que el Gobierno defiende tanto una actividad que hasta sus más fervientes seguidores critican..
