Polémica en puerta... En medio de un intenso e incansable debate social y ambiental que tiene a la minería como eje central en Mendoza (con sus defensores y detractores), irrumpió en escena la ONG Crisol, autodenominada como un grupo de “ambientalistas a favor de la minería”.
Con más de 15 años juntos como organización abocada a dar ayuda social -aunque hace sólo unos días se pronunciaron como promineros-, Rafael Valverde (55), Viviana Arancibia (47) y David Arce (48) son ahora noticia.
El lunes se presentaron en el palacio judicial, en la Casa de Gobierno y en la Legislatura con una nota firmada por ellos y otras 300 personas (según contó Valverde) solicitando que se “revea y modifique la ley 7.722 (que prohíbe el uso de sustancias tóxicas que contaminen el agua en la minería)” al considerar que la contaminación que deja el cianuro en el agua que pretende utilizar la empresa San Jorge en Uspallata “es mínima y no afecta a la salud”.
Desde la Asamblea Popular por el Agua, en tanto, consideraron que los argumentos esgrimidos por esta nueva ONG “no tienen nada de ambientalistas”, al tiempo que consideraron “contradictorio” que se autoproclamen como preocupados y defensores del medio ambiente si defienden el uso de cianuro en los emprendimientos.
“Ni siquiera buscan una minería alternativa. Directamente defienden la que contamina”, sostuvo Federico Blonda, vocero de la Asamblea Popular por el Agua.
De anti a pro minero
Rafael Valverde tiene 55 años. Es ingeniero químico egresado de la UTN y vive en Las Heras. Preside Crisol secundado por Viviana Arancibia (48), cosmetóloga, y David Arce (48), quien actualmente se encuentra desempleado.
“Desde hace mucho tiempo venimos trabajando. En 1997 empezamos por temas políticos y sociales. Yo soy muy conocido en Las Heras y trabajamos en villas y en comedores y hogarcitos. Pero desde hace un tiempo empezamos a militar como ambientalistas pro mineros”. explicó Valverde.
El presidente de Crisol admite haber sido antiminero al principio. “Pero después me empecé a interiorizar, primero con la situación en San Juan y después con San Jorge. Fuimos varias veces a Uspallata y me di cuenta de que mi posición antiminera era desde el desconocimiento, la falta de información. Y es lo mismo que le pasa ahora a la gente”, acusó Valverde.
Uno de los argumentos más controvertidos de la ONG es el que tiene que ver con la defensa no sólo de la minería, sino incluso del uso de cianuro en el proyecto San Jorge (que aún intenta instalarse en Uspallata).
“San Jorge tiene agua propia y no llega al río. También estuve estudiando sobre la utilización de cianuro y 95% del agua usada en minería se recupera. Sólo queda algo de cianuro en los residuos, en el lodo. Es tratable”, consideró.
Sobre la ley “de defensa del agua” (como se ha bautizado a la 7.722), Valverde también vertió sus críticas. “No es como sostienen los antimineros tampoco. Porque la 7.722 es discriminatoria con la minería metalífera. Por ejemplo, YPF y la explotación de minerales también utilizan esas sustancias. La Destilería usa ácido sulfúrico y, por su localización hay riesgo de que llegue al río Mendoza. Ese mismo material que está permitido en petróleo está prohibido por la 7.722”, se defendió Valverde.
Además, tanto él como sus compañeros ven en proyectos como San Jorge una solución a los problemas de coyuntura. “Tenemos los recursos. Lo que más nos interesa es que San Jorge ofrece 8.000 puestos de trabajo y en Malargüe, Vale ha dado 5.000. Nosotros somos gente humilde, que tenemos nuestros principios y no hay nadie detrás nuestro. Sí hemos estado en contacto con la gente de San Jorge y la Cámara de Minería, pero para informarnos”, agregó.
Además, Valverde indicó que consideran que hay que rever el código minero, ya que es muy bajo que el Gobierno se quede sólo con 3% de regalías.
“Quieren generar impacto”
Las críticas a esta agrupación no se hicieron esperar. Y desde la Asamblea Popular por el Agua salieron a refutar sus argumentos.
“No tienen ningún argumento ambientalista. Ya no estamos hablando de estar a favor o en contra de la minería, sino que ellos (por Crisol) defienden una minería con cianuro. Eso ya es imposible de considerar ambientalista”, destacó Federico Blonda, vocero de una de las asambleas que más presencia ha tenido en las convocatorias para rechazar los emprendimientos megamineros, así como también para defender la ley 7.722.
“Es imposible que digan que antes han sido antimineros y ya no lo son más. Si alguna vez hubiese sido antiminero en serio, jamás se hubiese movido de ese lugar porque entendería todo lo que trae el cianuro”, denunció el joven en alusión a Valverde, además de insistir en que es “contradictorio” que se autodenominen ambientalistas. “Se denominan así para generar impacto”, resaltó.
Además, Blonda insistió en que Crisol defiende precisamente uno de los aspectos que las asambleas y pueblos autoconvocados resisten: la utilización de sustancias tóxicas.
“Nosotros estamos en contra de tres aspectos fundamentales. Primero, la megaminería en todas sus expresiones ya que consume grandes cantidades de energía; de la minería de uranio, que utiliza ácido sulfúrico; y de todo tipo de minería contaminante”, reforzó.
El vocero de la Asamblea también fue más allá al destacar que “habría que ver de dónde sacan dinero para financiarse”, apuntando a la posibilidad de que las propias empresas mineras estén detrás de la ONG.
Por otra parte, Blonda destacó que durante ayer presentaron al Gobierno un petitorio para que en los próximos 15 días se les informe sobre la actualización que presentó San Jorge para intentar que se le dé luz verde a su proyecto.
“Queremos estudiar qué propone y analizarlo. Creemos que es irreal la información que difundió la empresa en el comunicado (sobre la posibilidad de tratar en San Juan lo que se extraiga de Uspallata), porque además debería contar con el aval del Ejecutivo y el proyecto ya fue rechazado por éste”, insistió Blonda.
El 24 de agosto las distintas asambleas autoconvocadas y vecinos que rechazan la megaminería a cielo abierto se concentrarán a las 18 en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera y marcharán hasta la Legislatura y el Poder Judicial en defensa de la ley 7.722 y repudiando el proyecto San Jorge.
ANTECEDENTES
PUBLICADO EL 01/08/2012: MENDOZA: CREAN ONG AMBIENTAL PRO MINERA PARA CAMBIAR LEY COBOS
Apareció la primera asociación ambientalista pro minera que busca modificar la ley 7722
MDZ - por Danila Bragagnini
Crisol, la primera asociación pro minera en Mendoza, recorre la provincia con la iniciativa de "hacer docencia" sobre la actividad, que puede brindar importantes beneficios económicos y en materia de salarios a la provincia.
Se definen como "los primeros ambientalistas a favor de la minería", ya que plantean que la gente está desinformada y “les han dicho durante décadas que la minería es contaminante. Cualquier actividad contamina, pero funcionan porque son necesarias. Pero la provincia necesita recursos, estamos en crisis”, explicó Rafael Luis Valverde, ingeniero integrante del grupo.
La agrupación presentó ayer en la Legislatura y en el Gobierno un petitorio para que se revea y se modifique la ley 7722, sobre todo el artículo tercero, que prohíbe el uso de sustancias químicas como ácido sulfúrico y cianuro en las actividades mineras: “Es una ley discriminatoria hacia la minería metalífera a cielo abierto, que utiliza sustancias como el ácido sulfúrico, que es usado en la mayoría de las industrias”.
"El proyecto San Jorge, por ejemplo, proveerá 8 mil puestos de trabajo, con un sueldo mínimo de 11 mil pesos, cuando el IPV no va a construir muchas casas este año. Miremos a San Juan, una provincia que tiene superávit, mientras que nosotros estamos casi en default", indicó Valverde, quién visitó la redacción de MDZ junto a Viviana Arancibia y David Arce.
En referencia a los controles ambientales, la agrupación está segura de que no serán problema: explican que las grandes empresas tienen controles de cuidado del medio ambiente muy rigurosos, mucho más que los que puede imponer un Gobierno. "San Jorge cotiza en la bolsa, si tienen un problema ambiental, sus acciones bajan. Es así como funciona, no se arriesgan", aclaran.
Crisol intenta convencer a la sociedad que se opone a la actividad minera que los controles internos que tienen estas empresas se manejan con estándares internacionales "y no es tan contaminante como dicen. El cianuro es muy caro y lo recuperan, no se desperdicia nada. San Jorge tiene agua propia, no toca los ríos. El arroyo del Tigre es propiedad de San Jorge, nace y muere en su propiedad. No es cierto que en Mendoza hay sólo agua pura, porque mucha ya está contaminada por otras industrias", explican. "Un solo proyecto, como San Jorge, brindaría soluciones sobre todo a la juventud, porque son puestos de trabajo que requieren alta capacitación, estándares de seguridad, calidad ambiental".
Crisol aclara que su interés no es debilitar a los grupos ambientalistas que se oponen a la actividad, sino que su principal objetivo es que se revea la ley, "que traba todos los procesos y no se modifica porque hay intereses económicos detrás".
Por último, recalcaron que el mayor problema que impide el desembarco de la minería en Mendoza es la "falta de conocimiento de la población".
