ANTECEDENTES
PUBLICADO EL 19/06/2012: NEGATIVO: EN SANTA CRUZ, "LEY DEL FAR WEST" AMENAZA A LA MINERÍA
En Santa Cruz, la ley del "Far West" amenaza a la minería
La Gaceta Mercantil
A diferencia de lo que ocurre en el plano nacional, la alianza entre el kirchnerismo y el Sindicato de Camioneros permanece intacta en Santa Cruz y beneficia a oscuros personeros de la política local.
La Agencia AIMSA de Santa Cruz sacó a la luz la semana pasada la realidad que viven las empresas exploradoras mineras de esa provincia, que desde hace tiempo son acosadas por el gremio moyanista de esa provincia con el aparente objetivo de favorecer a un grupo empresario ligado al peronismo santacruceño.
Como en el "Far West", las amenazas reiteradas, los ataques a campamentos, la violencia física y material, los incendios, son desde hace dos años la práctica cotidiana del gremio que conduce Juan Almada y que tiene como blanco una veintena de empresas que buscan oro y plata, la mayor parte en el rico Macizo del Deseado. Algunas de ellas, en sociedad incluso con la estatal Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz).
En enero, las mineras nucleadas en la cámara minera provincial Camicruz plantearon la insostenible situación a la administración del gobernador Daniel Peralta, pero la escalada camionera no ha cesado.
Bajo el pretexto de la ley provincial que estipula que las mineras deben respetar un “compre local” del 70%, el gremio de choferes ha obligado a Patagonia Gold, Cerro Cazador, Minera Mariana, Estelar Resources, Cerro Negro, Minera Andes, entre otras empresas, a contratar a firmas santacruceñas para transportar el agua, un insumo básico de las perforaciones geológicas.
Los mineros denuncian que son continuamente atacados y amenazados y la presión gremial siempre conduce a lo mismo: a beneficiar a una empresa en particular, Transportes Álvarez, propiedad de Leonardo Álvarez, un ascendente empresario que hace cuatro años tenía cuatro camiones desvencijados y hoy exhibe una flota de más de 40 unidades.
Un dato llamativo es que los servicios de Álvarez cuestan diez veces más, unos 80.0000 dólares por mes, que los que paga cualquier minera en el país.
Álvarez es, además de empresario exitoso, un político en ascenso. En octubre pasado fue elegido diputado provincial por el Frente para la Victoria (FpV), ha sido vicepresidente de la Federación Económica de Santa Cruz y preside la Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián, un órgano privado estatal financiado en su mayor parte por la minera vecina Cerro Vanguardia.
Para su ascenso político y económico desde San Julián, Álvarez ha contado con un abanico de respaldos entre los que destacan los propios camioneros de Almada, el gobernador Peralta, el hoy alicaído ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el secretario de Minería, Jorge Mayoral.
Una pieza clave en el incesante avance del Sindicato de Camioneros ha sido el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Raúl Santibáñez.
Según recuerdan los empresarios mineros, la primera expresión de esta alianza camionero-kirchnerista se vio en mayo de 2009 cuando una patota armada y violenta copó la mina San José, propiedad de la minera peruana Hochschild durante cuatro días para forzar un laudo provincial que reconociera que todos los choferes de los vehículos en el yacimiento fueran afiliados al gremio que en el orden nacional conduce Hugo Moyano.
En aquel entonces aún tenía vigencia el romance entre Moyano y el kirchnerismo, por lo que Mayoral presionó a la minera para negociar con los camioneros y terminar con el conflicto. La trascendencia mediática de la violencia de la ocupación y la resistencia del gremio minero AOMA, y de la cámara minera nacional CAEM, impidió la resolución que ya tenía redactada Santibañez. Antes de irse, los camioneros destruyeron parte de las instalaciones de la mina.
Con este antecedente, no extraña que hoy el sindicato minero que conduce Héctor Laplace impulse con entusiasmo la candidatura del metalúrgico Antonio Caló para desplazar a Moyano al frente de la CGT.
Ajenas a todas las internas políticas y sindicales, las compañías mineras, en su mayor parte de capitales canadienses y australianos, ya han asumido que la administración, la Justicia y la policía santacruceña no hacen ni harán nada para evitar la operatoria de los Camioneros, que han llegado a la audacia de destruir equipos, golpear choferes de otras empresas y desguazar camiones de empresas sanjuaninas o mendocinas que trabajaban para las mineras.
Fomicruz, dueña de ricas áreas mineras, aconseja a sus socios extranjeros que exploran en la soledad de la meseta: “Contratar a Álvarez para evitar mayores conflictos”.
Ya hay empresas que decidieron no explorar más en Santa Cruz por esta situación, pese a sus atractivos recursos geológicos. “Nada de lo que ocurre en la provincia te puede sorprender”, se resigna un afligido empresario que habló con gacetamercantil.com a condición de garantizarle el anonimato. Como otro dato preocupante la fuente señala el reciente apriete del gobierno santacruceño para que las empresas mineras se hagan cargo del presupuesto de Salud de la provincia, a un costo de 15 millones de pesos por mes.
Ante la trascendencia del hecho, ventilado por las mineras, el gobernador amaga ahora con archivar el asunto. Con los camioneros de Almada la situación es diferente. “Si esto sale en los diarios, los vamos a reventar”, amenazaron desde el sindicato a los empresarios. El "Far West", ni más ni menos.
Sin Freno
AIMSA-SantaCruz - Por Roberto Mendoza
En la inmensidad de la meseta patagónica, más precisamente en ese rico distrito geológico conocido a nivel internacional como Macizo del Deseado, muchas pequeñas empresas mineras realizan tareas de prospección y exploración, tratando de definir si en las propiedades en que trabajan hay yacimientos minerales factibles de ser puestos algún día en producción.
Son, en su gran mayoría, compañías que pertenecen al grupo de las denominadas junior, varias de las cuales están solo presentes en el terreno a través de un geólogo conocedor de la zona y del oficio, al que acompaña un puñado de trabajadores.
El proceso de trabajo es tan arduo como gratificante para quienes lo ejercen: relevar el terreno, efectuar destapes superficiales, mapeos geológicos, relevamientos, cavar trincheras y elegir los lugares donde hacer las primeras perforaciones, y en el caso de encontrar indicios de la presencia de depósitos minerales atractivos, captar inversores que quieran correr el riesgo de invertir en perforaciones sistematizadas que permitan ir definiendo con mayor precisión los recursos disponibles.
No siempre se tiene suerte, por eso esta etapa de laboreo minero es la de mayor riesgo. Se calcula que menos de un 5% de las exploraciones darán lugar al nacimiento de un proyecto de explotación.
En esas primeras etapas, los grupos de exploración trabajan en campamentos improvisados, muchas veces reducidos a un simple grupo de carpas y una cocina de campaña. Danilo Silva, presidente de la junior Cerro Cazador y una de las personas que más conoce la estructura geológica de Santa Cruz describe así esa etapa: “Nosotros armamos nuestras carpas en medio del campo, caminamos mucho, tomamos una inmensa cantidad de muestras de rocas, y con esos datos, se construye una hipótesis de cómo se han formado los depósitos, que nos ayudará a lograr el descubrimiento, y eso es lo que sabemos hacer, lo que nos impulsa. Para hacer este trabajo hay que tener alma de explorador, de boy scout, y estar preparado física y anímicamente para manejar la adversidad, incluso climática, porque cuando se empieza una exploración no se cuenta con ningún tipo de confort, sino que eso recién llega cuando se logran los descubrimientos”.
En el proceso minero de exploración, desde que se produce el descubrimiento hasta que se convierte en una mina en desarrollo, pasan en promedio unos quince años, es decir que es una actividad en la que se trabaja a largo plazo, con los riesgos que ello acarrea. “Ha pasado muchas veces que empresas que se constituyeron para hacer minería, terminaron en bancarrota antes de lograr desarrollar un proyecto, así que esto no es una cuestión lineal, en la que uno pueda suponer que el geólogo llega, patea una roca, toma una muestra y obtiene un buen resultado. Hay que trabajar duro, invertir, ganar conocimiento, educarse y formarse, por no mencionar la suerte, que también juega un papel importante”, explica Silva.
En ese período de exploración, las empresas contratan los insumos mínimos para trabajar y, en general, se manejan con presupuestos acotados, ya que no siempre les resulta fácil conseguir financiación para proyectos con tan alto nivel de riesgo. Además ese dinero es el primero que desaparece del mercado ante el menor cimbronazo y, no resulta ocioso recordarlo, cimbronazos son precisamente los que sobran en la economía mundial de los últimos tiempos.
No obstante, al influjo del boom minero, muchos sectores han vuelto la mirada hacia la actividad, algunos proponiéndose ingresar lícitamente al negocio como inversores, proveedores, profesionales o trabajadores, y otros tratando de imponer sus propias reglas mediante prácticas de distinto tipo, todas reprobables, que van desde el “apriete- sugerencia”, a la intimidación lisa y llana. Los principales protagonistas de estas prácticas, a las que nadie hasta el momento parece estar dispuesto a poner coto, son grupos de personas identificados como integrantes del gremio Camioneros, algunos de ellos alegando un aval explícito de su conducción nacional. Estos conflictos, que se vienen multiplicando en los últimos años, han comenzado a tener consecuencias directas en la actividad minera, y no son pocos los que, aunque por ahora sotto voce, han manifestado la posibilidad de levantar campamento (literalmente) hasta que la situación se clarifique.
Primeros conflictos
En mayo de 2009, representantes del gremio Camioneros cortaron el ingreso a la unidad minera San José –que opera Minera Santa Cruz, unos 50 kilómetros al sudeste de Perito Moreno–, reclamando el encuadre gremial de gran parte de los trabajadores que allí operaban, con el conocido argumento de que “si trabajan con equipos que tienen ruedas, son nuestros”.
La movida fue protagonizada por diez trabajadores de ese gremio, que provenían en su mayoría de San Juan y Bahía Blanca, cosa que llamaba la atención de algunos de los que sufrieron ese primer reclamo, porque no era lógico traer trabajadores para esas tareas desde tan lejos.
La seccional Santa Cruz del gremio que nuclea a los trabajadores mineros, AOMA, realizó las denuncias correspondientes ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo, pero como los días pasaban y no se obtenía ninguna respuesta concreta –algo que se repite en numerosos casos similares en distintos puntos del país–, decidieron cortar la Ruta 3, a más de 120 kilómetros de la entrada al yacimiento, para evitar la confrontación directa y hacerse oír.
La medida de los mineros tuvo dos consecuencias: se inició una actuación por encuadre sindical en la sede de la cartera de Trabajo, que aún no termina, y se procesó al secretario general de la Seccional Santa Cruz de AOMA, Javier Castro, por el corte de ruta. Para los camioneros que bloqueaban el ingreso a la mina no hubo sanciones.
Luego de algunos meses en los que se registraron situaciones menores en distintos yacimientos, el conflicto se trasladó al proyecto Cerro Negro, que opera Goldcorp.
El 14 de junio de 2011, representantes del Sindicato de Choferes de Camiones bloquearon el ingreso al campamento del proyecto, que se encuentra unos 70 kilómetros al sudeste de Perito Moreno. El motivo del bloqueo fue exigir documentación inherente al personal de algunos de los contratistas que brindan servicios a Goldcorp. La compañía se puso a disposición de las partes para facilitar el diálogo entre contratistas y representantes del sindicato hasta la finalización del bloqueo. Si bien se obstaculizó el ingreso al proyecto las reuniones tuvieron lugar en el puesto de vigilancia. La compañía minera decidió paralizar la circulación de vehículos dentro de la propiedad hasta tanto se resolviera el conflicto, lo que ocurrió a la noche del día siguiente.
Cuando los Camioneros quisieron irrumpir en empresas en producción en general lo hicieron en forma orgánica, algunas veces con el apoyo de personal de la compañía y otras desde afuera, tratando de ganar nuevos afiliados con la promesa de mejoras que, según los mismos trabajadores mineros, resultaban increíbles y alejadas de toda realidad, máxime si se las compara con la forma en que cumplen sus tareas habitualmente los camioneros que en las rutas argentinas trabajan al amparo de ese gremio.
Ante la falta de éxito, desde mediados del año pasado y hasta la fecha, el modo de presión y el objetivo cambió.
Exploradoras en la mira
La presión comenzó a ejercerse entonces sobre las junior exploradoras, pero ya no tenía como objetivo la afiliación de su personal a Camioneros, sino lograr la digitación de los transportistas que debían ser contratados y los que no. Así de simple. Huelga decir que los “recomendados”, ofrecían sus servicios a precios sideralmente superiores a los ofrecidos por los contratistas habituales. La prepotencia con que las más de las veces esos planteos fueron efectuados, terminaron generando un clima enrarecido y en ocasiones de gran tensión ya que, como manifiesta un profesional de una compañía exploradora “estamos en presencia de toda una organización que, con una impunidad llamativa, provoca, presiona y desafía a todo el mundo”, detallando que “entran al proyecto apretando y exigiendo que se contrate a una empresa determinada, o si no, que nos atengamos a consecuencias, que de todos modos no especifican”.
“Es el mismo sindicato de Camioneros el que le pone el precio a las contrataciones, a la cantidad de personal que se moverá en cada una de ellos y que varía las condiciones cada vez que lo necesitan o les resulta más conveniente”, indica un conocedor de estos problemas.
También son apretadas las empresas de servicios de perforación que trabajan para las junior, lo que enrarece aún más el clima, y ha provocado que al menos tres compañías se hayan retirado de la zona y más de una docena hayan frenado casi totalmente sus labores para proteger sus equipos y esperar hasta que las condiciones cambien.
Edgardo Volpi, gerente de Relaciones Comunitarias de Minera Santa Cruz, explicó una de las consecuencias, en este caso económica, de los aprietes: “Todos sabemos que en la Patagonia las cosas son más caras, pero no por eso tienen que soportar que los presionen para contratar por valores ocho veces más altos que en el norte, como se da en muchos casos. Esto pone, indudablemente, en grave riesgo la actividad de exploración, a la que estos grupos gremiales no conoce ni comprende, ya que la exploración es ni más ni menos que la garantía de continuidad en el futuro, de miles de puestos de trabajo; por que de las exploraciones de hoy, surgirán los proyectos mineros de mañana”.
La gente de AOMA se indigna con este proceder y tiene un juicio lapidario sobre sus motivaciones: “Nosotros nos movemos con una camioneta, haciendo desvíos cuando vamos de una delegación a otra y basándonos en la información oral de nuestros mismos compañeros, en tanto que los Camioneros cuentan con más movilidad y recursos, aunque a ellos no los mueve lograr ningún tipo de mejora para los trabajadores, sino forzar a que empresas amigas se apoderen del negocio, es decir que para estos tipos estar dando vueltas por el medio de la pampa no es ningún sacrificio, sino una inversión con rápido retorno”.
En los primeros hechos, varias de las mineras afectadas decidieron finalmente pactar, un poco debido a la idea de privilegiar la continuidad de las labores emprendidas, y otro poco por el escaso eco que sus reclamos tuvieron y la constatación de la absoluta impunidad con que estos grupos se movían.
Que la paz no me sea indiferente
Pese a las distintas reuniones celebradas en los últimos meses, en las que el gobierno provincial se comprometió a intervenir en el asunto y “asegurar la paz social” en los yacimientos, las dificultades para las empresas mineras exploradoras se vienen repitiendo y amplificando.
A finales del mes de enero hubo una importante reunión en Perito Moreno, convocada por la Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz), a la que asistieron autoridades provinciales de las áreas de Minería y Trabajo y Seguridad a fin de plantear el tema y buscar soluciones. Tras la reunión, en la que se evaluaron las distintas situaciones vividas y los mecanismos a implementar para asegurar paz y tranquilidad en el desenvolvimiento normal de la actividad en toda la Provincia, se emitió una declaración, en la que se repudiaron “los hechos de violencia de los que son objeto las empresas o sus trabajadores, que ponen en peligro la paz social y el desarrollo de la actividad laboral del sector que se encuentra en franco crecimiento en la Provincia y que traería aparejado importantes consecuencias sociales de difícil resolución”, hechos por los cuales tanto Capromisa como Camicruz “denuncian expresamente a un grupo de personas que dicen representar al sindicato de Camioneros de Santa Cruz”.
En otro punto de la declaración se afirmó el compromiso de “construir en forma conjunta, Gobierno provincial, operadoras mineras, empresas proveedoras de servicios del sector y entidades sindicales que correspondan, un espacio de trabajo que permita a través del diálogo determinar y abordar las distintas problemáticas que emerjan de la relación laboral, como así también los diferentes espacios o segmentos de representación, sosteniendo primordialmente el mantenimiento de la paz social y la profundización de puestos de trabajo genuinos para la Provincia”.
Al parecer, con la continuidad de los hechos de violencia y la repetición de piquetes y aprietes, la paz social aún no se ha logrado preservar, motivo que estaría llevando a las empresas más chicas a evaluar seriamente minimizar o suspender su presencia en la Provincia, por encontrarse, como algunos lo han calificado, “en situación de total indefensión”. Esto demostraría que no se logró, cuatro meses después de esa reunión, restaurar la paz social que las autoridades se habían comprometido a preservar.
Algunas voces
Edgardo Volpi, que también representa a su compañía ante Camicruz, cuenta: “Nosotros, en Minera Santa Cruz no hemos sido afectados de manera directa en los últimos hechos, aunque sí vivimos uno de los primeros, hace más de tres años, cuando gente perteneciente al grupo de Camioneros bloqueó el ingreso a la planta y eso derivó en una protesta del personal y de la compañía. Ahora, las situaciones más difíciles las viven las empresas más chicas, que se encuentran en etapa de exploración y trabajan en zonas más aisladas y con campamentos que todavía son precarios, porque los trabajos recién se inician. Esas empresas tienen un esquema de funcionamiento muy especial, ya que están en una etapa de inversión pura, en pos de consolidar recursos que permitan en un futuro no demasiado inmediato, contar con nuevos proyectos productivos, pero que hoy no tienen más que el riesgo exploratorio, por lo que son muy vulnerables a las presiones y se les dificulta mucho la tarea cuando sucede en un marco de amenazas y agresiones”.
Concluye Volpi que “está en riesgo la actividad de exploración. Hay que entender que las compañías que invierten en la construcción de una planta y en producción no son las que exploran. La exploración está a cargo de pequeñas compañías, muchas veces conformadas por un grupo mínimo de personal, que invierten años de trabajo en el campo para determinar si una zona es atractiva o no para una futura explotación. En la gran mayoría de los casos no logran los resultados anhelados, por lo que el riesgo tomado no rinde los frutos deseados, y si además, se las somete a presiones externas y a costos por encima de lo esperado, lo que se pone en riesgo es la continuidad”.
Por su parte, el secretario general de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, afirma que “las tareas de las empresas exploradoras no son más que el inicio de un proceso que termina en una producción minera, que puede albergar a mil trabajadores y tres mil contratistas, y si a las empresas exploradoras se las lastima, se las daña y no se les permite realizar su actividad, en realidad lo que se está coartando es el trabajo de cuatro mil trabajadores mineros”, señalando de manera categórica que “si quienes tienen el poder de decisión y la potestad de terminar con algunas cuestiones no las ejecutan, se deberán hacer cargo de lo que su falta de acción provoque a la vuelta del tiempo”.
Recordó Castro que él ya habló “en un montón de medios explicando que a la minería hace cinco años no se le acercaba ningún gremio ajeno ni muchas autoridades, pero como creció y demostró que tiene un potencial enorme, y se hacen las cosas bien, hoy todos quieren ser parte, entrar en la foto y participar a como dé lugar”. Pero asegura que como trabajadores y representantes gremiales “lamentablemente nosotros sólo podemos denunciar y proponer soluciones, pero no podemos disponer nada”.
La modalidad adoptada por el Sindicato de Camioneros, que no deja de ser similar a la que aplicaron en los últimos diez años en numerosos puntos del país (para lo que han contado, en varias oportunidades, con la inacción de las autoridades pertinentes), también ha comenzado a tener repercusiones en la propia CGT. Héctor Laplace, titular de AOMA nacional, fue terminante: “Moyano en la conducción de la CGT no ha dado respuestas al reclamo de los trabajadores, sino que ha priorizado sus temas particulares. Recién ahora está tratando de torcer el rumbo de las cosas, cuando le queda muy poco tiempo de conducción. Ël tendría que haber atendido mucho antes temas que nos preocupan a los trabajadores como el pago del impuesto a las ganancias, y las asignaciones familiares", afirmando seguidamente que "como tantas otras organizaciones sindicales, hemos tenido inconvenientes, porque hay una clara pretensión del compañero Moyano de robarnos afiliados, así que no podemos estar de acuerdo con su conducción".
Futuro en riesgo
El proceso minero, desde que se tiene la sospecha de la presencia de un depósito mineral determinado hasta que entra en producción, insume casi siempre más de una década. Luego se pone en producción y finalmente, cuando el recurso se agota, cierra.
Los trabajadores que van adquiriendo conocimientos y experiencia, al igual que los proveedores de bienes y servicios, van rotando entre los distintos emprendimientos, interviniendo en cada etapa en la que se especializan y manteniéndose así el nivel de ocupación y de salarios.
Si se deja de explorar, si no se descubren y cuantifican nuevos yacimientos, el círculo en algún momento se cortará, e inexorablemente, en el mediano y largo plazo, los puestos de trabajo y los recursos irán mermando, como lo demostraron los sucesos recientemente acaecidos en la actividad hidrocarburífera.
Que una junior minera pequeña deje hoy de explorar, debido a la insostenible situación creada por este tipo de presiones, seguramente no se sentirá ni en la tasa de ocupación, ni en la economía de las proveedoras de servicios, ni mucho menos en las arcas estatales del presente o del futuro inmediato. Pero algo debe quedar claro: lastimar la exploración, es hipotecar el futuro. Esto vale tanto para el petróleo como para la minería.
Esperemos que en el caso que nos ocupa, todos los protagonistas de esta historia, empezando por las autoridades que tienen el poder para poner las cosas en su lugar, estén a la altura de las circunstancias.
