El Gobierno y Vila-Manzano van por una nueva intervención a Cablevisión

En las últimas horas, el Gobierno y el grupo Vila-Manzano avanzaron para volver a intentar tomar la empresa Cablevisión , del Grupo Clarín . El miércoles pasado, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se reunió con el empresario mendocino Daniel Vila y el ex ministro menemista José Luis Manzano para ultimar detalles de un plan político-judicial que tiene como objetivo desguazar la compañía de televisión por cable e Internet y asumir el control de sus operaciones.

Uno de los ejecutores de este plan es el juez mendocino Walter Bento, el mismo que allanó ilegalmente la sede de Cablevisión el 20 de diciembre de 2011, con más de 50 gendarmes. Bento fue sometido a juicio político por estas irregularidades pero fue salvado de manera escandalosa por el kirchnerismo el pasado 5 de julio en el Consejo de la Magistratura. El trámite se hizo en tiempo récord y de manera antirreglamentaria, ya que varios consejeros no pudieron ni siquiera analizar el expediente. Envalentonado por este respaldo político, Bento –de fluidos vínculos con Vila-Manzano y juez de una provincia donde Cablevisión no tiene operaciones– habría ordenado en las últimas horas un nuevo allanamiento a la empresa e incluso un agravamiento de la intervención dictada en diciembre.

En ese momento el allanamiento fracasó, ya que Bento es un juez sin competencia en la Capital Federal y no podía ordenar el desembarco de Gendarmería. De hecho el juez federal Claudio Bonadio consideró ilegal ese allanamiento y ordenó investigar a Bento y a la propia ministra Nilda Garré. Sin embargo, ahora el polémico juez y Vila-Manzano buscarían redoblar la apuesta con la colaboración de un juez de la Capital Federal. Este fue uno de los ejes de la reunión de esta semana con Abal Medina.

El apoyo oficial se plasmaría en la búsqueda de un juez capitalino cercano al Gobierno que les permita utilizar la fuerza pública para intentar entrar a la empresa. Vila-Manzano, a su vez, están obteniendo numerosos beneficios del kirchnerismo: desde concesiones petroleras y servicios públicos hasta juegos de azar e incrementos del 900% en pauta oficial. Y negocian frecuencias de telefonía celular .

La causa iniciada en Mendoza tiene como objetivo la desintegración de Cablevisión. “Se trata de un reclamo disparatado e ilegítimo que carece de sustento legal y donde se han violado las reglas de competencia, ya que no tiene nada que ver con Mendoza”, sostuvieron los asesores legales de Cablevisión. De hecho el origen es una disputa comercial entre una empresa de TV por cable de otra provincia (Salta), y Artear por el precio de la señal de Canal 13. Este año, la Justicia declaró la incompetencia de Bento en esta causa en dos inhibitorias: una de la Justicia federal de Salta y otra de la de Capital Federal.

Lo que buscan Vila-Manzano y el Gobierno es tener injerencia en la administración de Cablevisión y lograr una eventual división de la compañía, buscando quedarse con parte de ella . De hecho, tanto el interventor nombrado por Bento, Enrique Anzoise, como su abogado, Ricardo Mastronardi, tienen fluidos vínculos con Vila-Manzano, lo que también fue denunciado por Cablevisión. Otro dato que revela esa intención, es que Vila-Manzano vienen tramitando nuevas licencias del AFSCA para dar cable en las mismas ciudades donde está Cablevisión, pese a que el grupo mendocino está ampliamente excedido del límite de licencias . Pero además Supercanal, su empresa de cable, está concursada desde hace doce años y sus dueños procesados penalmente , por lo que deberían haber perdido su licencia.

Las nuevas medidas que Vila-Manzano vienen solicitando al juez Bento apuntan no sólo a entrar en las oficinas de Cablevisión y Fibertel sino también acceder a la base de datos de sus clientes y así obtener información sensible tanto de la empresa como de sus abonados de cable e Internet .

En diciembre pretendieron hacer lo mismo mediante un espía privado que luego fue procesado por la Justicia. También buscarían tomar control de la operación de Cablevisión mediante el desplazamiento de sus autoridades naturales.

Para el Gobierno esta maniobra es claramente funcional porque le permite acelerar su objetivo de desmembrar al Grupo Clarín sin tener que esperar a que la Justicia se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios, que son el que desconoce retroactivamente las licencias vigentes, y el que establece pautas arbitrarias y discriminatorias de multiplicidad de licencias.

Con la maniobra que impulsan Vila-Manzano, el Gobierno violaría la intangibilidad de las licencias de Clarín , que la Corte Suprema ratificó el pasado 22 de mayo. Funcionarios K han dicho que quieren desguazar al Grupo Clarín el 7 de diciembre, lo que viola abiertamente ese fallo de la Corte, ya que el artículo 161 está suspendido al menos hasta entonces, así como todas sus reglamentaciones.

El Gobierno lograría además, que un grupo aliado tomara el control de un medio independiente . Es lo mismo que viene haciendo en los últimos tres años, con un proceso de colonización mediática que ya ha llevado a que más del 80% de los medios audiovisuales del país dependan del oficialismo . Lo hace a través de la publicidad oficial (el último semestre creció un 74%), de la compra de medios por empresarios K (el último ejemplo es Cristóbal López con el grupo Hadad) o por la tolerancia a incumplimientos legales a cambio de acompañamiento editorial.

Amplio repudio al intento del Gobierno de intervenir Cablevisión

Como un nuevo ataque a los medios independientes calificaron ayer diversos protagonistas de la política al nuevo intento para intervenir Cablevisión. La ofensiva político-judicial contra el Grupo Clarín , que fue anticipada ayer por este diario, habría sido consensuada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, ex ministro del interior durante el menemismo. Y esta vez buscarían tomar el control de la firma y hasta apropiarse de la base de datos de los clientes de Cablevisión y Fibertel.

“Cuando no hay jueces independientes, los derechos y las libertades quedan en peligro. Pero cuando hay jueces que se prestan a las más grotescas y torpes maniobras en función de intereses económicos y políticos , el estado de derecho desaparece”, se alarmó el jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, ante la novedad de que el juez federal de Mendoza, Walter Bento, habría ordenado un nuevo allanamiento a la sede porteña de Cablevisión y la intervención de la compañía. A pedido del grupo Vila-Manzano, Bento ordenó un operativo semejante en diciembre de 2011, pero fue desautorizado por la propia justicia. Ahora insistiría con apoyo de otro juez cercano al kirchnerismo.

“Resultaría de enorme gravedad institucional que este paso haya sido urdido desde Casa de Gobierno”, advirtió Gil Lavedra.

“El gobierno no tiene límites en su ambición autoritaria de hacerse de todos los medios de comunicación y destruir a los que opinan distinto. No duda en transar con grupos económicos que cuestionaba o requerir servicios de jueces todoterreno. El objetivo es destruir al que se anima a disentir ”, juzgó la ex diputada radical Silvina Giudici.También la diputada de Unión por Todos, Patricia Bullrich, consideró que “el avance del kirchnerismo sobre los medios es grosero”. Pero advirtió que “vamos a reaccionar como para que la Argentina tenga un esquema de medios que no sean propagandísticos”. Eduardo Amadeo, del Frente Peronista, opinó que la nueva ofensiva sería “un atropello a la libertad de expresión de todos los argentinos cuando prácticamente no van quedando medios independientes”.

De todos modos, el legislador consideró que las aspiraciones del Gobierno para avanzar sobre el Grupo Clarín encontrarán la resistencia de la propia gente. “Ya sucedió en Venezuela cuando el gobierno intentó apropiarse del último canal independiente”, recordó.

El denarvaísta Gustavo Ferrari observó: “El gobierno debería darse cuenta de que su verdaderos enemigos deberían ser la inseguridad y la inflación y no los medios”. Gerardo Millman (FAP) señaló: “Es un nuevo intento del Gobierno de disciplinar a los medios para que solo podamos ver la cadena oficial que nos propone Cristina ” Federico Pinedo, titular del bloque del PRO, recordó que él fue uno de los que motorizó el pedido de juicio político contra el juez mendocino Bento. “Era tal la gravedad de la decisión, t an ilegal y violatoria del derecho de defensa que pedimos que se lo desplazara, pero eso no sucedió por el número político del kirchnerismo” en el Consejo de la Magistratura.