La Corte Suprema confirmó un fallo de la Cámara de la Seguridad Social que fija que las jubilaciones no pueden ser inferiores al 70% del sueldo promedio actualizado que tenía el trabajador al momento de retirarse.
La sentencia de la Corte –que rechazó la apelación de la ANSeS porque “no cumple con el requisito de fundamentación”– lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. El fallo de la Cámara es de la Sala III tiene las firmas de los camaristas Néstor Fasciolo y Juan Poclava Fuente y el de primera instancia del Juzgado Federal de Salta N° 2.
Si bien el fallo favorece a un jubilado – el salteño José Betancur, un ex Jefe de servicios de YPF — tiene gran transcendencia para la totalidad de los jubilados , por partida doble.
Eso se debe a que se fija un nuevo piso jubilatorio del 70% pero del sueldo promedio actualizado según la propia doctrina de la Corte y no como lo calcula la ANSeS.
Así la Justicia sienta una nueva jurisprudencia en materia previsional que comprende a la mayoría de los jubilados que se desempeñaron en relación de dependencia o como autónomos y a los que se jubilen de ahora en más.
Es que la inmensa mayoría, incluyendo a los que se jubilaron después de 2008 con la vigencia de la ley de movilidad, cobra menos de ese piso del 70%.
En la actualidad, con 30 años de aportes, la mayoría se jubila con el 50% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años en base a coeficientes de la ANSeS, cuestionados por la Corte.
Los que se jubilaron antes cobran entre el 30 y 40%.
En el caso Betancur, quien se jubiló en 2001, el haber inicial equivalía al 41% del sueldo promedio de los últimos 10 años anteriores a su jubilación, calculado con el criterio de la Corte.
Ahora, al fijarse el piso del 70%, Betancur tendrá un aumento del 71% , más la movilidad fijada en el caso Badaro. Esto significa que de cobrar hoy $ 2.881, Betancur deberá ganar $ 7.747, más la retroactividad, según los cálculos de su abogado, Roberto Villagra Acedo.
La novedad de la sentencia es que crea un nuevo beneficio que denomina “suplemento por sustitutividad”para que el jubilado pueda alcanzar el 70% del sueldo promedio, actualizado según los índices del fallo Ellif. Y luego se deben agregar los índices del caso Badaro entre enero de 2002 y diciembre de 2006, más los aumentos posteriores.
Para fundamentar ese “piso”, los jueces sostienen que la jubilación es una “consecuencia” del salario que percibía el trabajador “razón por la cual el principio básico es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad”. En definitiva, dicen, la jubilación sustituye al salario y entre ambos debe existir una proporción razonable.
En la historia previsional argentina esa tasa de sustitución del salario por la jubilación se fijó con un piso del 70% del salario del trabajador dependiente, en tanto el haber final podía incrementarse hasta el 82%.
Algunos sectores, como los jueces o los docentes cobran el 82% del sueldo del cargo por el que se jubilaron, aunque realizan un aporte adicional (Los docentes aportan el 13%, en lugar del 11% del régimen general).
Cuando en 1994 entró a regir la actual ley previsional 24.241 no se puso ningún piso con relación al salario porque el sistema propiciaba el pase de los trabajadores del régimen público a las AFJP. Luego de la estatización del sistema, a fines de 2008, se elevó el cálculo del haber inicial, pero sin piso y aún así con 30 años de aportes arroja una jubilación que equivale a la mitad o menos del sueldo promedio.
El abogado Villagara Acedo le dijo a Clarín que “este fallo cierra el círculo de las demandas con relación a la actual ley de jubilaciones porque complementa los fallos Ellif y Badaro con un fundamento más que importante: que el haber jubilatorio debe sustituir al salario del trabajador para que se mantenga mínimamente el mismo nivel de vida en la edad pasiva que tenía en actividad”. También obedece – agregó– “a un momento socioeconómico importante ya que se encuentra en discusión la utilización de los fondos de la ANSeS. Es decir si deben usarse para recomponer las jubilaciones y el pago de las sentencias o se utilizan para otros fines”.
“Cuando en el 2010 mi abogado me dijo que mi caso fue tenido en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí crecieron más mis esperanzas de que todo me iba a ir bien”, lo dijo ayer a Clarín , José Betancur, de 66 años, y marcó una sonrisa cuando aseguró que “ahora voy a cobrar una jubilación equivalente al 70% de lo que gana en la actualidad un operario esté cumpliendo las funciones de seguridad, como yo lo hacía, cuando en 1993, me dejaron sin trabajo por la privatización de YPF ”.
En el living de su casa, José conserva un pingüino embalsamado que trajo a Salta como recuerdo de su primer destino en YPF como lo fue Comodoro Rivadavia: “Yo estaba recién casado con mi esposa Magdalena y hacía poco que había nacido mi primer hija (luego nacieron tres varones), y mi hermano Saturnino, que ya estaba trabajando en YPF en Comodoro Rivadavia, me manda plata para que con mi familia viaje para allá. Yo tenía 24 y mi esposa mucho menos”, recuerda José.
No bien llegó a destino, José se presentó a rendir el concurso de ingreso en YPF, y le fue bien: “Era el año 1970 . Y me quedé hasta 1977, cuando me salió el pase a Salta, a la destilería de YPF en Chachapoyas”, vecina al Escuadrón de Gendarmería Nacional de Salta, en el extremo norte de la capital salteña.
“Aquí se jubiló mi hermano, y yo me quedé en la mitad de camino”Pasaron 16 años cuando en 1993, la privatización de YPF, les cambió la vida a miles de trabajadores del sector. “La indemnización fue muy buena. Pero no estuvimos preparados para recibir tanta plata junta. Mucho invirtieron en vehículos y viajes, y se les fue la plata”.
La casa que tiene José cuenta con todas las comodidades. En el garaje está su camioneta Cherokee modelo 99 : “¿Lo que yo hice con la indemnización? Me puse un lavadero de ropas en el microcentro de la ciudad (él vive a 18 cuadras al norte de la Plaza 9 de Julio pleno centro salteño), y con eso comencé a trabajar por mi cuenta, y me costaba ganar los $2.000 que cobraba mensualmente en YPF. Pero con mi esposa salimos adelante”, cuenta José.
Cuando a los ex trabajadores de YPF se les comenzaron a acabar las indemnizaciones y las rutas en el norte salteño comenzaron a llenarse de piqueteros, José consultó a los ex compañeros, quienes les aconsejaron hacerle juicio al Estado para jubilarse: “Como no tenía edad, junté los años que por zona desfavorable me correspondía y así me jubilé en el año 2000 con $700”.
En 2005, José busca el asesoramiento del doctor Roberto Villagra Acedo, “y aquí estoy contento por la decisión de la Corte Suprema”.
Por mes ingresan en los tribunales 8.000 nuevas demandas de jubilados
Clarín
Todos los meses ingresan en los Tribunales de la Seguridad Social unas 8.000 demandas de jubilados. Por su parte, la ANSeS está cancelando unas 2.000 sentencias firmes por mes.
Este año, para sentencias, ANSeS tiene un presupuesto de $ 3.541 millones.
Equivale al pago de retroactividades de 22.000 sentencias, a un promedio de $ 160.000, más el reajuste del haber corriente según lo que fija la sentencia.
Buena parte de los reclamos son porque la Corte dictaminó – en el caso Ellif– que, para calcular la jubilación inicial en base al promedio de los últimos 10 años, la ANSeS debe actualizar los sueldos por el índice de los salarios básicos de la industria y la construcción –personal no calificado– muy superior a los coeficientes que utiliza la ANSeS.
Esto lleva a que los trabajadores apenas se jubilan inician una demanda solicitando la aplicación de esos índices de la Corte Suprema.
A eso se agregan las demandas invocando el caso Badaro. Ahí la Corte Suprema dictaminó que los haberes jubilatorios por el período enero 2002 a diciembre de 2006 deberían haberse ajustado un 88,3 por ciento, según el índice de variación salarial del INDEC. En ese lapso el Gobierno otorgó sólo dos aumentos generales: del 10% en septiembre de 2004 para los que ganaban menos de $ 1.000 y el 11% en junio de 2006 para todos los jubilados. La diferencia es de entre el 55 y 71% de ajuste Esta avalancha de juicios se debe también a la propia Corte Suprema, que hasta ahora no se pronunció sobre la demanda de la Defensoría del Pueblo que reclama que extienda su propia jurisprudencia a todos los jubilados. Así cada jubilado no estaría obligado a iniciar un juicio individual por un reclamo que ya tiene doctrina o jurisprudencia de la Corte.
Preocupado por los juicios, el titular de la ANSeS, Diego Bossio, en el informe que el mes pasado presentó ante la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social, aseguró que “existen 266.145 causas en trámite de naturaleza previsional”. Y que “ANSES tiene la obligación legal de apelar las sentencias que le resultan contrarias, en función de la normativa vigente que rige la materia en defensa del Estado en juicios”.
La vieja costumbre de los Kirchner de ignorar las decisiones judiciales
Clarín
Los Kirchner más de una vez hicieron caso omiso a los fallos de los Tribunales Superiores o de la misma Corte Suprema que les resultaron adversos. No es que los apelen, presenten recursos extraordinarios o planteen medidas cautelares, todos ellos mecanismos procesales aceptados por nuestras leyes. Directamente ignoraron algunos de esos fallos, hicieron como que no existían.
Para muestra bastan tres botones: las actualizaciones de las jubilaciones dispuestas por la Corte Suprema en 2007, en el fallo Badaro; el caso del ex procurador general de Santa Cruz Eduardo Sosa, desplazado de su cargo sin respetar su garantía de inamovilidad, cuando Néstor Kirchner era gobernador de esa provincia; o la negativa a cumplir con la condena de la Corte que ordena al Gobierno que le otorgue publicidad oficial a la Editorial Perfil, para evitar la discriminación hacia algunos medios en la distribución de la pauta.
El nuevo fallo de la Corte sobre jubilaciones que se acaba de conocer, y que establece en un caso puntual un piso del 70% del sueldo promedio para el cálculo de la jubilación, podría correr la misma suerte. Y -al igual que ocurrió tras el fallo Badaro- obligaría a los jubilados que quieran obtener el mismo beneficio a recorrer un interminable camino judicial, donde todos los recursos del ANSeS estarán orientados a perder tiempo, un insumo que justamente es un bien escaso para muchos jubilados de edad avanzada.
¿Qué hacen los jueces de la Corte ante estos incumplimientos? En dos casos, el de Sosa y el de la publicidad oficial, dieron intervención a la Justicia penal para que se iniciara una causa por incumplimiento. En el caso del ANSeS, recientemente se reiteró un pedido de informes al organismo para que explique cuántas sentencias judiciales tienen pendientes de pago y en qué se utilizan los recursos. Esto último fue decidido después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmara un decreto estableciendo un plan de acceso a la vivienda propia (PROCREAR) financiado, otra vez, con dinero de los jubilados.
Pero el caso que tal vez irritó más a los jueces de la Corte fue el del procurador santacruceño Sosa, una pelea judicial que ya lleva 17 años y que aún no tuvo solución. En la Corte reconocen que varios jueces realizaron en este caso innumerables gestiones para evitar llegar a una situación extrema, pero ninguna de esas propuestas fue aceptada. “Hicimos todas las gestiones posibles, hubo siete fallos donde ordenamos que Sosa fuera repuesto en su cargo, y en octubre (de 2010) nos hicieron la trampa de proponer el desdoblamiento del cargo, con la promesa de que iba a ser tratado en la Legislatura provincial. Pero nunca se llegó a tratar y el incumplimiento de la orden de la Corte siguió generando malestar”, resumió uno de los jueces.
En medio de este clima, hace ya un par de años, el tribunal resolvió adoptar una solución de fondo frente a la negativa del gobernador de Santa Cruz de reponer a Sosa: decidió denunciarlo ante la justicia penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y envió el caso al Congreso para que determine cómo se va a hacer efectiva la sentencia.
El disgusto de los jueces se mantuvo en reserva, hasta que Carmen Argibay, una jueza que llegó al tribunal a propuesta del kirchnerismo pero que supo mantener un criterio independiente del poder político, hizo público el malestar: “Hace mucho tiempo que la Corte dio una orden a la provincia de Santa Cruz y no la ha cumplido. Alguna medida había que tomar, porque no podemos dejar que los fallos de la Corte no se cumplan”.
Sobre el conflicto de los jubilados, quien más salió a hablar públicamente fue el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien dijo que hay que acordar mecanismos “para que no exista el verdadero padecimiento que tienen los jubilados” que aspiran a cobrar una sentencia de actualización.
Aunque sus fallos puedan ser ignorados, los jueces del tribunal tiene por delante otro desafío: los reclamos de las provincias por la coparticipación de sus fondos.
Para Lorenzetti, no importa que un fallo “sea irritable o no para el Gobierno”
Clarín
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sostuvo ayer que “lo que diga el Gobierno o una empresa” no “influye” en las resoluciones del tribunal, y afirmó que “ no importa que sea irritable o no” para la Casa Rosada determinada sentencia , como en el hipotético caso que el cuerpo deba fallar a favor de un ciudadano por el cepo cambiario. “ Si se irritan es un problema de cada uno , nosotros no podemos estar pendientes de eso”, advirtió el juez.
Además, al recordar que ya lleva “mucho tiempo” como presidente del tribunal, Lorenzetti consideró que “sería bueno” que otro de sus colegas ocupara su lugar : “Es un tema que los resolvemos entre nosotros y tenemos muy buen clima... Veremos quién es el que tiene ganas de asumir la presidencia, no hay mucha disputa por eso”, dijo.
En declaraciones a radio La Red, Lorenzetti dijo no “prestar atención” al eventual enojo de funcionarios nacionales contra ciertos fallos de la Justicia y sostuvo que “si nosotros nos guiáramos por lo que se dice, faltaríamos a lo que la gente espera de un juez” .
“Lo que diga el Gobierno, lo que diga una empresa, está bien, lo pueden decir, pero no nos influye; cada uno tiene a derecho a decir lo que quiera, pero nosotros no podemos estar atentos a eso porque, si no, fallaríamos muy mal”, insistió. Cuando se le preguntó si la Corte tendría “miedo” de resolver a favor de un ciudadano que cuestionara el cepo cambiario, Lorenzetti señaló: “ Le vamos a dar lugar si tiene razón , no importa que sea irritable o no para el Gobierno, lo importante es que tengan razón”.
