Las contradicciones de la Presidenta

"Los regímenes y los sistemas económicos y políticos no mueren jamás por sus escándalos. Mueren por sus contradicciones." La frase de Jean Bouvier, historiador marxista francés, figura como acápite de una reciente nota de opinión de Mario Wainfeld en Página/12. Apoyado en ella, Wainfeld sostiene que la caída del gobierno de la Alianza no fue provocada por el escándalo de las coimas en el Senado, que hoy se juzga en Comodoro Py, sino por las contradicciones inherentes a las políticas que llevó adelante. Es un texto agudo e inteligente, pero mientras lo leía no podía dejar de pensar en lo que está ocurriendo con el gobierno de Cristina Kirchner.

La asociación no obedeció al destino final del gobierno de De la Rúa, desenlace que nadie quiere ni espera para la administración actual. Fue la frase de Bouvier la que disparó la analogía. Durante este gobierno, escándalos ha habido muchos. Y tiene razón el pensador francés: han hecho muy poca mella en la popularidad de la Presidenta (dato del que el oficialismo tomó nota, sobre todo quienes ya fogonean el objetivo de la Cristina eterna). Cada uno de esos escándalos, sin embargo, cifra una contradicción. Y, como si en su fuga hacia adelante el Gobierno se viera obligado a redoblar la apuesta en cada gesto, esas contradicciones son cada vez más graves y desembozadas. Veamos algunos ejemplos.

En sintonía con el guión nacional y popular, el oficialismo impulsó la expropiación de la ex Ciccone, recién consumada en Diputados, en defensa de la "soberanía monetaria". Pero todos saben, y los legisladores oficialistas mejor que nadie, que lo que allí se dirimía era otra cosa. "Esto es terminar con el negocio o el curro", dijo en un desliz Aníbal Fernández -a nadie se le niega un acceso de honestidad brutal- ante la invencible sonrisa de piedra de Boudou, que en un momento cumbre del acting kirchnerista presidió la sesión del Senado en la que buscó librarse de un caso de corrupción que lo tiene como principal sospechado. La contradicción entre los patrióticos valores enarbolados y el objetivo inconfesable que se perseguía era obvia, y nadie la expuso mejor que Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro del vicepresidente. "Han estatizado una empresa que ya era de ellos", describió.

La tragedia ferroviaria de Once, por la que el miércoles los familiares de las víctimas reclamaron justicia y pusieron la mira en el Gobierno, fue otro escándalo que desnudó la matriz de una gestión que suele traducir por izquierda lo que hace por derecha. La corrupción montada sobre los subsidios a las empresas concesionarias dejó, además de 51 muertos, trenes en estado de virtual abandono. Es raro que un gobierno que se dice popular no se ocupe del más popular de los medios de transporte. Y más aún que ignore con desdén, a seis meses del horror de Once, a millones de personas que todos los días viajan como ganado camino al matadero, a riesgo de su salud y de su vida. Zulma Ojeda Garbuio, que perdió un hijo en la tragedia, se lo dijo cara a cara a la Presidenta: "Nosotros a usted no le interesamos".

Otros escándalos de estos días develaron una colonización del Estado por parte del kirchnerismo para llevar adelante prácticas propagandísticas que remiten al peronismo de los años 50. ¿Qué otra cosa son los legionarios de La Cámpora catequizando a chicos de jardín, de primaria y de secundaria con el relato épico de un Néstor canonizado como mártir de la patria? La Presidenta defendió estos talleres promovidos desde la Jefatura de Gabinete: "Forman argentinos comprometidos con su país", dijo. Mientras, Aníbal lanzaba la sonda para impulsar el proyecto de bajar la edad para votar de 18 a 16 años.

El mismo tipo de intromisión partidaria (aquí, en el sistema carcelario) se verificó en las salidas de los presos que integran el kirchnerista Vatayón Militante. Al analizar el escándalo, el sociólogo Marcos Novaro habló de una "militarización de la militancia". Se da en un terreno propicio, plagado de resentimientos y divisiones sembradas desde el poder. En esta lógica de trincheras, de un fanatismo cada vez más ciego, los que hasta hace poco eran amigos o aliados, como Moyano o Scioli, se vuelven de pronto enemigos o traidores. Otra contradicción: el oficialismo se jacta, en muchos de sus eslóganes, de "profundizar la democracia", pero excluye el disenso y el diálogo. Y cada vez resuena más la letanía interminable de un monólogo.

Por último: que un gobierno que se dice progresista afirme que una persona puede comer con 6 pesos diarios es tanto un escándalo como una contradicción. Sobre todo porque con ese dato después se determinan los porcentajes oficiales de pobres e indigentes.

Así como no representaron un gran costo político para la Presidenta, los escándalos de la era K tampoco han tenido repercusiones aleccionadoras en la Justicia, sujeta también a la vocación colonizadora del oficialismo. Pero si Bouvier tenía razón, tal vez no sean los escándalos sino las contradicciones las que terminen horadando, a medida que crecen, a la fuerza gobernante.

Si la economía de bolsillo se enfría como algunos expertos prevén, ¿tendrán las contradicciones del kirchnerismo un impacto relevante en el humor del electorado? ¿O será nuestro país, como a veces sucede, la excepción que confirma la regla?

La Presidenta carga ahora con el peso de Boudou

Cristina Kirchner ha puesto sobre sus propios hombros varios récords alcanzados por Amado Boudou. Uno de ellos es que se trata del primer vicepresidente argentino en funciones acusado de prácticas corruptas. Tampoco hubo nunca en el Congreso, desde 1983, imputaciones tan enfáticas por acciones deshonestas contra un funcionario de rango parecido. Los calificativos escuchados contra Boudou agotaron los recursos de la lengua y el repertorio del lunfardo. Sin embargo, los bloques mayoritarios votaron con una disciplina casi militar la expropiación de la ex Ciccone. Esa disciplina sólo ocurre cuando existe una orden directa de Cristina. Será difícil en adelante separar a la Presidenta de su vice. El caso Boudou se ha convertido en un escándalo que compromete a toda la administración de Cristina Kirchner.

Una cosa era Boudou tocando la guitarra y otra cosa sería si hubiera tocado dinero del Estado. Es la diferencia entre la frivolidad y la corrupción. Fuentes judiciales seguras han afirmado que la investigación contra el vicepresidente avanzó en las últimas semanas. El juez Ariel Lijo está citando a personas que participaron activamente en la extraña venta de la ex Ciccone a dueños que nadie conoce. En los próximos días convocaría, por ejemplo, a los ex propietarios de esa empresa para que le digan a quién le vendieron la imprenta. Hay otro récord histórico: es la primera vez que se expropia una empresa y que nadie protesta por eso. Ningún dueño, real o aparente, se quejó. ¿O es que, acaso, entre los expropiadores están los dueños?

Nadie defendió a Boudou en el Congreso. Algunos ensayos de defensa se complicaron con acusaciones implícitas. No hubo mala voluntad del oficialismo, sino confusión ante el desafío de defender lo indefendible. Un diputado de la oposición pidió a los oficialistas que levantaran la mano los que creían realmente en la inocencia del vicepresidente. Sólo Carlos Kunkel levantó su mano. Fue aplaudido por la oposición. Era un hombre de coraje, solo. El manual de instrucciones que habían recibido los oficialistas consignaba qué debían hacer a la hora de votar o de decir, pero no ante una pregunta inesperada sobre la inocencia de Boudou.

¿Qué llevó a la Presidenta a jugarse en un caso que ya modificó las encuestas y que está convirtiendo la corrupción en una relevante preocupación social? En los años 90, la entonces senadora Cristina Kirchner se fue del bloque peronista cuando éste le reprochó porque había pedido públicamente la renuncia de funcionarios menemistas imputados en el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Todavía no habían sido condenados ni procesados. La entonces senadora dio un portazo, pero antes dijo una frase que bien podrían repetirla ahora algunos senadores y diputados: El Partido Justicialista no es un cuartel ni yo soy una recluta.

Algunos dicen que la actual presidenta no quiere reconocer el error de haber designado a Boudou, absolutamente sola. Otros aseguran que ella sabe mucho más que lo que se supone sobre la sospechosa compra de la imprenta. También están quienes afirman que simplemente cree en lo que dice y que no quiere entregarle al periodismo la cabeza de su vice. El trámite de la expropiación y la inexplicable intervención de la ex Ciccone permiten concluir, en efecto, que ella está más pendiente de los medios periodísticos que de la investigación judicial.

¿Para qué apuró el Gobierno una expropiación exprés en el Congreso si la empresa ya estaba intervenida? La intervención de una empresa privada por parte del Poder Ejecutivo o del Congreso, debe subrayarse claramente, es inconstitucional. Sólo la Justicia puede dictar esa clase de intervenciones, pero no es la primera vez que el kirchnerismo recurre a ese procedimiento ilegal. Ya lo hizo con YPF y, mucho antes, con Aerolíneas Argentinas. Insistamos: si ya tenía a la empresa bajo control, ¿para que aceleró el trámite parlamentario? Está claro: sólo para acotar la exposición de Boudou a las sospechas públicas de corrupción.

Tampoco la expropiación variará en nada la investigación judicial. ¿Qué cosas cambiarán porque la ex Ciccone pasó de manos de Alejandro Vandenbroele a las de Boudou? ¿No son supuestamente socios en el entramado de la imprenta? ¿Vandenbroele no tuvo tiempo ya para hacer desaparecer los papeles comprometedores? El Gobierno espera que la expropiación saque a Vandenbroele (y, por lo tanto, a Boudou) del centro del escándalo. Punto. Se trataría de un encubrimiento mediático más que judicial.

Boudou está en el ojo del huracán. La Presidenta decidió compartir esa carga. El futuro es una común provocación para ellos. ¿Eso no explicaría, en parte al menos, el fervor reeleccionista que se apoderó del kirchnerismo? Cristina Kirchner motoriza en los hechos el proyecto de su propia permanencia. Suele cortar de un solo golpe los debates que no le gustan o que no le convienen.

Sucedió en la semana que pasó cuando se difundió el proyecto de abrir los countries. El proyecto existe y es del viceministro de Justicia, el camporista Julián Alvarez. La Presidenta entrevió más deserciones de la clase media que ya se le escapa. Los llamó personalmente al ministro de Justicia, Julio Alak, y al jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, para ordenarles una desmentida urgente. Nunca mandó, en cambio, frenar el debate por la reforma constitucional.

El radicalismo dice tener constancia de dos cosas. Una: el kirchnerismo planteará formalmente la reforma antes de fin de año. La otra: el oficialismo quiere cambiar en la Constitución el capítulo de los derechos y garantías de los argentinos, además de habilitar una segunda reelección consecutiva para Cristina Kirchner. Esos cambios, dicen, afectarían a la propiedad privada y a la libertad de expresión, derechos que ya han sido cuestionados por el kirchnerismo. Tales convicciones empujaron al radicalismo a buscar un "acuerdo democrático" con todas las fuerzas de la oposición. Puede hacerlo: es el único partido con el que se sientan todas las expresiones políticas en un mundo a veces chato, viciado por los prejuicios.

El primer partido político que se mostró formalmente de acuerdo con buscar esa coincidencia fue Libres del Sur, un ex aliado del kirchnerismo que ahora milita con Hermes Binner. El kirchnerismo esperaba que el primero fuera Mauricio Macri, pero lo sorprendieron por izquierda. Mala noticia.

Una coalición más peronista se está armando para refutar al cristinismo, incluido su proyecto reeleccionista. Son todos ex ministros de Néstor Kirchner (algunos también de Cristina) o ex gobernadores del primer mandato kirchnerista. Podrían participar de esa trama Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Alberto Iribarne, Jorge Busti, Jorge Obeid y, probablemente, José Manuel de la Sota.

El gobernador cordobés ya está pagando sus últimas rebeldías. Había en Córdoba reclamos multitudinarios y pacíficos de los gremios de los empleados estatales. Pero sucedió una manifestación violenta, con hombres encapuchados y bien pertrechados, el mismo día en que De la Sota se reunió con Macri. Algunos cabecillas violentos llegaron a Córdoba en taxis desde Buenos Aires. ¿Desde dónde, si no?

Sin embargo, varias encuestas señalan que una enorme mayoría social está en contra de la reforma constitucional. La opinión pública es la única valla no prevista por el kirchnerismo, aunque aparecerá más pronto que tarde. En su estrecho juego de política y de conspiraciones, de fantasmas y de poder, el cristinismo se olvidó de dialogar con la realidad.

El modelo cristinista desafía las libertades y la propiedad

Nunca antes, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se asistió como en la última semana a la presencia de un coro de funcionarios rogando por inversiones en la Argentina frente a empresarios estadounidenses. Tampoco con anterioridad se había visto a hombres de negocios riéndose en la cara del representante gubernamental que buscaba convencerlos de que nuestro país está condenado al crecimiento y de que "jamás escucharán a la Presidenta echándoles la culpa a otros, haciendo reproches, olvidando pactos o desconociendo los problemas".

Semejante papelón lo protagonizó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el jueves pasado en el hotel Alvear, durante un seminario organizado por el Consejo de las Américas, en el que estuvo acompañado por los ministros de Economía, Hernán Lorenzino, y de Industria, Débora Giorgi. Casi al mismo tiempo, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, no podía ocultar ostensibles dificultades para seducir a inversores de riesgo.

Desde hace mucho tiempo, los capitales no se dirigen a países donde no tienen garantías de que puedan salir. El modelo cristinista está trascendiendo las fronteras argentinas por los abusos derivados de las expropiaciones de empresas; la prohibición de comprar moneda extranjera; las restricciones al giro de utilidades al exterior; la falta de estadísticas oficiales confiables; la deuda impaga con el Club de París (unos 9000 millones de dólares) y con los bonistas que no adhirieron al canje (otros 3500 millones de dólares); los fallos del Ciadi contra la Argentina aún no cumplidos; la exclusión del país del sistema general de preferencias por el gobierno de Barack Obama; la denuncia de 40 países ante la Organización Mundial de Comercio por las restricciones a las importaciones y la falta de acceso al crédito internacional.

Al igual que ante el auge de la delincuencia, el Gobierno ahora intenta convencer a los inversores extranjeros de que aquellas cuestiones son sólo una sensación, alimentada por medios periodísticos y calificadoras de riesgo. En otras palabras, de la llamada cadena del miedo y del desánimo. El problema radica en que, en el transcurso de las últimas semanas, se han sucedido demasiados hechos asociados a un intervencionismo estatal arbitrario y a la inseguridad jurídica, que espantarían hasta al más inocente inversor.

El principal de esos hechos se vincula con algo tan preciado como la libertad para salir del país. Nunca los argentinos percibimos tantos obstáculos para viajar por el mundo. Son cada vez más quienes están convencidos de que no falta mucho para que el Gobierno imponga un impuesto a los consumos en el exterior con tarjetas de crédito. Esto explica que muchos de los que piensan visitar otro país el próximo verano ya estén anticipando el pago de los servicios aéreos y hoteleros, adelantándose a cualquier posible cambio en las reglas de juego.

Incluso si un residente en la Argentina decidiera vender su patrimonio en el país para radicarse en el exterior se encontraría con severos problemas. Si vendiera sus propiedades en pesos, no estaría habilitado para convertirlos en moneda extranjera. Y si tuviera la suerte de que por sus propiedades se le pagaran dólares, no podría transferirlos legalmente hacia su país de destino. Sólo le quedaría recurrir a algún circuito ilegal o bien hacer sucesivos viajes, transportando hasta 10.000 dólares en cada uno de ellos.

El derecho de propiedad se ha visto sacudido por la intervención y la virtual confiscación de las acciones de Repsol en YPF y también por el más reciente decreto de intervención de la ex imprenta Ciccone, emitido antes de la ley de expropiación sancionada por el Congreso. Este decreto no sólo sería ilegal e inconstitucional ya que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen facultades para intervenir una empresa privada, algo que sólo puede hacer la Justicia dentro de ciertas condiciones. También es inconstitucional por no existir las condiciones de necesidad y urgencia que lo justifiquen; la única urgencia era esconder las huellas de la corrupción y encubrir al vicepresidente Amado Boudou. Finalmente, el nombramiento del ministro Lorenzino y de la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, como interventores en la ex Ciccone violaría la ley de ética pública, que prohíbe que un funcionario ejerza funciones en empresas sujetas a su propio control o que sean proveedoras o contratistas del Estado. El artículo 17 de esa ley determina que los actos dictados en situación de incompatibilidad son nulos de nulidad absoluta.

Como para sembrar más temor, el ministro de Justicia, Julio Alak, y el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, revelaron el martes que el Gobierno tenía en estudio un anteproyecto de ley tendiente a "garantizar la accesibilidad de todas las personas" a countries y barrios cerrados, a fin de "evitar zonas residenciales y de esparcimiento aisladas". El avance de esa iniciativa no sólo hubiera significado un golpe contra la natural tendencia de la población a refugiarse del flagelo de la inseguridad, sino también contra la propiedad privada. Los countries se han organizado bajo un régimen similar al de la propiedad horizontal, donde hay espacios comunes solventados por los copropietarios en proporción a la superficie que cada uno posee. Admitir la libre circulación en un barrio privado equivaldría a permitir el acceso de cualquier persona al hall o a la piscina de un edificio de departamentos.

Un días después, apercibidos por la propia Cristina Kirchner tras la negativa reacción de la opinión pública, Alak y Rossi negaron sus propios dichos y, como de costumbre, culparon al mensajero.

Como no podía ser de otra manera, la culpa de los desaciertos del oficialismo siempre es del periodismo. La Presidenta ya le ha puesto fecha a su próxima batalla. Comenzará el 7 de diciembre, día en que vencería el plazo de la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la ley de medios audiovisuales, que obliga a esa empresa a desprenderse de algunos medios de comunicación, desconociéndose las licencias otorgadas por el Estado con anterioridad a la sanción de esa norma y el principio de no retroactividad de la ley, además de los derechos de propiedad y de libertad de expresión.

Si hasta el 7 de diciembre no hay un pronunciamiento judicial sobre la cuestión de fondo, el Gobierno tendría resuelto avanzar hacia el desguace del Grupo Clarín y algunos de sus canales de televisión podrían salir del aire. La firma afectada sostiene que, en el caso de que ese día entrara a regir el artículo 161, hoy suspendido, tendría un año desde ese momento para adecuarse a la nueva norma, lapso durante el cual podría obtener una sentencia favorable.

Un ex ministro de Comunicación del gobierno venezolano de Hugo Chávez, Andrés Izarra, señaló que su objetivo no era otro que avanzar hacia "la hegemonía comunicacional e informativa del Estado".

Al referirse al modelo Chávez, el académico hispano-venezolano Marcelino Bisbal lo caracteriza así: "Uso indiscriminado de las cadenas por parte del presidente; menciones denigrantes o intimidatorias contra periodistas y propietarios de medios; agresiones contra reporteros y camarógrafos; ataques directos contra instalaciones de medios; uso de recursos administrativos como medidas de presión; desatención de las medidas cautelares a favor de comunicadores emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; retiro de la publicidad oficial a aquellos medios críticos con el gobierno; falta de acceso a la información pública; sesgo informativo en los medios del Estado". Cualquier parecido con la realidad argentina no es mera casualidad.